Este miércoles 25 de febrero, en el entorno del mediodía, la web oficial de La Moncloa recogerá toda la información de que dispone el Gobierno sobre la intentona golpista del 23-F. La desclasificación será «total» , «el 100%», aseguran fuentes gubernamentales, que revelan que tras aprobarse la decisión en el Consejo de Ministros son tres las carteras que están trabajando ya para que el volcado -«digitalización y compilación» mediante- se pueda producir en la fecha comprometida. Todo previa publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al frente de ese trabajo están los gabinetes de Exteriores, Interior y Defensa , que atesoran el grueso de los hasta 153 volúmenes -según ha contabilizado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa- de información confidencial sobre el suceso. Desde Moncloa confirman que se comunicó a Zarzuela que se iba a promover esta desclasificación, aunque no vinculan esta comunicación con el contenido de los documentos, sino con la manera habitual de proceder con la Casa Real en asuntos de este calado. Fuentes gubernamentales descartan más movimientos en este sentido; esto es, una vez que se ha demostrado que el levantamiento del velo del secreto se puede realizar a iniciativa propia del Ejecutivo sin que medie una ley aprobada en el Parlamento para ello. Sin embargo, en el Gobierno quieren que esta primera desclasificación opere como incentivo para que los grupos parlamentarios que deben dar respaldo a la norma, que sigue bloqueada en la Cámara, lo hagan. Por ello, sobre la mesa del Consejo de Ministros no hay más desclasificaciones e instan a los socios -que hicieron peticiones a la carta sobre otros asuntos secretos que deberían ver la luz- que se pongan de acuerdo para poder aprobar la nueva ley de secretos oficiales.Noticia relacionada general No No El último misterio del 23-F: ¿quién era el gran traidor que vendió a la democracia? Manuel P. VillatoroAunque se había avanzado que Saiz daría detalles sobre la publicación, la portavoz apenas pudo arrojar novedades sobre su contenido en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros y se escudó en que no había visto la documentación para esquivar las preguntas de los periodistas. Entre esta documentación no figuran grabaciones -sí hay transcripciones de las conversaciones entre actores relevantes- ni el sumario judicial al completo, porque este contenido obra en poder del Tribunal Supremo, por lo que escapa de su competencia. Desde el Ejecutivo se juega deliberadamente a la confusión sobre el contenido de lo que va a ser revelado, porque, mientras sostienen que no conocen el contenido de los documentos clasificados, tratan de rebajar las expectativas y las consecuencias de los mismos, negando que se pueda ver afectado el interés general o la seguridad nacional por ellos. Estas serían causas para mantener el secreto, al menos y según la ley aprobada por el Gobierno, hasta 15 años más. En Moncloa sostienen que la documentación «no supone un riesgo real y presente» porque se trata de hechos de hace 45 años y cuyos responsables ya fueron juzgados.Moncloa asegura que, pese a desconocer la documentación, esta no afecta a la seguridad nacionalEn rueda de prensa, el argumento que expuso la portavoz es que este ejercicio de pretendida transparencia se produce ahora porque «lo que estaba viviendo España era una anomalía democrática » si lo comparamos con países de nuestro entorno, como Italia, Alemania o Grecia, que ya habían avanzado en esta línea años atrás. Desde Moncloa exhiben su «compromiso con la memoria democrática» y buscan desactivar aquellas fuentes de desinformación que beben del velo de opacidad que impera sobre el 23-F. Entre los socios del Gobierno no compran este cebo y critican el «oportunismo político» que rodea la iniciativa.En este sentido, Saiz alertó sobre «la fuerza extraordinaria que tiene el algoritmo para difundir bulos» y volvió a recurrir al comodín de la «extrema derecha», asegurando que lo que hace el Gobierno es evitar que sigan expandiendo «teorías de la conspiración» que «no merece nuestra democracia». En Moncloa preocupa que las generaciones más jóvenes sean precisamente quienes consumen este tipo de contenidos digitales descontextualizados. «Hay chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el ‘Cara al sol’ por las calles», censuró la portavoz. Este miércoles 25 de febrero, en el entorno del mediodía, la web oficial de La Moncloa recogerá toda la información de que dispone el Gobierno sobre la intentona golpista del 23-F. La desclasificación será «total» , «el 100%», aseguran fuentes gubernamentales, que revelan que tras aprobarse la decisión en el Consejo de Ministros son tres las carteras que están trabajando ya para que el volcado -«digitalización y compilación» mediante- se pueda producir en la fecha comprometida. Todo previa publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al frente de ese trabajo están los gabinetes de Exteriores, Interior y Defensa , que atesoran el grueso de los hasta 153 volúmenes -según ha contabilizado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa- de información confidencial sobre el suceso. Desde Moncloa confirman que se comunicó a Zarzuela que se iba a promover esta desclasificación, aunque no vinculan esta comunicación con el contenido de los documentos, sino con la manera habitual de proceder con la Casa Real en asuntos de este calado. Fuentes gubernamentales descartan más movimientos en este sentido; esto es, una vez que se ha demostrado que el levantamiento del velo del secreto se puede realizar a iniciativa propia del Ejecutivo sin que medie una ley aprobada en el Parlamento para ello. Sin embargo, en el Gobierno quieren que esta primera desclasificación opere como incentivo para que los grupos parlamentarios que deben dar respaldo a la norma, que sigue bloqueada en la Cámara, lo hagan. Por ello, sobre la mesa del Consejo de Ministros no hay más desclasificaciones e instan a los socios -que hicieron peticiones a la carta sobre otros asuntos secretos que deberían ver la luz- que se pongan de acuerdo para poder aprobar la nueva ley de secretos oficiales.Noticia relacionada general No No El último misterio del 23-F: ¿quién era el gran traidor que vendió a la democracia? Manuel P. VillatoroAunque se había avanzado que Saiz daría detalles sobre la publicación, la portavoz apenas pudo arrojar novedades sobre su contenido en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros y se escudó en que no había visto la documentación para esquivar las preguntas de los periodistas. Entre esta documentación no figuran grabaciones -sí hay transcripciones de las conversaciones entre actores relevantes- ni el sumario judicial al completo, porque este contenido obra en poder del Tribunal Supremo, por lo que escapa de su competencia. Desde el Ejecutivo se juega deliberadamente a la confusión sobre el contenido de lo que va a ser revelado, porque, mientras sostienen que no conocen el contenido de los documentos clasificados, tratan de rebajar las expectativas y las consecuencias de los mismos, negando que se pueda ver afectado el interés general o la seguridad nacional por ellos. Estas serían causas para mantener el secreto, al menos y según la ley aprobada por el Gobierno, hasta 15 años más. En Moncloa sostienen que la documentación «no supone un riesgo real y presente» porque se trata de hechos de hace 45 años y cuyos responsables ya fueron juzgados.Moncloa asegura que, pese a desconocer la documentación, esta no afecta a la seguridad nacionalEn rueda de prensa, el argumento que expuso la portavoz es que este ejercicio de pretendida transparencia se produce ahora porque «lo que estaba viviendo España era una anomalía democrática » si lo comparamos con países de nuestro entorno, como Italia, Alemania o Grecia, que ya habían avanzado en esta línea años atrás. Desde Moncloa exhiben su «compromiso con la memoria democrática» y buscan desactivar aquellas fuentes de desinformación que beben del velo de opacidad que impera sobre el 23-F. Entre los socios del Gobierno no compran este cebo y critican el «oportunismo político» que rodea la iniciativa.En este sentido, Saiz alertó sobre «la fuerza extraordinaria que tiene el algoritmo para difundir bulos» y volvió a recurrir al comodín de la «extrema derecha», asegurando que lo que hace el Gobierno es evitar que sigan expandiendo «teorías de la conspiración» que «no merece nuestra democracia». En Moncloa preocupa que las generaciones más jóvenes sean precisamente quienes consumen este tipo de contenidos digitales descontextualizados. «Hay chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el ‘Cara al sol’ por las calles», censuró la portavoz.
Este miércoles 25 de febrero, en el entorno del mediodía, la web oficial de La Moncloa recogerá toda la información de que dispone el Gobierno sobre la intentona golpista del 23-F. La desclasificación será «total», «el 100%», aseguran fuentes gubernamentales, que revelan que … tras aprobarse la decisión en el Consejo de Ministros son tres las carteras que están trabajando ya para que el volcado -«digitalización y compilación» mediante- se pueda producir en la fecha comprometida. Todo previa publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Al frente de ese trabajo están los gabinetes de Exteriores, Interior y Defensa, que atesoran el grueso de los hasta 153 volúmenes -según ha contabilizado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa- de información confidencial sobre el suceso. Desde Moncloa confirman que se comunicó a Zarzuela que se iba a promover esta desclasificación, aunque no vinculan esta comunicación con el contenido de los documentos, sino con la manera habitual de proceder con la Casa Real en asuntos de este calado.
Fuentes gubernamentales descartan más movimientos en este sentido; esto es, una vez que se ha demostrado que el levantamiento del velo del secreto se puede realizar a iniciativa propia del Ejecutivo sin que medie una ley aprobada en el Parlamento para ello. Sin embargo, en el Gobierno quieren que esta primera desclasificación opere como incentivo para que los grupos parlamentarios que deben dar respaldo a la norma, que sigue bloqueada en la Cámara, lo hagan. Por ello, sobre la mesa del Consejo de Ministros no hay más desclasificaciones e instan a los socios -que hicieron peticiones a la carta sobre otros asuntos secretos que deberían ver la luz- que se pongan de acuerdo para poder aprobar la nueva ley de secretos oficiales.
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Aunque se había avanzado que Saiz daría detalles sobre la publicación, la portavoz apenas pudo arrojar novedades sobre su contenido en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros y se escudó en que no había visto la documentación para esquivar las preguntas de los periodistas. Entre esta documentación no figuran grabaciones -sí hay transcripciones de las conversaciones entre actores relevantes- ni el sumario judicial al completo, porque este contenido obra en poder del Tribunal Supremo, por lo que escapa de su competencia.
Desde el Ejecutivo se juega deliberadamente a la confusión sobre el contenido de lo que va a ser revelado, porque, mientras sostienen que no conocen el contenido de los documentos clasificados, tratan de rebajar las expectativas y las consecuencias de los mismos, negando que se pueda ver afectado el interés general o la seguridad nacional por ellos. Estas serían causas para mantener el secreto, al menos y según la ley aprobada por el Gobierno, hasta 15 años más. En Moncloa sostienen que la documentación «no supone un riesgo real y presente» porque se trata de hechos de hace 45 años y cuyos responsables ya fueron juzgados.
Moncloa asegura que, pese a desconocer la documentación, esta no afecta a la seguridad nacional
En rueda de prensa, el argumento que expuso la portavoz es que este ejercicio de pretendida transparencia se produce ahora porque «lo que estaba viviendo España era una anomalía democrática» si lo comparamos con países de nuestro entorno, como Italia, Alemania o Grecia, que ya habían avanzado en esta línea años atrás. Desde Moncloa exhiben su «compromiso con la memoria democrática» y buscan desactivar aquellas fuentes de desinformación que beben del velo de opacidad que impera sobre el 23-F. Entre los socios del Gobierno no compran este cebo y critican el «oportunismo político» que rodea la iniciativa.
En este sentido, Saiz alertó sobre «la fuerza extraordinaria que tiene el algoritmo para difundir bulos» y volvió a recurrir al comodín de la «extrema derecha», asegurando que lo que hace el Gobierno es evitar que sigan expandiendo «teorías de la conspiración» que «no merece nuestra democracia». En Moncloa preocupa que las generaciones más jóvenes sean precisamente quienes consumen este tipo de contenidos digitales descontextualizados. «Hay chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el ‘Cara al sol’ por las calles», censuró la portavoz.
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