Tras el acuerdo técnico, el baile político. Al pacto entre la Generalitat y AENA para sacar adelante el proyecto de ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat le sigue ahora la negociación entre el presidente Salvador Illa y sus socios de ERC, que, al igual que Junts, reclaman que la Generalitat tenga voz y voto en la gestión del aeródromo. Los republicanos trasladan a ABC que usarán su fuerza política para forzar unos cambios que, en última instancia, implican modificaciones legislativas a validar en el Congreso.Aunque ni el voto de ERC ni el de los Comunes, tampoco el de Junts, es necesario para sacar adelante la ampliación del aeropuerto –la misma saldrá adelante sea como fuere–, las estrecheces parlamentarias del ejecutivo de Illa, y las del propio Pedro Sánchez en el Congreso, hacen prever que se abre un nuevo frente de confrontación política. En este sentido, el presidente de la Generalitat se mostró ayer dispuesto a buscar mecanismos para que la Generalitat pueda participar en la «gobernanza» del Aeropuerto de Barcelona, de entrada porque a ello le obliga el pacto de investidura firmado con los republicanos. «Naturalmente que me gustaría que pudiéramos buscar mecanismos en los que podamos tener un seguimiento más minucioso de esta infraestructura», admitió ayer en Rac1, reconociendo que el acuerdo de investidura incluye «cuestiones de gobernanza que abordaremos». El citado acuerdo es explícito cuando señala que se buscará «el consenso necesario territorial e institucional para facilitar el desarrollo de un modelo aeroportuario en que el Gobierno de la Generalitat sea un actor determinante en la toma de decisiones estratégicas relativas al aeropuerto». De manera relevante, el acuerdo precisa que se «promoverán las modificaciones en el marco legal actual» para permitirlo.Al respecto, fuentes de ERC consultadas por ABC reconocen que la negociación con el ejecutivo del PSC, y por extensión con el Gobierno, en concreto con el Ministerio de Transportes , «ya se está produciendo» para dar cumplimiento a lo pactado, en una serie de modificaciones legales que, recuerdan, deben pasar en última instancia por el Congreso. Las mismas fuentes reconocen que se trata de un asunto delicado y que se actúa con la «máxima cautela», y se prefiere soslayar ahora con qué fórmula se produciría la entrada de la Generalitat en la gestión de El Prat. Las posiciones de partida son claras, y mientras desde el Govern, en palabras de Illa, se habla de un «seguimiento minucioso» de la infraestructura, ayer el presidente de ERC, Oriol Junqueras, apuntaba que «la clave es una gestión compartida». En este escenario, fuentes políticas, recordando el precedente del traspaso de Cercanías, ven inimaginable un modelo de gestión en el que el gestor aeroportuario AENA –propiedad del Estado en un 51% a través de Enaire– pierda la capacidad decisoria, y apuntan más bien a la creación de un consorcio en el que las administraciones locales y la Generalitat tendrían presencia y podrían trasladar su posición, pero en ningún caso tener la última palabra. Algo muy lejos, paradójicamente, de lo que planteaba el ahora consejero de AENA Ramon Tremosa, exconsejero y eurodiputado de Junts que, directamente, propugnaba la desmembración del ente por su carácter «colonial».Noticia Relacionada Una inversión de 3.200 millones estandar Si Illa confirma un acuerdo con el Gobierno y AENA para ampliar el Aeropuerto de El Prat À. GUBERN Y D. TERCERO La prolongación de la pista más cercana al mar se compensará con más espacio renaturalizado y la idea es que el aeródromo esté operativo en el año 2033Frente a la posición de ERC, desde el Govern se pone en valor que nunca antes la Generalitat había tenido tanto poder de decisión sobre el Aeropuerto de Barcelona, y que la última palabra sobre la ampliación, 3.200 millones financiados por AENA , por ejemplo, la ha tenido el Govern. «La relación con el Ministerio de Transportes es fluida. No hay nada que no hayamos compartido ni visto conjuntamente», insistía ayer Illa. Cuestiones de gobernabilidad al margen, la decisión de llevar adelante la ampliación ha sido aplaudida de manera unánime por los agentes económicos catalanes. Ayer mismo, el presidente de la patronal Fomento, Josep Sánchez Llibre, celebraba que «el Govern haya sido capaz y haya tenido la valentía de anunciar la ampliación del aeropuerto», un proyecto por el que la patronal había apostado de manera insistente. Según cálculos de la patronal, el aeropuerto ampliado incrementará su aportación al PIB catalán en casi dos puntos porcentuales (1,8%), de del 6,8% actual al 8,6%. Tras el acuerdo técnico, el baile político. Al pacto entre la Generalitat y AENA para sacar adelante el proyecto de ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat le sigue ahora la negociación entre el presidente Salvador Illa y sus socios de ERC, que, al igual que Junts, reclaman que la Generalitat tenga voz y voto en la gestión del aeródromo. Los republicanos trasladan a ABC que usarán su fuerza política para forzar unos cambios que, en última instancia, implican modificaciones legislativas a validar en el Congreso.Aunque ni el voto de ERC ni el de los Comunes, tampoco el de Junts, es necesario para sacar adelante la ampliación del aeropuerto –la misma saldrá adelante sea como fuere–, las estrecheces parlamentarias del ejecutivo de Illa, y las del propio Pedro Sánchez en el Congreso, hacen prever que se abre un nuevo frente de confrontación política. En este sentido, el presidente de la Generalitat se mostró ayer dispuesto a buscar mecanismos para que la Generalitat pueda participar en la «gobernanza» del Aeropuerto de Barcelona, de entrada porque a ello le obliga el pacto de investidura firmado con los republicanos. «Naturalmente que me gustaría que pudiéramos buscar mecanismos en los que podamos tener un seguimiento más minucioso de esta infraestructura», admitió ayer en Rac1, reconociendo que el acuerdo de investidura incluye «cuestiones de gobernanza que abordaremos». El citado acuerdo es explícito cuando señala que se buscará «el consenso necesario territorial e institucional para facilitar el desarrollo de un modelo aeroportuario en que el Gobierno de la Generalitat sea un actor determinante en la toma de decisiones estratégicas relativas al aeropuerto». De manera relevante, el acuerdo precisa que se «promoverán las modificaciones en el marco legal actual» para permitirlo.Al respecto, fuentes de ERC consultadas por ABC reconocen que la negociación con el ejecutivo del PSC, y por extensión con el Gobierno, en concreto con el Ministerio de Transportes , «ya se está produciendo» para dar cumplimiento a lo pactado, en una serie de modificaciones legales que, recuerdan, deben pasar en última instancia por el Congreso. Las mismas fuentes reconocen que se trata de un asunto delicado y que se actúa con la «máxima cautela», y se prefiere soslayar ahora con qué fórmula se produciría la entrada de la Generalitat en la gestión de El Prat. Las posiciones de partida son claras, y mientras desde el Govern, en palabras de Illa, se habla de un «seguimiento minucioso» de la infraestructura, ayer el presidente de ERC, Oriol Junqueras, apuntaba que «la clave es una gestión compartida». En este escenario, fuentes políticas, recordando el precedente del traspaso de Cercanías, ven inimaginable un modelo de gestión en el que el gestor aeroportuario AENA –propiedad del Estado en un 51% a través de Enaire– pierda la capacidad decisoria, y apuntan más bien a la creación de un consorcio en el que las administraciones locales y la Generalitat tendrían presencia y podrían trasladar su posición, pero en ningún caso tener la última palabra. Algo muy lejos, paradójicamente, de lo que planteaba el ahora consejero de AENA Ramon Tremosa, exconsejero y eurodiputado de Junts que, directamente, propugnaba la desmembración del ente por su carácter «colonial».Noticia Relacionada Una inversión de 3.200 millones estandar Si Illa confirma un acuerdo con el Gobierno y AENA para ampliar el Aeropuerto de El Prat À. GUBERN Y D. TERCERO La prolongación de la pista más cercana al mar se compensará con más espacio renaturalizado y la idea es que el aeródromo esté operativo en el año 2033Frente a la posición de ERC, desde el Govern se pone en valor que nunca antes la Generalitat había tenido tanto poder de decisión sobre el Aeropuerto de Barcelona, y que la última palabra sobre la ampliación, 3.200 millones financiados por AENA , por ejemplo, la ha tenido el Govern. «La relación con el Ministerio de Transportes es fluida. No hay nada que no hayamos compartido ni visto conjuntamente», insistía ayer Illa. Cuestiones de gobernabilidad al margen, la decisión de llevar adelante la ampliación ha sido aplaudida de manera unánime por los agentes económicos catalanes. Ayer mismo, el presidente de la patronal Fomento, Josep Sánchez Llibre, celebraba que «el Govern haya sido capaz y haya tenido la valentía de anunciar la ampliación del aeropuerto», un proyecto por el que la patronal había apostado de manera insistente. Según cálculos de la patronal, el aeropuerto ampliado incrementará su aportación al PIB catalán en casi dos puntos porcentuales (1,8%), de del 6,8% actual al 8,6%.
Tras el acuerdo técnico, el baile político. Al pacto entre la Generalitat y AENA para sacar adelante el proyecto de ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat le sigue ahora la negociación entre el presidente Salvador Illa y sus socios de ERC, que, … al igual que Junts, reclaman que la Generalitat tenga voz y voto en la gestión del aeródromo. Los republicanos trasladan a ABC que usarán su fuerza política para forzar unos cambios que, en última instancia, implican modificaciones legislativas a validar en el Congreso.
Aunque ni el voto de ERC ni el de los Comunes, tampoco el de Junts, es necesario para sacar adelante la ampliación del aeropuerto –la misma saldrá adelante sea como fuere–, las estrecheces parlamentarias del ejecutivo de Illa, y las del propio Pedro Sánchez en el Congreso, hacen prever que se abre un nuevo frente de confrontación política.
En este sentido, el presidente de la Generalitat se mostró ayer dispuesto a buscar mecanismos para que la Generalitat pueda participar en la «gobernanza» del Aeropuerto de Barcelona, de entrada porque a ello le obliga el pacto de investidura firmado con los republicanos. «Naturalmente que me gustaría que pudiéramos buscar mecanismos en los que podamos tener un seguimiento más minucioso de esta infraestructura», admitió ayer en Rac1, reconociendo que el acuerdo de investidura incluye «cuestiones de gobernanza que abordaremos».
El citado acuerdo es explícito cuando señala que se buscará «el consenso necesario territorial e institucional para facilitar el desarrollo de un modelo aeroportuario en que el Gobierno de la Generalitat sea un actor determinante en la toma de decisiones estratégicas relativas al aeropuerto». De manera relevante, el acuerdo precisa que se «promoverán las modificaciones en el marco legal actual» para permitirlo.
Al respecto, fuentes de ERC consultadas por ABC reconocen que la negociación con el ejecutivo del PSC, y por extensión con el Gobierno, en concreto con el Ministerio de Transportes, «ya se está produciendo» para dar cumplimiento a lo pactado, en una serie de modificaciones legales que, recuerdan, deben pasar en última instancia por el Congreso. Las mismas fuentes reconocen que se trata de un asunto delicado y que se actúa con la «máxima cautela», y se prefiere soslayar ahora con qué fórmula se produciría la entrada de la Generalitat en la gestión de El Prat. Las posiciones de partida son claras, y mientras desde el Govern, en palabras de Illa, se habla de un «seguimiento minucioso» de la infraestructura, ayer el presidente de ERC, Oriol Junqueras, apuntaba que «la clave es una gestión compartida».
En este escenario, fuentes políticas, recordando el precedente del traspaso de Cercanías, ven inimaginable un modelo de gestión en el que el gestor aeroportuario AENA –propiedad del Estado en un 51% a través de Enaire– pierda la capacidad decisoria, y apuntan más bien a la creación de un consorcio en el que las administraciones locales y la Generalitat tendrían presencia y podrían trasladar su posición, pero en ningún caso tener la última palabra. Algo muy lejos, paradójicamente, de lo que planteaba el ahora consejero de AENA Ramon Tremosa, exconsejero y eurodiputado de Junts que, directamente, propugnaba la desmembración del ente por su carácter «colonial».
Frente a la posición de ERC, desde el Govern se pone en valor que nunca antes la Generalitat había tenido tanto poder de decisión sobre el Aeropuerto de Barcelona, y que la última palabra sobre la ampliación, 3.200 millones financiados por AENA, por ejemplo, la ha tenido el Govern. «La relación con el Ministerio de Transportes es fluida. No hay nada que no hayamos compartido ni visto conjuntamente», insistía ayer Illa.
Cuestiones de gobernabilidad al margen, la decisión de llevar adelante la ampliación ha sido aplaudida de manera unánime por los agentes económicos catalanes. Ayer mismo, el presidente de la patronal Fomento, Josep Sánchez Llibre, celebraba que «el Govern haya sido capaz y haya tenido la valentía de anunciar la ampliación del aeropuerto», un proyecto por el que la patronal había apostado de manera insistente. Según cálculos de la patronal, el aeropuerto ampliado incrementará su aportación al PIB catalán en casi dos puntos porcentuales (1,8%), de del 6,8% actual al 8,6%.
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