La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, las tres acusaciones particulares y la popular personadas en el juicio por la denominada ‘trama eólica’ ha anunciado este miércoles su decisión de mantener los cargos contra once de las catorce personas encausadas y, en cambio, ha acordado sacar de la causa a los directivos de Iberdrola Rafael Icaza de la Sota y Pedro Barriuso Otaola, que se exponían a seis años de cárcel y multas de 100 millones de euros , así como al directivo de Preneal César Hernández Chico, para quien se solicitaban siete años de privación de libertad y 1.880.000 euros de sanción pecuniaria.La jornada en la Audiencia de Valladolid tan sólo ha servido para que las partes dieran por reproducida la prueba documental y anunciaran una modificación de sus conclusiones. El primero de ambos trámites se ha dilatado durante casi hora y media ante e l afán del Fiscal Anticorrupción de citar aquellos documentos que, a su juicio, son especialmente relevantes para probar la participación en los hechos de los acusados, si bien ha sido eximido de ello, a petición de las defensas, cuando llevaba ya casi una hora de intervención.Lo más trascendente de la sesión se ha producido cuando el Fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz, en una decisión a la que luego se han ido adhiriendo el resto de las acusaciones, ha anunciado su propósito de apartar del proceso a los dos citados directivos de Iberdrola y al técnico de Preneal, quienes, junto con sus defensores, ya no continuarán en sala durante la exposición de los informes finales que iniciará ya este jueves, 8 de enero, el acusador público y al que seguirán los del resto de partes en días sucesivos hasta el 21 de este mismo mes, con lo que el proceso judicial finalizará una semana antes de lo inicialmente previsto.También ha modificado conclusiones la Abogacía del Estado, tan sólo para advertir de que ya no imputa al principal encausado, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, y su supuesto testaferro, el letrado Jesús Rodríguez Recio, por tres delitos contra la Hacienda Pública sino por dos, concretamente por los referidos a los ejercicios de 2022 y 2013, tras excluir el relativo a 2011. Hecha esta matización, la cuantía económica que solicita para ambos encausados también ha sido modificado a la baja y ha quedado reducida a 339.603,8 euros en total.Por su parte, las tres acusaciones particulares ejercidas por Enersol, Inversiones Patrimoniales Yedra S.L. y Altos del Rasero, así como la popular que representa a Ecologistas en Acción, han mostrado su adhesión a la retirada de cargos contra las tres personas ya citadas, mientras que las defensas han mantenido su petición absolutoria con leves modificaciones, como los letrados de los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente, de Grupo Collosa, quienes han incluido la prescripción y la atenuante de dilaciones indebidas.En el caso de Miguel Ángel y Alejandro Llorente , su defensor, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha justificado la petición de dilaciones indebidas, como atenuante muy cualificada, en el hecho de que la causa se ha dilatado más de ocho años desde que el Fiscal Anticorrupción interpusiera la querella, «a lo que se suman otros dos años más de investigación preprocesal por parte del acusador público de espaldas a ambos acusados, a quienes, además, se incorporó con un retraso injustificado», circunstancia que le ha llevado a invocar la nulidad de actuaciones.Noticia Relacionada estandar No Rafael Delgado descarga responsabilidad en Villanueva y asegura que la planificación eólica era suya ABC El exviceconsejero de Economía recalca que el nunca ordenó paralizar la tramitación de ningún parqueEl abogado ha denunciado públicamente que fruto de esta situación la empresa de sus patrocinados ha sufrido un «efecto demoledor» al registrar «numerosas pérdidas de oportunidades empresariales». Tanto él como la representación del otro de los hermanos, Patricio Llorente, entienden que ninguno de ellos debe ser incluido en el capítulo de responsabilidades civiles por delito de cohecho al no haber, a su juicio, causado ningún daño patrimonial.Del resto de defensas destaca la solicitud realizada por EDP Renovables, cuyo representante, además de un fallo absolutorio, ha pedido al tribunal que en caso de sentencia condene en costas a dos de las acusaciones particulares, Enersol y Yedra S.L, por «temeridad y mala fe».De este modo, una vez excluidos de la causa tres de los catorce encausados, las penas globales solicitadas para ellos pasan de 135 a 116 años y las multas quedan rebajadas de 850 millones a unos 648 por prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública –no todos los ocupantes del banquillo están imputados por todos los delitos–, con la particularidad de que la mayor de ellas sigue siendo la dirigida contra el exconsejero y exsecretario general de Economía, Rafael Delgado, consistente en 42 años de cárcel y multa de 239 millones.Le siguen el empresario Alberto Esgueva , con doce años y 68 millones de multa; el industrial Germán José Martín Giraldo , con la misma pena de cárcel y 14,5 millones; el supuesto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y 25 millones de multa.Por su parte, y expuestos a seis años de prisión, la lista la completan el exdirectivo de Iberdrola Ricardo Bravo -le piden 100 millones de multa–,los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente- la petición de multa para cada uno es de 45 millones- y el empresario y exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, al que se piden 8 millones. Para la expareja de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno, se solicitan cuatro años y multa de 215.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, las tres acusaciones particulares y la popular personadas en el juicio por la denominada ‘trama eólica’ ha anunciado este miércoles su decisión de mantener los cargos contra once de las catorce personas encausadas y, en cambio, ha acordado sacar de la causa a los directivos de Iberdrola Rafael Icaza de la Sota y Pedro Barriuso Otaola, que se exponían a seis años de cárcel y multas de 100 millones de euros , así como al directivo de Preneal César Hernández Chico, para quien se solicitaban siete años de privación de libertad y 1.880.000 euros de sanción pecuniaria.La jornada en la Audiencia de Valladolid tan sólo ha servido para que las partes dieran por reproducida la prueba documental y anunciaran una modificación de sus conclusiones. El primero de ambos trámites se ha dilatado durante casi hora y media ante e l afán del Fiscal Anticorrupción de citar aquellos documentos que, a su juicio, son especialmente relevantes para probar la participación en los hechos de los acusados, si bien ha sido eximido de ello, a petición de las defensas, cuando llevaba ya casi una hora de intervención.Lo más trascendente de la sesión se ha producido cuando el Fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz, en una decisión a la que luego se han ido adhiriendo el resto de las acusaciones, ha anunciado su propósito de apartar del proceso a los dos citados directivos de Iberdrola y al técnico de Preneal, quienes, junto con sus defensores, ya no continuarán en sala durante la exposición de los informes finales que iniciará ya este jueves, 8 de enero, el acusador público y al que seguirán los del resto de partes en días sucesivos hasta el 21 de este mismo mes, con lo que el proceso judicial finalizará una semana antes de lo inicialmente previsto.También ha modificado conclusiones la Abogacía del Estado, tan sólo para advertir de que ya no imputa al principal encausado, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, y su supuesto testaferro, el letrado Jesús Rodríguez Recio, por tres delitos contra la Hacienda Pública sino por dos, concretamente por los referidos a los ejercicios de 2022 y 2013, tras excluir el relativo a 2011. Hecha esta matización, la cuantía económica que solicita para ambos encausados también ha sido modificado a la baja y ha quedado reducida a 339.603,8 euros en total.Por su parte, las tres acusaciones particulares ejercidas por Enersol, Inversiones Patrimoniales Yedra S.L. y Altos del Rasero, así como la popular que representa a Ecologistas en Acción, han mostrado su adhesión a la retirada de cargos contra las tres personas ya citadas, mientras que las defensas han mantenido su petición absolutoria con leves modificaciones, como los letrados de los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente, de Grupo Collosa, quienes han incluido la prescripción y la atenuante de dilaciones indebidas.En el caso de Miguel Ángel y Alejandro Llorente , su defensor, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha justificado la petición de dilaciones indebidas, como atenuante muy cualificada, en el hecho de que la causa se ha dilatado más de ocho años desde que el Fiscal Anticorrupción interpusiera la querella, «a lo que se suman otros dos años más de investigación preprocesal por parte del acusador público de espaldas a ambos acusados, a quienes, además, se incorporó con un retraso injustificado», circunstancia que le ha llevado a invocar la nulidad de actuaciones.Noticia Relacionada estandar No Rafael Delgado descarga responsabilidad en Villanueva y asegura que la planificación eólica era suya ABC El exviceconsejero de Economía recalca que el nunca ordenó paralizar la tramitación de ningún parqueEl abogado ha denunciado públicamente que fruto de esta situación la empresa de sus patrocinados ha sufrido un «efecto demoledor» al registrar «numerosas pérdidas de oportunidades empresariales». Tanto él como la representación del otro de los hermanos, Patricio Llorente, entienden que ninguno de ellos debe ser incluido en el capítulo de responsabilidades civiles por delito de cohecho al no haber, a su juicio, causado ningún daño patrimonial.Del resto de defensas destaca la solicitud realizada por EDP Renovables, cuyo representante, además de un fallo absolutorio, ha pedido al tribunal que en caso de sentencia condene en costas a dos de las acusaciones particulares, Enersol y Yedra S.L, por «temeridad y mala fe».De este modo, una vez excluidos de la causa tres de los catorce encausados, las penas globales solicitadas para ellos pasan de 135 a 116 años y las multas quedan rebajadas de 850 millones a unos 648 por prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública –no todos los ocupantes del banquillo están imputados por todos los delitos–, con la particularidad de que la mayor de ellas sigue siendo la dirigida contra el exconsejero y exsecretario general de Economía, Rafael Delgado, consistente en 42 años de cárcel y multa de 239 millones.Le siguen el empresario Alberto Esgueva , con doce años y 68 millones de multa; el industrial Germán José Martín Giraldo , con la misma pena de cárcel y 14,5 millones; el supuesto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y 25 millones de multa.Por su parte, y expuestos a seis años de prisión, la lista la completan el exdirectivo de Iberdrola Ricardo Bravo -le piden 100 millones de multa–,los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente- la petición de multa para cada uno es de 45 millones- y el empresario y exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, al que se piden 8 millones. Para la expareja de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno, se solicitan cuatro años y multa de 215.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, las tres acusaciones particulares y la popular personadas en el juicio por la denominada ‘trama eólica’ ha anunciado este miércoles su decisión de mantener los cargos contra once de las catorce personas encausadas y, en cambio, ha … acordado sacar de la causa a los directivos de Iberdrola Rafael Icaza de la Sota y Pedro Barriuso Otaola, que se exponían seis años de cárcel y multas de 100 millones de euros, así como al directivo de Preneal César Hernández Chico, para quien se solicitaban siete años de privación de libertad y 1.880.000 euros de sanción pecuniaria.
La jornada en la Audiencia de Valladolid tan sólo ha servido para que las partes dieran por reproducida la prueba documental y anunciaran una modificación de sus conclusiones. El primero de ambos trámites se ha dilatado durante casi hora y media ante el afán del Fiscal Anticorrupción de citar aquellos documentos que, a su juicio, son especialmente relevantes para probar la participación en los hechos de los acusados, si bien ha sido eximido de ello, a petición de las defensas, cuando llevaba ya casi una hora de intervención.
Lo más trascendente de la sesión se ha producido cuando el Fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz, en una decisión a la que luego se han ido adhiriendo el resto de las acusaciones, ha anunciado su propósito de apartar del proceso a los dos citados directivos de Iberdrola y al técnico de Preneal, quienes, junto con sus defensores, ya no continuarán en sala durante la exposición de los informes finales que iniciará ya este jueves, 8 de enero, el acusador público y al que seguirán los del resto de partes en días sucesivos hasta el 21 de este mismo mes, con lo que el proceso judicial finalizará una semana antes de lo inicialmente previsto.
También ha modificado conclusiones la Abogacía del Estado, tan sólo para advertir de que ya no imputa al principal encausado, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, y su supuesto testaferro, el letrado Jesús Rodríguez Recio, por tres delitos contra la Hacienda Pública sino por dos, concretamente por los referidos a los ejercicios de 2022 y 2013, tras excluir el relativo a 2011. Hecha esta matización, la cuantía económica que solicita para ambos encausados también ha sido modificado a la baja y ha quedado reducida a 339.603,8 euros en total.
Por su parte, las tres acusaciones particulares ejercidas por Enersol, Inversiones Patrimoniales Yedra S.L. y Altos del Rasero, así como la popular que representa a Ecologistas en Acción, han mostrado su adhesión a la retirada de cargos contra las tres personas ya citadas, mientras que las defensas han mantenido su petición absolutoria con leves modificaciones, como los letrados de los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente, de Grupo Collosa, quienes han incluido la prescripción y la atenuante de dilaciones indebidas.
En el caso de Miguel Ángel y Alejandro Llorente, su defensor, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha justificado la petición de dilaciones indebidas, como atenuante muy cualificada, en el hecho de que la causa se ha dilatado más de ocho años desde que el Fiscal Anticorrupción interpusiera la querella, «a lo que se suman otros dos años más de investigación preprocesal por parte del acusador público de espaldas a ambos acusados, a quienes, además, se incorporó con un retraso injustificado», circunstancia que le ha llevado a invocar la nulidad de actuaciones.
El abogado ha denunciado públicamente que fruto de esta situación la empresa de sus patrocinados ha sufrido un «efecto demoledor» al registrar «numerosas pérdidas de oportunidades empresariales». Tanto él como la representación del otro de los hermanos, Patricio Llorente, entienden que ninguno de ellos debe ser incluido en el capítulo de responsabilidades civiles por delito de cohecho al no haber, a su juicio, causado ningún daño patrimonial.
Del resto de defensas destaca la solicitud realizada por EDP Renovables, cuyo representante, además de un fallo absolutorio, ha pedido al tribunal que en caso de sentencia condene en costas a dos de las acusaciones particulares, Enersol y Yedra S.L, por «temeridad y mala fe».
De este modo, una vez excluidos de la causa tres de los catorce encausados, las penas globales solicitadas para ellos pasan de 135 a 116 años y las multas quedan rebajadas de 850 millones a unos 648 por prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública–no todos los ocupantes del banquillo están imputados por todos los delitos–, con la particularidad de que la mayor de ellas sigue siendo la dirigida contra el exconsejero y exsecretario general de Economía, Rafael Delgado, consistente en 42 años de cárcel y multa de 239 millones.
Le siguen el empresario Alberto Esgueva, con doce años y 68 millones de multa; el industrial Germán José Martín Giraldo, con la misma pena de cárcel y 14,5 millones; el supuesto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y 25 millones de multa.
Por su parte, y expuestos a seis años de prisión, la lista la completan el exdirectivo de Iberdrola Ricardo Bravo -le piden 100 millones de multa–,los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente- la petición de multa para cada uno es de 45 millones- y el empresario y exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, al que se piden 8 millones. Para la expareja de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno, se solicitan cuatro años y multa de 215.000 euros.
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