La insistencia de España en que el Derecho europeo le impide pagar podría ser un indicio de que existe una probabilidad razonable de que España no pueda o no quiera satisfacer la sentencia, según concluye el Tribunal Leer La insistencia de España en que el Derecho europeo le impide pagar podría ser un indicio de que existe una probabilidad razonable de que España no pueda o no quiera satisfacer la sentencia, según concluye el Tribunal Leer
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El Tribunal de Distrito de Estados Unidos (EEUU) para Columbia ha rechazado la petición de España de paralizar la ejecución de una sentencia que reconoce a los inversores 135,7 millones de euros (156,6 millones de dólares) por las indemnizaciones de las renovables y autoriza a los acreedores del Caso Antin a avanzar con el embargo.
Fuentes cercanas a los fondos acreedores afirman que esta resolución supone un nuevo golpe a la estrategia seguida por el Gobierno de España para evitar el pago de los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.
Estas fuentes explican que el Gobierno había alegado ante el tribunal norteamericano que tanto el pago de la sentencia como la constitución de una garantía para suspender su ejecución podrían infringir el Derecho comunitario y exponer a España a posibles sanciones de Bruselas, un planteamiento que ha sido rechazado por la justicia de EEUU, dicen los acreedores.
Asimismo, el auto apunta además que España tampoco ha acreditado haber solicitado recientemente autorización a Bruselas para pagar la sentencia o constituir dicha garantía.
De hecho, la insistencia de España en que el Derecho europeo le impide pagar podría ser un indicio de que existe una probabilidad razonable de que España no pueda o no quiera satisfacer la sentencia, según concluye el Tribunal.
El Caso Antin tiene su origen en las inversiones realizadas por Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar en proyectos solares españoles bajo el marco de incentivos aprobado por España. Tras los cambios regulatorios posteriores, los inversores recurrieron al arbitraje internacional alegando una vulneración del Tratado de la Carta de la Energía y un tribunal del CIADI falló a su favor en 2018 y fijó la indemnización en 101 millones de euros más intereses.
Aun así, la Comisión Europea (CE) rechazó que España desembolsase los 101 millones de euros a la firma luxemburguesa Antin al considerar que sería una ayuda de Estado ilegal, una decisión tras la cual, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, confiaba en que cualquier posible recurso no tuviese ningún tipo de recorrido en la Justicia europea, dijo en marzo de 2025 en una entrevista con EFE.
La resolución del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia permite a los demandantes incautar activos soberanos susceptibles de embargo para satisfacer dicha deuda, además de poder registrar la sentencia en cualquier otro distrito judicial del país, una herramienta especialmente importante para perseguir activos españoles fuera de Washington.
El origen de estos litigios está en las primas solares y eólicas que en su día ofreció el Gobierno español para incentivar las inversiones en instalaciones energéticas verdes y que, con la crisis económica de 2008 y el déficit de tarifa eléctrico, el Gobierno recortó y eliminó de forma retroactiva entre 2012 y 2014.
España se ha negado a pagar basándose en criterios de la Unión Europea que consideran que aquellas indemnizaciones incumplían las reglas comunitarias.
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