Una oficial administrativa se enfrenta a una pena de cuatro años y seis meses de prisión acusada de un delito de apropiación indebida por desviar un total de 63.589,62 euros de varias comunidades de propietarios en Las Palmas de Gran Canaria.Así lo ha solicitado la Fiscalía Provincial de Las Palmas que alega que la acusada llegó a realizar un total de 31 transferencias desde las cuentas de las comunidades a sus cuentas personales entre junio de 2023 y septiembre de 2024.La mujer habría aprovechado su puesto en una empresa para transferir los fondos a tres cuentas bancarias de su propiedad, colocando como concepto de los movimientos el nombre de empresas que prestaban servicios habituales a los edificios afectados para evitar ser descubierta, lo cual logró hasta después de ser despedida.Noticias relacionadas general No No SUCESOS Se destapa una red de estafa en clínicas estéticas con 172 afectados en Canarias Laura Bautista general No No SUCESOS Detenido tras estafar 62.755 euros haciéndose pasar por su sobrino en apuros económicos Laura BautistaPor su parte, la procesada ha devuelto 5.000 euros a la empresa afectada, la cual ha tenido que asumir el pago total del dinero sustraído frente a los propietarios.Para afrontar este desembolso, la firma ha tenido que solicitar un préstamo de 40.000 euros, operación que ha generado 6.009,08 euros en intereses y 200 euros en concepto de comisión de apertura.La Fiscalía reclama que la acusada indemnice a la entidad con 69.798,70 euros por la responsabilidad civil, calificando los hechos como un delito de apropiación indebida y solicitando, además de la pena de cárcel, una multa de diez meses con una cuota diaria de 20 euros. Una oficial administrativa se enfrenta a una pena de cuatro años y seis meses de prisión acusada de un delito de apropiación indebida por desviar un total de 63.589,62 euros de varias comunidades de propietarios en Las Palmas de Gran Canaria.Así lo ha solicitado la Fiscalía Provincial de Las Palmas que alega que la acusada llegó a realizar un total de 31 transferencias desde las cuentas de las comunidades a sus cuentas personales entre junio de 2023 y septiembre de 2024.La mujer habría aprovechado su puesto en una empresa para transferir los fondos a tres cuentas bancarias de su propiedad, colocando como concepto de los movimientos el nombre de empresas que prestaban servicios habituales a los edificios afectados para evitar ser descubierta, lo cual logró hasta después de ser despedida.Noticias relacionadas general No No SUCESOS Se destapa una red de estafa en clínicas estéticas con 172 afectados en Canarias Laura Bautista general No No SUCESOS Detenido tras estafar 62.755 euros haciéndose pasar por su sobrino en apuros económicos Laura BautistaPor su parte, la procesada ha devuelto 5.000 euros a la empresa afectada, la cual ha tenido que asumir el pago total del dinero sustraído frente a los propietarios.Para afrontar este desembolso, la firma ha tenido que solicitar un préstamo de 40.000 euros, operación que ha generado 6.009,08 euros en intereses y 200 euros en concepto de comisión de apertura.La Fiscalía reclama que la acusada indemnice a la entidad con 69.798,70 euros por la responsabilidad civil, calificando los hechos como un delito de apropiación indebida y solicitando, además de la pena de cárcel, una multa de diez meses con una cuota diaria de 20 euros.
Una oficial administrativa se enfrenta a una pena de cuatro años y seis meses de prisión acusada de un delito de apropiación indebida por desviar un total de 63.589,62 euros de varias comunidades de propietarios en Las Palmas de Gran Canaria.
Así lo … ha solicitado la Fiscalía Provincial de Las Palmas que alega que la acusada llegó a realizar un total de 31 transferencias desde las cuentas de las comunidades a sus cuentas personales entre junio de 2023 y septiembre de 2024.
La mujer habría aprovechado su puesto en una empresa para transferir los fondos a tres cuentas bancarias de su propiedad, colocando como concepto de los movimientos el nombre de empresas que prestaban servicios habituales a los edificios afectados para evitar ser descubierta, lo cual logró hasta después de ser despedida.
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Para afrontar este desembolso, la firma ha tenido que solicitar un préstamo de 40.000 euros, operación que ha generado 6.009,08 euros en intereses y 200 euros en concepto de comisión de apertura.
La Fiscalía reclama que la acusada indemnice a la entidad con 69.798,70 euros por la responsabilidad civil, calificando los hechos como un delito de apropiación indebida y solicitando, además de la pena de cárcel, una multa de diez meses con una cuota diaria de 20 euros.
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