Lo natural es que en toda clase haya estudiantes con enfermedades como el asma, la diabetes o cualquier tipo de alergia o enfermedad crónica. Por este motivo, padres, docentes y sanitarios llevan años reclamando a la Administración la integración de la figura de la enfermera escolar que, hoy por hoy, tiene una implantación limitada en España por falta de obligatoriedad. A los profesores, ante este limbo legal, no les ha quedado otra que responsabilizarse si surge un problema sanitario, puesto que no es habitual que en todos los centros haya una enfermera. Sin embargo, Asturias irá un paso más allá y pretende obligar por ley a los profesores escolares a asumir este tipo de competencias sanitarias , en lugar de apostar por la incorporación de enfermeras en el aula. Este diario ha podido acceder al anteproyecto de ley de salud escolar que el Principado de Asturias pretende aprobar en los próximos días. En España hay 2.225 enfermeras para un total de 30.000 centros escolares. Las cifras, recogidas por el Consejo General de Enfermería (CGE), son del año 2023 y reflejan, además, una presencia desigual en los colegios de las distintas autonomías.Según el texto, el docente tendrá el deber de «colaborar en la vigilancia de su estado de salud», «formarse para el adecuado desarrollo de las actuaciones de salud escolar en las que participe o colabore» o «conocer y aplicar el protocolo para la atención a escolares con enfermedades que requieren actuaciones específicas». Desde el sindicato educativo Anpe, creen que una normativa de tanta trascendencia no puede carecer de la concreción necesaria que impida la atribución de funciones al profesorado que rebasan sus competencias profesionales. Desde la central sindical Csif son aún más críticos con la normativa, exigen frenarla y aseguran que si entra en vigor «pondrá en peligro la salud del alumnado». También refieren que esta ley puede traer importantes problemas logísticos: «¿A quién se le da las llaves del lugar donde se guarda la insulina? ¿Tenemos que sabernos el historial clínico de todos los alumnos? ¿Qué formación se nos va a impartir?. No se pueden delegar tareas clínicas en el personal docente sin formación ni cobertura jurídica », explica Jorge Caro, de Csif Asturias. Ya hace meses, el secretario general de Anpe, Ramón Castillejo, se interrogaba en ABC sobre estas cuestiones: «¿Hasta dónde llega nuestra capacidad de socorro?», « ¿por qué termina un profesor pinchando insulina a un estudiante? ». Lo natural es que en toda clase haya estudiantes con enfermedades como el asma, la diabetes o cualquier tipo de alergia o enfermedad crónica. Por este motivo, padres, docentes y sanitarios llevan años reclamando a la Administración la integración de la figura de la enfermera escolar que, hoy por hoy, tiene una implantación limitada en España por falta de obligatoriedad. A los profesores, ante este limbo legal, no les ha quedado otra que responsabilizarse si surge un problema sanitario, puesto que no es habitual que en todos los centros haya una enfermera. Sin embargo, Asturias irá un paso más allá y pretende obligar por ley a los profesores escolares a asumir este tipo de competencias sanitarias , en lugar de apostar por la incorporación de enfermeras en el aula. Este diario ha podido acceder al anteproyecto de ley de salud escolar que el Principado de Asturias pretende aprobar en los próximos días. En España hay 2.225 enfermeras para un total de 30.000 centros escolares. Las cifras, recogidas por el Consejo General de Enfermería (CGE), son del año 2023 y reflejan, además, una presencia desigual en los colegios de las distintas autonomías.Según el texto, el docente tendrá el deber de «colaborar en la vigilancia de su estado de salud», «formarse para el adecuado desarrollo de las actuaciones de salud escolar en las que participe o colabore» o «conocer y aplicar el protocolo para la atención a escolares con enfermedades que requieren actuaciones específicas». Desde el sindicato educativo Anpe, creen que una normativa de tanta trascendencia no puede carecer de la concreción necesaria que impida la atribución de funciones al profesorado que rebasan sus competencias profesionales. Desde la central sindical Csif son aún más críticos con la normativa, exigen frenarla y aseguran que si entra en vigor «pondrá en peligro la salud del alumnado». También refieren que esta ley puede traer importantes problemas logísticos: «¿A quién se le da las llaves del lugar donde se guarda la insulina? ¿Tenemos que sabernos el historial clínico de todos los alumnos? ¿Qué formación se nos va a impartir?. No se pueden delegar tareas clínicas en el personal docente sin formación ni cobertura jurídica », explica Jorge Caro, de Csif Asturias. Ya hace meses, el secretario general de Anpe, Ramón Castillejo, se interrogaba en ABC sobre estas cuestiones: «¿Hasta dónde llega nuestra capacidad de socorro?», « ¿por qué termina un profesor pinchando insulina a un estudiante? ».
Los sindicatos educativos Anpe y Csif exigen al Principado frenar una ley que, creen, «pone en peligro la salud de los alumnos»
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