El Congreso de Argentina aprobó este viernes la reforma laboral propuesta por el Gobierno del presidente Javier Milei, que implica drásticos cambios en las condiciones de trabajo y acaba con décadas de conquistas de los trabajadores. El Senado argentino aprobó el proyecto de reforma laboral por 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.
La ley reduce la base de cálculo de las indemnizaciones en detrimento de los empleados
El Congreso de Argentina aprobó este viernes la reforma laboral propuesta por el Gobierno del presidente Javier Milei, que implica drásticos cambios en las condiciones de trabajo y acaba con décadas de conquistas de los trabajadores. El Senado argentino aprobó el proyecto de reforma laboral por 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.
La ley, que modifica una normativa de 1976, reduce la base de cálculo de las indemnizaciones en detrimento de los trabajadores, plantea alternativas al pago de las horas extra, limita el derecho a huelga y la actividad sindical, entre otras reformas sustanciales a las condiciones de trabajo.
El pasado 11 de febrero, la reforma laboral pasó por el Senado y se trasladó a la Cámara de Diputados, donde se aprobó con modificaciones, motivo por el que regresó este viernes a la Cámara Alta para su ratificación final.
El debate contó con apenas una veintena de oradores e inició con la intervención del senador de La Libertad Avanza (LLA, oficialista) Juan Cruz Godoy, quien intentó despejar las dudas en torno a la reforma al asegurar que “continúan los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo”.
“Un incentivo a los despidos”
Entre los puntos que destacó como positivos, mencionó que continúan existiendo las indemnizaciones, que se facilita el registro de los empleados de manera formal y que el sistema “se agiliza” y se vuelve “más económico”.
Desde el peronismo fue cuestionada la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos, al asegurar que se trata de un “incentivo a los despidos”, según dijo Jorge Capitanich, y una “estatización de la deuda privada” de los empleadores con los trabajadores, según expresó Mariano Recalde, ambos del bloque Justicialista.
A la hora de los cierres, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, consideró que la limitación al derecho a huelga que plantea la ley es “abiertamente inconstitucional” y que la ley es un “desastre legislativo”.
Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional y jefa del bloque oficialista, cerró el debate argumentando que el régimen laboral vigente hace que “nadie contrate a nadie” y que “en nombre de los trabajadores, se mandó a la informalidad a miles de trabajadores”.
“Esta es la estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley”, aseguró Bullrich.
Concentración frente al Congreso
Cientos de personas, dirigentes políticos de la oposición y sindicalistas se manifestaron a las puertas del Congreso argentino para protestar contra la ley.
La jornada finalizó con un saldo de 122 manifestantes heridos y 4 detenidos, según aseguró el organismo de derechos humanos Comisión por la Memoria.
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