El alcalde de Altafulla (Tarragona) de ERC , Jordi Molinera , se ha gastado 17.968 euros del presupuesto de este municipio –de 5.800 habitantes– en contratar detectives y despachos legales para ‘espiar’ a los vecinos de la localidad que le critican. Entre el 3 de noviembre de 2023 y el 30 de diciembre de 2024, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, el consistorio se hizo cargo de tres facturas, que suman en total esa cifra, para contar con los servicios de distintas empresas especializadas en monitorizar las redes sociales.El primer contrato, fechado a las pocas semanas de ser investido como alcalde de la localidad tarraconense –pese a haber perdido las elecciones– fue otorgado a la empresa FA Digital Law & Media Services S.L por un valor de 6.655 euros. La misma empresa recibió otro contrato, el 24 de enero de 2024, por el mismo valor. La compañía, según consta en su propia web, es una boutique legal especializada en Derecho Digital y Tecnológico, fundada en Barcelona en el año 2012. El informe elaborado por la firma y al que ha tenido acceso este periódico, explica que «a finales de 2023 fuimos contratados por el Ayuntamiento de Altafulla a raíz de unas amenazas y difamaciones de las cuales era víctima el alcalde». Esa es la justificación que usa el edil Molinera para contratar con dinero público unos servicios que poco tienen que ver con las necesidades de la localidad.Noticia Relacionada estandar Si Una ONG compraba tabaco y alcohol a los menores que tutelaba Joan GuiradoEl documento, que cuenta con las aportaciones del que fuera abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde , relata que se ha realizado «un análisis de los perfiles sospechosos y la identificación de los posibles patrones de comportamiento en redes sociales que podrían constituir un caso de difamación o ciberacoso» que los tribunales, en un proceso penal paralelo, han descartado por ahora, llegando a decretar el archivo de la denuncia.En octubre de 2023, cuando contrató por primera vez esos servicio de espionaje, el alcalde denunció en una publicación ya no disponible en sus redes sociales que «unos pirados llevan cuatro años amenazándonos físicamente, acosando a nuestros hijos, intentando reventarnos el correo, mandándonos distintos mensajes amenazadores por WhatsApp…». Pero varios vecinos y otros políticos de la localidad niegan ese «victimismo». Incluso dicen sobre el primer edil que «es mala persona, con un gran complejo de inferioridad». Entre otras conductas reprochables, le afean que «infló su currículum vitae» y dicen de él que «parece un paranoico». Señalan también su influencia sobre entidades culturales del pueblo, como Diables, para orquestar «campañas de acoso» por el municipio, con gente gritando por la calle. E incluso de haber quemado propiedades «intencionadamente» a algunos vecinos.En conversación con ABC, el alcalde –que lo primero que preguntó a este periódico fue «quiénes son esos vecinos y rivales políticos» que habían proporcionado la información– defiende que si lleva cinco años «con amenazas» siendo alcalde, como ayuntamiento « puedo pedir servicios legales para mi defensa» . Preguntado también por el proceso penal que puso en marcha descarta «dar ninguna informació», alegando que se trata de una cuestión privada. Varias fuentes sostienen que la denuncia sobre esas supuestas amenazas fue archivada. Extremo que ha podido confirmar este diario. Tras el archivo de esas actuaciones, los mismos abogados especializados en delitos tecnológicos que contrató, a través de dos contratos menores a cargo del consistorio, recurrieron a finales de noviembre el sobreseimiento a la Audiencia Provincial de Tarragona, sin que por ahora se hayan producido novedades al respecto de la instrucción. También la propia comisión interna que se creó en el Ayuntamiento dictaminó que no hubo ningún caso de acoso, si bien los mensajes recibidos por el edil podían ser «desagradables».Molinera considera que «todo se trata de un conflicto de intereses políticos y nada más que eso». El alcalde manifiesta también, pese a que desconoce la identidad de los testimonios con los que ha hablado este medio, que «todos estos vecinos han militado en algún partido político».Contratación de detectivesEn diciembre del año 2024, tras la contratación del bufete especializado en delitos tecnológicos, el consistorio presidido por Molinera se hizo con los servicios de una empresa de detectives, según consta en la documentación a la que he ha tenido acceso este periódico.El primer edil sostiene que este contrato de 4.658 euros se efectuó «por temas de cámaras de seguridad en instalaciones municipales». Pero los vecinos le contradicen y explican que el objetivo del mismo es controlar las críticas que se vierten contra el edil en las redes sociales.En la oposición vinculan la supuesta instalación de cámaras de seguridad, como una forma de encubrir trabajos «en beneficio del alcalde», que no deberían ser asumidos por el consistorio . El alcalde de Altafulla (Tarragona) de ERC , Jordi Molinera , se ha gastado 17.968 euros del presupuesto de este municipio –de 5.800 habitantes– en contratar detectives y despachos legales para ‘espiar’ a los vecinos de la localidad que le critican. Entre el 3 de noviembre de 2023 y el 30 de diciembre de 2024, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, el consistorio se hizo cargo de tres facturas, que suman en total esa cifra, para contar con los servicios de distintas empresas especializadas en monitorizar las redes sociales.El primer contrato, fechado a las pocas semanas de ser investido como alcalde de la localidad tarraconense –pese a haber perdido las elecciones– fue otorgado a la empresa FA Digital Law & Media Services S.L por un valor de 6.655 euros. La misma empresa recibió otro contrato, el 24 de enero de 2024, por el mismo valor. La compañía, según consta en su propia web, es una boutique legal especializada en Derecho Digital y Tecnológico, fundada en Barcelona en el año 2012. El informe elaborado por la firma y al que ha tenido acceso este periódico, explica que «a finales de 2023 fuimos contratados por el Ayuntamiento de Altafulla a raíz de unas amenazas y difamaciones de las cuales era víctima el alcalde». Esa es la justificación que usa el edil Molinera para contratar con dinero público unos servicios que poco tienen que ver con las necesidades de la localidad.Noticia Relacionada estandar Si Una ONG compraba tabaco y alcohol a los menores que tutelaba Joan GuiradoEl documento, que cuenta con las aportaciones del que fuera abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde , relata que se ha realizado «un análisis de los perfiles sospechosos y la identificación de los posibles patrones de comportamiento en redes sociales que podrían constituir un caso de difamación o ciberacoso» que los tribunales, en un proceso penal paralelo, han descartado por ahora, llegando a decretar el archivo de la denuncia.En octubre de 2023, cuando contrató por primera vez esos servicio de espionaje, el alcalde denunció en una publicación ya no disponible en sus redes sociales que «unos pirados llevan cuatro años amenazándonos físicamente, acosando a nuestros hijos, intentando reventarnos el correo, mandándonos distintos mensajes amenazadores por WhatsApp…». Pero varios vecinos y otros políticos de la localidad niegan ese «victimismo». Incluso dicen sobre el primer edil que «es mala persona, con un gran complejo de inferioridad». Entre otras conductas reprochables, le afean que «infló su currículum vitae» y dicen de él que «parece un paranoico». Señalan también su influencia sobre entidades culturales del pueblo, como Diables, para orquestar «campañas de acoso» por el municipio, con gente gritando por la calle. E incluso de haber quemado propiedades «intencionadamente» a algunos vecinos.En conversación con ABC, el alcalde –que lo primero que preguntó a este periódico fue «quiénes son esos vecinos y rivales políticos» que habían proporcionado la información– defiende que si lleva cinco años «con amenazas» siendo alcalde, como ayuntamiento « puedo pedir servicios legales para mi defensa» . Preguntado también por el proceso penal que puso en marcha descarta «dar ninguna informació», alegando que se trata de una cuestión privada. Varias fuentes sostienen que la denuncia sobre esas supuestas amenazas fue archivada. Extremo que ha podido confirmar este diario. Tras el archivo de esas actuaciones, los mismos abogados especializados en delitos tecnológicos que contrató, a través de dos contratos menores a cargo del consistorio, recurrieron a finales de noviembre el sobreseimiento a la Audiencia Provincial de Tarragona, sin que por ahora se hayan producido novedades al respecto de la instrucción. También la propia comisión interna que se creó en el Ayuntamiento dictaminó que no hubo ningún caso de acoso, si bien los mensajes recibidos por el edil podían ser «desagradables».Molinera considera que «todo se trata de un conflicto de intereses políticos y nada más que eso». El alcalde manifiesta también, pese a que desconoce la identidad de los testimonios con los que ha hablado este medio, que «todos estos vecinos han militado en algún partido político».Contratación de detectivesEn diciembre del año 2024, tras la contratación del bufete especializado en delitos tecnológicos, el consistorio presidido por Molinera se hizo con los servicios de una empresa de detectives, según consta en la documentación a la que he ha tenido acceso este periódico.El primer edil sostiene que este contrato de 4.658 euros se efectuó «por temas de cámaras de seguridad en instalaciones municipales». Pero los vecinos le contradicen y explican que el objetivo del mismo es controlar las críticas que se vierten contra el edil en las redes sociales.En la oposición vinculan la supuesta instalación de cámaras de seguridad, como una forma de encubrir trabajos «en beneficio del alcalde», que no deberían ser asumidos por el consistorio .
El alcalde de Altafulla (Tarragona) de ERC, Jordi Molinera, se ha gastado 17.968 euros del presupuesto de este municipio –de 5.800 habitantes– en contratar detectives y despachos legales para ‘espiar’ a los vecinos de la localidad que le critican. Entre … el 3 de noviembre de 2023 y el 30 de diciembre de 2024, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, el consistorio se hizo cargo de tres facturas, que suman en total esa cifra, para contar con los servicios de distintas empresas especializadas en monitorizar las redes sociales.
El primer contrato, fechado a las pocas semanas de ser investido como alcalde de la localidad tarraconense –pese a haber perdido las elecciones– fue otorgado a la empresa FA Digital Law & Media Services S.L por un valor de 6.655 euros. La misma empresa recibió otro contrato, el 24 de enero de 2024, por el mismo valor. La compañía, según consta en su propia web, es una boutique legal especializada en Derecho Digital y Tecnológico, fundada en Barcelona en el año 2012.
El informe elaborado por la firma y al que ha tenido acceso este periódico, explica que «a finales de 2023 fuimos contratados por el Ayuntamiento de Altafulla a raíz de unas amenazas y difamaciones de las cuales era víctima el alcalde». Esa es la justificación que usa el edil Molinera para contratar con dinero público unos servicios que poco tienen que ver con las necesidades de la localidad.
El documento, que cuenta con las aportaciones del que fuera abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, relata que se ha realizado «un análisis de los perfiles sospechosos y la identificación de los posibles patrones de comportamiento en redes sociales que podrían constituir un caso de difamación o ciberacoso» que los tribunales, en un proceso penal paralelo, han descartado por ahora, llegando a decretar el archivo de la denuncia.
En octubre de 2023, cuando contrató por primera vez esos servicio de espionaje, el alcalde denunció en una publicación ya no disponible en sus redes sociales que «unos pirados llevan cuatro años amenazándonos físicamente, acosando a nuestros hijos, intentando reventarnos el correo, mandándonos distintos mensajes amenazadores por WhatsApp…». Pero varios vecinos y otros políticos de la localidad niegan ese «victimismo». Incluso dicen sobre el primer edil que «es mala persona, con un gran complejo de inferioridad». Entre otras conductas reprochables, le afean que «infló su currículum vitae» y dicen de él que «parece un paranoico».
Señalan también su influencia sobre entidades culturales del pueblo, como Diables, para orquestar «campañas de acoso» por el municipio, con gente gritando por la calle. E incluso de haber quemado propiedades «intencionadamente» a algunos vecinos.
En conversación con ABC, el alcalde –que lo primero que preguntó a este periódico fue «quiénes son esos vecinos y rivales políticos» que habían proporcionado la información– defiende que si lleva cinco años «con amenazas» siendo alcalde, como ayuntamiento «puedo pedir servicios legales para mi defensa». Preguntado también por el proceso penal que puso en marcha descarta «dar ninguna informació», alegando que se trata de una cuestión privada. Varias fuentes sostienen que la denuncia sobre esas supuestas amenazas fue archivada. Extremo que ha podido confirmar este diario.
Tras el archivo de esas actuaciones, los mismos abogados especializados en delitos tecnológicos que contrató, a través de dos contratos menores a cargo del consistorio, recurrieron a finales de noviembre el sobreseimiento a la Audiencia Provincial de Tarragona, sin que por ahora se hayan producido novedades al respecto de la instrucción. También la propia comisión interna que se creó en el Ayuntamiento dictaminó que no hubo ningún caso de acoso, si bien los mensajes recibidos por el edil podían ser «desagradables».
Molinera considera que «todo se trata de un conflicto de intereses políticos y nada más que eso». El alcalde manifiesta también, pese a que desconoce la identidad de los testimonios con los que ha hablado este medio, que «todos estos vecinos han militado en algún partido político».
Contratación de detectives
En diciembre del año 2024, tras la contratación del bufete especializado en delitos tecnológicos, el consistorio presidido por Molinera se hizo con los servicios de una empresa de detectives, según consta en la documentación a la que he ha tenido acceso este periódico.
El primer edil sostiene que este contrato de 4.658 euros se efectuó «por temas de cámaras de seguridad en instalaciones municipales». Pero los vecinos le contradicen y explican que el objetivo del mismo es controlar las críticas que se vierten contra el edil en las redes sociales.
En la oposición vinculan la supuesta instalación de cámaras de seguridad, como una forma de encubrir trabajos «en beneficio del alcalde», que no deberían ser asumidos por el consistorio.
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