La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) vincula una sanción de 1.000 euros impuesta a su presidente, Miguel Pallarés, con su actuación en el proceso abierto a García Ortiz en el Supremo , donde la APIF es acusación popular. En un comunicado hecho público este miércoles la APIF anuncia que Pallarés ha recurrido precisamente hoy ante la Sala Tercera del Alto Tribunal la resolución de la teniente fiscal del Supremo que le ha sancionado con esa cantidad por una falta grave de retraso en el despacho de asuntos, algo que el perjudicado considera «injusto y no ajustado a derecho».A juicio de la APIF «hay que poner en relación cronológica algunas actuaciones de la APIF, empezando con el comunicado que el 14 de marzo de 2024, cuando trascendió la filtración del correo reservado de Alberto González Amador, novio de la presidenta Ayuso«. En esa nota, titulada «Presunción de inocencia. Neutralidad de la Fiscalía», la APIF formulaba una «fuerte crítica al contenido de la nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid, términos que fueron asumidos íntegramente por el Colegio de la Abogacía de Madrid«, que se personó en la causa abierta contra el fiscal general.En junio de 2024 se iniciaron diligencias informativas por la Inspección Fiscal contra Pallarés, relata la asociación, y tres meses después la APIF decidió personarse en el procedimiento una vez que se decidió investigar a García Ortiz y éste se negó a dimitir. En noviembre de 2024 el Promotor de la Acción Disciplinaria decidió incoar expediente disciplinario al presidente de la asociación y casi un año después, este mes de octubre, con el escrito de acusación de la APIF ya formulado contra el fiscal general, la teniente fiscal dicta resolución imponiéndole la citada sanción. Sin quejas de nadie En su comunicado la APIF recuerda que la diligencias incoadas inicialmente por la Inspección Fiscal tienen su origen en la resolución de un recurso de alzada interpuesto por Pallarés contra una resolución de su fiscal jefe que entendió no ajustada a derecho y que no ha habido queja alguna por parte de la fiscal Jefe Provincial ni por la decana de Civil y Discapacidad en relación al trabajo del presidente de la APIF. Además, añaden, «no ha existido denuncia o queja alguna por ningún ciudadano o Administración Pública respecto a posible demora o retraso en el trabajo de nuestro presidente».«En la misma fecha y por las misma razones de posible retraso en el trabajo se abrió, por el Promotor de la Acción Disciplinaria, expediente disciplinario a una compañera de nuestro presidente con destino en la misma Sección y en la misma Fiscalía Provincial de Las Palmas. Pues bien, el Promotor de la Acción Disciplinaria, dicta Decreto de archivo el 7 de abril de 2025, entendiendo, resumiendo su argumentación, que el sistema informático no ha funcionado adecuadamente« . Sin embargo, este motivo, alegado por Pallarés, no ha sido aplicado a su expediente disciplinario, que ha terminado con sanción.La APIF concluye el comunicado manifestando que «va a seguir realizando su labor con mayor ahínco, si cabe, porque la defensa del Estado de derecho y de los derechos de los fiscales es esencial e innegociable». La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) vincula una sanción de 1.000 euros impuesta a su presidente, Miguel Pallarés, con su actuación en el proceso abierto a García Ortiz en el Supremo , donde la APIF es acusación popular. En un comunicado hecho público este miércoles la APIF anuncia que Pallarés ha recurrido precisamente hoy ante la Sala Tercera del Alto Tribunal la resolución de la teniente fiscal del Supremo que le ha sancionado con esa cantidad por una falta grave de retraso en el despacho de asuntos, algo que el perjudicado considera «injusto y no ajustado a derecho».A juicio de la APIF «hay que poner en relación cronológica algunas actuaciones de la APIF, empezando con el comunicado que el 14 de marzo de 2024, cuando trascendió la filtración del correo reservado de Alberto González Amador, novio de la presidenta Ayuso«. En esa nota, titulada «Presunción de inocencia. Neutralidad de la Fiscalía», la APIF formulaba una «fuerte crítica al contenido de la nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid, términos que fueron asumidos íntegramente por el Colegio de la Abogacía de Madrid«, que se personó en la causa abierta contra el fiscal general.En junio de 2024 se iniciaron diligencias informativas por la Inspección Fiscal contra Pallarés, relata la asociación, y tres meses después la APIF decidió personarse en el procedimiento una vez que se decidió investigar a García Ortiz y éste se negó a dimitir. En noviembre de 2024 el Promotor de la Acción Disciplinaria decidió incoar expediente disciplinario al presidente de la asociación y casi un año después, este mes de octubre, con el escrito de acusación de la APIF ya formulado contra el fiscal general, la teniente fiscal dicta resolución imponiéndole la citada sanción. Sin quejas de nadie En su comunicado la APIF recuerda que la diligencias incoadas inicialmente por la Inspección Fiscal tienen su origen en la resolución de un recurso de alzada interpuesto por Pallarés contra una resolución de su fiscal jefe que entendió no ajustada a derecho y que no ha habido queja alguna por parte de la fiscal Jefe Provincial ni por la decana de Civil y Discapacidad en relación al trabajo del presidente de la APIF. Además, añaden, «no ha existido denuncia o queja alguna por ningún ciudadano o Administración Pública respecto a posible demora o retraso en el trabajo de nuestro presidente».«En la misma fecha y por las misma razones de posible retraso en el trabajo se abrió, por el Promotor de la Acción Disciplinaria, expediente disciplinario a una compañera de nuestro presidente con destino en la misma Sección y en la misma Fiscalía Provincial de Las Palmas. Pues bien, el Promotor de la Acción Disciplinaria, dicta Decreto de archivo el 7 de abril de 2025, entendiendo, resumiendo su argumentación, que el sistema informático no ha funcionado adecuadamente« . Sin embargo, este motivo, alegado por Pallarés, no ha sido aplicado a su expediente disciplinario, que ha terminado con sanción.La APIF concluye el comunicado manifestando que «va a seguir realizando su labor con mayor ahínco, si cabe, porque la defensa del Estado de derecho y de los derechos de los fiscales es esencial e innegociable».
La APIF se vuelca con Miguel Pallarés, a quien la teniente fiscal del TS ha impuesto 1.000 euros por falta grave en el retraso de asuntos; el fiscal lo ha recurrido
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