Choque de Leire Díez con guardias civiles en los tribunales por el caso de las ‘cloacas’ del PSOE

Leire Díez quiere impedir que una asociación de guardias civiles se persone en el procedimiento abierto contra ella en la Audiencia Nacional. La exmilitante socialista ha presentado un escrito donde sostiene que esta entidad tiene la obligación de pagar los 10.000 euros correspondientes para ejercer como acusación popular y de la misma forma reclama a Santiago Pedraz que se una al resto de plataformas y no pueda ejercer como una autónoma.Cabe recordar que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) presentó varios escritos hace semanas para poder personarse en el caso de las ‘cloacas’ del PSOE. El objetivo de esta entidad es representar a los agentes que han sido víctimas de las maniobras de los investigados, entre ellos la directora general Mercedes González y el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas. Ambos ya han declarado en la causa de la Audiencia Nacional.Santiago Pedraz aceptó la personación de AUGC, pero les hizo dos peticiones: el pago de 10.000 euros y también que se aglutinaran dentro del resto de acusaciones que está comandada por el PP. No obstante, el abogado de los Servicios Jurídicos de AUGC, Mariano Casado, ha presentado sendos escritos para evitar estas dos solicitudes.Sobre la fianza, los guardias civiles proponen el pago de una cantidad de 1.000 euros. «Sin perjuicio de mantener los argumentos que fueron dados y que supondrían la exención de su prestación y que su presentación estaría condicionada a que se le permitiera ejercer la acusación popular en solitario, pues, en otras circunstancias, como se ha dicho, sería legalmente imposible, mi mandante manifiesta que podría presentar fianza por 1.000 euros», expone el recurso al que ha tenido acceso ABC.Asimismo, para poder ejercer la acusación de forma autónoma pone de ejemplo el auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Tenerife en el marco del caso Mediador, donde se permitió «el ejercicio de la acusación popular de manera separada y no de manera unificada, debido a su naturaleza de asociación profesional de miembros de la Guardia Civil, su singular configuración legal y la obligación de mantener estrictamente la neutralidad política en todas y cada una de sus actuaciones». Fianza de 1.000 eurosA estos recursos presentados por AUGC ninguno de los investigados se ha opuesto, según explican fuentes del caso a ABC. Solo una persona ha expresado y presentado sus discrepancias con las peticiones de la plataforma que representa a los guardias civiles: Leire Díez . «Mostrando oposición a todos y cada uno de los hechos esgrimidos en el recurso de apelación de contrario e interesando su íntegra desestimación. El ejercicio de la acción penal por alguna de las personas legitimadas conforme a este artículo no impide su ejercicio posterior por cualquier otro de los legitimados. Cuando exista una pluralidad de víctimas, todas ellas podrán personarse independientemente con su propia representación. Sin embargo, en estos casos, cuando pueda verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el juez o tribunal, en resolución motivada y tras oír a todas las partes, podrá imponer que se agrupen en una o varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses», explica la letrada de la exmilitante socialista.De forma paralela, expone que «cabe la posibilidad de que la acusación popular se lleve de manera separada, pero, teniendo en cuenta que, en este caso, se han personado varios presuntos perjudicados y se trata de una macrocausa con bastantes diligencias de investigación objeto de práctica que, de por sí, va a demorar la finalización de la misma, es conveniente la unificación de todas las acusaciones bajo una misma dirección letrada que vele por los intereses de todos los personados, en pro de las garantías procesales, pues lo contrario abocaría indefectiblemente a la existencia de dilaciones indebidas y a un desorden procesal que afectaría indudable y negativamente al derecho de defensa de los investigados».Sobre el pago de la cantidad fijada por la fianza, la abogada de Leire Díez considera que se ha reclamado 10.000 euros para todas las acusaciones y por ello «no existe motivo para que a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se le imponga menos cuantía». «El fin último de la prestación de fianza es evitar la instrumentalización del derecho penal accediendo a él sin ningún tipo de excepción y obstruyendo la justicia sin motivo aparente, más que por cualquier tipo de razón incólume que no solo no tiene trascendencia penal, sino que tan siquiera merece la puesta en marcha de la Administración de Justicia», remarca. Para finalizar, la defensa de Leire Díez sostiene que «la cuantía de la fianza no puede ser irrisoria, sino que debe demostrar una verdadera intención de acusar y ejercer la acción penal de manera activa, de tal forma que una cuantía mínima, como la pretendida de contrario, no conseguiría que se acudiese al derecho penal única y exclusivamente cuando fuese necesario, en respeto también del principio de intervención». En base a estos argumentos, suplica a la Audiencia Nacional que desestime íntegramente el recurso de apelación presentado por los guardias civiles. Leire Díez quiere impedir que una asociación de guardias civiles se persone en el procedimiento abierto contra ella en la Audiencia Nacional. La exmilitante socialista ha presentado un escrito donde sostiene que esta entidad tiene la obligación de pagar los 10.000 euros correspondientes para ejercer como acusación popular y de la misma forma reclama a Santiago Pedraz que se una al resto de plataformas y no pueda ejercer como una autónoma.Cabe recordar que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) presentó varios escritos hace semanas para poder personarse en el caso de las ‘cloacas’ del PSOE. El objetivo de esta entidad es representar a los agentes que han sido víctimas de las maniobras de los investigados, entre ellos la directora general Mercedes González y el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas. Ambos ya han declarado en la causa de la Audiencia Nacional.Santiago Pedraz aceptó la personación de AUGC, pero les hizo dos peticiones: el pago de 10.000 euros y también que se aglutinaran dentro del resto de acusaciones que está comandada por el PP. No obstante, el abogado de los Servicios Jurídicos de AUGC, Mariano Casado, ha presentado sendos escritos para evitar estas dos solicitudes.Sobre la fianza, los guardias civiles proponen el pago de una cantidad de 1.000 euros. «Sin perjuicio de mantener los argumentos que fueron dados y que supondrían la exención de su prestación y que su presentación estaría condicionada a que se le permitiera ejercer la acusación popular en solitario, pues, en otras circunstancias, como se ha dicho, sería legalmente imposible, mi mandante manifiesta que podría presentar fianza por 1.000 euros», expone el recurso al que ha tenido acceso ABC.Asimismo, para poder ejercer la acusación de forma autónoma pone de ejemplo el auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Tenerife en el marco del caso Mediador, donde se permitió «el ejercicio de la acusación popular de manera separada y no de manera unificada, debido a su naturaleza de asociación profesional de miembros de la Guardia Civil, su singular configuración legal y la obligación de mantener estrictamente la neutralidad política en todas y cada una de sus actuaciones». Fianza de 1.000 eurosA estos recursos presentados por AUGC ninguno de los investigados se ha opuesto, según explican fuentes del caso a ABC. Solo una persona ha expresado y presentado sus discrepancias con las peticiones de la plataforma que representa a los guardias civiles: Leire Díez . «Mostrando oposición a todos y cada uno de los hechos esgrimidos en el recurso de apelación de contrario e interesando su íntegra desestimación. El ejercicio de la acción penal por alguna de las personas legitimadas conforme a este artículo no impide su ejercicio posterior por cualquier otro de los legitimados. Cuando exista una pluralidad de víctimas, todas ellas podrán personarse independientemente con su propia representación. Sin embargo, en estos casos, cuando pueda verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el juez o tribunal, en resolución motivada y tras oír a todas las partes, podrá imponer que se agrupen en una o varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses», explica la letrada de la exmilitante socialista.De forma paralela, expone que «cabe la posibilidad de que la acusación popular se lleve de manera separada, pero, teniendo en cuenta que, en este caso, se han personado varios presuntos perjudicados y se trata de una macrocausa con bastantes diligencias de investigación objeto de práctica que, de por sí, va a demorar la finalización de la misma, es conveniente la unificación de todas las acusaciones bajo una misma dirección letrada que vele por los intereses de todos los personados, en pro de las garantías procesales, pues lo contrario abocaría indefectiblemente a la existencia de dilaciones indebidas y a un desorden procesal que afectaría indudable y negativamente al derecho de defensa de los investigados».Sobre el pago de la cantidad fijada por la fianza, la abogada de Leire Díez considera que se ha reclamado 10.000 euros para todas las acusaciones y por ello «no existe motivo para que a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se le imponga menos cuantía». «El fin último de la prestación de fianza es evitar la instrumentalización del derecho penal accediendo a él sin ningún tipo de excepción y obstruyendo la justicia sin motivo aparente, más que por cualquier tipo de razón incólume que no solo no tiene trascendencia penal, sino que tan siquiera merece la puesta en marcha de la Administración de Justicia», remarca. Para finalizar, la defensa de Leire Díez sostiene que «la cuantía de la fianza no puede ser irrisoria, sino que debe demostrar una verdadera intención de acusar y ejercer la acción penal de manera activa, de tal forma que una cuantía mínima, como la pretendida de contrario, no conseguiría que se acudiese al derecho penal única y exclusivamente cuando fuese necesario, en respeto también del principio de intervención». En base a estos argumentos, suplica a la Audiencia Nacional que desestime íntegramente el recurso de apelación presentado por los guardias civiles.  

Leire Díez quiere impedir que una asociación de guardias civiles se persone en el procedimiento abierto contra ella en la Audiencia Nacional. La exmilitante socialista ha presentado un escrito donde sostiene que esta entidad tiene la obligación de pagar los 10.000 euros correspondientes … para ejercer como acusación popular y de la misma forma reclama a Santiago Pedraz que se una al resto de plataformas y no pueda ejercer como una autónoma.

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