La Junta de Castilla y León recurrirá a la Justicia si el Gobierno de España pretende «diluir» la crisis de Ceuta «en el conjunto» del país. Así lo ha asegurado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha sostenido que la Comunidad actuará, «como ya ha hecho en otras ocasiones», si considera que las decisiones del Ejecutivo central perjudican a sus «intereses». Como un «fracaso más del Gobierno» ha tildado la gestión de lo que ha considerado un «problema nacional» y de «control de fronteras». Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras el receso estival, ha reclamado que se proteja la «seguridad nacional», que ha sido «afectada de una forma absolutamente grave». En esa misma línea, el representante de la Junta ha exigido que la administración central debe «garantizar» también el «retorno» de quienes han «entrado de forma ilegal» a su «lugar de origen». «Lo que no puede hacer el Gobierno es diluir el problema en el conjunto de España», ha insistido en que debería, además, «tener claro» que la protección de las fronteras es una «función básica del Estado». Así ha respondido el portavoz de la Junta a preguntas de los medios de comunicación acerca de la posibilidad de que alguna de las 500 menores que el Estado pretende sacar de Ceuta lleguen a las comunidades autónomas, manteniendo la administración central la tutela. Posición «común»El Ejecutivo autonómico «examinará» ahora si es posible llevar a cabo ese trámite por parte del Gobierno y ha insistido en que si la Junta considera que las decisiones afectan a sus «intereses» acudirá de nuevo a la justicia, como ya lo hizo, por ejemplo, contra el criterio de reparto de menores no acompañados a las autonomías. Esa es la posición «común» de todo el gobierno de la Junta -formado en esta legislatura por PP y Vox-, ha declarado, y es, además, «coherente» con el acuerdo que suscribieron ambos partidos para formar el nuevo Ejecutivo autonómico. Pero, además, coincide con la postura que mantuvo en la pasada legislatura, cuando los populares gobernaban en solitario, ha añadido, ya que fue entonces cuando se opusieron a los criterios de distribución planteados por el equipo liderado por Pedro Sánchez. «Es la misma posición que mantenemos hoy; una oposición radical a una política que está causando este perjuicio», ha concluido. El Ejecutivo autonómico le recuerda al nacional que la protección de fronteras es una «función básica del Estado»En la misma línea se había pronunciado anteriormente, la Vicepresidencia de la Junta y la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que dirige Carlos Pollán (Vox), departamento desde el aseguraban que utilizarán «todas sus competencias y recursos jurídicos y políticos» para «oponerse frontalmente» a un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, en este caso procedentes de Ceuta, al considerar que este «consolida» la «política migratoria suicida de Pedro Sánchez».Así, aseguraban que el posicionamiento de la Junta es «claro» en este aspecto y se recoge en el punto diez del pacto de Gobierno entre PP y Vox con una «oposición frontal» a la política migratoria de «imposición» del Ejecutivo central.También e un mensaje en su perfil de ‘X’, el propio Carlos Pollán insistía en que Castilla y León «se opondrá a cualquier reparto de menores inmigrantes que plantee Sánchez», al sostener que esa posición «está firmada en el pacto de Gobierno». Asimismo defendía que «la solución no es repartir el problema por toda España, sino controlar las fronteras y garantizar la repatriación de quienes han entrado ilegalmente». «Si se trata de menores, deben regresar con sus padres», añadía. Postura que mantenía en una carta remitida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la que ya avanzaba que su departamento no acudiría a las reuniones con este asunto sobre la mesa. La Junta de Castilla y León recurrirá a la Justicia si el Gobierno de España pretende «diluir» la crisis de Ceuta «en el conjunto» del país. Así lo ha asegurado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha sostenido que la Comunidad actuará, «como ya ha hecho en otras ocasiones», si considera que las decisiones del Ejecutivo central perjudican a sus «intereses». Como un «fracaso más del Gobierno» ha tildado la gestión de lo que ha considerado un «problema nacional» y de «control de fronteras». Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras el receso estival, ha reclamado que se proteja la «seguridad nacional», que ha sido «afectada de una forma absolutamente grave». En esa misma línea, el representante de la Junta ha exigido que la administración central debe «garantizar» también el «retorno» de quienes han «entrado de forma ilegal» a su «lugar de origen». «Lo que no puede hacer el Gobierno es diluir el problema en el conjunto de España», ha insistido en que debería, además, «tener claro» que la protección de las fronteras es una «función básica del Estado». Así ha respondido el portavoz de la Junta a preguntas de los medios de comunicación acerca de la posibilidad de que alguna de las 500 menores que el Estado pretende sacar de Ceuta lleguen a las comunidades autónomas, manteniendo la administración central la tutela. Posición «común»El Ejecutivo autonómico «examinará» ahora si es posible llevar a cabo ese trámite por parte del Gobierno y ha insistido en que si la Junta considera que las decisiones afectan a sus «intereses» acudirá de nuevo a la justicia, como ya lo hizo, por ejemplo, contra el criterio de reparto de menores no acompañados a las autonomías. Esa es la posición «común» de todo el gobierno de la Junta -formado en esta legislatura por PP y Vox-, ha declarado, y es, además, «coherente» con el acuerdo que suscribieron ambos partidos para formar el nuevo Ejecutivo autonómico. Pero, además, coincide con la postura que mantuvo en la pasada legislatura, cuando los populares gobernaban en solitario, ha añadido, ya que fue entonces cuando se opusieron a los criterios de distribución planteados por el equipo liderado por Pedro Sánchez. «Es la misma posición que mantenemos hoy; una oposición radical a una política que está causando este perjuicio», ha concluido. El Ejecutivo autonómico le recuerda al nacional que la protección de fronteras es una «función básica del Estado»En la misma línea se había pronunciado anteriormente, la Vicepresidencia de la Junta y la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que dirige Carlos Pollán (Vox), departamento desde el aseguraban que utilizarán «todas sus competencias y recursos jurídicos y políticos» para «oponerse frontalmente» a un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, en este caso procedentes de Ceuta, al considerar que este «consolida» la «política migratoria suicida de Pedro Sánchez».Así, aseguraban que el posicionamiento de la Junta es «claro» en este aspecto y se recoge en el punto diez del pacto de Gobierno entre PP y Vox con una «oposición frontal» a la política migratoria de «imposición» del Ejecutivo central.También e un mensaje en su perfil de ‘X’, el propio Carlos Pollán insistía en que Castilla y León «se opondrá a cualquier reparto de menores inmigrantes que plantee Sánchez», al sostener que esa posición «está firmada en el pacto de Gobierno». Asimismo defendía que «la solución no es repartir el problema por toda España, sino controlar las fronteras y garantizar la repatriación de quienes han entrado ilegalmente». «Si se trata de menores, deben regresar con sus padres», añadía. Postura que mantenía en una carta remitida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la que ya avanzaba que su departamento no acudiría a las reuniones con este asunto sobre la mesa.
La Junta de Castilla y León recurrirá a la Justicia si el Gobierno de España pretende «diluir» la crisis de Ceuta «en el conjunto» del país. Así lo ha asegurado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha sostenido que la Comunidad … actuará, «como ya ha hecho en otras ocasiones», si considera que las decisiones del Ejecutivo central perjudican a sus «intereses».
Como un «fracaso más del Gobierno» ha tildado la gestión de lo que ha considerado un «problema nacional» y de «control de fronteras». Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras el receso estival, ha reclamado que se proteja la «seguridad nacional», que ha sido «afectada de una forma absolutamente grave».
En esa misma línea, el representante de la Junta ha exigido que la administración central debe «garantizar» también el «retorno» de quienes han «entrado de forma ilegal» a su «lugar de origen». «Lo que no puede hacer el Gobierno es diluir el problema en el conjunto de España», ha insistido en que debería, además, «tener claro» que la protección de las fronteras es una «función básica del Estado».
Así ha respondido el portavoz de la Junta a preguntas de los medios de comunicación acerca de la posibilidad de que alguna de las 500 menores que el Estado pretende sacar de Ceuta lleguen a las comunidades autónomas, manteniendo la administración central la tutela.
Posición «común»
El Ejecutivo autonómico «examinará» ahora si es posible llevar a cabo ese trámite por parte del Gobierno y ha insistido en que si la Junta considera que las decisiones afectan a sus «intereses» acudirá de nuevo a la justicia, como ya lo hizo, por ejemplo, contra el criterio de reparto de menores no acompañados a las autonomías.
Esa es la posición «común» de todo el gobierno de la Junta -formado en esta legislatura por PP y Vox-, ha declarado, y es, además, «coherente» con el acuerdo que suscribieron ambos partidos para formar el nuevo Ejecutivo autonómico.
Pero, además, coincide con la postura que mantuvo en la pasada legislatura, cuando los populares gobernaban en solitario, ha añadido, ya que fue entonces cuando se opusieron a los criterios de distribución planteados por el equipo liderado por Pedro Sánchez. «Es la misma posición que mantenemos hoy; una oposición radical a una política que está causando este perjuicio», ha concluido.
El Ejecutivo autonómico le recuerda al nacional que la protección de fronteras es una «función básica del Estado»
En la misma línea se había pronunciado anteriormente, la Vicepresidencia de la Junta y la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que dirige Carlos Pollán (Vox), departamento desde el aseguraban que utilizarán «todas sus competencias y recursos jurídicos y políticos» para «oponerse frontalmente» a un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, en este caso procedentes de Ceuta, al considerar que este «consolida» la «política migratoria suicida de Pedro Sánchez».
Así, aseguraban que el posicionamiento de la Junta es «claro» en este aspecto y se recoge en el punto diez del pacto de Gobierno entre PP y Vox con una «oposición frontal» a la política migratoria de «imposición» del Ejecutivo central.
También e un mensaje en su perfil de ‘X’, el propio Carlos Pollán insistía en que Castilla y León «se opondrá a cualquier reparto de menores inmigrantes que plantee Sánchez», al sostener que esa posición «está firmada en el pacto de Gobierno». Asimismo defendía que «la solución no es repartir el problema por toda España, sino controlar las fronteras y garantizar la repatriación de quienes han entrado ilegalmente». «Si se trata de menores, deben regresar con sus padres», añadía. Postura que mantenía en una carta remitida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la que ya avanzaba que su departamento no acudiría a las reuniones con este asunto sobre la mesa.
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