Un año después de la muerte de cinco gacelas protegidas en una finca experimental del CSIC supuestamente por el impacto sonoro de unos conciertos, la jueza ha cerrado el caso al no apreciar responsabilidades en cuanto a la actuación del Ayuntamiento almeriense. El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha decretado el archivo y sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por el fallecimiento de cinco ejemplares de especies vulnerables en la Finca Experimental La Hoya de la EEZA-CSIC, junto a la Alcazaba.La magistrada concluye la inexistencia de indicios de criminalidad que puedan imputarse a los responsables municipales de los conciertos en base a las diligencias practicadas por las que la Fiscalía pidió que se diera ‘carpetazo’ al caso , a lo que se adhirió el Ayuntamiento. Así se ha rechazado continuar con las actuaciones y la práctica de nuevas diligencias solicitadas por los denunciantes (PSOE, IU, Podemos y CSIC), entre ellas, las declaraciones como testigos del concejal de Cultura, Diego Cruz, y de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, al considerarlas «innecesarias» a la vista de la «numerosa prueba documental» que se ha realizado para esclarecer lo ocurrido.La juez recuerda en que para que se produzca un delito de maltrato animal debe haber, además de lesiones en los animales, una cierta «conducta dolosa», esto es, una intencionalidad de hacer daño, lo que no ha quedado acreditado en este caso. Para la instructora, el resultado de la muerte de los ejemplares «no pudo preverse al ser todos los informes favorables» . Asimismo, tampoco consta que los responsables municipales «fueran conocedores de las consecuencias que en su caso pudieran derivarse de la celebración de los conciertos».«Más allá de las denuncias y publicaciones en prensa digital , no consta ni un solo informe anterior a los conciertos por parte de la EEZA en el que adviertan de estas posibles consecuencias, por lo que procede descartar el ánimo doloso«, expone la magistrada. Aunque cree que los responsables podrían haber adoptado »más cautelas« con un traslado de los conciertos a otro espacio »para evitar el fatal desenlace«, la actuación de los responsables municipales nunca estuvo »dirigida intencionalmente a causar la muerte« de las gacelas y el arruí que murieron coincidiendo con los días del espectáculo.El auto atiende los informes de las necropias de los animales efectuadas por el órgano científico, que revelaron posibles muertes «debidas a traumatismos», lo que apoyaría la hipótesis de que «el estrés producido por los conciertos jugó un papel crucial en la mortalidad de los animales«, si bien dichos informes »no son concluyentes« y, en cualquier caso, no son objeto de mayor análisis por no advertirse dolo en la actuación municipal. La resolución judicial, que puede recurrirse en apelación, incide en que los hechos tampoco pueden considerarse constitutivos de un delito contra el medio ambiente ante los múltiples contratos efectuados por el Ayuntamiento para la realización de los conciertos y las mediciones acústicas realizadas en la zona.La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, insistió hace unas semanas en la necesidad de buscar una solución. « No es el sitio idóneo para que estén esos animales hacinados, no solo por las propias criaturas, sino porque limita el desarrollo cultural y patrimonial de la ciudad», ha declarado. En este sentido, Vázquez asegura que el Consistorio mantiene activa la búsqueda de suelos aptos para trasladar la finca.En los últimos días, se ha dado a conocer que el Ayuntamiento de Almería habría localizado unos terrenos en La Cañada, dentro de término municipal, un espacio próximo a la Universidad que podría albergar la actividad de la reserva de animales. Por el momento, no hay una decisión en firme sobre la posibilidad de este cambio de ubicación de la estación experimental. Un año después de la muerte de cinco gacelas protegidas en una finca experimental del CSIC supuestamente por el impacto sonoro de unos conciertos, la jueza ha cerrado el caso al no apreciar responsabilidades en cuanto a la actuación del Ayuntamiento almeriense. El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha decretado el archivo y sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por el fallecimiento de cinco ejemplares de especies vulnerables en la Finca Experimental La Hoya de la EEZA-CSIC, junto a la Alcazaba.La magistrada concluye la inexistencia de indicios de criminalidad que puedan imputarse a los responsables municipales de los conciertos en base a las diligencias practicadas por las que la Fiscalía pidió que se diera ‘carpetazo’ al caso , a lo que se adhirió el Ayuntamiento. Así se ha rechazado continuar con las actuaciones y la práctica de nuevas diligencias solicitadas por los denunciantes (PSOE, IU, Podemos y CSIC), entre ellas, las declaraciones como testigos del concejal de Cultura, Diego Cruz, y de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, al considerarlas «innecesarias» a la vista de la «numerosa prueba documental» que se ha realizado para esclarecer lo ocurrido.La juez recuerda en que para que se produzca un delito de maltrato animal debe haber, además de lesiones en los animales, una cierta «conducta dolosa», esto es, una intencionalidad de hacer daño, lo que no ha quedado acreditado en este caso. Para la instructora, el resultado de la muerte de los ejemplares «no pudo preverse al ser todos los informes favorables» . Asimismo, tampoco consta que los responsables municipales «fueran conocedores de las consecuencias que en su caso pudieran derivarse de la celebración de los conciertos».«Más allá de las denuncias y publicaciones en prensa digital , no consta ni un solo informe anterior a los conciertos por parte de la EEZA en el que adviertan de estas posibles consecuencias, por lo que procede descartar el ánimo doloso«, expone la magistrada. Aunque cree que los responsables podrían haber adoptado »más cautelas« con un traslado de los conciertos a otro espacio »para evitar el fatal desenlace«, la actuación de los responsables municipales nunca estuvo »dirigida intencionalmente a causar la muerte« de las gacelas y el arruí que murieron coincidiendo con los días del espectáculo.El auto atiende los informes de las necropias de los animales efectuadas por el órgano científico, que revelaron posibles muertes «debidas a traumatismos», lo que apoyaría la hipótesis de que «el estrés producido por los conciertos jugó un papel crucial en la mortalidad de los animales«, si bien dichos informes »no son concluyentes« y, en cualquier caso, no son objeto de mayor análisis por no advertirse dolo en la actuación municipal. La resolución judicial, que puede recurrirse en apelación, incide en que los hechos tampoco pueden considerarse constitutivos de un delito contra el medio ambiente ante los múltiples contratos efectuados por el Ayuntamiento para la realización de los conciertos y las mediciones acústicas realizadas en la zona.La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, insistió hace unas semanas en la necesidad de buscar una solución. « No es el sitio idóneo para que estén esos animales hacinados, no solo por las propias criaturas, sino porque limita el desarrollo cultural y patrimonial de la ciudad», ha declarado. En este sentido, Vázquez asegura que el Consistorio mantiene activa la búsqueda de suelos aptos para trasladar la finca.En los últimos días, se ha dado a conocer que el Ayuntamiento de Almería habría localizado unos terrenos en La Cañada, dentro de término municipal, un espacio próximo a la Universidad que podría albergar la actividad de la reserva de animales. Por el momento, no hay una decisión en firme sobre la posibilidad de este cambio de ubicación de la estación experimental.
Un año después de la muerte de cinco gacelas protegidas en una finca experimental del CSIC supuestamente por el impacto sonoro de unos conciertos, la jueza ha cerrado el caso al no apreciar responsabilidades en cuanto a la actuación del Ayuntamiento almeriense. El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha decretado el archivo y sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por el fallecimiento de cinco ejemplares de especies vulnerables en la Finca Experimental La Hoya de la EEZA-CSIC, junto a la Alcazaba.
La magistrada concluye la inexistencia de indicios de criminalidad que puedan imputarse a los responsables municipales de los conciertos en base a las diligencias practicadas por las que la Fiscalía pidió que se diera ‘carpetazo’ al caso, a lo que se adhirió el Ayuntamiento. Así se ha rechazado continuar con las actuaciones y la práctica de nuevas diligencias solicitadas por los denunciantes (PSOE, IU, Podemos y CSIC), entre ellas, las declaraciones como testigos del concejal de Cultura, Diego Cruz, y de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, al considerarlas «innecesarias» a la vista de la «numerosa prueba documental» que se ha realizado para esclarecer lo ocurrido.
La juez recuerda en que para que se produzca un delito de maltrato animal debe haber, además de lesiones en los animales, una cierta «conducta dolosa», esto es, una intencionalidad de hacer daño, lo que no ha quedado acreditado en este caso. Para la instructora, el resultado de la muerte de los ejemplares «no pudo preverse al ser todos los informes favorables». Asimismo, tampoco consta que los responsables municipales «fueran conocedores de las consecuencias que en su caso pudieran derivarse de la celebración de los conciertos».
«Más allá de las denuncias y publicaciones en prensa digital, no consta ni un solo informe anterior a los conciertos por parte de la EEZA en el que adviertan de estas posibles consecuencias, por lo que procede descartar el ánimo doloso«, expone la magistrada. Aunque cree que los responsables podrían haber adoptado »más cautelas« con un traslado de los conciertos a otro espacio »para evitar el fatal desenlace«, la actuación de los responsables municipales nunca estuvo »dirigida intencionalmente a causar la muerte« de las gacelas y el arruí que murieron coincidiendo con los días del espectáculo.
El auto atiende los informes de las necropias de los animales efectuadas por el órgano científico, que revelaron posibles muertes «debidas a traumatismos», lo que apoyaría la hipótesis de que «el estrés producido por los conciertos jugó un papel crucial en la mortalidad de los animales«, si bien dichos informes »no son concluyentes« y, en cualquier caso, no son objeto de mayor análisis por no advertirse dolo en la actuación municipal. La resolución judicial, que puede recurrirse en apelación, incide en que los hechos tampoco pueden considerarse constitutivos de un delito contra el medio ambiente ante los múltiples contratos efectuados por el Ayuntamiento para la realización de los conciertos y las mediciones acústicas realizadas en la zona.
La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, insistió hace unas semanas en la necesidad de buscar una solución. «No es el sitio idóneo para que estén esos animales hacinados, no solo por las propias criaturas, sino porque limita el desarrollo cultural y patrimonial de la ciudad», ha declarado. En este sentido, Vázquez asegura que el Consistorio mantiene activa la búsqueda de suelos aptos para trasladar la finca.
En los últimos días, se ha dado a conocer que el Ayuntamiento de Almería habría localizado unos terrenos en La Cañada, dentro de término municipal, un espacio próximo a la Universidad que podría albergar la actividad de la reserva de animales. Por el momento, no hay una decisión en firme sobre la posibilidad de este cambio de ubicación de la estación experimental.
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