Las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez han colocado a España en las antípodas de sus colegas europeos. Los países de la Unión Europea que lideraron las medidas de puertas abiertas durante la crisis de refugiados de 2015 han dado un giro radical en su visión sobre cómo se debe gestionar la llegada de personas sin papeles. Todos menos uno.La guerra en Oriente Próximo amenaza ahora con una nueva ola de inmigración que podría buscar en Europa un lugar alejado de las bombas . Mientras países como Dinamarca, Suecia, Italia o Portugal se protegen endureciendo sus políticas migratiorias ante la crisis humanitaria que está provocando la contienda en el Golfo, el Ejecutivo de Sánchez presume de la regularización masiva de inmigrantes que aprobó a principios de este año, por la que más de medio millón de personas en situación irregular podrán obtener la residencia permanente. España marca un camino que el nuevo contexto geopolítico podría poner a prueba en los próximos meses.Noticia relacionada visual No No Viaje a la Dinamarca sin inmigrantes que imita Europa Carlota Pérez (Texto) e Ignacio Gil (Fotos y vídeos)Poco o nada queda ya de la ola de solidaridad que recorrió el viejo continente durante el conflicto en Siria, cuando acogió cerca de 1,3 millones de refugiados. Entonces, Dinamarca fue uno de los países que alojó a decenas de miles de extranjeros indocumentados en un gesto fraternal que unos años después mutó en forma de expulsiones y endurecimiento de acceso . Un cambio que responde, en buena medida, al desgaste político y social que generó aquel proceso.Dinamarca no fue el único país que ha realizado este viaje de ida y vuelta político. También Portugal, con un espectro más izquierdista, ha acabado por endurecer los requisitos de regularización de extranjeros y ha ampliado el tiempo de detención de los inmigrantes que intenten acceder ilegalmente. Un modelo que antepone la expulsión prudente a la integración forzosa.Suecia conforma otro de los paradigmas dentro de este cambio de tendencia. El país que antaño era considerado el ‘Valhalla europeo’ para los inmigrantes que buscaban rehacer su vida en el continente, manifiesta ahora con sus políticas uno de los disursos más críticos contra la inmigración. A partir de este año, paga a cada inmigrante adulto que regrese a su país de origen cerca de 32.000 euros en coronas suecas.Centros de retorno para inmigrantesDinamarca introdujo, además, un concepto que ha logrado un importante arraigo en la cultura de acogida en Europa y que en los últimos meses ha practicado el Gobierno italiano: los centros de retorno de inmigrantes en terceros países. Este modelo permite trasladar a los inmigrantes a instalaciones fuera del territorio comunitario mientras se tramita su expulsión. Giorgia Meloni ha avanzado en este modelo con un centro pionero en Albania gestionado por Roma, no exento de polémica y con difícil encaje jurídico. La experiencia de estos países ha acabado provocando un giro de 180º en la posición de la UE respecto a la que mantuvo en la crisis de refugiados de 2015. El resultado se materializó en 2024 con la firma de un pacto migratorio que establece una política más restrictiva que la vigente durante la última década. Con su entrada en vigor en junio de 2026, este refuerza el control de la inmigración irregular mediante procedimientos más rápidos en frontera para tramitar solicitudes de asilo, una agilización de las deportaciones y mecanismos de solidaridad obligatoria entre Estados miembros. Además, abre la puerta al uso de centros de retorno. Este pacto ha recibido en varias ocasiones la valoración negativa de uno de los países del Consejo: España. España se encuentra ahora mismo en una posición solitaria, remando a contracorriente de un cambio de tendencia que no se limita al continente europeo. La legislación europea provoca actualmente que los inmigrantes indocumentados pasen de un país a otro como una patata caliente, es decir, sin que ninguno de los lugares ofrezca una solución definitiva para instalarse, lo que los empuja a intentarlo en el siguiente. Lo cierto es que los Estados que implementan medidas más duras acaban obteniendo tasas de solicitudes de asilo más bajas. Mientras Bruselas avanza hacia un modelo más restrictivo, el Gobierno mantiene una política basada en la regularización y la integración. La evolución de los flujos migratorios en los próximos meses pondrá a prueba si ese modelo resistirá la presión de nuevas crisis internacionales o si acabará convergiendo con el giro restrictivo del resto de sus socios. Las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez han colocado a España en las antípodas de sus colegas europeos. Los países de la Unión Europea que lideraron las medidas de puertas abiertas durante la crisis de refugiados de 2015 han dado un giro radical en su visión sobre cómo se debe gestionar la llegada de personas sin papeles. Todos menos uno.La guerra en Oriente Próximo amenaza ahora con una nueva ola de inmigración que podría buscar en Europa un lugar alejado de las bombas . Mientras países como Dinamarca, Suecia, Italia o Portugal se protegen endureciendo sus políticas migratiorias ante la crisis humanitaria que está provocando la contienda en el Golfo, el Ejecutivo de Sánchez presume de la regularización masiva de inmigrantes que aprobó a principios de este año, por la que más de medio millón de personas en situación irregular podrán obtener la residencia permanente. España marca un camino que el nuevo contexto geopolítico podría poner a prueba en los próximos meses.Noticia relacionada visual No No Viaje a la Dinamarca sin inmigrantes que imita Europa Carlota Pérez (Texto) e Ignacio Gil (Fotos y vídeos)Poco o nada queda ya de la ola de solidaridad que recorrió el viejo continente durante el conflicto en Siria, cuando acogió cerca de 1,3 millones de refugiados. Entonces, Dinamarca fue uno de los países que alojó a decenas de miles de extranjeros indocumentados en un gesto fraternal que unos años después mutó en forma de expulsiones y endurecimiento de acceso . Un cambio que responde, en buena medida, al desgaste político y social que generó aquel proceso.Dinamarca no fue el único país que ha realizado este viaje de ida y vuelta político. También Portugal, con un espectro más izquierdista, ha acabado por endurecer los requisitos de regularización de extranjeros y ha ampliado el tiempo de detención de los inmigrantes que intenten acceder ilegalmente. Un modelo que antepone la expulsión prudente a la integración forzosa.Suecia conforma otro de los paradigmas dentro de este cambio de tendencia. El país que antaño era considerado el ‘Valhalla europeo’ para los inmigrantes que buscaban rehacer su vida en el continente, manifiesta ahora con sus políticas uno de los disursos más críticos contra la inmigración. A partir de este año, paga a cada inmigrante adulto que regrese a su país de origen cerca de 32.000 euros en coronas suecas.Centros de retorno para inmigrantesDinamarca introdujo, además, un concepto que ha logrado un importante arraigo en la cultura de acogida en Europa y que en los últimos meses ha practicado el Gobierno italiano: los centros de retorno de inmigrantes en terceros países. Este modelo permite trasladar a los inmigrantes a instalaciones fuera del territorio comunitario mientras se tramita su expulsión. Giorgia Meloni ha avanzado en este modelo con un centro pionero en Albania gestionado por Roma, no exento de polémica y con difícil encaje jurídico. La experiencia de estos países ha acabado provocando un giro de 180º en la posición de la UE respecto a la que mantuvo en la crisis de refugiados de 2015. El resultado se materializó en 2024 con la firma de un pacto migratorio que establece una política más restrictiva que la vigente durante la última década. Con su entrada en vigor en junio de 2026, este refuerza el control de la inmigración irregular mediante procedimientos más rápidos en frontera para tramitar solicitudes de asilo, una agilización de las deportaciones y mecanismos de solidaridad obligatoria entre Estados miembros. Además, abre la puerta al uso de centros de retorno. Este pacto ha recibido en varias ocasiones la valoración negativa de uno de los países del Consejo: España. España se encuentra ahora mismo en una posición solitaria, remando a contracorriente de un cambio de tendencia que no se limita al continente europeo. La legislación europea provoca actualmente que los inmigrantes indocumentados pasen de un país a otro como una patata caliente, es decir, sin que ninguno de los lugares ofrezca una solución definitiva para instalarse, lo que los empuja a intentarlo en el siguiente. Lo cierto es que los Estados que implementan medidas más duras acaban obteniendo tasas de solicitudes de asilo más bajas. Mientras Bruselas avanza hacia un modelo más restrictivo, el Gobierno mantiene una política basada en la regularización y la integración. La evolución de los flujos migratorios en los próximos meses pondrá a prueba si ese modelo resistirá la presión de nuevas crisis internacionales o si acabará convergiendo con el giro restrictivo del resto de sus socios.
Las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez han colocado a España en las antípodas de sus colegas europeos. Los países de la Unión Europea que lideraron las medidas de puertas abiertas durante la crisis de refugiados de 2015 han dado un giro … radical en su visión sobre cómo se debe gestionar la llegada de personas sin papeles. Todos menos uno.
La guerra en Oriente Próximo amenaza ahora con una nueva ola de inmigración que podría buscar en Europa un lugar alejado de las bombas. Mientras países como Dinamarca, Suecia, Italia o Portugal se protegen endureciendo sus políticas migratiorias ante la crisis humanitaria que está provocando la contienda en el Golfo, el Ejecutivo de Sánchez presume de la regularización masiva de inmigrantes que aprobó a principios de este año, por la que más de medio millón de personas en situación irregular podrán obtener la residencia permanente. España marca un camino que el nuevo contexto geopolítico podría poner a prueba en los próximos meses.
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Carlota Pérez (Texto) e Ignacio Gil (Fotos y vídeos)
Poco o nada queda ya de la ola de solidaridad que recorrió el viejo continente durante el conflicto en Siria, cuando acogió cerca de 1,3 millones de refugiados. Entonces, Dinamarca fue uno de los países que alojó a decenas de miles de extranjeros indocumentados en un gesto fraternal que unos años después mutó en forma de expulsiones y endurecimiento de acceso. Un cambio que responde, en buena medida, al desgaste político y social que generó aquel proceso.
Dinamarca no fue el único país que ha realizado este viaje de ida y vuelta político. También Portugal, con un espectro más izquierdista, ha acabado por endurecer los requisitos de regularización de extranjeros y ha ampliado el tiempo de detención de los inmigrantes que intenten acceder ilegalmente. Un modelo que antepone la expulsión prudente a la integración forzosa.
Suecia conforma otro de los paradigmas dentro de este cambio de tendencia. El país que antaño era considerado el ‘Valhalla europeo’ para los inmigrantes que buscaban rehacer su vida en el continente, manifiesta ahora con sus políticas uno de los disursos más críticos contra la inmigración. A partir de este año, paga a cada inmigrante adulto que regrese a su país de origen cerca de 32.000 euros en coronas suecas.
Centros de retorno para inmigrantes
Dinamarca introdujo, además, un concepto que ha logrado un importante arraigo en la cultura de acogida en Europa y que en los últimos meses ha practicado el Gobierno italiano: los centros de retorno de inmigrantes en terceros países. Este modelo permite trasladar a los inmigrantes a instalaciones fuera del territorio comunitario mientras se tramita su expulsión. Giorgia Meloni ha avanzado en este modelo con un centro pionero en Albania gestionado por Roma, no exento de polémica y con difícil encaje jurídico.
La experiencia de estos países ha acabado provocando un giro de 180º en la posición de la UE respecto a la que mantuvo en la crisis de refugiados de 2015. El resultado se materializó en 2024 con la firma de un pacto migratorio que establece una política más restrictiva que la vigente durante la última década. Con su entrada en vigor en junio de 2026, este refuerza el control de la inmigración irregular mediante procedimientos más rápidos en frontera para tramitar solicitudes de asilo, una agilización de las deportaciones y mecanismos de solidaridad obligatoria entre Estados miembros. Además, abre la puerta al uso de centros de retorno. Este pacto ha recibido en varias ocasiones la valoración negativa de uno de los países del Consejo: España.
España se encuentra ahora mismo en una posición solitaria, remando a contracorriente de un cambio de tendencia que no se limita al continente europeo. La legislación europea provoca actualmente que los inmigrantes indocumentados pasen de un país a otro como una patata caliente, es decir, sin que ninguno de los lugares ofrezca una solución definitiva para instalarse, lo que los empuja a intentarlo en el siguiente. Lo cierto es que los Estados que implementan medidas más duras acaban obteniendo tasas de solicitudes de asilo más bajas.
Mientras Bruselas avanza hacia un modelo más restrictivo, el Gobierno mantiene una política basada en la regularización y la integración. La evolución de los flujos migratorios en los próximos meses pondrá a prueba si ese modelo resistirá la presión de nuevas crisis internacionales o si acabará convergiendo con el giro restrictivo del resto de sus socios.
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