El libro “Cómo construir la soberanía digital europea” (Anagrama), de Francesca Bria, plantea ideas para plantar cara a las grandes potencias que controlan ahora la IA. Este es el avance editorial de su nueva obra:
Un libro de la economista especializada en tecnología Francesca Bria lanza una propuesta para que Europa construya su soberanía digital
El poder geopolítico fluyó antaño por ejércitos y tratados, pero hoy discurre por obleas de silicio, granjas de servidores y sistemas algorítmicos. Esas infraestructuras y arquitecturas digitales invisibles configuran todos los aspectos de la vida moderna: desde la forma en que nos comunicamos y trabajamos hasta la forma en que votamos y recibimos asistencia sanitaria; desde la forma en que aprenden los niños hasta la forma en que deliberan las democracias. El Stack *1(un término tomado de la informática para describir arquitecturas tecnológicas en capas) se ha convertido en el sistema operativo del poder político y económico moderno: la infraestructura planetaria de chips, redes, nubes e inteligencia artificial que media en la forma en que las sociedades se comunican, trabajan, votan y gobiernan. La carrera mundial por controlarla define el naciente orden mundial, y Europa se encuentra en una peligrosa posición de dependencia de potencias extranjeras con respecto a esa misma infraestructura sobre la que se sustenta su economía, su democracia y su futuro.
La inteligencia artificial concentra estos retos con una intensidad sin precedentes. A diferencia de las tecnologías anteriores, la Inteligencia Artificial (IA) no es una herramienta estable a la espera de ser aplicada; los usos aparecen con su despliegue, los límites cambian y las consecuencias afloran en lugares que nadie había previsto.1 Los actuales modelos generativos no son instrumentos neutrales: reflejan las prioridades de quienes los crearon, es decir, los tiempos del capital riesgo que han exigido grandes flujos de dinero y una rápida escalabilidad, los modelos de negocio publicitarios que han definido lo que significa la “participación”, las estrategias legales que han determinado de quiénes se podían extraer datos. En su interacción diaria con esos sistemas, millones de europeos no acceden a un servicio universal, sino que se encuentran inmersos en una infraestructura diseñada en Silicon Valley y optimizada para los fines de Silicon Valley.
Vivimos en un orden tecnopolítico donde la nube, los chips, la capacidad de procesamiento, los datos y la IA se fusionan con el poder económico, militar y político. Los Estados Unidos y China lo entienden claramente: la tecnología es seguridad nacional. Europa sigue tratándola como una tendencia de mercado. Esta percepción fundamentalmente errónea explica nuestras actuales dificultades y es la razón por la que los típicos reflejos políticos europeos –regular plataformas, gravar las ganancias extraordinarias, aprobar otra directiva– son necesarios pero insuficientes. La regulación da por supuesto un objeto estable que regular. Sin embargo, la IA reconfigura el terreno mientras intentamos cartografiarlo. Si Europa quiere ser algo más que un legislador de tecnologías creadas y controladas en otros lugares, debe desarrollar las suyas propias; pero no para encerrarse en la autarquía, sino para crear las condiciones materiales que permitan una auténtica decisión democrática en relación con el futuro de dichas tecnologías.
La tecnología es seguridad nacional, pero Europa sigue tratándola como una tendencia de mercado
El EuroStack que aquí se propone es prescriptivo: estratégicamente delimitado, democráticamente intencionado y deliberadamente construido. Hay quienes sostienen que la única oportunidad que tiene Europa es centrarse en la “difusión” de la IA; esto es, tratar la computación como un bien comunal planetario al que acceder y no como una infraestructura que construir. Sin embargo, la difusión sin soberanía ni control democrático invierte la adecuada relación de poder: en vez de contar con una tecnología al servicio de unos fines democráticamente elegidos, las sociedades se someten a unas plataformas creadas en otros lugares. Es en la infraestructura donde se codifica el poder. Por lo tanto, las sociedades democráticas deben construir y no limitarse a consumir. La tarea no solo consiste en regular tecnologías cuya forma básica se da por sentada, sino en crear alternativas, en preguntarse en qué podría convertirse la IA si se desarrollara por medio de una inversión pública con fines públicos, o cómo sería la infraestructura en la nube si se diseñara para la rendición de cuentas democrática y no con fines extractivos.
Para comprender el poder digital es necesario captar su naturaleza multidimensional. Tomando como base el análisis de Michael Mann sobre las fuentes del poder social, vemos que el control sobre el Stack opera simultáneamente en cuatro registros, y que esa concentración del control en manos no sujetas a una rendición de cuentas la convierte en peligrosa: configura la ideología a través de plataformas que median en el discurso público y permiten la injerencia electoral; extrae valor económico a una escala sin precedentes a través de los datos, los servicios en la nube y la IA; se ha vuelto inseparable de la capacidad militar, como cuando un multimillonario decide si las fuerzas ucranianas pueden comunicarse en plena guerra, y transforma la propia soberanía política, como cuando los algoritmos de Palantir determinan quién es deportado, o cuando las condiciones de servicio redactadas en Silicon Valley prevalecen sobre las leyes aprobadas en Bruselas.

Esta concentración de poder en las cuatro dimensiones –ideológica, económica, militar y política– carece de precedentes históricos. El trabajo pionero de Susan Strange sobre economía política internacional ofrece una perspectiva complementaria. Su pirámide del poder estructural, con los cuatro lados de la seguridad, la producción, las finanzas y el conocimiento, pone de manifiesto el modo en que el control sobre esos ámbitos permite a los agentes “configurar y determinar las estructuras de la economía política global en las que tienen que operar otros Estados, sus instituciones políticas, sus empresas económicas y sus científicos”. Lo que Strange denomina la “infraestructura del poder” actúa como el andamiaje que conecta esas facetas estructurales, creando de ese modo dependencias de trayectoria y costes de cambio que fijan configuraciones concretas durante décadas.
La industria de los semiconductores es el sector manufacturero más importante de la humanidad
Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos construyeron tales infraestructuras en los cuatro ámbitos: alianzas militares en materia de seguridad, acuerdos comerciales multilaterales en materia de producción, finanzas denominadas en dólares a través del Plan Marshall y Bretton Woods e instituciones globales del conocimiento a través del sistema de las Naciones Unidas. En la actualidad, el stack digital se ha convertido en la nueva pirámide del poder, y quienes lo controlan dirigen el andamiaje que mantiene en pie toda la estructura.
Esta transformación refleja un cambio más profundo en la base material del poder, que he denominado la economía política del stack digital: un nuevo régimen en el que las infraestructuras tecnológicas reorganizan el valor, la autoridad y la influencia geopolítica. La industria de los semiconductores, concentrada en un puñado de instalaciones situadas principalmente en Taiwán, Corea del Sur y los Países Bajos, se ha convertido tal vez en el sector manufacturero de mayor importancia estratégica de la historia de la humanidad. Los chips avanzados no son simples componentes de la electrónica de consumo; son el sustrato sobre el que se entrenan y despliegan los sistemas de inteligencia artificial, la base de las capacidades militares modernas y la tecnología habilitadora de casi todos los aspectos de la infraestructura digital. Los controles de exportación sobre chips avanzados, las restricciones al acceso a recursos computacionales y los estándares propietarios se han convertido en instrumentos de la influencia geopolítica. La diplomacia computacional ilustra aún más el modo en que la infraestructura digital se ha convertido en una herramienta de la política estatal.
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