La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha considera que el resultado presupuestario de la Administración General de la Junta correspondiente al ejercicio 2023 está sobrevalorado en 48,2 millones de euros. En el informe definitivo de fiscalización de la Cuenta General, -publicado este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha- el órgano fiscalizador concluye que, una vez incorporados los ajustes que estima necesarios, el resultado presupuestario .diferencia entre los derechos y obligaciones reconocidas- pasaría de los 214,8 millones de euros reflejados por el Ejecutivo autonómico a 166,6 millones.La Cámara añade que, al no existir en este ejercicio modificaciones que afecten a los ajustes practicados, el resultado presupuestario ajustado también empeoraría en la misma cuantía, pasando de los 197,9 millones de euros consignados en las cuentas a 149,7 millones.La mayor parte de esa diferencia responde al criterio contable aplicado a las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009. La Cámara corrige en este apartado 51,3 millones de euros, un ajuste que explica prácticamente por sí solo la reducción del resultado presupuestario. A esa cuantía se suman otras modificaciones de menor importe relacionadas con derechos pendientes de aplicación, gastos imputados fuera del ejercicio y obligaciones derivadas de sentencias.Pese a estas observaciones, el informe concluye que, excepto por los posibles efectos derivados de las incidencias detectadas, la Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha expresa, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio , de la situación financiera y del estado de liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2023. Uno de los principales reproches del informe se refiere al control del patrimonio público. La Cámara de Cuentas advierte de que continúa sin existir una conexión automática entre el inventario de bienes y la contabilidad, una circunstancia que provoca diferencias significativas entre ambas magnitudes.440 millones El órgano fiscalizador aprecia una infravaloración de las obligaciones reconocidas del Sescam derivadas de sentencias judiciales.En concreto, el informe señala que, al cierre del ejercicio 2023, el valor del inmovilizado no financiero recogido en el balance excedía en 814,2 millones de euros el valor de los bienes y derechos incluidos en el inventario. Además, añade que el patrimonio público del suelo , gestionado por la Consejería de Fomento y valorado en 83,4 millones de euros, no aparece reflejado en la Cuenta General. A ello suma que la comunidad autónoma tampoco dispone de un inventario que respalde bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural contabilizados por un importe de 88,5 millones de euros.El órgano fiscalizador también aprecia deficiencias en la contabilización de determinados gastos devengados. Entre ellas cita la ausencia de estimaciones sobre suministros o servicios pendientes de facturación al cierre del ejercicio. En el caso del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la Cámara destaca precisamente que sí realiza estimaciones de los gastos pendientes de facturación, aunque detecta otra incidencia de especial relevancia. El informe concluye que existen obligaciones reconocidas netas derivadas de sentencias judiciales infravaloradas por un importe de 440 millones de euros.Entre las salvedades de la auditoría, la Cámara de Cuentas señala que la Administración General no ha contabilizado un crédito a largo plazo con el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha (IFCLM) por importe de 63,9 millones de euros, pese a que esta entidad sí lo registra como deuda a largo plazo. Asimismo, indica que tampoco figura contabilizado un crédito con la empresa pública Gicaman por valor de 3 millones de euros, por lo que considera necesario conciliar la contabilidad entre las distintas entidades del sector público autonómico.El informe también dedica un apartado específico al Hospital Universitario de Toledo. En términos generales, considera correcta la contabilización de la concesión de la infraestructura, aunque discrepa del tratamiento dado a 32,6 millones de euros correspondientes a intereses de la deuda. A juicio de la Cámara, ese importe debería haberse registrado como gasto financiero y no como mayor coste de la inversión, al entender que este criterio no resulta coherente con la contabilidad financiera.28 recomendaciones La Cámara de Cuentas formula 28 propuestas para mejorar la gestión económico-financiera y el control del sector público autonómicoMás allá de las observaciones contables, la Cámara de Cuentas formula un total de 28 recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión económico-financiera de la Junta de Comunidades. Entre ellas propone adaptar el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha a la normativa básica estatal, adelantar el plazo de rendición de la Cuenta General del 31 de octubre al 30 de junio del ejercicio siguiente, regular con mayor precisión el procedimiento de rendición de cuentas y reforzar los mecanismos de supervisión y control interno sobre el conjunto del sector público regional.El órgano fiscalizador también pone el foco en otras cuestiones de carácter estructural. Entre ellas destaca que en 2020 y 2021 dos entidades creadas por la Junta —la Agencia de la Energía y del Cambio Climático y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios— seguían sin actividad con reflejo contable durante 2023 y que los consorcios de los parques arqueológicos de Alarcos y Carranque continuaban en proceso de liquidación sin formular cuentas.La Cuenta General de la Junta integra las cuentas anuales de la Administración General, los cinco organismos autónomos —entre ellos el Sescam, el Instituto de la Mujer, el IRIAF, la Agencia del Agua y la Agencia de Investigación e Innovación— y tres entidades de derecho público: el Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha, Infraestructuras del Agua e IPEX. El informe también analiza la rendición de cuentas de los consorcios de los parques arqueológicos de Alarcos y Carranque y de las Cortes regionales. La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha considera que el resultado presupuestario de la Administración General de la Junta correspondiente al ejercicio 2023 está sobrevalorado en 48,2 millones de euros. En el informe definitivo de fiscalización de la Cuenta General, -publicado este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha- el órgano fiscalizador concluye que, una vez incorporados los ajustes que estima necesarios, el resultado presupuestario .diferencia entre los derechos y obligaciones reconocidas- pasaría de los 214,8 millones de euros reflejados por el Ejecutivo autonómico a 166,6 millones.La Cámara añade que, al no existir en este ejercicio modificaciones que afecten a los ajustes practicados, el resultado presupuestario ajustado también empeoraría en la misma cuantía, pasando de los 197,9 millones de euros consignados en las cuentas a 149,7 millones.La mayor parte de esa diferencia responde al criterio contable aplicado a las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009. La Cámara corrige en este apartado 51,3 millones de euros, un ajuste que explica prácticamente por sí solo la reducción del resultado presupuestario. A esa cuantía se suman otras modificaciones de menor importe relacionadas con derechos pendientes de aplicación, gastos imputados fuera del ejercicio y obligaciones derivadas de sentencias.Pese a estas observaciones, el informe concluye que, excepto por los posibles efectos derivados de las incidencias detectadas, la Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha expresa, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio , de la situación financiera y del estado de liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2023. Uno de los principales reproches del informe se refiere al control del patrimonio público. La Cámara de Cuentas advierte de que continúa sin existir una conexión automática entre el inventario de bienes y la contabilidad, una circunstancia que provoca diferencias significativas entre ambas magnitudes.440 millones El órgano fiscalizador aprecia una infravaloración de las obligaciones reconocidas del Sescam derivadas de sentencias judiciales.En concreto, el informe señala que, al cierre del ejercicio 2023, el valor del inmovilizado no financiero recogido en el balance excedía en 814,2 millones de euros el valor de los bienes y derechos incluidos en el inventario. Además, añade que el patrimonio público del suelo , gestionado por la Consejería de Fomento y valorado en 83,4 millones de euros, no aparece reflejado en la Cuenta General. A ello suma que la comunidad autónoma tampoco dispone de un inventario que respalde bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural contabilizados por un importe de 88,5 millones de euros.El órgano fiscalizador también aprecia deficiencias en la contabilización de determinados gastos devengados. Entre ellas cita la ausencia de estimaciones sobre suministros o servicios pendientes de facturación al cierre del ejercicio. En el caso del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la Cámara destaca precisamente que sí realiza estimaciones de los gastos pendientes de facturación, aunque detecta otra incidencia de especial relevancia. El informe concluye que existen obligaciones reconocidas netas derivadas de sentencias judiciales infravaloradas por un importe de 440 millones de euros.Entre las salvedades de la auditoría, la Cámara de Cuentas señala que la Administración General no ha contabilizado un crédito a largo plazo con el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha (IFCLM) por importe de 63,9 millones de euros, pese a que esta entidad sí lo registra como deuda a largo plazo. Asimismo, indica que tampoco figura contabilizado un crédito con la empresa pública Gicaman por valor de 3 millones de euros, por lo que considera necesario conciliar la contabilidad entre las distintas entidades del sector público autonómico.El informe también dedica un apartado específico al Hospital Universitario de Toledo. En términos generales, considera correcta la contabilización de la concesión de la infraestructura, aunque discrepa del tratamiento dado a 32,6 millones de euros correspondientes a intereses de la deuda. A juicio de la Cámara, ese importe debería haberse registrado como gasto financiero y no como mayor coste de la inversión, al entender que este criterio no resulta coherente con la contabilidad financiera.28 recomendaciones La Cámara de Cuentas formula 28 propuestas para mejorar la gestión económico-financiera y el control del sector público autonómicoMás allá de las observaciones contables, la Cámara de Cuentas formula un total de 28 recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión económico-financiera de la Junta de Comunidades. Entre ellas propone adaptar el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha a la normativa básica estatal, adelantar el plazo de rendición de la Cuenta General del 31 de octubre al 30 de junio del ejercicio siguiente, regular con mayor precisión el procedimiento de rendición de cuentas y reforzar los mecanismos de supervisión y control interno sobre el conjunto del sector público regional.El órgano fiscalizador también pone el foco en otras cuestiones de carácter estructural. Entre ellas destaca que en 2020 y 2021 dos entidades creadas por la Junta —la Agencia de la Energía y del Cambio Climático y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios— seguían sin actividad con reflejo contable durante 2023 y que los consorcios de los parques arqueológicos de Alarcos y Carranque continuaban en proceso de liquidación sin formular cuentas.La Cuenta General de la Junta integra las cuentas anuales de la Administración General, los cinco organismos autónomos —entre ellos el Sescam, el Instituto de la Mujer, el IRIAF, la Agencia del Agua y la Agencia de Investigación e Innovación— y tres entidades de derecho público: el Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha, Infraestructuras del Agua e IPEX. El informe también analiza la rendición de cuentas de los consorcios de los parques arqueológicos de Alarcos y Carranque y de las Cortes regionales.
La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha considera que el resultado presupuestario de la Administración General de la Junta correspondiente al ejercicio 2023 está sobrevalorado en 48,2 millones de euros. En el informe definitivo de fiscalización de la Cuenta General, -publicado este martes … en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha- el órgano fiscalizador concluye que, una vez incorporados los ajustes que estima necesarios, el resultado presupuestario .diferencia entre los derechos y obligaciones reconocidas- pasaría de los 214,8 millones de euros reflejados por el Ejecutivo autonómico a 166,6 millones.
La Cámara añade que, al no existir en este ejercicio modificaciones que afecten a los ajustes practicados, el resultado presupuestario ajustado también empeoraría en la misma cuantía, pasando de los 197,9 millones de euros consignados en las cuentas a 149,7 millones.
La mayor parte de esa diferencia responde al criterio contable aplicado a las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009. La Cámara corrige en este apartado 51,3 millones de euros, un ajuste que explica prácticamente por sí solo la reducción del resultado presupuestario. A esa cuantía se suman otras modificaciones de menor importe relacionadas con derechos pendientes de aplicación, gastos imputados fuera del ejercicio y obligaciones derivadas de sentencias.
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Elisabeth Bustos
Pese a estas observaciones, el informe concluye que, excepto por los posibles efectos derivados de las incidencias detectadas, la Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha expresa, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del estado de liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2023.
Uno de los principales reproches del informe se refiere al control del patrimonio público. La Cámara de Cuentas advierte de que continúa sin existir una conexión automática entre el inventario de bienes y la contabilidad, una circunstancia que provoca diferencias significativas entre ambas magnitudes.
440
millones
El órgano fiscalizador aprecia una infravaloración de las obligaciones reconocidas del Sescam derivadas de sentencias judiciales.
En concreto, el informe señala que, al cierre del ejercicio 2023, el valor del inmovilizado no financiero recogido en el balance excedía en 814,2 millones de euros el valor de los bienes y derechos incluidos en el inventario. Además, añade que el patrimonio público del suelo, gestionado por la Consejería de Fomento y valorado en 83,4 millones de euros, no aparece reflejado en la Cuenta General. A ello suma que la comunidad autónoma tampoco dispone de un inventario que respalde bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural contabilizados por un importe de 88,5 millones de euros.
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El órgano fiscalizador también aprecia deficiencias en la contabilización de determinados gastos devengados. Entre ellas cita la ausencia de estimaciones sobre suministros o servicios pendientes de facturación al cierre del ejercicio. En el caso del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la Cámara destaca precisamente que sí realiza estimaciones de los gastos pendientes de facturación, aunque detecta otra incidencia de especial relevancia. El informe concluye que existen obligaciones reconocidas netas derivadas de sentencias judiciales infravaloradas por un importe de 440 millones de euros.
Entre las salvedades de la auditoría, la Cámara de Cuentas señala que la Administración General no ha contabilizado un crédito a largo plazo con el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha (IFCLM) por importe de 63,9 millones de euros, pese a que esta entidad sí lo registra como deuda a largo plazo. Asimismo, indica que tampoco figura contabilizado un crédito con la empresa pública Gicaman por valor de 3 millones de euros, por lo que considera necesario conciliar la contabilidad entre las distintas entidades del sector público autonómico.
El informe también dedica un apartado específico al Hospital Universitario de Toledo. En términos generales, considera correcta la contabilización de la concesión de la infraestructura, aunque discrepa del tratamiento dado a 32,6 millones de euros correspondientes a intereses de la deuda. A juicio de la Cámara, ese importe debería haberse registrado como gasto financiero y no como mayor coste de la inversión, al entender que este criterio no resulta coherente con la contabilidad financiera.
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recomendaciones
La Cámara de Cuentas formula 28 propuestas para mejorar la gestión económico-financiera y el control del sector público autonómico
Más allá de las observaciones contables, la Cámara de Cuentas formula un total de 28 recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión económico-financiera de la Junta de Comunidades. Entre ellas propone adaptar el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha a la normativa básica estatal, adelantar el plazo de rendición de la Cuenta General del 31 de octubre al 30 de junio del ejercicio siguiente, regular con mayor precisión el procedimiento de rendición de cuentas y reforzar los mecanismos de supervisión y control interno sobre el conjunto del sector público regional.
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La Cuenta General de la Junta integra las cuentas anuales de la Administración General, los cinco organismos autónomos —entre ellos el Sescam, el Instituto de la Mujer, el IRIAF, la Agencia del Agua y la Agencia de Investigación e Innovación— y tres entidades de derecho público: el Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha, Infraestructuras del Agua e IPEX. El informe también analiza la rendición de cuentas de los consorcios de los parques arqueológicos de Alarcos y Carranque y de las Cortes regionales.
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