«Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía», ilustraba Séneca. El empresario almeriense Sergio Samblás está experimentando en carne propia esta máxima del célebre filósofo cordobés. Asfixiado por una deuda de 520.000 euros reconocida en una sentencia y atrapado en un laberinto procesal que dura ya un lustro, el administrador de la sociedad Vegetal Green S.L. ha dicho basta. Acaba de presentar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las dilaciones que frenan el juicio contra su deudor, Bernat Soria Escoms, el que fuera ministro de Sanidad (2007-2009) en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.El escrito, registrado este martes 23 de junio ante el Servicio Central de Secretaría General del órgano de gobierno de los jueces, supone el segundo frente institucional abierto por el empresario tras acudir, hace apenas unos días, al Defensor del Pueblo. En ambas instancias el ruego es idéntico: desatascar un procedimiento penal cuya instrucción finalizó hace tres años y que todavía no tiene fijada una fecha de juicio. Bernat Soria, médico jubilado de 75 años , está pendiente de sentarse en un banquillo por un presunto delito de alzamiento de bienes por haber donado todos sus bienes inmuebles, valorados en 1,2 millones de euros, a sus hijas, también procesadas. Con esta maniobra ha eludido la devolución de un préstamo cuyo derecho de cobro había adquirido Vegetal Green S.L.El empresario afectado asegura a ABC que la demora no solo lesiona su derecho a una tutela judicial efectiva, sino que amenaza con liquidar los puestos de trabajo y la viabilidad de su sociedad, acreedora del exministro, que desarrolla su actividad entre Roquetas de Mar y El Ejido y se encuentra «en una situación económica extremadamente delicada».En mayo de 2021, una sentencia condenó a Bernat Soria a devolver un préstamo de 400.000 euros a su acreedorPara entender el callejón sin salida en el que se encuentra este acreedor hay que retroceder a mayo de 2021, cuando una sentencia firme condenó a Bernat Soria a abonar un dinero que hoy, sumando el principal, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y unas costas judiciales de 133.000 euros, rebasa el medio millón . El origen del agujero fue un préstamo de 400.000 euros concedido en 2016 a Newbiotechnic (NBT) S.A., una firma del exministro que acabó quebrando un año después.Se escudó en una tradición para donar bienes a su hijaLejos de saldar la cuenta, Soria ejecutó un movimiento que la Fiscalía califica de delictivo: se desprendió de la totalidad de su patrimonio y lo traspasó a sus dos hijas. En su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el investigador esgrimió un argumento insólito: alegó que la cesión no buscaba esquivar el embargo, sino cumplir con una arraigada «tradición» de su pueblo natal, el municipio valenciano de Carlet. El Ministerio Público no compró el pretexto del folclore y solicita para él dos años y medio de prisión, además de una multa de 18 meses, por alzamiento de bienes.Sin embargo, el mazo de la Justicia se ha quedado suspendido en el aire. El motivo es un conflicto de competencia entre el Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla y la Audiencia Provincial hispalense para dirimir qué órgano debe celebrar la vista oral; una cuestión que no se elevó hasta abril de este mismo año. Entre tanto, la bola de la deuda sigue creciendo y amenaza con aplastar al empresario almeriense.Un fichaje estelar de María Jesús MonteroAnte la ineficacia de los métodos ortodoxos, Samblás optó hace meses por contratar a la empresa El Cobrador del Frac para perseguir por la vía pública a quien fuera un referente de la ciencia española —famoso por sus investigaciones con células madre para la diabetes—. Tras abandonar el Consejo de Ministros, Soria fue «fichado» en 2009 por la entonces consejera andaluza de Salud y hoy secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero , para dirigir un centro público de investigación con un sueldo de 180.000 euros brutos anuales. Disfrutó de esa retribución de alta dirección durante una década hasta 2019. El Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos lo despidió de forma fulminante al descubrir que compaginaba su cargo con negocios privados en dos sociedades, violando su cláusula de exclusividad.Sin patrimonio, el juzgado apenas le retiene a Soria unos 700 euros mensuales de su pensión . A ese ritmo, tardaría más de 60 años en saldar su deuda. Mientras los tribunales deshojan la margarita de la competencia, Samblás se ve obligado a avalar personalmente las operaciones de su empresa para esquivar la quiebra. Su queja ante el CGPJ es el retrato de un sistema que otorga oxígeno al moroso.«No pedimos un trato de favor; pedimos que una sentencia firme pueda hacerse efectiva en un plazo razonable y que un procedimiento penal no permanezca años sin una resolución», clama el empresario. Ganó el primer pulso judicial contra Soria, pero está perdiendo la fe: «Cuando el tiempo juega en contra del acreedor, el perjuicio económico sigue creciendo cada día». «Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía», ilustraba Séneca. El empresario almeriense Sergio Samblás está experimentando en carne propia esta máxima del célebre filósofo cordobés. Asfixiado por una deuda de 520.000 euros reconocida en una sentencia y atrapado en un laberinto procesal que dura ya un lustro, el administrador de la sociedad Vegetal Green S.L. ha dicho basta. Acaba de presentar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las dilaciones que frenan el juicio contra su deudor, Bernat Soria Escoms, el que fuera ministro de Sanidad (2007-2009) en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.El escrito, registrado este martes 23 de junio ante el Servicio Central de Secretaría General del órgano de gobierno de los jueces, supone el segundo frente institucional abierto por el empresario tras acudir, hace apenas unos días, al Defensor del Pueblo. En ambas instancias el ruego es idéntico: desatascar un procedimiento penal cuya instrucción finalizó hace tres años y que todavía no tiene fijada una fecha de juicio. Bernat Soria, médico jubilado de 75 años , está pendiente de sentarse en un banquillo por un presunto delito de alzamiento de bienes por haber donado todos sus bienes inmuebles, valorados en 1,2 millones de euros, a sus hijas, también procesadas. Con esta maniobra ha eludido la devolución de un préstamo cuyo derecho de cobro había adquirido Vegetal Green S.L.El empresario afectado asegura a ABC que la demora no solo lesiona su derecho a una tutela judicial efectiva, sino que amenaza con liquidar los puestos de trabajo y la viabilidad de su sociedad, acreedora del exministro, que desarrolla su actividad entre Roquetas de Mar y El Ejido y se encuentra «en una situación económica extremadamente delicada».En mayo de 2021, una sentencia condenó a Bernat Soria a devolver un préstamo de 400.000 euros a su acreedorPara entender el callejón sin salida en el que se encuentra este acreedor hay que retroceder a mayo de 2021, cuando una sentencia firme condenó a Bernat Soria a abonar un dinero que hoy, sumando el principal, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y unas costas judiciales de 133.000 euros, rebasa el medio millón . El origen del agujero fue un préstamo de 400.000 euros concedido en 2016 a Newbiotechnic (NBT) S.A., una firma del exministro que acabó quebrando un año después.Se escudó en una tradición para donar bienes a su hijaLejos de saldar la cuenta, Soria ejecutó un movimiento que la Fiscalía califica de delictivo: se desprendió de la totalidad de su patrimonio y lo traspasó a sus dos hijas. En su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el investigador esgrimió un argumento insólito: alegó que la cesión no buscaba esquivar el embargo, sino cumplir con una arraigada «tradición» de su pueblo natal, el municipio valenciano de Carlet. El Ministerio Público no compró el pretexto del folclore y solicita para él dos años y medio de prisión, además de una multa de 18 meses, por alzamiento de bienes.Sin embargo, el mazo de la Justicia se ha quedado suspendido en el aire. El motivo es un conflicto de competencia entre el Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla y la Audiencia Provincial hispalense para dirimir qué órgano debe celebrar la vista oral; una cuestión que no se elevó hasta abril de este mismo año. Entre tanto, la bola de la deuda sigue creciendo y amenaza con aplastar al empresario almeriense.Un fichaje estelar de María Jesús MonteroAnte la ineficacia de los métodos ortodoxos, Samblás optó hace meses por contratar a la empresa El Cobrador del Frac para perseguir por la vía pública a quien fuera un referente de la ciencia española —famoso por sus investigaciones con células madre para la diabetes—. Tras abandonar el Consejo de Ministros, Soria fue «fichado» en 2009 por la entonces consejera andaluza de Salud y hoy secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero , para dirigir un centro público de investigación con un sueldo de 180.000 euros brutos anuales. Disfrutó de esa retribución de alta dirección durante una década hasta 2019. El Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos lo despidió de forma fulminante al descubrir que compaginaba su cargo con negocios privados en dos sociedades, violando su cláusula de exclusividad.Sin patrimonio, el juzgado apenas le retiene a Soria unos 700 euros mensuales de su pensión . A ese ritmo, tardaría más de 60 años en saldar su deuda. Mientras los tribunales deshojan la margarita de la competencia, Samblás se ve obligado a avalar personalmente las operaciones de su empresa para esquivar la quiebra. Su queja ante el CGPJ es el retrato de un sistema que otorga oxígeno al moroso.«No pedimos un trato de favor; pedimos que una sentencia firme pueda hacerse efectiva en un plazo razonable y que un procedimiento penal no permanezca años sin una resolución», clama el empresario. Ganó el primer pulso judicial contra Soria, pero está perdiendo la fe: «Cuando el tiempo juega en contra del acreedor, el perjuicio económico sigue creciendo cada día».
«Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía», ilustraba Séneca. El empresario almeriense Sergio Samblás está experimentando en carne propia esta máxima del célebre filósofo cordobés. Asfixiado por una deuda de 520.000 euros reconocida en una sentencia y atrapado en … un laberinto procesal que dura ya un lustro, el administrador de la sociedad Vegetal Green S.L. ha dicho basta. Acaba de presentar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las dilaciones que frenan el juicio contra su deudor, Bernat Soria Escoms, el que fuera ministro de Sanidad (2007-2009) en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El escrito, registrado este martes 23 de junio ante el Servicio Central de Secretaría General del órgano de gobierno de los jueces, supone el segundo frente institucional abierto por el empresario tras acudir, hace apenas unos días, al Defensor del Pueblo. En ambas instancias el ruego es idéntico: desatascar un procedimiento penal cuya instrucción finalizó hace tres años y que todavía no tiene fijada una fecha de juicio. Bernat Soria, médico jubilado de 75 años, está pendiente de sentarse en un banquillo por un presunto delito de alzamiento de bienes por haber donado todos sus bienes inmuebles, valorados en 1,2 millones de euros, a sus hijas, también procesadas. Con esta maniobra pretendía eludir así la devolución de un préstamo, cuyo derecho de cobro había adquirido Vegetal Green S.L.
El empresario afectado asegura a ABC que la demora no solo lesiona su derecho a una tutela judicial efectiva, sino que amenaza con liquidar los puestos de trabajo y la viabilidad de su sociedad, acreedora del exministro, que desarrolla su actividad entre Roquetas de Mar y El Ejido, y que se encuentra «en una situación económica extremadamente delicada».
En mayo de 2021, una sentencia condenó a Bernat Soria a devolver un préstamo de 400.000 euros a su acreedor
Para entender el callejón sin salida en el que se encuentra este acreedor hay que retroceder a mayo de 2021, cuando una sentencia firme condenó a Bernat Soria a abonar un dinero que hoy, sumando el principal, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y unas costas judiciales de 133.000 euros, rebasa el medio millón. El origen del agujero fue un préstamo de 400.000 euros concedido en 2016 a Newbiotechnic (NBT) S.A., una firma del exministro que acabó quebrando un año después.
Se escudó en una tradición para donar bienes a su hija
Lejos de saldar la cuenta, Soria ejecutó un movimiento que la Fiscalía califica de delictivo: se desprendió de la totalidad de su patrimonio y lo traspasó a sus dos hijas. En su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el investigador esgrimió un argumento insólito: alegó que la cesión no buscaba esquivar el embargo, sino cumplir con una arraigada «tradición» de su pueblo natal, el municipio valenciano de Carlet. El Ministerio Público no compró el folclore y solicita para él dos años y medio de prisión, además de una multa de 18 meses, por alzamiento de bienes.
Sin embargo, el mazo de la Justicia se ha quedado suspendido en el aire. El motivo es un conflicto de competencia entre el Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla y la Audiencia Provincial hispalense para dirimir qué órgano debe celebrar la vista oral; una cuestión que no se elevó hasta abril de este mismo año. Entre tanto, la bola de la deuda sigue creciendo y amenaza con aplastar al empresario almeriense.
Un fichaje estelar de María Jesús Montero
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Ante la ineficacia de los métodos ortodoxos, Samblás optó hace meses por contratar a la empresa El Cobrador del Frac para perseguir por la vía pública a quien fuera un referente de la ciencia española —famoso por sus investigaciones con células madre para la diabetes—. Tras abandonar el Consejo de Ministros, Soria fue «fichado» en 2009 por la entonces consejera andaluza de Salud y hoy secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, para dirigir un centro público de investigación con un sueldo de 180.000 euros brutos anuales. Disfrutó de esa retribución de alta dirección durante una década hasta 2019. El Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos lo despidió de forma fulminante al descubrir que compaginaba su cargo con negocios privados en dos sociedades, violando su cláusula de exclusividad.
Sin patrimonio, el juzgado apenas le retiene a Soria unos 700 euros mensuales de su pensión. A ese ritmo, tardaría más de 60 años en saldar su deuda. Mientras los tribunales deshojan la margarita de la competencia, Samblás se ve obligado a avalar personalmente las operaciones de su empresa para esquivar la quiebra. Su queja ante el CGPJ es el retrato de un sistema que otorga oxígeno al moroso.
«No pedimos un trato de favor; pedimos que una sentencia firme pueda hacerse efectiva en un plazo razonable y que un procedimiento penal no permanezca años sin una resolución», clama el empresario. Ganó el primer pulso judicial contra Soria, pero está perdiendo la fe: «Cuando el tiempo juega en contra del acreedor, el perjuicio económico sigue creciendo cada día».
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