Después de ocho meses de debate, este jueves PNV y EH Bildu han aprobado en el Parlamento de Vitoria una reforma de la Ley de Empleo vasca, entre dudas sobre su puesta en funcionamiento, para intentar sortear una «ofensiva judicial» contra el euskera que solo denuncia el nacionalismo. El nuevo texto propuesto por el partido de Aitor Esteban, aprobado al margen de la mayoría con el Partido Socialista de Euskadi (PSE) que sostiene al Gobierno de Pradales, deja en manos de cada institución pública en el País Vasco la capacidad para fijar la exigencia del euskera como requisito obligatorio a la hora de acceder a un empleo público. Más allá del nivel autonómico o foral, que también controlan mayoritariamente, los partidos de Esteban y Arnaldo Otegi gobiernan cerca del 80% de los municipios de la comunidad autónoma. El pasado 2 de octubre ambas formaciones dieron una patada hacia adelante en su pugna particular. Tras un verano en que la cuestión lingüística rellenó titulares a escala nacional (fruto del choque entre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el lendakari Imanol Pradales en la Conferencia de Presidentes celebrada el 6 de junio en Barcelona), PNV y EH Bildu facilitaron la toma en consideración en Vitoria de dos proposiciones de ley (una de cada uno) para hacer frente a un mismo «problema»: las sentencias judiciales que vienen declarando ilegal la exigencia del euskera en el 100% de las plazas de Ofertas de Empleo Público (OPE) en la región por discriminar al castellano.EH Bildu se adelantó registrando su propuesta de modificación de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco, que daba la vuelta a la reglamentación haciendo que el conocimiento del vascuence fuese general en todas las plazas «pudiendo exceptuarse, de forma justificada». Un movimiento que obligó al PNV a presentar la suya, que pasaba por eliminar los ‘índices de obligado cumplimiento’: el sistema vigente y que él mismo actualizó por decreto en 2024 junto al PSE, que determina de antemano cuántas plazas en una OPE deben contar con qué perfil lingüístico (nivel determinado de euskera acreditado). En sustitución de estos índices, el partido de Aitor Esteban proponía que fuese cada Administración la responsable de fijar el perfil exigible para poder ser elegido funcionario en una OPE.Las dos proposiciones de ley siguieron tramitándose en el engranaje del legislativo de Vitoria, entre críticas del resto de partidos del arco parlamentario que eran tachadas de «euskarofobas». Hasta este miércoles, cuando PNV y Bildu anunciaron por la tarde un acuerdo ‘in extremis’ en el que la izquierda aberzale se comprometía a apoyar la reforma en los términos planteados por el partido de Aitor Esteban. El pacto califica la modificación como una «vía adecuada y técnicamente prudente», pero deja abierta la puerta a una revisión de la misma si «no dispone de suficiencia estructural para cumplir sus objetivos principales» y crea una «comisión» compuesta por miembros de ambas fuerzas para hacer un seguimiento de su aplicación. «Si se demuestra que ese camino no es eficaz se hará otra propuesta en los términos planteados por EH Bildu», ha advertido hoy Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco. La reforma añade un único y nuevo apartado al artículo 187 de la Ley de Empleo, que impone que «no se aplicarán determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento», de tal forma que, mediante un desarrollo reglamentario todavía por concretar, serán «las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos» quienes «determinen su propio índice de obligado cumplimiento». Es decir, que será cada órgano administrativo a cargo de una OPE quien establezca el perfil lingüístico necesario y su fecha de preceptividad (el tiempo establecido para acreditarlo). La cuestión es que la constitucionalidad del apartado 5 de ese mismo artículo, que establece que «todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico«, ya estaba siendo cuestionada antes de la reforma de hoy. El pasado 23 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) planteó un recurso ante el Tribunal Constitucional, al entender que dicho epígrafe condiciona la sentencia definitiva sobre un recurso interpuesto por Vox contra el Decreto 19/2024, que desarrolla la exigencia lingüística en el Sector Público Vasco.Es esta misma reglamentación la que ya se viene incumpliendo, al declarar los tribunales como ilegales distintas OPE en las que la exigencia del euskera se fija para todas las plazas. Las sentencias, que se suceden una tras otra, parten de recursos interpuestos por sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) que entiende que se vulnera el derecho de los trabajadores a acceder a empleo público en condiciones de igualdad. Esto ha desatado tanto el intento de PNV y Bildu de hacer frente a la «ofensiva judicial» en el Parlamento vasco como una campaña por parte de la izquierda aberzale, que ha llegado a tachar de «euskarófobo» a CCOO y vetarlo de iniciativas como la Korrika. «Participaremos en los debates donde nos dejen estar», ha dicho hoy Pau Blasi, el diputado del PSE, encargado de justificar su ‘no’ a la reforma aprobada hoy. Su partido también se desmarcó de la marcha por el euskera tras el veto a Comisiones Obreras. «Bienvenidos, llegan tarde», le ha respondido el diputado del PP, Santiago López Céspedes, recriminando a los socialistas que hayan participado en las fases anteriores de la «normalización lingüística» y que ahora se aparten ante el posible coste electoral (según el Deustobarometro, el 47% de la ciudadanía vasca cree que hay demasiadas exigencias de euskera para acceder a un empleo público y el 33,6% está de acuerdo con la situación actual). «Para el PNV es una herramienta para fabricar país, su país, no el de todos los vascos», ha añadido, acusando al partido de Aitor Esteban de moverse al rebufo de EH Bildu al promover la reforma de la Ley de Empleo: «El PNV se asustó. Pensaron ‘cuidado que van a parecer más euskaldunes que nosotros’. Están arrastrando a todos los vascos detrás suyo». «Hoy es un día triste», ha dicho Amaia Martínez, la diputada de Vox en el Parlamento de Vitoria, que ha calificado el acuerdo como un nuevo «Lizarra» en referencia a la entente que formaron el PNV y Euskal Herritarrok (marca heredera de Herri Batasuna) para desalojar en 1988 a los partidos constitucionalistas de las instituciones vascas. La reforma, aprobada tan solo con los votos a favor de los 27 parlamentarios del PNV y la abstención de EH Bildu no ha contado ni siquiera con el apoyo del único diputado de Sumar. Jon Hernández, que ha cuestionado que la modificación como un «apaño» alcanzado «sin consenso», cuestionando que este vaya aportar seguridad jurídica a los procesos de contratación pública en el País Vasco. Nuestra redacción está trabajando para ampliar la información Después de ocho meses de debate, este jueves PNV y EH Bildu han aprobado en el Parlamento de Vitoria una reforma de la Ley de Empleo vasca, entre dudas sobre su puesta en funcionamiento, para intentar sortear una «ofensiva judicial» contra el euskera que solo denuncia el nacionalismo. El nuevo texto propuesto por el partido de Aitor Esteban, aprobado al margen de la mayoría con el Partido Socialista de Euskadi (PSE) que sostiene al Gobierno de Pradales, deja en manos de cada institución pública en el País Vasco la capacidad para fijar la exigencia del euskera como requisito obligatorio a la hora de acceder a un empleo público. Más allá del nivel autonómico o foral, que también controlan mayoritariamente, los partidos de Esteban y Arnaldo Otegi gobiernan cerca del 80% de los municipios de la comunidad autónoma. El pasado 2 de octubre ambas formaciones dieron una patada hacia adelante en su pugna particular. Tras un verano en que la cuestión lingüística rellenó titulares a escala nacional (fruto del choque entre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el lendakari Imanol Pradales en la Conferencia de Presidentes celebrada el 6 de junio en Barcelona), PNV y EH Bildu facilitaron la toma en consideración en Vitoria de dos proposiciones de ley (una de cada uno) para hacer frente a un mismo «problema»: las sentencias judiciales que vienen declarando ilegal la exigencia del euskera en el 100% de las plazas de Ofertas de Empleo Público (OPE) en la región por discriminar al castellano.EH Bildu se adelantó registrando su propuesta de modificación de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco, que daba la vuelta a la reglamentación haciendo que el conocimiento del vascuence fuese general en todas las plazas «pudiendo exceptuarse, de forma justificada». Un movimiento que obligó al PNV a presentar la suya, que pasaba por eliminar los ‘índices de obligado cumplimiento’: el sistema vigente y que él mismo actualizó por decreto en 2024 junto al PSE, que determina de antemano cuántas plazas en una OPE deben contar con qué perfil lingüístico (nivel determinado de euskera acreditado). En sustitución de estos índices, el partido de Aitor Esteban proponía que fuese cada Administración la responsable de fijar el perfil exigible para poder ser elegido funcionario en una OPE.Las dos proposiciones de ley siguieron tramitándose en el engranaje del legislativo de Vitoria, entre críticas del resto de partidos del arco parlamentario que eran tachadas de «euskarofobas». Hasta este miércoles, cuando PNV y Bildu anunciaron por la tarde un acuerdo ‘in extremis’ en el que la izquierda aberzale se comprometía a apoyar la reforma en los términos planteados por el partido de Aitor Esteban. El pacto califica la modificación como una «vía adecuada y técnicamente prudente», pero deja abierta la puerta a una revisión de la misma si «no dispone de suficiencia estructural para cumplir sus objetivos principales» y crea una «comisión» compuesta por miembros de ambas fuerzas para hacer un seguimiento de su aplicación. «Si se demuestra que ese camino no es eficaz se hará otra propuesta en los términos planteados por EH Bildu», ha advertido hoy Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco. La reforma añade un único y nuevo apartado al artículo 187 de la Ley de Empleo, que impone que «no se aplicarán determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento», de tal forma que, mediante un desarrollo reglamentario todavía por concretar, serán «las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos» quienes «determinen su propio índice de obligado cumplimiento». Es decir, que será cada órgano administrativo a cargo de una OPE quien establezca el perfil lingüístico necesario y su fecha de preceptividad (el tiempo establecido para acreditarlo). La cuestión es que la constitucionalidad del apartado 5 de ese mismo artículo, que establece que «todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico«, ya estaba siendo cuestionada antes de la reforma de hoy. El pasado 23 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) planteó un recurso ante el Tribunal Constitucional, al entender que dicho epígrafe condiciona la sentencia definitiva sobre un recurso interpuesto por Vox contra el Decreto 19/2024, que desarrolla la exigencia lingüística en el Sector Público Vasco.Es esta misma reglamentación la que ya se viene incumpliendo, al declarar los tribunales como ilegales distintas OPE en las que la exigencia del euskera se fija para todas las plazas. Las sentencias, que se suceden una tras otra, parten de recursos interpuestos por sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) que entiende que se vulnera el derecho de los trabajadores a acceder a empleo público en condiciones de igualdad. Esto ha desatado tanto el intento de PNV y Bildu de hacer frente a la «ofensiva judicial» en el Parlamento vasco como una campaña por parte de la izquierda aberzale, que ha llegado a tachar de «euskarófobo» a CCOO y vetarlo de iniciativas como la Korrika. «Participaremos en los debates donde nos dejen estar», ha dicho hoy Pau Blasi, el diputado del PSE, encargado de justificar su ‘no’ a la reforma aprobada hoy. Su partido también se desmarcó de la marcha por el euskera tras el veto a Comisiones Obreras. «Bienvenidos, llegan tarde», le ha respondido el diputado del PP, Santiago López Céspedes, recriminando a los socialistas que hayan participado en las fases anteriores de la «normalización lingüística» y que ahora se aparten ante el posible coste electoral (según el Deustobarometro, el 47% de la ciudadanía vasca cree que hay demasiadas exigencias de euskera para acceder a un empleo público y el 33,6% está de acuerdo con la situación actual). «Para el PNV es una herramienta para fabricar país, su país, no el de todos los vascos», ha añadido, acusando al partido de Aitor Esteban de moverse al rebufo de EH Bildu al promover la reforma de la Ley de Empleo: «El PNV se asustó. Pensaron ‘cuidado que van a parecer más euskaldunes que nosotros’. Están arrastrando a todos los vascos detrás suyo». «Hoy es un día triste», ha dicho Amaia Martínez, la diputada de Vox en el Parlamento de Vitoria, que ha calificado el acuerdo como un nuevo «Lizarra» en referencia a la entente que formaron el PNV y Euskal Herritarrok (marca heredera de Herri Batasuna) para desalojar en 1988 a los partidos constitucionalistas de las instituciones vascas. La reforma, aprobada tan solo con los votos a favor de los 27 parlamentarios del PNV y la abstención de EH Bildu no ha contado ni siquiera con el apoyo del único diputado de Sumar. Jon Hernández, que ha cuestionado que la modificación como un «apaño» alcanzado «sin consenso», cuestionando que este vaya aportar seguridad jurídica a los procesos de contratación pública en el País Vasco. Nuestra redacción está trabajando para ampliar la información
Después de ocho meses de debate, este jueves PNV y EH Bildu han aprobado en el Parlamento de Vitoria una reforma de la Ley de Empleo vasca, entre dudas sobre su puesta en funcionamiento, para intentar sortear una «ofensiva judicial» contra el euskera que … solo denuncia el nacionalismo. El nuevo texto propuesto por el partido de Aitor Esteban, aprobado al margen de la mayoría con el Partido Socialista de Euskadi (PSE) que sostiene al Gobierno de Pradales, deja en manos de cada institución pública en el País Vasco la capacidad para fijar la exigencia del euskera como requisito obligatorio a la hora de acceder a un empleo público. Más allá del nivel autonómico o foral, que también controlan mayoritariamente, los partidos de Esteban y Arnaldo Otegi gobiernan cerca del 80% de los municipios de la comunidad autónoma.
(Según el Deustobarometro, el 47% de la ciudadanía vasca cree que hay demasiadas exigencias de euskera para acceder a un empleo público y el 33,6% está de acuerdo con la situación actual).
El pasado 2 de octubre ambos partidos dieron una patada hacia adelante en su pugna particular. Tras un verano en que la cuestión lingüística rellenó titulares a escala nacional (fruto del choque entre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el lendakari Imanol Pradales en la Conferencia de Presidentes celebrada el 6 de junio en Barcelona), PNV y EH Bildu facilitaron la toma en consideración en Vitoria de dos proposiciones de ley (una de cada uno) para hacer frente a un mismo «problema»: las sentencias judiciales que vienen declarando ilegal la exigencia del euskera en el 100% de las plazas de Ofertas de Empleo Público (OPE) en la región por discriminar al castellano.
EH Bildu se adelantó registrando su propuesta de modificación de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco, que pretendía hacer que el conocimiento de la lengua fuese general en todas las plazas «pudiendo exceptuarse, de forma justificada». Un movimiento que obligó al PNV a presentar la suya, que pasaba por eliminar los ‘índices de obligado cumplimiento’: el sistema vigente y que él mismo actualizó por decreto en 2024 junto al PSE, que determina de antemano cuántas plazas en una OPE deben contar con qué perfil lingüístico. En sustitución de estos índices, el partido de Aitor Esteban proponía que fuese cada Administración la responsable de fijar el perfil lingüístico (nivel determinado de euskera) exigible para poder ser elegido funcionario en una OPE.
Las dos proposiciones de ley siguieron tramitándose en el engranaje del legislativo de Vitoria, mientras las críticas por parte del resto de partidos del arco parlamentario eran tachadas de «euskarofobas». Hasta este miércoles, cuando PNV y Bildu anunciaron por la tarde un acuerdo ‘in extremis’ en el que la izquierda aberzale se comprometía a apoyar la reforma en los términos planteados por el partido de Aitor Esteban. Este, entiende la modificación como una «vía adecuada y técnicamente prudente», pero deja abierta la puerta a una revisión de la misma si «no dispone de suficiencia estructural para cumplir sus objetivos principales» para lo que dispone una «comisión de seguimiento».
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