Como una victoria sobre lo que siempre han mantenido , pero que llega con «retraso». Así consideran las principales comunidades loberas la aprobación este lunes del informe sexenal del lobo. El documento conocido hace casi un año -correspondiente al periodo 2019-2024-, pero que nunca se había llegado a someter a votación, por más que los territorios por los que más campea el canis lupus y donde mayores daños deja en la ganadería, lo hayan reclamado durante todo este tiempo. Esta vez sí entraba en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, logrando el respaldo de casi todas las comunidades, según indicaban desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre ellas, Castilla y León y Galicia, dos de las voces que más han clamado a favor de la ratificación de esos datos con los que entienden que el estado de conservación de esta especie protegida «es favorable». La s 333 manadas contabilizadas en el conjunto de España en ese estudio alumbrado en junio de 2025 suponían un 12 por ciento más que en el anterior (297). Cifras que para los territorios loberos avalan la progresión del cánido, que había dejado de ser cazable incluso al norte de la frontera natural que marcaba el río Duero desde septiembre de 2021, cuando el Gobierno lo incluyó en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección), con el criterio contario de las autonomías afectadas.Sin embargo, el Gobierno se agarraba a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2024 que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio -no en todas las comunidades campea-, lo está en la totalidad. Y así lo mantenía este lunes, para defender que no se puede cazar . Noticia relacionada general No No El TSXG pregunta al Constitucional si la enmienda que permite cazar lobos es legal José Luis JiménezSin embargo, de la votación en la Conferencia Sectorial salía el aval para el informe que considera que el lobo se encuentra en un estado de «conservación favorable». Ahora, como marca la Directiva Hábitats, deberá ser remitido a la Comisión Europea . Eso sí, «con cerca de un año de retraso respecto al plazo fijado» para su envío, el 31 de julio de 2025, como criticaba el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino. El hecho de que el Ministerio de Sara Aagesen haya acabado dando su brazo a torcer demuestra que las comunidades que elaboraron el informe hicieron un trabajo «correcto» , destacaba la consejera gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. «Confirma la tesis siempre defendida por la Xunta de que el estado actual del lobo es favorable y no hay base científica para justificar que tenga un régimen de protección especial», según informaba su departamento.Un logro con tardanza, pues la propuesta aceptada es la misma que salió, hace casi un año, de la comisión sectorial, contando en aquel momento con el único voto en contra del Ministerio de Medio Ambiente y el respaldo a la evolución «favorable» sostenido por Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y, por supuesto, Galicia.«Carece de justificación que un documento respaldado por el trabajo técnico de las comunidades autónomas y aprobado hace un año en la Comisión Estatal haya permanecido bloqueado durante todo este tiempo», censuraba el consejero castellano y leonés, quien urgía al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «la remisión inmediata» del informe a la Comisión Europea. «Que se acepten los resultados que reflejan los datos oficiales del sexenio 2019-2024», demandaba Pino, quien criticaba que España sea el «único» estado miembro de la UE «que no había trasladado estos informes sexenales», motivando un procedimiento sancionador.Con la aprobación de este informe, las Comunidades afectadas por el lobo salvan un escollo importante para poder reactivar sus planes de control de las manadas. Aunque está lejos de ser definitivo. La amenaza ahora está en el Tribunal Constitucional, después de que la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Galicia elevara la pasada semana una cuestión de constitucionalidad referida a la reforma de la Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario de 2025, en cuyas enmiendas el PP encajó durante su trámite en el Senado la exclusión del lobo del listado de especies silvestre en régimen de protección especial. Era precisamente a estas enmiendas donde se aferraban varios gobiernos regionales para amparar la caza controlada del lobo, aunque en caso como el gallego y el asturiano ha chocado con sus respectivos tribunales superiores, que han paralizado cautelarmente estos planes.En los tribunalesLos magistrados del Tribunal Superior de Galicia consideran que el procedimiento legislativo por el que se excluyó al lobo de las especies protegidas ofrece dudas. En primer lugar, por haberse incluido en una norma con una relación bastante vaga con la conservación de la naturaleza, como era la del desperdicio alimentario; segundo, por haber utilizado una reforma legal para modificar un reglamento, omitiendo «el procedimiento administrativo» adecuado; e incluso, considerando que pudo vulnerarse el art. 45 de la Constitución, que garantiza el disfrute de la naturaleza, así como la doctrina del propio Tribunal Constitucional del principio de no regresión ambiental.En Castilla y León, el territorio donde más campea el ‘canis lupus’ dentro del territorio peninsular, se contabilizaban ya en el último censo un «mínimo» de 193 manadas, un 8 por ciento más que en el anterior conteo, de las que la mayoría (158) estaban al norte del Duero, aunque las del sur del río crecieron un 30 por ciento de un estudio al siguiente. De ahí la insistencia en poder llevar a cabo una gestión del lobo, que hasta 2021 se venía realizando mediante cupos de caza sólo al norte del cauce. «La gestión de la especie debe basarse en la realidad acreditada por el informe sexenal para proteger también a la ganadería extensiva y al medio rural», demandaba el Pino, recordando los ataques que «de forma recurrente» sufren los ganaderos. En 2025, según los datos de la Junta, en Castilla y León se contabilizaron 4.474 incursiones letales , casi medio millar más que un año antes (3.973) y muy por encima de los 2.694 de 2021, cuando entro en vigor la inclusión del cánido en el Lespre. Víctimas de sus fauces, 6.294 cabezas de ganado (además de 585 heridas), cuando en 2021 fueron 4.314. En el conjunto de autonomías, los daños han crecido más de un 10 por ciento anual, «lo que compromete la viabilidad de numerosas explotaciones» y «dificulta la convivencia entre la conservación de la especie y el mantenimiento de una actividad esencial para el medio rural», censuran desde la Junta . Como una victoria sobre lo que siempre han mantenido , pero que llega con «retraso». Así consideran las principales comunidades loberas la aprobación este lunes del informe sexenal del lobo. El documento conocido hace casi un año -correspondiente al periodo 2019-2024-, pero que nunca se había llegado a someter a votación, por más que los territorios por los que más campea el canis lupus y donde mayores daños deja en la ganadería, lo hayan reclamado durante todo este tiempo. Esta vez sí entraba en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, logrando el respaldo de casi todas las comunidades, según indicaban desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre ellas, Castilla y León y Galicia, dos de las voces que más han clamado a favor de la ratificación de esos datos con los que entienden que el estado de conservación de esta especie protegida «es favorable». La s 333 manadas contabilizadas en el conjunto de España en ese estudio alumbrado en junio de 2025 suponían un 12 por ciento más que en el anterior (297). Cifras que para los territorios loberos avalan la progresión del cánido, que había dejado de ser cazable incluso al norte de la frontera natural que marcaba el río Duero desde septiembre de 2021, cuando el Gobierno lo incluyó en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección), con el criterio contario de las autonomías afectadas.Sin embargo, el Gobierno se agarraba a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2024 que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio -no en todas las comunidades campea-, lo está en la totalidad. Y así lo mantenía este lunes, para defender que no se puede cazar . Noticia relacionada general No No El TSXG pregunta al Constitucional si la enmienda que permite cazar lobos es legal José Luis JiménezSin embargo, de la votación en la Conferencia Sectorial salía el aval para el informe que considera que el lobo se encuentra en un estado de «conservación favorable». Ahora, como marca la Directiva Hábitats, deberá ser remitido a la Comisión Europea . Eso sí, «con cerca de un año de retraso respecto al plazo fijado» para su envío, el 31 de julio de 2025, como criticaba el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino. El hecho de que el Ministerio de Sara Aagesen haya acabado dando su brazo a torcer demuestra que las comunidades que elaboraron el informe hicieron un trabajo «correcto» , destacaba la consejera gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. «Confirma la tesis siempre defendida por la Xunta de que el estado actual del lobo es favorable y no hay base científica para justificar que tenga un régimen de protección especial», según informaba su departamento.Un logro con tardanza, pues la propuesta aceptada es la misma que salió, hace casi un año, de la comisión sectorial, contando en aquel momento con el único voto en contra del Ministerio de Medio Ambiente y el respaldo a la evolución «favorable» sostenido por Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y, por supuesto, Galicia.«Carece de justificación que un documento respaldado por el trabajo técnico de las comunidades autónomas y aprobado hace un año en la Comisión Estatal haya permanecido bloqueado durante todo este tiempo», censuraba el consejero castellano y leonés, quien urgía al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «la remisión inmediata» del informe a la Comisión Europea. «Que se acepten los resultados que reflejan los datos oficiales del sexenio 2019-2024», demandaba Pino, quien criticaba que España sea el «único» estado miembro de la UE «que no había trasladado estos informes sexenales», motivando un procedimiento sancionador.Con la aprobación de este informe, las Comunidades afectadas por el lobo salvan un escollo importante para poder reactivar sus planes de control de las manadas. Aunque está lejos de ser definitivo. La amenaza ahora está en el Tribunal Constitucional, después de que la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Galicia elevara la pasada semana una cuestión de constitucionalidad referida a la reforma de la Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario de 2025, en cuyas enmiendas el PP encajó durante su trámite en el Senado la exclusión del lobo del listado de especies silvestre en régimen de protección especial. Era precisamente a estas enmiendas donde se aferraban varios gobiernos regionales para amparar la caza controlada del lobo, aunque en caso como el gallego y el asturiano ha chocado con sus respectivos tribunales superiores, que han paralizado cautelarmente estos planes.En los tribunalesLos magistrados del Tribunal Superior de Galicia consideran que el procedimiento legislativo por el que se excluyó al lobo de las especies protegidas ofrece dudas. En primer lugar, por haberse incluido en una norma con una relación bastante vaga con la conservación de la naturaleza, como era la del desperdicio alimentario; segundo, por haber utilizado una reforma legal para modificar un reglamento, omitiendo «el procedimiento administrativo» adecuado; e incluso, considerando que pudo vulnerarse el art. 45 de la Constitución, que garantiza el disfrute de la naturaleza, así como la doctrina del propio Tribunal Constitucional del principio de no regresión ambiental.En Castilla y León, el territorio donde más campea el ‘canis lupus’ dentro del territorio peninsular, se contabilizaban ya en el último censo un «mínimo» de 193 manadas, un 8 por ciento más que en el anterior conteo, de las que la mayoría (158) estaban al norte del Duero, aunque las del sur del río crecieron un 30 por ciento de un estudio al siguiente. De ahí la insistencia en poder llevar a cabo una gestión del lobo, que hasta 2021 se venía realizando mediante cupos de caza sólo al norte del cauce. «La gestión de la especie debe basarse en la realidad acreditada por el informe sexenal para proteger también a la ganadería extensiva y al medio rural», demandaba el Pino, recordando los ataques que «de forma recurrente» sufren los ganaderos. En 2025, según los datos de la Junta, en Castilla y León se contabilizaron 4.474 incursiones letales , casi medio millar más que un año antes (3.973) y muy por encima de los 2.694 de 2021, cuando entro en vigor la inclusión del cánido en el Lespre. Víctimas de sus fauces, 6.294 cabezas de ganado (además de 585 heridas), cuando en 2021 fueron 4.314. En el conjunto de autonomías, los daños han crecido más de un 10 por ciento anual, «lo que compromete la viabilidad de numerosas explotaciones» y «dificulta la convivencia entre la conservación de la especie y el mantenimiento de una actividad esencial para el medio rural», censuran desde la Junta .
Como una victoria sobre lo que siempre han mantenido, pero que llega con «retraso». Así consideran las principales comunidades loberas la aprobación este lunes del informe sexenal del lobo. El documento conocido hace casi un año -correspondiente al periodo 2019-2024-, pero que … nunca se había llegado a someter a votación, por más que los territorios por los que más campea el canis lupus y donde mayores daños deja en la ganadería, lo hayan reclamado durante todo este tiempo. Esta vez sí entraba en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, logrando el respaldo de casi todas las comunidades, según indicaban desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Entre ellas, Castilla y León y Galicia, dos de las voces que más han clamado a favor de la ratificación de esos datos con los que entienden que el estado de conservación de esta especie protegida «es favorable». Las 333 manadas contabilizadas en el conjunto de España en ese estudio alumbrado en junio de 2025 suponían un 12 por ciento más que en el anterior (297). Cifras que para los territorios loberos avalan la progresión del cánido, que había dejado de ser cazable incluso al norte de la frontera natural que marcaba el río Duero desde septiembre de 2021, cuando el Gobierno lo incluyó en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección), con el criterio contario de las autonomías afectadas.
Sin embargo, el Gobierno se agarraba a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2024 que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio -no en todas las comunidades campea-, lo está en la totalidad. Y así lo mantenía este lunes, para defender que no se puede cazar.
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Sin embargo, de la votación en la Conferencia Sectorial salía el aval para el informe que considera que el lobo se encuentra en un estado de «conservación favorable». Ahora, como marca la Directiva Hábitats, deberá ser remitido a la Comisión Europea. Eso sí, «con cerca de un año de retraso respecto al plazo fijado» para su envío, el 31 de julio de 2025, como criticaba el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino.
El hecho de que el Ministerio de Sara Aagesen haya acabado dando su brazo a torcer demuestra que las comunidades que elaboraron el informe hicieron un trabajo «correcto», destacaba la consejera gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. «Confirma la tesis siempre defendida por la Xunta de que el estado actual del lobo es favorable y no hay base científica para justificar que tenga un régimen de protección especial», según informaba su departamento.
Un logro con tardanza, pues la propuesta aceptada es la misma que salió, hace casi un año, de la comisión sectorial, contando en aquel momento con el único voto en contra del Ministerio de Medio Ambiente y el respaldo a la evolución «favorable» sostenido por Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y, por supuesto, Galicia.
«Carece de justificación que un documento respaldado por el trabajo técnico de las comunidades autónomas y aprobado hace un año en la Comisión Estatal haya permanecido bloqueado durante todo este tiempo», censuraba el consejero castellano y leonés, quien urgía al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «la remisión inmediata» del informe a la Comisión Europea. «Que se acepten los resultados que reflejan los datos oficiales del sexenio 2019-2024», demandaba Pino, quien criticaba que España sea el «único» estado miembro de la UE «que no había trasladado estos informes sexenales», motivando un procedimiento sancionador.
Con la aprobación de este informe, las Comunidades afectadas por el lobo salvan un escollo importante para poder reactivar sus planes de control de las manadas. Aunque está lejos de ser definitivo. La amenaza ahora está en el Tribunal Constitucional, después de que la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Galicia elevara la pasada semana una cuestión de constitucionalidad referida a la reforma de la Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario de 2025, en cuyas enmiendas el PP encajó durante su trámite en el Senado la exclusión del lobo del listado de especies silvestre en régimen de protección especial. Era precisamente a estas enmiendas donde se aferraban varios gobiernos regionales para amparar la caza controlada del lobo, aunque en caso como el gallego y el asturiano ha chocado con sus respectivos tribunales superiores, que han paralizado cautelarmente estos planes.
En los tribunales
Los magistrados del Tribunal Superior de Galicia consideran que el procedimiento legislativo por el que se excluyó al lobo de las especies protegidas ofrece dudas. En primer lugar, por haberse incluido en una norma con una relación bastante vaga con la conservación de la naturaleza, como era la del desperdicio alimentario; segundo, por haber utilizado una reforma legal para modificar un reglamento, omitiendo «el procedimiento administrativo» adecuado; e incluso, considerando que pudo vulnerarse el art. 45 de la Constitución, que garantiza el disfrute de la naturaleza, así como la doctrina del propio Tribunal Constitucional del principio de no regresión ambiental.
En Castilla y León, el territorio donde más campea el ‘canis lupus’ dentro del territorio peninsular, se contabilizaban ya en el último censo un «mínimo» de 193 manadas, un 8 por ciento más que en el anterior conteo, de las que la mayoría (158) estaban al norte del Duero, aunque las del sur del río crecieron un 30 por ciento de un estudio al siguiente. De ahí la insistencia en poder llevar a cabo una gestión del lobo, que hasta 2021 se venía realizando mediante cupos de caza sólo al norte del cauce.
«La gestión de la especie debe basarse en la realidad acreditada por el informe sexenal para proteger también a la ganadería extensiva y al medio rural», demandaba el Pino, recordando los ataques que «de forma recurrente» sufren los ganaderos. En 2025, según los datos de la Junta, en Castilla y León se contabilizaron 4.474 incursiones letales, casi medio millar más que un año antes (3.973) y muy por encima de los 2.694 de 2021, cuando entro en vigor la inclusión del cánido en el Lespre. Víctimas de sus fauces, 6.294 cabezas de ganado (además de 585 heridas), cuando en 2021 fueron 4.314. En el conjunto de autonomías, los daños han crecido más de un 10 por ciento anual, «lo que compromete la viabilidad de numerosas explotaciones» y «dificulta la convivencia entre la conservación de la especie y el mantenimiento de una actividad esencial para el medio rural», censuran desde la Junta.
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