Birmania ha repatriado a 10.000 de sus inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo en Malasia en lo que va de año, de acuerdo con el gobierno de Kuala Lumpur. El contingente más visible, formado por 1.476 birmanos de distintas etnias, arribó el domingo al puerto de Thanyin, cerca de Rangún, en tres buques de la armada birmana. La duda sobre el número de rohinyás (musulmanes bengalíes asentados en el estado birmano de Arakan) fue brutalmente despejada ayer por el primer ministro malasio. “No hay ningún rohinyá”, dijo Anwar Ibrahim. “Pero forman parte del programa y espero tratar su inclusión esta semana con el presidente birmano”.
El domingo arribó a Rangún un buque de la armada con un nuevo contingente de retornados voluntarios
Birmania ha repatriado a 10.000 de sus inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo en Malasia en lo que va de año, de acuerdo con el gobierno de Kuala Lumpur. El contingente más visible, formado por 1.476 birmanos de distintas etnias, arribó el domingo al puerto de Thanyin, cerca de Rangún, en tres buques de la armada birmana. La duda sobre el número de rohinyás (musulmanes bengalíes asentados en el estado birmano de Arakan) fue brutalmente despejada ayer por el primer ministro malasio. “No hay ningún rohinyá”, dijo Anwar Ibrahim. “Pero forman parte del programa y espero tratar su inclusión esta semana con el presidente birmano”.
Efectivamente, al general Min Aung Hlaing, desde principios de año presidente de Birmania, se le espera este miércoles en Kuala Lumpur. Se trata de una etapa más de una auténtica ronda de rehabilitación internacional de su junta militar -ahora con ropajes civiles- que empezó en junio con su viaje a India, donde fue recibido por Narendra Modi. Posteriormente, el militar que dio el golpe de estado de 2021 ha sido recibido con alfombra roja por el presidente chino Xi Jinping, el ruso Vladimir Putin o el bielorruso Aleksander Lukashenko. Y ya en en el sudeste asiático, por los mandatarios de Vietnam, Tailandia, Laos y Camboya.
Se cierra así una etapa de cinco años de ostracismo, con el pretexto de las elecciones de enero, boicoteadas por casi toda la oposición (la que está en armas y la que no) y con la premio Nobel Aung San Suu Kyi todavía bajo arresto en Naypyidaw. En cualquier caso, las guerrillas étnicas -en muchos casos, narcoguerrillas- tras su ofensiva fulgurante de 2023-2024, volvieron a demostrar su incapacidad para tumbar al régimen. A pesar de que algunas llevan en ello desde los años cincuenta, en una guerra civil alimentada desde hace décadas por los opioides y últimamente también por la geopolítica.
El caso es que, mediante una campaña masiva de reclutamiento, su hegemonía aérea y el apoyo de China -con quien comparte frontera- el gobierno central de Naypyidaw, tras el terremoto del año pasado, ha encadenado victorias, recuperando 22 de las 101 localidades que había perdido.
Guerra civil, reclutamiento y emigración
Dicho reclutamiento, por cierto, arroja a millones de inmigrantes a Tailandia, donde la presencia de birmanos es masiva en la construcción y muy destacada en la hostelería y la industria. Hace un año, por ejemplo, salió a la luz que la fábrica en Phetchaburi (Tailandia) de la multinacional taiwanesa Cal-Comp Electronics -que trabaja para Apple, HP, Hitachi o Konica Minolta- había obligado a firmar el despido a 1.400 de sus trabajadores birmanos -“por caída de la demanda”- con un finiquito de 265 euros.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), enfrentado al gobierno birmano y en cada vez peores términos con el gobierno malasio, ha criticado la reciente deportación. Según ellos, no han podido comprobar que la deportación fue efectivamente voluntaria y libre de coacción en los 14 centros de detención afectados, la mayoría en estados fronterizos con Tailandia. En realidad, Acnur tiene vetado el acceso a los centros de detención de inmigrantes malasios desde hace siete años. El rifirrafe con Kuala Lumpur va a más porque, desde este año, Malasia ha lanzado su propio registro de solicitantes de asilo, aunque no sea signataria de la Convención de Refugiados (motivo por el que cedió durante décadas dicha labor a Acnur).
Malasia asegura que, en todos los casos, se trata de repatriaciones voluntarias. El gobierno birmano se cercioró antes de la nacionalidad de todos los solicitantes y, una vez verificada, hace un mes y medio, mandó la lista definitiva de connacionales, “todos ellos genuinos”, cuya repatriación asumía.
Con dicha lista en la mano, las autoridades malasias concentraron a reclusos de 14 centros de internamiento distintos interesados en su repatriación. Algunos llevaban más de un año encerrados por violar la legislación sobre inmigración. En su abrumadora mayoría, hombres, 1.370, aunque había un puñado de mujeres (79) y niños (27). El martes pasado, tras la revisión médica, se montaron en medio centenar de autocares, destino al puerto de Lumut, en Kedah, donde desde el día antes les esperaba el UMS Mottama, un buque de asalto anfibio que es también la mayor nave de la armada birmana, acompañada por un buque de apoyo y un barco hospital de la misma nacionalidad. El grupo luego fue escoltado por naves de Malasia hasta el límite de sus aguas territoriales.
En el puerto birmano de Thilawa, en las afueras de Bangkok, les esperaban cientos de familiares, previamente avisados. Aunque en la mayoría de casos no pudieron verlos hasta su siguiente destino. El punto de identificación y de salida de los distintos autobuses, hacia sus estados de origen. Acnur y otras ONG ha considerado que en muchos casos, se trata de zonas de riesgo a las que no se debería. Pero es el riesgo cotidiano de la esposas, padres o hermanos de dichos repatriados. Más realista es el temor expresado por uno de los parientes a la espera de que, estando la mayoría en edad militar, sean reclutados por las guerrillas o por el propio ejército.
Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras se unieron a las críticas de Acnur a la opacidad de la deportación. Sin embargo, el fracaso de sus planes de reasentamiento de minorías étnicas birmanas y singularmente de rohinyás, desde el año pasado, habría sido uno de los detonantes del acuerdo entre Birmania y Malasia. Como se recordará, el presidente estadounidense Donald Trump, en el mismo día de su toma de posesión, firmó una moratoria a la aceptación de nuevos refugiados (semanas más tarde haría una excepción con los afrikáner). Aquella firma descalabró los planes de Acnur en Malasia, que es el principal origen del número limitado de rohingyás que EE.UU. ha aceptado en los últimos años. De este modo, el plan de Acnur de sacar de Malasia para su reasentamiento a 9.500 “refugiados”, se quedó en mucho menos de la mitad: 3.700.
Asimismo, la portavoz del gobierno birmano dio la sorpresa este domingo al revelar que, junto al citado millar y medio de repatriados por vía marítima, Naypyidaw habría mediado en el retorno a casa, por vía aérea, de otro 8.041 ciudadanos birmanos en cuestión de meses. En muchos casos, con sus propios recursos y a través de aviones de la aerolínea de bandera o de Air Asia, entre otras. El objetivo pactado con Kuala Lumpur es el retorno adicional de otros 3.524 inmigrantes irregulares birmanos (hasta 5.000) en las próximas semanas. Nada asegura que, pese a la voluntad expresada por Anwar Ibrahim, los “bengalíes musulmanes” de Birmania estén en la lista.
Bengalíes maltratados, dentro y fuera
Los autodenominados “rohinyás”, cuyos ancestros llegaron desde el otro lado de la porosa frontera entre el mundo indio y el sudeste asiático, no se cuentan entre los 135 grupos étnicos reconocidos legalmente como autóctonos de Birmania (entre ellos, los kamán, también musulmanes y también de Arakán). Ningún otro pueblo birmano los reconoce como tales, sino como parte del magma de 300 millones de bengalíes (200 de los cuáles, musulmanes). En Bangladesh suman 1,2 millones de refugiados. Para su desgracia, además, Bangladesh se niega a escolarizarlos en bengalí en los campos de refugiados, aunque sean oriundos de esa parte de la Bengala histórica y hablen el mismo dialecto de Chittagong.
Se trata de un asunto nuevamente candente en Malasia, cuando falta alrededor de un año para las elecciones y cuando las redes locales vuelven a presentar a los rohinyás como inasimilables y como competencia laboral. Algo que contrasta con la simpatía demostrada por los malasios durante años. Es decir, los musulmanes de dialecto bengalí asentados en la rebelde Birmania por los colonialistas británicos, con los que se alinearon durante la Segunda Guerra Mundial, frente a los independentistas birmanos del padre de Aung San Suu Kyi.
Durante la pandemia ya se registró una campaña de hostilidad hacia los rohinyás en Malasia, donde es un artículo de fe la protección de los “hijos de la tierra”, los malayos, frente a las demás comunidades (singularmente, las de origen chino e indio). Pero desde hace unos meses, por la inflación, la campaña se ha recrudecido, mientras que la simpatía popular se desplazaba hacia los palestinos.
La junta militar, que volvió a la palestra en 2021 con un golpe de estado, ha logrado este año un barniz de respetabilidad entre varios socios y vecinos asiáticos. El pretexto son las elecciones, sin verdadera oposición política -por boicot o prohibición- que en enero permitieron al general Min Aung Hlaing quitarse el uniforme y ponerse el traje y corbata de presidente.
En Malasia, los solicitantes de asilo birmanos representan cerca del 90 % del total, según Acnur. Dos tercios son rohinyás, pero otros pertenecen a otras etnias, como los chin (cristianos) o los shan (mayoritariamente budistas).
La organización de naciones del sudeste asiático no ha convalidado las elecciones birmanas ni defiende los contactos directos con Naypyidaw, pero Anwar Ibrahim ha lanzado la pregunta retórica de con quién, si no, debería negociar la repatriación de birmanos “en condiciones dignas y seguras”. El caso es que, si en 2021 había 102.000 rohingyas registrados con Acnur, hoy son 126.000. Aunque el número real podría ser el doble.
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