El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un nuevo recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, esta vez contra la decisión que le denegó el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Peinado, lo que, según sostiene, le generó una evidente indefensión.Según explica en su escrito, el pasado agosto, cuando conoció que el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ había decidido archivar sus quejas contra el juez Peinado, solicitó al Consejo disponer de todo el expediente para poder impugnar fundadamente esta decisión.Asegura que el órgano de gobierno de los jueces le denegó el acceso a esta información y, como consecuencia de ello, «el ministro tuvo que presentar el recurso de alzada sin elementos de juicio que eran imprescindibles para su defensa». Entre ellos desconocía la fecha en la que el CGPJ comunicó a Peinado la denuncia presentada por el ministro, algo relevante, apuntan fuentes de Justicia, para esclarecer si, cuando elevó la exposición razonada, conocía que el ministro le había denunciado. Por tanto, la negativa a facilitar esa información impide verificar circunstancias directamente relacionadas con el derecho fundamental a un juez imparcial, ya que «de la secuencia temporal de los hechos podría deducirse que el conocimiento de las quejas presentadas contra Peinado influyeron en su decisión de pedir al Supremo la imputación del ministro». Bolaños duda también de que el CGPJ haya llevado a cabo una «actividad investigadora real» para descartar que Peinado fuera el autor de las distintas filtraciones de resoluciones del caso Begoña que se han producido siendo él el instructor del procedimiento. «Estos datos resultan esenciales para el ejercicio de su derecho de defensa y que al denegarle el acceso a ellos se le ha provocado una indefensión real y efectiva», dice.Además, el ministro traslada al CGPJ su desconcierto por los tiempos con los que se ha tramitado su denuncia inicial y su posterior recurso, algo que la Comisión Permanente rechazó de plano en su acuerdo de archivo. «Durante 427 días, un expediente referido a hechos de escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso, sin que los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente, abandonados a la molicie, considerasen necesario imprimirle la menor urgencia. Sin embargo, cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia».«La conclusión que desgraciadamente se desprende es que durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él. Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia. Y se trata de una apariencia particularmente dañina, pues alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial», apuntan fuentes de Justicia.Aseguran que con este recurso Bolaños pretende conseguir lo que hasta la fecha el CGPJ le ha «negado»: el acceso al expediente completo para poder ejercitar las acciones legales que le corresponden. «La eventual negativa a este derecho de acceso a la documentación, legalmente reconocido, solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado», advierte. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un nuevo recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, esta vez contra la decisión que le denegó el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Peinado, lo que, según sostiene, le generó una evidente indefensión.Según explica en su escrito, el pasado agosto, cuando conoció que el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ había decidido archivar sus quejas contra el juez Peinado, solicitó al Consejo disponer de todo el expediente para poder impugnar fundadamente esta decisión.Asegura que el órgano de gobierno de los jueces le denegó el acceso a esta información y, como consecuencia de ello, «el ministro tuvo que presentar el recurso de alzada sin elementos de juicio que eran imprescindibles para su defensa». Entre ellos desconocía la fecha en la que el CGPJ comunicó a Peinado la denuncia presentada por el ministro, algo relevante, apuntan fuentes de Justicia, para esclarecer si, cuando elevó la exposición razonada, conocía que el ministro le había denunciado. Por tanto, la negativa a facilitar esa información impide verificar circunstancias directamente relacionadas con el derecho fundamental a un juez imparcial, ya que «de la secuencia temporal de los hechos podría deducirse que el conocimiento de las quejas presentadas contra Peinado influyeron en su decisión de pedir al Supremo la imputación del ministro». Bolaños duda también de que el CGPJ haya llevado a cabo una «actividad investigadora real» para descartar que Peinado fuera el autor de las distintas filtraciones de resoluciones del caso Begoña que se han producido siendo él el instructor del procedimiento. «Estos datos resultan esenciales para el ejercicio de su derecho de defensa y que al denegarle el acceso a ellos se le ha provocado una indefensión real y efectiva», dice.Además, el ministro traslada al CGPJ su desconcierto por los tiempos con los que se ha tramitado su denuncia inicial y su posterior recurso, algo que la Comisión Permanente rechazó de plano en su acuerdo de archivo. «Durante 427 días, un expediente referido a hechos de escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso, sin que los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente, abandonados a la molicie, considerasen necesario imprimirle la menor urgencia. Sin embargo, cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia».«La conclusión que desgraciadamente se desprende es que durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él. Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia. Y se trata de una apariencia particularmente dañina, pues alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial», apuntan fuentes de Justicia.Aseguran que con este recurso Bolaños pretende conseguir lo que hasta la fecha el CGPJ le ha «negado»: el acceso al expediente completo para poder ejercitar las acciones legales que le corresponden. «La eventual negativa a este derecho de acceso a la documentación, legalmente reconocido, solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado», advierte.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un nuevo recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, esta vez contra la decisión que le denegó el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Peinado, lo que, según sostiene, le … generó una evidente indefensión.
Según explica en su escrito, el pasado agosto, cuando conoció que el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ había decidido archivar sus quejas contra el juez Peinado, solicitó al Consejo disponer de todo el expediente para poder impugnar fundadamente esta decisión.
Asegura que el órgano de gobierno de los jueces le denegó el acceso a esta información y, como consecuencia de ello, «el ministro tuvo que presentar el recurso de alzada sin elementos de juicio que eran imprescindibles para su defensa». Entre ellos desconocía la fecha en la que el CGPJ comunicó a Peinado la denuncia presentada por el ministro, algo relevante, apuntan fuentes de Justicia, para esclarecer si, cuando elevó la exposición razonada, conocía que el ministro le había denunciado. Por tanto, la negativa a facilitar esa información impide verificar circunstancias directamente relacionadas con el derecho fundamental a un juez imparcial, ya que «de la secuencia temporal de los hechos podría deducirse que el conocimiento de las quejas presentadas contra Peinado influyeron en su decisión de pedir al Supremo la imputación del ministro».
Bolaños duda también de que el CGPJ haya llevado a cabo una «actividad investigadora real» para descartar que Peinado fuera el autor de las distintas filtraciones de resoluciones del caso Begoña que se han producido siendo él el instructor del procedimiento. «Estos datos resultan esenciales para el ejercicio de su derecho de defensa y que al denegarle el acceso a ellos se le ha provocado una indefensión real y efectiva», dice.
Además, el ministro traslada al CGPJ su desconcierto por los tiempos con los que se ha tramitado su denuncia inicial y su posterior recurso, algo que la Comisión Permanente rechazó de plano en su acuerdo de archivo. «Durante 427 días, un expediente referido a hechos de escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso, sin que los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente, abandonados a la molicie, considerasen necesario imprimirle la menor urgencia. Sin embargo, cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia».
«La conclusión que desgraciadamente se desprende es que durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él. Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia. Y se trata de una apariencia particularmente dañina, pues alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial», apuntan fuentes de Justicia.
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Aseguran que con este recurso Bolaños pretende conseguir lo que hasta la fecha el CGPJ le ha «negado»: el acceso al expediente completo para poder ejercitar las acciones legales que le corresponden. «La eventual negativa a este derecho de acceso a la documentación, legalmente reconocido, solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado», advierte.
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