La aplicación de la nueva Ley de justicia del Gobierno central supondría que Andalucía deba afrontar un gasto de 54,4 millones de euros para una norma que nace sin consenso y sin la financiación estatal necesaria para ello. Por ello la Junta de Andalucía reclama ahora ese dinero al ejecutivo de Pedro Sánchez . Es un dinero que la Junta ha tenido que asumir como una «carga» y reorganizando partidas presupuestarias.Según ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, al término del consejo de gobierno de este martes, la ley se ha sacado adelante sin consenso de las comunidades autónomas ni los informes preceptivos. Por ello las comunidades autónomas se verán obligadas a asumir el proceso de trasformación de la justicia sin tiempo y sin financiación . Una reforma que se llevará a cabo «en el periodo más corto» que ninguna otra norma y sin memoria económica.Se trata de la reforma introducida en la Administración de Justicia con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una reforma que la Junta considera «necesaria», pero que se ha llevado a cabo sin consenso político ni aportaciones jurídicas y técnicas para mejorar el sistema. Además, no cuenta con la financiación ni con el apoyo técnico del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, a las que se les ha impuesto un plazo de solo un año para su implementación.Según la Junta, implementar esta Ley en Andalucía supone la transformación de 695 juzgados en 85 Tribunales de Instancia , 700 juzgados de paz en Oficinas de Justicia en el Municipio y 85 nuevas Oficinas del Registro Civil antes de finales de año. Esto requiere elaborar relaciones de puestos de trabajo que afectan a más de 9.000 funcionarios en menos de un año.La aplicación de esa norma obligará a modificar los espacios, sistemas informáticos y plantillas. La ley fija un calendario según el cual el 1 de julio de 2025 deberán estar adaptados los partidos judiciales que tengan juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, que en Andalucía son 70 de los 85 partidos judiciales existentes, donde trabajan cerca de 4.000 funcionarios. En una segunda fase, prevista para el 1 de octubre de 2025, el nuevo modelo deberá implantarse en aquellos partidos judiciales que solo cuenten con juzgados de Primera Instancia, Instrucción y Violencia sobre la Mujer. En Andalucía, esto afecta a tres partidos judiciales ( Fuengirola, Torremolinos y Marbella ), con aproximadamente 250 trabajadores. A 31 de diciembre de 2025, la reforma llegará a las capitales de provincia y grandes ciudades, afectando a 5.000 profesionales.Por ello, según ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la administración de la Junta de Andalucía tendrá que asumir los siguientes gastos:4.586.205,24 euros de las nuevas necesidades en materia de Recursos Humanos.19.837.655,68€ para infraestructuras y dispositivos digitales. 1.156.549,12€ para ampliar la Orden de Bases y Módulos del Turno de Oficio.20.720.319,20€ para la adaptación de infraestructuras físicas y tecnológicas.8.121.203,24€ para servicios de implantación de Medios Adecuados a la Solución de Controversias (MASC) en todas las jurisdicciones.El perjuicio económico provisional para la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía asciende a un total de 54.421.932,48€. A esta cifra hay que sumar la pérdida retributiva del personal de Justicia en Andalucía, que ha sido excluido de la subida salarial acordada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en su territorio.Nieto ha recordado que no es la primera ley en materia de justicia que no se ha consensuado. «Cuando en toda Europa apenas se han repuesto de lo que supone que el fiscal general del estado sea procesado, hoy toda España tiene que ver como los jueces convocan un paro que demuestra en que estado de descomposición se encuentra la Justicia«, ha dicho Nieto. La aplicación de la nueva Ley de justicia del Gobierno central supondría que Andalucía deba afrontar un gasto de 54,4 millones de euros para una norma que nace sin consenso y sin la financiación estatal necesaria para ello. Por ello la Junta de Andalucía reclama ahora ese dinero al ejecutivo de Pedro Sánchez . Es un dinero que la Junta ha tenido que asumir como una «carga» y reorganizando partidas presupuestarias.Según ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, al término del consejo de gobierno de este martes, la ley se ha sacado adelante sin consenso de las comunidades autónomas ni los informes preceptivos. Por ello las comunidades autónomas se verán obligadas a asumir el proceso de trasformación de la justicia sin tiempo y sin financiación . Una reforma que se llevará a cabo «en el periodo más corto» que ninguna otra norma y sin memoria económica.Se trata de la reforma introducida en la Administración de Justicia con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una reforma que la Junta considera «necesaria», pero que se ha llevado a cabo sin consenso político ni aportaciones jurídicas y técnicas para mejorar el sistema. Además, no cuenta con la financiación ni con el apoyo técnico del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, a las que se les ha impuesto un plazo de solo un año para su implementación.Según la Junta, implementar esta Ley en Andalucía supone la transformación de 695 juzgados en 85 Tribunales de Instancia , 700 juzgados de paz en Oficinas de Justicia en el Municipio y 85 nuevas Oficinas del Registro Civil antes de finales de año. Esto requiere elaborar relaciones de puestos de trabajo que afectan a más de 9.000 funcionarios en menos de un año.La aplicación de esa norma obligará a modificar los espacios, sistemas informáticos y plantillas. La ley fija un calendario según el cual el 1 de julio de 2025 deberán estar adaptados los partidos judiciales que tengan juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, que en Andalucía son 70 de los 85 partidos judiciales existentes, donde trabajan cerca de 4.000 funcionarios. En una segunda fase, prevista para el 1 de octubre de 2025, el nuevo modelo deberá implantarse en aquellos partidos judiciales que solo cuenten con juzgados de Primera Instancia, Instrucción y Violencia sobre la Mujer. En Andalucía, esto afecta a tres partidos judiciales ( Fuengirola, Torremolinos y Marbella ), con aproximadamente 250 trabajadores. A 31 de diciembre de 2025, la reforma llegará a las capitales de provincia y grandes ciudades, afectando a 5.000 profesionales.Por ello, según ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la administración de la Junta de Andalucía tendrá que asumir los siguientes gastos:4.586.205,24 euros de las nuevas necesidades en materia de Recursos Humanos.19.837.655,68€ para infraestructuras y dispositivos digitales. 1.156.549,12€ para ampliar la Orden de Bases y Módulos del Turno de Oficio.20.720.319,20€ para la adaptación de infraestructuras físicas y tecnológicas.8.121.203,24€ para servicios de implantación de Medios Adecuados a la Solución de Controversias (MASC) en todas las jurisdicciones.El perjuicio económico provisional para la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía asciende a un total de 54.421.932,48€. A esta cifra hay que sumar la pérdida retributiva del personal de Justicia en Andalucía, que ha sido excluido de la subida salarial acordada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en su territorio.Nieto ha recordado que no es la primera ley en materia de justicia que no se ha consensuado. «Cuando en toda Europa apenas se han repuesto de lo que supone que el fiscal general del estado sea procesado, hoy toda España tiene que ver como los jueces convocan un paro que demuestra en que estado de descomposición se encuentra la Justicia«, ha dicho Nieto.
Tendrá que transformar 695 juzgados en un año para aplicar una norma que afecta a 9.000 funcionarios. La Justicia se encuentra, según la Junta «en estado de descomposición»
La aplicación de la nueva Ley de justicia del Gobierno central supondría que Andalucía deba afrontar un gasto de 54,4 millones de euros para una norma que nace sin consenso y sin la financiación estatal necesaria para ello. Por ello la Junta de Andalucía reclama ahora ese dinero al ejecutivo de Pedro Sánchez. Es un dinero que la Junta ha tenido que asumir como una «carga» y reorganizando partidas presupuestarias.
Según ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, al término del consejo de gobierno de este martes, la ley se ha sacado adelante sin consenso de las comunidades autónomas ni los informes preceptivos. Por ello las comunidades autónomas se verán obligadas a asumir el proceso de trasformación de la justicia sin tiempo y sin financiación. Una reforma que se llevará a cabo «en el periodo más corto» que ninguna otra norma y sin memoria económica.
Se trata de la reforma introducida en la Administración de Justicia con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una reforma que la Junta considera «necesaria», pero que se ha llevado a cabo sin consenso político ni aportaciones jurídicas y técnicas para mejorar el sistema. Además, no cuenta con la financiación ni con el apoyo técnico del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, a las que se les ha impuesto un plazo de solo un año para su implementación.
Según la Junta, implementar esta Ley en Andalucía supone la transformación de 695 juzgados en 85 Tribunales de Instancia, 700 juzgados de paz en Oficinas de Justicia en el Municipio y 85 nuevas Oficinas del Registro Civil antes de finales de año. Esto requiere elaborar relaciones de puestos de trabajo que afectan a más de 9.000 funcionarios en menos de un año.
La aplicación de esa norma obligará a modificar los espacios, sistemas informáticos y plantillas.
La ley fija un calendario según el cual el 1 de julio de 2025 deberán estar adaptados los partidos judiciales que tengan juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, que en Andalucía son 70 de los 85 partidos judiciales existentes, donde trabajan cerca de 4.000 funcionarios. En una segunda fase, prevista para el 1 de octubre de 2025, el nuevo modelo deberá implantarse en aquellos partidos judiciales que solo cuenten con juzgados de Primera Instancia, Instrucción y Violencia sobre la Mujer. En Andalucía, esto afecta a tres partidos judiciales (Fuengirola, Torremolinos y Marbella), con aproximadamente 250 trabajadores. A 31 de diciembre de 2025, la reforma llegará a las capitales de provincia y grandes ciudades, afectando a 5.000 profesionales.
Por ello, según ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la administración de la Junta de Andalucía tendrá que asumir los siguientes gastos sin ayuda estatal.
Un gasto de 4.586.204,44 euros en materia de personal. En concreto se han destinado 498.673,79 euros a una unidad administrativa de apoyo a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública formada por funcionarios judiciales, para gestionar la nueva ley; 3.649.712,37 euros a crear nuevas plazas y complementos para los nuevos puestos específicos con nuevas funciones previstos en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) acordadas con los sindicatos para los partidos judiciales de la Fase I y 437.819,08 euros para los de la Fase II, así como también para apoyo técnico y formación del personal. 4.586.205,24 euros de las nuevas necesidades en materia de Recursos Humanos.
Y aún se desconoce el coste que supondrá la Fase III, que afecta a los doce partidos judiciales más grandes, para los que se acaba de iniciar la negociación de las relaciones de puestos de trabajo.
Junto al gasto en personal, la Junta de Andalucía destinará 19.837.655,70 de euros a infraestructuras y equipamiento tecnológico necesario como dispositivos y licencias digitales para los tribunales de instancia (11.894.731,21 euros) y para las oficinas de justicia municipales (4.326.144,05 euros), o la adaptación del sistema de gestión procesal ‘@driano’ (1.684.123,35 euros), entre otras necesidades.
En paralelo, la inclusión en la Ley Orgánica de los medios alternativos de solución de controversias (MASC) como requisito obligatorio antes de interponer una denuncia civil o mercantil, en vigor desde el 3 de abril, ha exigido ampliar en 1.156.549,12 euros el presupuesto destinado a compensar a los abogados de oficio por su asesoramiento en estas vías alternativas de solución de conflictos.
Además, la sustitución de los juzgados unipersonales por órganos colegiados requiere adaptar los espacios de las sedes judiciales, unas obras que supondrán una inversión de 20.720.319,21 euros (4.723.158,03 euros para actuaciones urgentes, 5.369.541,37 euros para eliminar barreras físicas, 10.627.619,80 euros para la integración de servicios y 8.121.203,24 euros para ubicar servicios como el SEMCA para la Mediación Civil y Mercantil).
El perjuicio económico provisional para la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía asciende a un total de 54.421.932,48€. A esta cifra hay que sumar la pérdida retributiva del personal de Justicia en Andalucía, que ha sido excluido de la subida salarial acordada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en su territorio.
Nieto ha recordado que no es la primera ley en materia de justicia que no se ha consensuado. «Cuando en toda Europa apenas se han repuesto de lo que supone que el fiscal general del estado sea procesado, hoy toda España tiene que ver como los jueces convocan un paro que demuestra en que estado de descomposición se encuentra la Justicia«, ha dicho Nieto.
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