El Gobierno incluye a los hermanos de los presidentes autonómicos en su proyecto de ley contra el blanqueo

El Gobierno de Pedro Sánchez pone el foco sobre los hermanos de los altos cargos políticos; no solo a escala nacional, sino también autonómica y local. El Ejecutivo pretende estrechar el cerco sobre este tipo de familiares a través del anteproyecto de ley de medidas de prevención contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo ello lo hace tras la condena, aunque por otros motivos, del hermano del presidente, y tiempo después de la polémica política y judicial con el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.Hasta la fecha, los bancos, sociedades de inversión, promotores inmobiliarios y un largo listado de empresas deben aplicar medidas reforzadas de control en materia de blanqueo sobre las operaciones y transacciones que realizan los altos cargos políticos, como el presidente del Gobierno o sus ministros. Ese control se extiende también a cónyuges, hijos y padres del político, principalmente. El Ejecutivo quiere dar un vuelco a todo ese sistema con la creación de una nueva autoridad antiblanqueo, la Anifi, que aglutinará todas las competencias y nacerá tras reconfigurar las funciones del FROB. Y aquí se incluye una novedad que el Gobierno no hizo pública cuando comunicó la aprobación del texto en primera vuelta en Consejo de Ministros.El anteproyecto, del Ministerio de Economía, establece que se amplía el ámbito de control a los hermanos de altos cargos políticos y el departamento de Carlos Cuerpo ha especificado que las medidas reforzadas de diligencia debida también aplicarán a nivel autonómico y local, aunque en esto último caso solo a los ayuntamientos más grandes. «Los sujetos obligados aplicarán, además de las medidas normales de diligencia debida, medidas reforzadas en relación con las situaciones y clientes que presenten un riesgo superior al promedio», recoge el texto, que añade: «Deberán aplicarse en todo caso medidas reforzadas de diligencia debida a las personas del medio político, teniendo en cuenta la lista de cargos y puestos identificadas que la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi) elabore a tal efecto, sus familiares, en los términos referidos en el artículo 6, así como aquellas situaciones que se identifiquen como con riesgo superior al promedio».Reglamento europeo de 2024El Gobierno justifica esta inclusión en un reglamento europeo de 2024. La norma comunitaria apunta a la posibilidad de incluir a hermanos, pero en ningún caso hace obligatorio extender a estos los controles reforzados antiblanqueo. Es cada Estado miembro el que decide incorporarlos o no, como ha hecho Economía. El reglamento menciona específicamente a los familiares de los altos políticos «del gobierno central» como personas en posición de abusar de su relación familiar con el alto cargo. Lo que no menciona nada es respecto a instancias inferiores al Estado. Y el Gobierno, aquí, haciendo uso de la flexibilidad que le concede Europa, ha decidido extenderlo también a las autonomías y ayuntamientos. En este sentido, los llamados sujetos obligados deberán reforzar su control sobre todos estos familiares. No solo bancos sino más empresas como sociedades de inversión, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, joyeros, abogados… En definitiva, son sujetos obligados multitud de tipo de compañías y profesionales que intervengan en operaciones dinerarias de cierto calado. Estos movimientos llegan en un momento en el que la figura de los hermanos de políticos está más de actualidad que nunca. En concreto, la medida hace recordar a la sentencia de la Audiencia Provincial a 9 años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un delito de prevaricación debido a la obtención de una plaza creada «a medida y vacía de contenido» en la Diputación de Badajoz en 2017. Este trabajo, configurado como un puesto de alta dirección, realmente se centraba en tareas de coordinación de conciertos, grupos y orquestas. La jueza instructora sostuvo que fue creada ‘ad hoc’ para él, y que incumplió los requisitos establecidos para el acceso a empleos públicos. La medida llega en un momento en el que la figura de los hermanos de políticos está más de actualidad que nunca por el caso David SánchezDavid Sánchez evitó la prisión ya que el tribunal no apreció el delito más grave: el de tráfico de influencias, que tampoco pudo ser probado por las acusaciones populares al no acreditar ni los hechos ni las personas que supuestamente influenciaron en la creación del puesto. La sentencia confirmó, eso sí, que el hermano del presidente conocía previamente que el puesto «se había creado para él»: se presentó a la convocatoria y a la entrevista para «simular legalidad del procedimiento», descrito por los jueces como un «proceso selectivo maquillados». Consideran, además, que se probó que Sánchez «apenas» fue a trabajar. El otro acusado mediático en este juicio, el exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, fue condenado por dos delitos de prevaricación a 18 años de inhabilitación por facilitar la creación del puesto cuando era presidente de la Diputación de Badajoz. El objetivo de esta medida puede recordar, también, a la polémica sobre la comisión de 234.000 euros que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso por intervenir en la compraventa de un contrato de mascarillas con la comunidad que dirigía su hermana durante las primeras semanas de la pandemia. Ni la Fiscalía Europea ni la española observaron ningún tipo de irregularidades en los hechos, siendo el caso archivado en dos ocasiones. Si el anteproyecto impulsado por el Gobierno prospera, los hermanos de los líderes políticos a nivel nacional y autonómico y el sector financiero deberán extremar la cautela sobre sus transacciones. El Gobierno de Pedro Sánchez pone el foco sobre los hermanos de los altos cargos políticos; no solo a escala nacional, sino también autonómica y local. El Ejecutivo pretende estrechar el cerco sobre este tipo de familiares a través del anteproyecto de ley de medidas de prevención contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo ello lo hace tras la condena, aunque por otros motivos, del hermano del presidente, y tiempo después de la polémica política y judicial con el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.Hasta la fecha, los bancos, sociedades de inversión, promotores inmobiliarios y un largo listado de empresas deben aplicar medidas reforzadas de control en materia de blanqueo sobre las operaciones y transacciones que realizan los altos cargos políticos, como el presidente del Gobierno o sus ministros. Ese control se extiende también a cónyuges, hijos y padres del político, principalmente. El Ejecutivo quiere dar un vuelco a todo ese sistema con la creación de una nueva autoridad antiblanqueo, la Anifi, que aglutinará todas las competencias y nacerá tras reconfigurar las funciones del FROB. Y aquí se incluye una novedad que el Gobierno no hizo pública cuando comunicó la aprobación del texto en primera vuelta en Consejo de Ministros.El anteproyecto, del Ministerio de Economía, establece que se amplía el ámbito de control a los hermanos de altos cargos políticos y el departamento de Carlos Cuerpo ha especificado que las medidas reforzadas de diligencia debida también aplicarán a nivel autonómico y local, aunque en esto último caso solo a los ayuntamientos más grandes. «Los sujetos obligados aplicarán, además de las medidas normales de diligencia debida, medidas reforzadas en relación con las situaciones y clientes que presenten un riesgo superior al promedio», recoge el texto, que añade: «Deberán aplicarse en todo caso medidas reforzadas de diligencia debida a las personas del medio político, teniendo en cuenta la lista de cargos y puestos identificadas que la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi) elabore a tal efecto, sus familiares, en los términos referidos en el artículo 6, así como aquellas situaciones que se identifiquen como con riesgo superior al promedio».Reglamento europeo de 2024El Gobierno justifica esta inclusión en un reglamento europeo de 2024. La norma comunitaria apunta a la posibilidad de incluir a hermanos, pero en ningún caso hace obligatorio extender a estos los controles reforzados antiblanqueo. Es cada Estado miembro el que decide incorporarlos o no, como ha hecho Economía. El reglamento menciona específicamente a los familiares de los altos políticos «del gobierno central» como personas en posición de abusar de su relación familiar con el alto cargo. Lo que no menciona nada es respecto a instancias inferiores al Estado. Y el Gobierno, aquí, haciendo uso de la flexibilidad que le concede Europa, ha decidido extenderlo también a las autonomías y ayuntamientos. En este sentido, los llamados sujetos obligados deberán reforzar su control sobre todos estos familiares. No solo bancos sino más empresas como sociedades de inversión, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, joyeros, abogados… En definitiva, son sujetos obligados multitud de tipo de compañías y profesionales que intervengan en operaciones dinerarias de cierto calado. Estos movimientos llegan en un momento en el que la figura de los hermanos de políticos está más de actualidad que nunca. En concreto, la medida hace recordar a la sentencia de la Audiencia Provincial a 9 años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un delito de prevaricación debido a la obtención de una plaza creada «a medida y vacía de contenido» en la Diputación de Badajoz en 2017. Este trabajo, configurado como un puesto de alta dirección, realmente se centraba en tareas de coordinación de conciertos, grupos y orquestas. La jueza instructora sostuvo que fue creada ‘ad hoc’ para él, y que incumplió los requisitos establecidos para el acceso a empleos públicos. La medida llega en un momento en el que la figura de los hermanos de políticos está más de actualidad que nunca por el caso David SánchezDavid Sánchez evitó la prisión ya que el tribunal no apreció el delito más grave: el de tráfico de influencias, que tampoco pudo ser probado por las acusaciones populares al no acreditar ni los hechos ni las personas que supuestamente influenciaron en la creación del puesto. La sentencia confirmó, eso sí, que el hermano del presidente conocía previamente que el puesto «se había creado para él»: se presentó a la convocatoria y a la entrevista para «simular legalidad del procedimiento», descrito por los jueces como un «proceso selectivo maquillados». Consideran, además, que se probó que Sánchez «apenas» fue a trabajar. El otro acusado mediático en este juicio, el exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, fue condenado por dos delitos de prevaricación a 18 años de inhabilitación por facilitar la creación del puesto cuando era presidente de la Diputación de Badajoz. El objetivo de esta medida puede recordar, también, a la polémica sobre la comisión de 234.000 euros que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso por intervenir en la compraventa de un contrato de mascarillas con la comunidad que dirigía su hermana durante las primeras semanas de la pandemia. Ni la Fiscalía Europea ni la española observaron ningún tipo de irregularidades en los hechos, siendo el caso archivado en dos ocasiones. Si el anteproyecto impulsado por el Gobierno prospera, los hermanos de los líderes políticos a nivel nacional y autonómico y el sector financiero deberán extremar la cautela sobre sus transacciones.  

El Gobierno de Pedro Sánchez pone el foco sobre los hermanos de los altos cargos políticos; no solo a escala nacional, sino también autonómica y local. El Ejecutivo pretende estrechar el cerco sobre este tipo de familiares a través del anteproyecto de ley de medidas … de prevención contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo ello lo hace tras la condena, aunque por otros motivos, del hermano del presidente, y tiempo después de la polémica política y judicial con el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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