El fuerte incremento del precio de la vivienda está llevando a miles de familias vulnerables a una situación límite en la que pagar el alquiler o la hipoteca supone tener que renunciar a cubrir una necesidad tan básica como la alimentación. Ese es el principal diagnóstico que Cáritas Española ha lanzado en su Memoria de Actividades de 2025 , presentada este martes en Madrid, en la que la institución advierte además de que el crecimiento económico no está llegando a quienes se encuentran en una situación más precaria y denuncia el impacto que las reformas en materia de extranjería están teniendo sobre la población migrante.Según los datos presentados, la organización católica acompañó durante el pasado año a 2.132.112 personas, dentro y fuera de España, gracias a una «inversión récord de 529,9 millones de euros», un 8,1% más que el ejercicio anterior. Sin embargo, más allá de las cifras de actividad, la Memoria esboza un panorama social marcado por el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y el aumento de las dificultades para acceder a derechos básicos.Uno de los datos más reveladores es que el 56% de las personas acompañadas por Cáritas en España necesitó apoyo para cubrir sus necesidades alimentarias. Lejos de atribuir esta situación únicamente a la falta de ingresos, la organización sostiene que el principal factor que está agravando esa realidad es el peso que supone hoy la vivienda en las economías domésticas. «Estos hogares tienen mayor prevalencia de inseguridad alimentaria, lo que manifiesta la losa que suponen hoy en día los gastos de vivienda para las familias vulnerables hasta el punto de incidir en una cuestión tan básica como la garantía alimentaria», ha afirmado durante la presentación de la Memoria la secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne.Noticia relacionada general No No El altruismo de Cáritas que genera retorno social y económico José Ramón Navarro-ParejaEl análisis coincide con los datos del IX Informe FOESSA , elaborado por la propia organización, según el cual uno de cada diez hogares españoles sufre inseguridad alimentaria. De ellos, cerca de 2,8 millones de personas han tenido que reducir la cantidad o la calidad de los alimentos que consumen, mientras que otras 686.000 llegan incluso a pasar días enteros sin comer por falta de recursos.Según Cáritas, el problema no responde únicamente a la evolución de los salarios o del empleo, sino a una combinación de factores en la que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal elemento de vulnerabilidad. La entidad caritativa de la Iglesia católica ha recordado que adquirir una vivienda se encareció un 13% durante el último año y que los alquileres aumentaron un 4%, mientras productos básicos de alimentación continúan registrando importantes incrementos de precio que «asfixian los presupuestos familiares, con subidas que alcanzan el 16% en las legumbres, el 15% en las hortalizas, el 14% en los huevos y el 10% en el pescado».La consecuencia es que muchas familias retrasan cualquier decisión que implique abandonar su vivienda o modificar su forma de convivencia, aunque ello suponga renunciar a otras necesidades esenciales. «Las familias intentan reducir otros gastos o pedir ayuda antes de tener que tomar la decisión de cambiar de domicilio o la configuración de la convivencia familiar, ya que estas estrategias impactan de manera mucho más duradera e incluso pueden ser irreversibles en su contexto vital», ha explicado González Dyne.Aumento de la atención a emigrantesLa Memoria también pone el foco en la realidad migratoria . Durante 2025, el 57% de las personas atendidas por la red de Cáritas fueron inmigrantes, muchos de ellos en situación administrativa irregular, mientras que los programas específicos relacionados con movilidad humana aumentaron un 35,8% respecto al año anterior. Un aumento propiciado, en buena parte, por la regularización extraordinaria de emigrantes promovida por el Gobierno, que hoy finaliza su plazo. En ese sentido la institución ha recordado cómo durante el último año ha intensificado su labor de incidencia política, primero con el apoyo a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular que finalmente desembocó en el Real Decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes. Además, ha mantenido una activa interlocución con las administraciones para introducir cambios en el Reglamento de Extranjería. Como han recordado en la presentación, también ha promovido una demanda ante el Tribunal Supremo «para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos, y procurar que los procedimientos de extranjería siempre prevean una vía de presentación presencial». Los servicios jurídicos de Cáritas registraron un aumento cercano al 58% en el número de personas atendidas, un crecimiento que la organización vincula directamente a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería y, especialmente, a la incompatibilidad entre los procedimientos de protección internacional y las distintas modalidades de arraigo. «Los servicios de orientación jurídica van en aumento dentro de nuestra Confederación porque son cada vez más necesarios para poder acompañar a las personas en el acceso a derechos. Son fundamentales en temas penitenciarios, en vivienda, en empleo, y sobre todo ante las dificultades que hay en los procesos de empadronamiento», ha señalado la secretaria general.Junto a la atención inmediata, Cáritas ha reivindicado su apuesta por la inserción laboral como herramienta para romper los círculos de exclusión. Durante 2025 destinó 157,3 millones de euros a programas de economía solidaria, que permitieron acompañar a más de 68.000 personas, de las que 14.639 lograron incorporarse al mercado laboral, elevando la tasa de inserción hasta el 21,4%. «Recientes estudios demuestran que a medio y largo plazo el retorno económico de los programas de capacitación profesional y de acceso al empleo llegan a triplicar la inversión realizada. Se trata de proyectos que no solo generan empleo, sino que también promueven procesos de acompañamiento personal y social», ha defendido González Dyne.La Memoria refleja asimismo el «importante esfuerzo» realizado durante el pasado año para atender a los afectados por la DANA de octubre de 2024, a cuyos programas de recuperación Cáritas destinó 34,9 millones de euros, con los que acompañó a más de 15.000 personas, además de mantener de una intensa actividad internacional, con más de un millón de beneficiarios en proyectos de cooperación y ayuda humanitaria. El sostenimiento de toda esta actividad fue posible gracias a una financiación en la que el 71% de los ingresos procedieron de aportaciones privadas y el 29% de las administraciones públicas. Especialmente significativo fue el incremento de las aportaciones de socios y donantes particulares. «Ponemos en valor sobre todo el compromiso de las personas donantes y socias, cuyas aportaciones han registrado un aumento significativo de más del 25%. Gracias a todos por colaborar con nosotros en la tarea de construir un mundo más justo», ha destacado la secretaria general.Cambio en la presidencia de CáritasLa presentación de la Memoria ha servido también como despedida de Manuel Bretón, que abandonará la presidencia de Cáritas Española el próximo otoño tras nueve años al frente de la institución. «Cáritas me ha enseñado a mirar la realidad con más hondura, a reconocer la dignidad incluso en las situaciones más frágiles y a creer, con convicción, que la misericordia no es una palabra piadosa, sino una forma concreta de transformar el mundo», ha afirmado el presidente saliente, convencido de que «la verdad, la justicia y la dignidad humana seguirán siendo el terreno común en el que nos encontraremos siempre».A partir de octubre, y tras ser nombrado por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Luis Ayala Cañón (Madrid, 1966) sustituirá a Manuel Bretón en la presidencia de Cáritas España. Ayala es economista y catedrático de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Ha colaborado en la realización del informe Foessa y en los últimos años ha formado parte de diversos órganos consultivos del Gobierno de Pedro Sánchez. El fuerte incremento del precio de la vivienda está llevando a miles de familias vulnerables a una situación límite en la que pagar el alquiler o la hipoteca supone tener que renunciar a cubrir una necesidad tan básica como la alimentación. Ese es el principal diagnóstico que Cáritas Española ha lanzado en su Memoria de Actividades de 2025 , presentada este martes en Madrid, en la que la institución advierte además de que el crecimiento económico no está llegando a quienes se encuentran en una situación más precaria y denuncia el impacto que las reformas en materia de extranjería están teniendo sobre la población migrante.Según los datos presentados, la organización católica acompañó durante el pasado año a 2.132.112 personas, dentro y fuera de España, gracias a una «inversión récord de 529,9 millones de euros», un 8,1% más que el ejercicio anterior. Sin embargo, más allá de las cifras de actividad, la Memoria esboza un panorama social marcado por el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y el aumento de las dificultades para acceder a derechos básicos.Uno de los datos más reveladores es que el 56% de las personas acompañadas por Cáritas en España necesitó apoyo para cubrir sus necesidades alimentarias. Lejos de atribuir esta situación únicamente a la falta de ingresos, la organización sostiene que el principal factor que está agravando esa realidad es el peso que supone hoy la vivienda en las economías domésticas. «Estos hogares tienen mayor prevalencia de inseguridad alimentaria, lo que manifiesta la losa que suponen hoy en día los gastos de vivienda para las familias vulnerables hasta el punto de incidir en una cuestión tan básica como la garantía alimentaria», ha afirmado durante la presentación de la Memoria la secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne.Noticia relacionada general No No El altruismo de Cáritas que genera retorno social y económico José Ramón Navarro-ParejaEl análisis coincide con los datos del IX Informe FOESSA , elaborado por la propia organización, según el cual uno de cada diez hogares españoles sufre inseguridad alimentaria. De ellos, cerca de 2,8 millones de personas han tenido que reducir la cantidad o la calidad de los alimentos que consumen, mientras que otras 686.000 llegan incluso a pasar días enteros sin comer por falta de recursos.Según Cáritas, el problema no responde únicamente a la evolución de los salarios o del empleo, sino a una combinación de factores en la que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal elemento de vulnerabilidad. La entidad caritativa de la Iglesia católica ha recordado que adquirir una vivienda se encareció un 13% durante el último año y que los alquileres aumentaron un 4%, mientras productos básicos de alimentación continúan registrando importantes incrementos de precio que «asfixian los presupuestos familiares, con subidas que alcanzan el 16% en las legumbres, el 15% en las hortalizas, el 14% en los huevos y el 10% en el pescado».La consecuencia es que muchas familias retrasan cualquier decisión que implique abandonar su vivienda o modificar su forma de convivencia, aunque ello suponga renunciar a otras necesidades esenciales. «Las familias intentan reducir otros gastos o pedir ayuda antes de tener que tomar la decisión de cambiar de domicilio o la configuración de la convivencia familiar, ya que estas estrategias impactan de manera mucho más duradera e incluso pueden ser irreversibles en su contexto vital», ha explicado González Dyne.Aumento de la atención a emigrantesLa Memoria también pone el foco en la realidad migratoria . Durante 2025, el 57% de las personas atendidas por la red de Cáritas fueron inmigrantes, muchos de ellos en situación administrativa irregular, mientras que los programas específicos relacionados con movilidad humana aumentaron un 35,8% respecto al año anterior. Un aumento propiciado, en buena parte, por la regularización extraordinaria de emigrantes promovida por el Gobierno, que hoy finaliza su plazo. En ese sentido la institución ha recordado cómo durante el último año ha intensificado su labor de incidencia política, primero con el apoyo a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular que finalmente desembocó en el Real Decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes. Además, ha mantenido una activa interlocución con las administraciones para introducir cambios en el Reglamento de Extranjería. Como han recordado en la presentación, también ha promovido una demanda ante el Tribunal Supremo «para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos, y procurar que los procedimientos de extranjería siempre prevean una vía de presentación presencial». Los servicios jurídicos de Cáritas registraron un aumento cercano al 58% en el número de personas atendidas, un crecimiento que la organización vincula directamente a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería y, especialmente, a la incompatibilidad entre los procedimientos de protección internacional y las distintas modalidades de arraigo. «Los servicios de orientación jurídica van en aumento dentro de nuestra Confederación porque son cada vez más necesarios para poder acompañar a las personas en el acceso a derechos. Son fundamentales en temas penitenciarios, en vivienda, en empleo, y sobre todo ante las dificultades que hay en los procesos de empadronamiento», ha señalado la secretaria general.Junto a la atención inmediata, Cáritas ha reivindicado su apuesta por la inserción laboral como herramienta para romper los círculos de exclusión. Durante 2025 destinó 157,3 millones de euros a programas de economía solidaria, que permitieron acompañar a más de 68.000 personas, de las que 14.639 lograron incorporarse al mercado laboral, elevando la tasa de inserción hasta el 21,4%. «Recientes estudios demuestran que a medio y largo plazo el retorno económico de los programas de capacitación profesional y de acceso al empleo llegan a triplicar la inversión realizada. Se trata de proyectos que no solo generan empleo, sino que también promueven procesos de acompañamiento personal y social», ha defendido González Dyne.La Memoria refleja asimismo el «importante esfuerzo» realizado durante el pasado año para atender a los afectados por la DANA de octubre de 2024, a cuyos programas de recuperación Cáritas destinó 34,9 millones de euros, con los que acompañó a más de 15.000 personas, además de mantener de una intensa actividad internacional, con más de un millón de beneficiarios en proyectos de cooperación y ayuda humanitaria. El sostenimiento de toda esta actividad fue posible gracias a una financiación en la que el 71% de los ingresos procedieron de aportaciones privadas y el 29% de las administraciones públicas. Especialmente significativo fue el incremento de las aportaciones de socios y donantes particulares. «Ponemos en valor sobre todo el compromiso de las personas donantes y socias, cuyas aportaciones han registrado un aumento significativo de más del 25%. Gracias a todos por colaborar con nosotros en la tarea de construir un mundo más justo», ha destacado la secretaria general.Cambio en la presidencia de CáritasLa presentación de la Memoria ha servido también como despedida de Manuel Bretón, que abandonará la presidencia de Cáritas Española el próximo otoño tras nueve años al frente de la institución. «Cáritas me ha enseñado a mirar la realidad con más hondura, a reconocer la dignidad incluso en las situaciones más frágiles y a creer, con convicción, que la misericordia no es una palabra piadosa, sino una forma concreta de transformar el mundo», ha afirmado el presidente saliente, convencido de que «la verdad, la justicia y la dignidad humana seguirán siendo el terreno común en el que nos encontraremos siempre».A partir de octubre, y tras ser nombrado por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Luis Ayala Cañón (Madrid, 1966) sustituirá a Manuel Bretón en la presidencia de Cáritas España. Ayala es economista y catedrático de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Ha colaborado en la realización del informe Foessa y en los últimos años ha formado parte de diversos órganos consultivos del Gobierno de Pedro Sánchez.
El fuerte incremento del precio de la vivienda está llevando a miles de familias vulnerables a una situación límite en la que pagar el alquiler o la hipoteca supone tener que renunciar a cubrir una necesidad tan básica como la alimentación. Ese es el principal … diagnóstico que Cáritas Española ha lanzado en su Memoria de Actividades de 2025, presentada este martes en Madrid, en la que la institución advierte además de que el crecimiento económico no está llegando a quienes se encuentran en una situación más precaria y denuncia el impacto que las reformas en materia de extranjería están teniendo sobre la población migrante.
Según los datos presentados, la organización católica acompañó durante el pasado año a 2.132.112 personas, dentro y fuera de España, gracias a una «inversión récord de 529,9 millones de euros», un 8,1% más que el ejercicio anterior. Sin embargo, más allá de las cifras de actividad, la Memoria esboza un panorama social marcado por el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y el aumento de las dificultades para acceder a derechos básicos.
Uno de los datos más reveladores es que el 56% de las personas acompañadas por Cáritas en España necesitó apoyo para cubrir sus necesidades alimentarias. Lejos de atribuir esta situación únicamente a la falta de ingresos, la organización sostiene que el principal factor que está agravando esa realidad es el peso que supone hoy la vivienda en las economías domésticas. «Estos hogares tienen mayor prevalencia de inseguridad alimentaria, lo que manifiesta la losa que suponen hoy en día los gastos de vivienda para las familias vulnerables hasta el punto de incidir en una cuestión tan básica como la garantía alimentaria», ha afirmado durante la presentación de la Memoria la secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne.
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José Ramón Navarro-Pareja
El análisis coincide con los datos del IX Informe FOESSA, elaborado por la propia organización, según el cual uno de cada diez hogares españoles sufre inseguridad alimentaria. De ellos, cerca de 2,8 millones de personas han tenido que reducir la cantidad o la calidad de los alimentos que consumen, mientras que otras 686.000 llegan incluso a pasar días enteros sin comer por falta de recursos.
Según Cáritas, el problema no responde únicamente a la evolución de los salarios o del empleo, sino a una combinación de factores en la que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal elemento de vulnerabilidad. La entidad caritativa de la Iglesia católica ha recordado que adquirir una vivienda se encareció un 13% durante el último año y que los alquileres aumentaron un 4%, mientras productos básicos de alimentación continúan registrando importantes incrementos de precio que «asfixian los presupuestos familiares, con subidas que alcanzan el 16% en las legumbres, el 15% en las hortalizas, el 14% en los huevos y el 10% en el pescado».
La consecuencia es que muchas familias retrasan cualquier decisión que implique abandonar su vivienda o modificar su forma de convivencia, aunque ello suponga renunciar a otras necesidades esenciales. «Las familias intentan reducir otros gastos o pedir ayuda antes de tener que tomar la decisión de cambiar de domicilio o la configuración de la convivencia familiar, ya que estas estrategias impactan de manera mucho más duradera e incluso pueden ser irreversibles en su contexto vital», ha explicado González Dyne.
Aumento de la atención a emigrantes
La Memoria también pone el foco en la realidad migratoria. Durante 2025, el 57% de las personas atendidas por la red de Cáritas fueron inmigrantes, muchos de ellos en situación administrativa irregular, mientras que los programas específicos relacionados con movilidad humana aumentaron un 35,8% respecto al año anterior. Un aumento propiciado, en buena parte, por la regularización extraordinaria de emigrantes promovida por el Gobierno, que hoy finaliza su plazo.
En ese sentido la institución ha recordado cómo durante el último año ha intensificado su labor de incidencia política, primero con el apoyo a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular que finalmente desembocó en el Real Decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes. Además, ha mantenido una activa interlocución con las administraciones para introducir cambios en el Reglamento de Extranjería. Como han recordado en la presentación, también ha promovido una demanda ante el Tribunal Supremo «para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos, y procurar que los procedimientos de extranjería siempre prevean una vía de presentación presencial».
Los servicios jurídicos de Cáritas registraron un aumento cercano al 58% en el número de personas atendidas, un crecimiento que la organización vincula directamente a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería y, especialmente, a la incompatibilidad entre los procedimientos de protección internacional y las distintas modalidades de arraigo. «Los servicios de orientación jurídica van en aumento dentro de nuestra Confederación porque son cada vez más necesarios para poder acompañar a las personas en el acceso a derechos. Son fundamentales en temas penitenciarios, en vivienda, en empleo, y sobre todo ante las dificultades que hay en los procesos de empadronamiento», ha señalado la secretaria general.
Junto a la atención inmediata, Cáritas ha reivindicado su apuesta por la inserción laboral como herramienta para romper los círculos de exclusión. Durante 2025 destinó 157,3 millones de euros a programas de economía solidaria, que permitieron acompañar a más de 68.000 personas, de las que 14.639 lograron incorporarse al mercado laboral, elevando la tasa de inserción hasta el 21,4%. «Recientes estudios demuestran que a medio y largo plazo el retorno económico de los programas de capacitación profesional y de acceso al empleo llegan a triplicar la inversión realizada. Se trata de proyectos que no solo generan empleo, sino que también promueven procesos de acompañamiento personal y social», ha defendido González Dyne.
La Memoria refleja asimismo el «importante esfuerzo» realizado durante el pasado año para atender a los afectados por la DANA de octubre de 2024, a cuyos programas de recuperación Cáritas destinó 34,9 millones de euros, con los que acompañó a más de 15.000 personas, además de mantener de una intensa actividad internacional, con más de un millón de beneficiarios en proyectos de cooperación y ayuda humanitaria. El sostenimiento de toda esta actividad fue posible gracias a una financiación en la que el 71% de los ingresos procedieron de aportaciones privadas y el 29% de las administraciones públicas. Especialmente significativo fue el incremento de las aportaciones de socios y donantes particulares. «Ponemos en valor sobre todo el compromiso de las personas donantes y socias, cuyas aportaciones han registrado un aumento significativo de más del 25%. Gracias a todos por colaborar con nosotros en la tarea de construir un mundo más justo», ha destacado la secretaria general.
Cambio en la presidencia de Cáritas
La presentación de la Memoria ha servido también como despedida de Manuel Bretón, que abandonará la presidencia de Cáritas Española el próximo otoño tras nueve años al frente de la institución. «Cáritas me ha enseñado a mirar la realidad con más hondura, a reconocer la dignidad incluso en las situaciones más frágiles y a creer, con convicción, que la misericordia no es una palabra piadosa, sino una forma concreta de transformar el mundo», ha afirmado el presidente saliente, convencido de que «la verdad, la justicia y la dignidad humana seguirán siendo el terreno común en el que nos encontraremos siempre».
A partir de octubre, y tras ser nombrado por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Luis Ayala Cañón (Madrid, 1966) sustituirá a Manuel Bretón en la presidencia de Cáritas España. Ayala es economista y catedrático de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Ha colaborado en la realización del informe Foessa y en los últimos años ha formado parte de diversos órganos consultivos del Gobierno de Pedro Sánchez.
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