El exministro José Luis Ábalos no evitará una petición de entrada en prisión y el riesgo de que el juez la acuerde por renunciar a su escaño en el Congreso, donde ya no figura como diputado del PSOE sino del Grupo Mixto. La única razón por la que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente instruye la causa contra él , su asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García y el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por si cobraron comisiones ilegales de adjudicaciones de obra pública es el aforamiento de Ábalos ante el Alto Tribunal por ser miembro de la Cámara Baja.El político medita renunciar a su escaño, según publicó ayer ABC, para evitar su comparecencia como investigado el próximo 15 de octubre en el Tribunal Supremo, tras la que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares -representadas por el PP- podrían solicitar su entrada en prisión, aunque aún no lo han decidido.Noticia Relacionada Pasará a la Audiencia Nacional estandar Si Ábalos medita renunciar a su escaño para evitar su cita en el Supremo por los sobres Joan Guirado Al no existir ningún otro aforado en la causa, el Alto Tribunal no podría continuar con la instrución, que pasaría a la Audiencia NacionalDicha comparecencia fue acordada por el instructor para que aclare por qué su asesor Koldo García costeó recurrentemente sus gastos habituales. Para el magistrado Puente, «o bien el Sr. García Izaguirre realizaba dichos pagos, en provecho y beneficio del Sr. Ábalos Meco, sin contrapartida explícita alguna; o bien el Sr. Ábalos le habría devuelto a aquél las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo».Ayer, la Guardia Civil añadió un extenso listado de mensajes intercambiados entre Ábalos y su asesor, así como entre ambos con el círculo más próximo del político, que demuestran el manejo continuo de dinero en efectivo que tenían, llamando Koldo García a los billetes «chistorras o lechuga». También confirman que el PSOE hizo pagos en efectivo a su ex secretario de Organización. En caso de que Ábalos renunciase a su escaño, eso no le aseguraría librarse de una declaración ante un juez por estos hechos ni tampoco de una petición de entrada en prisión.Es cierto que, en caso de que eso ocurriera, el Alto Tribunal perdería de manera automática la competencia de la causa contra él, quedando en manos de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción que asumiera la causa también podría citarle a declarar como investigado con rapidez para que aclare los extremos del último informe y los anexos con los cientos de mensajes recopilados por la Guardia Civil. Igualmente, la Fiscalía y las acusaciones populares podrían instar a una vistilla posterior para solicitar su entrada en prisión.Conocedora de la causaLa investigación contra Ábalos no perdería, además, eficacia por pasar del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, desde donde se ordenó la operación Delorme que acabó con Koldo García detenido en febrero de 2024 y durante la que se le requisó el «ingente material» -como lo ha calificado el magistrado Leopoldo Puente- que ha puesto en aprietos a Ábalos. Precisamente, el magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional investiga a Koldo García, a su exmujer Patricia Uriz y a su hermano, Joseba García, y maneja toda la información patrimonial de los tres. También instruye la causa contra la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y contra el ex director general de Carreteras, Javier Herrero, por delitos de corrupción derivados de su vinculación a Ábalos. El juez investiga si ellos también pudieron cobrar una «contrapartida» por permitir el presunto amaño de obras para que fueran adjudicadas a las compañías de los cinco empresarios también investigados en el Tribunal Supremo por presuntamente entregar mordidas a Koldo, Ábalos y Cerdán: José Ruz (Levantina, Ingeniería y Construcción); Daniel y Antonio Fernández Menéndez (Obras Públicas y Regadíos); Javier Merino (Acciona Construcción) y Antxon Alonso (Servinabar).Fue también la Audiencia Nacional, en su caso el magistrado Santiago Pedraz, quien acordó enviar a prisión preventiva tras su declaración en el caso Hidrocarburos al empresario Víctor de Aldama, implicado con Ábalos en el presunto amaño de contratos -en este caso de emergencia durante el Covid- para beneficio de la compañía a la que el primero representaba (Soluciones de Gestión).Los últimos acontecimientos muestran el conocimiento de la supuesta trama de corrupción vinculada a Ábalos por parte de la Audiencia Nacional, así como las posibilidades de que un juez acordase allí su entrada en prisión en caso de estimarlo oportuno. El exministro José Luis Ábalos no evitará una petición de entrada en prisión y el riesgo de que el juez la acuerde por renunciar a su escaño en el Congreso, donde ya no figura como diputado del PSOE sino del Grupo Mixto. La única razón por la que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente instruye la causa contra él , su asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García y el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por si cobraron comisiones ilegales de adjudicaciones de obra pública es el aforamiento de Ábalos ante el Alto Tribunal por ser miembro de la Cámara Baja.El político medita renunciar a su escaño, según publicó ayer ABC, para evitar su comparecencia como investigado el próximo 15 de octubre en el Tribunal Supremo, tras la que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares -representadas por el PP- podrían solicitar su entrada en prisión, aunque aún no lo han decidido.Noticia Relacionada Pasará a la Audiencia Nacional estandar Si Ábalos medita renunciar a su escaño para evitar su cita en el Supremo por los sobres Joan Guirado Al no existir ningún otro aforado en la causa, el Alto Tribunal no podría continuar con la instrución, que pasaría a la Audiencia NacionalDicha comparecencia fue acordada por el instructor para que aclare por qué su asesor Koldo García costeó recurrentemente sus gastos habituales. Para el magistrado Puente, «o bien el Sr. García Izaguirre realizaba dichos pagos, en provecho y beneficio del Sr. Ábalos Meco, sin contrapartida explícita alguna; o bien el Sr. Ábalos le habría devuelto a aquél las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo».Ayer, la Guardia Civil añadió un extenso listado de mensajes intercambiados entre Ábalos y su asesor, así como entre ambos con el círculo más próximo del político, que demuestran el manejo continuo de dinero en efectivo que tenían, llamando Koldo García a los billetes «chistorras o lechuga». También confirman que el PSOE hizo pagos en efectivo a su ex secretario de Organización. En caso de que Ábalos renunciase a su escaño, eso no le aseguraría librarse de una declaración ante un juez por estos hechos ni tampoco de una petición de entrada en prisión.Es cierto que, en caso de que eso ocurriera, el Alto Tribunal perdería de manera automática la competencia de la causa contra él, quedando en manos de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción que asumiera la causa también podría citarle a declarar como investigado con rapidez para que aclare los extremos del último informe y los anexos con los cientos de mensajes recopilados por la Guardia Civil. Igualmente, la Fiscalía y las acusaciones populares podrían instar a una vistilla posterior para solicitar su entrada en prisión.Conocedora de la causaLa investigación contra Ábalos no perdería, además, eficacia por pasar del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, desde donde se ordenó la operación Delorme que acabó con Koldo García detenido en febrero de 2024 y durante la que se le requisó el «ingente material» -como lo ha calificado el magistrado Leopoldo Puente- que ha puesto en aprietos a Ábalos. Precisamente, el magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional investiga a Koldo García, a su exmujer Patricia Uriz y a su hermano, Joseba García, y maneja toda la información patrimonial de los tres. También instruye la causa contra la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y contra el ex director general de Carreteras, Javier Herrero, por delitos de corrupción derivados de su vinculación a Ábalos. El juez investiga si ellos también pudieron cobrar una «contrapartida» por permitir el presunto amaño de obras para que fueran adjudicadas a las compañías de los cinco empresarios también investigados en el Tribunal Supremo por presuntamente entregar mordidas a Koldo, Ábalos y Cerdán: José Ruz (Levantina, Ingeniería y Construcción); Daniel y Antonio Fernández Menéndez (Obras Públicas y Regadíos); Javier Merino (Acciona Construcción) y Antxon Alonso (Servinabar).Fue también la Audiencia Nacional, en su caso el magistrado Santiago Pedraz, quien acordó enviar a prisión preventiva tras su declaración en el caso Hidrocarburos al empresario Víctor de Aldama, implicado con Ábalos en el presunto amaño de contratos -en este caso de emergencia durante el Covid- para beneficio de la compañía a la que el primero representaba (Soluciones de Gestión).Los últimos acontecimientos muestran el conocimiento de la supuesta trama de corrupción vinculada a Ábalos por parte de la Audiencia Nacional, así como las posibilidades de que un juez acordase allí su entrada en prisión en caso de estimarlo oportuno.
El exministro José Luis Ábalos no evitará una petición de entrada en prisión y el riesgo de que el juez la acuerde por renunciar a su escaño en el Congreso, donde ya no figura como diputado del PSOE sino del Grupo Mixto.
La única razón … por la que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente instruye la causa contra él, su asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García y el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por si cobraron comisiones ilegales de adjudicaciones de obra pública es el aforamiento de Ábalos ante el Alto Tribunal por ser miembro de la Cámara Baja.
El político medita renunciar a su escaño, según publicó ayer ABC, para evitar su comparecencia como investigado el próximo 15 de octubre en el Tribunal Supremo, tras la que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares -representadas por el PP- podrían solicitar su entrada en prisión, aunque aún no lo han decidido.
Dicha comparecencia fue acordada por el instructor para que aclare por qué su asesor Koldo García costeó recurrentemente sus gastos habituales. Para el magistrado Puente, «o bien el Sr. García Izaguirre realizaba dichos pagos, en provecho y beneficio del Sr. Ábalos Meco, sin contrapartida explícita alguna; o bien el Sr. Ábalos le habría devuelto a aquél las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo».
Ayer, la Guardia Civil añadió un extenso listado de mensajes intercambiados entre Ábalos y su asesor, así como entre ambos con el círculo más próximo del político, que demuestran el manejo continuo de dinero en efectivo que tenían, llamando Koldo García a los billetes «chistorras o lechuga». También confirman que el PSOE hizo pagos en efectivo a su ex secretario de Organización.
En caso de que Ábalos renunciase a su escaño, eso no le aseguraría librarse de una declaración ante un juez por estos hechos ni tampoco de una petición de entrada en prisión.
Es cierto que, en caso de que eso ocurriera, el Alto Tribunal perdería de manera automática la competencia de la causa contra él, quedando en manos de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción que asumiera la causa también podría citarle a declarar como investigado con rapidez para que aclare los extremos del último informe y los anexos con los cientos de mensajes recopilados por la Guardia Civil. Igualmente, la Fiscalía y las acusaciones populares podrían instar a una vistilla posterior para solicitar su entrada en prisión.
Conocedora de la causa
La investigación contra Ábalos no perdería, además, eficacia por pasar del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, desde donde se ordenó la operación Delorme que acabó con Koldo García detenido en febrero de 2024 y durante la que se le requisó el «ingente material» -como lo ha calificado el magistrado Leopoldo Puente- que ha puesto en aprietos a Ábalos.
Precisamente, el magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional investiga a Koldo García, a su exmujer Patricia Uriz y a su hermano, Joseba García, y maneja toda la información patrimonial de los tres. También instruye la causa contra la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y contra el ex director general de Carreteras, Javier Herrero, por delitos de corrupción derivados de su vinculación a Ábalos. El juez investiga si ellos también pudieron cobrar una «contrapartida» por permitir el presunto amaño de obras para que fueran adjudicadas a las compañías de los cinco empresarios también investigados en el Tribunal Supremo por presuntamente entregar mordidas a Koldo, Ábalos y Cerdán: José Ruz (Levantina, Ingeniería y Construcción); Daniel y Antonio Fernández Menéndez (Obras Públicas y Regadíos); Javier Merino (Acciona Construcción) y Antxon Alonso (Servinabar).
Fue también la Audiencia Nacional, en su caso el magistrado Santiago Pedraz, quien acordó enviar a prisión preventiva tras su declaración en el caso Hidrocarburos al empresario Víctor de Aldama, implicado con Ábalos en el presunto amaño de contratos -en este caso de emergencia durante el Covid- para beneficio de la compañía a la que el primero representaba (Soluciones de Gestión).
Los últimos acontecimientos muestran el conocimiento de la supuesta trama de corrupción vinculada a Ábalos por parte de la Audiencia Nacional, así como las posibilidades de que un juez acordase allí su entrada en prisión en caso de estimarlo oportuno.
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