Otra vez, y podría decirse que ya han perdido la cuenta si no llega a ser porque los propietarios «legítimos» la llevan muy bien, la Guardia Civil y la Policía Local de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) tenían que volver a ‘escoltar’ a los operarios de las compañías suministradoras de gas para proceder el corte de cerca de una treintena de enganches ilegales . De nuevo, en el mismo punto. El que desde hace casi cuatro años trae de cabeza a quienes un día compraron un piso en la urbanización Arroyovereda, en esta localidad del alfoz de Valladolid capital. El tiempo que llevan conviviendo a la fuerza con la okupación, acompañada en muchos casos de suciedad en las zonas comunes y un continuo trampeo en las conexiones a los suministros.Este jueves, una veintena de agentes de la Benemérita y el Cuerpo local participaban en un operativo contra el fraude en la misma comunidad. Una intervención en la que llegaron a detectar hasta 26 enganches ilícitos de suministro de gas. «En su mayoría, en viviendas propiedad de la entidad Sareb , dependiente del Gobierno de España», según daban a conocer desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, muy crítico desde el primer momento con la situación, en la que ha apuntado directamente el Ejecutivo central, acusándole de «promover políticas de Estado que dan protección al okupa y convierten en vulnerable al propietario, al trabajador que se paga su piso con su esfuerzo diario».Más de la mitad de los enganches localizados esta vez, corresponden con inquilinos con contrato de alquiler con Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), por lo que «la comisión de un delito conllevaría la cancelación del mismo y el correspondiente desahucio», advierten desde el Ayuntamiento, que recuerda que así lo marca la propia sociedad estatal. En este sentido, el alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández, exige al conocido como ‘banco malo’ que proceda «a la rescisión de todos estos contratos de alquiler de bajo coste en que se haya descubierto un delito de fraude de suministros», pues los moradores están siendo investigados por la presunta comisión de un delito de defraudación de fluido eléctrico.Los vecinos de la urbanización Arroyovereda llevan casi cuatro años conviviendo con la okupaciónEn junio, otra actuación en la misma urbanización de la calle Narciso Monturiol, también con escolta de Guardia Civil y Policía Local, descubrió otros 20 enganches ilegales de luz y agua, buena parte de ellos en pisos del Sareb. Los vecinos de una urbanización en la que llegó a haber hasta 50 pisos okupados denunciaban ya entonces una «dinámica organizada» de okupación y enganches «irregulares». «Además hablamos de manipulación de la instalación de gas, con el riesgo que eso supone para el resto de los vecinos», censura el alcalde.Tras ocho horas en el inmueble, « acompañados en todo momento por las fuerzas de seguridad para evitar problemas de orden público», personal técnico de la empresa gestora del suministro de gas lograba revisar todas las conexiones y cortar las fraudulentas . Además, instaló contadores digitales «para evitar que los moradores de esas viviendas continuasen con el presunto fraude», señalan desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Otra vez, y podría decirse que ya han perdido la cuenta si no llega a ser porque los propietarios «legítimos» la llevan muy bien, la Guardia Civil y la Policía Local de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) tenían que volver a ‘escoltar’ a los operarios de las compañías suministradoras de gas para proceder el corte de cerca de una treintena de enganches ilegales . De nuevo, en el mismo punto. El que desde hace casi cuatro años trae de cabeza a quienes un día compraron un piso en la urbanización Arroyovereda, en esta localidad del alfoz de Valladolid capital. El tiempo que llevan conviviendo a la fuerza con la okupación, acompañada en muchos casos de suciedad en las zonas comunes y un continuo trampeo en las conexiones a los suministros.Este jueves, una veintena de agentes de la Benemérita y el Cuerpo local participaban en un operativo contra el fraude en la misma comunidad. Una intervención en la que llegaron a detectar hasta 26 enganches ilícitos de suministro de gas. «En su mayoría, en viviendas propiedad de la entidad Sareb , dependiente del Gobierno de España», según daban a conocer desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, muy crítico desde el primer momento con la situación, en la que ha apuntado directamente el Ejecutivo central, acusándole de «promover políticas de Estado que dan protección al okupa y convierten en vulnerable al propietario, al trabajador que se paga su piso con su esfuerzo diario».Más de la mitad de los enganches localizados esta vez, corresponden con inquilinos con contrato de alquiler con Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), por lo que «la comisión de un delito conllevaría la cancelación del mismo y el correspondiente desahucio», advierten desde el Ayuntamiento, que recuerda que así lo marca la propia sociedad estatal. En este sentido, el alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández, exige al conocido como ‘banco malo’ que proceda «a la rescisión de todos estos contratos de alquiler de bajo coste en que se haya descubierto un delito de fraude de suministros», pues los moradores están siendo investigados por la presunta comisión de un delito de defraudación de fluido eléctrico.Los vecinos de la urbanización Arroyovereda llevan casi cuatro años conviviendo con la okupaciónEn junio, otra actuación en la misma urbanización de la calle Narciso Monturiol, también con escolta de Guardia Civil y Policía Local, descubrió otros 20 enganches ilegales de luz y agua, buena parte de ellos en pisos del Sareb. Los vecinos de una urbanización en la que llegó a haber hasta 50 pisos okupados denunciaban ya entonces una «dinámica organizada» de okupación y enganches «irregulares». «Además hablamos de manipulación de la instalación de gas, con el riesgo que eso supone para el resto de los vecinos», censura el alcalde.Tras ocho horas en el inmueble, « acompañados en todo momento por las fuerzas de seguridad para evitar problemas de orden público», personal técnico de la empresa gestora del suministro de gas lograba revisar todas las conexiones y cortar las fraudulentas . Además, instaló contadores digitales «para evitar que los moradores de esas viviendas continuasen con el presunto fraude», señalan desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
Otra vez, y podría decirse que ya han perdido la cuenta si no llega a ser porque los propietarios «legítimos» la llevan muy bien, la Guardia Civil y la Policía Local de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) tenían que volver a ‘escoltar’ a los … operarios de las compañías suministradoras de gas para proceder el corte de cerca de una treintena de enganches ilegales. De nuevo, en el mismo punto. El que desde hace casi cuatro años trae de cabeza a quienes un día compraron un piso en la urbanización Arroyovereda, en esta localidad del alfoz de Valladolid capital. El tiempo que llevan conviviendo a la fuerza con la okupación, acompañada en muchos casos de suciedad en las zonas comunes y un continuo trampeo en las conexiones a los suministros.
Este jueves, una veintena de agentes de la Benemérita y el Cuerpo local participaban en un operativo contra el fraude en la misma comunidad. Una intervención en la que llegaron a detectar hasta 26 enganches ilícitos de suministro de gas. «En su mayoría, en viviendas propiedad de la entidad Sareb, dependiente del Gobierno de España», según daban a conocer desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, muy crítico desde el primer momento con la situación, en la que ha apuntado directamente el Ejecutivo central, acusándole de «promover políticas de Estado que dan protección al okupa y convierten en vulnerable al propietario, al trabajador que se paga su piso con su esfuerzo diario».
Más de la mitad de los enganches localizados esta vez, corresponden con inquilinos con contrato de alquiler con Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), por lo que «la comisión de un delito conllevaría la cancelación del mismo y el correspondiente desahucio», advierten desde el Ayuntamiento, que recuerda que así lo marca la propia sociedad estatal.
En este sentido, el alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández, exige al conocido como ‘banco malo’ que proceda «a la rescisión de todos estos contratos de alquiler de bajo coste en que se haya descubierto un delito de fraude de suministros», pues los moradores están siendo investigados por la presunta comisión de un delito de defraudación de fluido eléctrico.
Los vecinos de la urbanización Arroyovereda llevan casi cuatro años conviviendo con la okupación
En junio, otra actuación en la misma urbanización de la calle Narciso Monturiol, también con escolta de Guardia Civil y Policía Local, descubrió otros 20 enganches ilegales de luz y agua, buena parte de ellos en pisos del Sareb. Los vecinos de una urbanización en la que llegó a haber hasta 50 pisos okupados denunciaban ya entonces una «dinámica organizada» de okupación y enganches «irregulares». «Además hablamos de manipulación de la instalación de gas, con el riesgo que eso supone para el resto de los vecinos», censura el alcalde.
Tras ocho horas en el inmueble, «acompañados en todo momento por las fuerzas de seguridad para evitar problemas de orden público», personal técnico de la empresa gestora del suministro de gas lograba revisar todas las conexiones y cortar las fraudulentas. Además, instaló contadores digitales «para evitar que los moradores de esas viviendas continuasen con el presunto fraude», señalan desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
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