El «disparate» de Defensa, en palabras de fuentes militares de la máxima solvencia, de difundir los planos del nuevo edificio que se va a construir para el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) en la Base de Retamares (Madrid), no ha sido un error puntual. Lo demuestra que en octubre de 2020, asimismo con Margarita Robles al frente del ministerio , y también con motivo de una licitación, en este caso de una reforma en unos despachos, se hicieron públicos los de un edificio clave del mismo centro. Esa documentación sensible, según ha comprobado ABC, son aún de acceso libre; la otra, ha sido retirada.En el caso de hace cinco años no se especifican las medidas de la seguridad del edificio, como se ha hecho ahora, pero a cambio sí se aporta una fotografía aérea del complejo en la que, para deleite de cualquier servicio de inteligencia hostil, se señala el edificio concreto en el que se va a hacer la reforma. Incluso, para hacer la información más precisa, se adjuntan los planos de cómo estaba en ese momento la distribución de las estancias y cómo debían quedar tras las obras.Según los medios consultados por ABC, se trata del edificio que acoge la ‘Humint’, unidad en la que están encuadrados los militares que trabajan con fuentes humanas. Sin duda, es uno de los más sensibles del centro . Está catalogado como Zona de Acceso Restringido (ZAR) de modo que del personal ajeno sólo el director del Cifas y los subdirectores tienen acceso a él.Noticia Relacionada estandar Si Un fallo de Defensa desvela los planos de un nuevo centro para la Inteligencia militar Pablo Muñoz «Es muy serio; esa información siempre debería ser clasificada», aseguran fuentes militares consultadas por ABCEn 2020, como ahora, difunde esa información sensible la Jefatura de Asuntos Económicos (JAE) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) -está mandada por un coronel que depende directamente del máximo responsable militar de las Fuerzas Armadas-, y el montante de la obra fue de unos modestos 70.277,54 euros. El proyecto lo firmaba un capitán y la licitación se hizo por el procedimiento «abierto simplificado» . Es decir; como ha sucedido ahora, no se consideró necesario clasificar esta información.La continuidad en estos arriesgados métodos de trabajo en una materia sensible para la seguridad nacional se demuestra además con el hecho de que en el caso de 2020 el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) era el general del Aire Miguel Ángel Villarroya y ahora lo es el almirante general Teodoro Esteban González Calderón, que no hizo cambio alguno, ni tampoco parece que fuera advertido de que era necesario un giro radical en este asunto. En la dirección del Cifas, entonces como ahora, está el teniente general Antonio Romero Losada, que asumió el mando del centro en 2019 aún como general de división. Además hay una continuidad en la cúpula del ministerio, que dirige Robles.La perplejidad, la indignación, el asombro y el sentimiento de ridículo es palpable en amplios sectores de las Fuerzas Armadas. Sobre todo, porque según ha sabido ABC de fuentes militares y de seguridad del Estado, desde hace años ha habido alertas internas por la información que se hacía pública en algunas licitaciones. Ahora, con la polémica generada, estas mismas fuentes esperan que haya un giro «aunque el daño está hecho, y no es menor».La tramitaciónFuentes del EMAD explican a este periódico cómo se ha actuado hasta ahora, por ejemplo en el Cifas, aunque el ejemplo es extrapolable al resto de las Fuerzas Armadas. Este centro lo dirige un teniente general que tiene tres subdirectores y un jefe de unidad con potestad de proponer obras o adquisición de bienes y servicios. Por tanto, impulsan las licitaciones y hacen sus pliegos técnicos en los que se especifica qué se quiere hacer y las características técnicas requeridas.Esos pliegos se envían al Estado Mayor del Cifas, que los evalúa y da salida, en su caso, hacia la Jefatura de Asuntos Económicos del EMAD. Para clasificar la información, hay dos vías. De forma más informal, el mando que ha redactado los pliegos se puede dirigir al JEA para pedir que se clasifique esa documentación, pero esa oficina es soberana para hacerlo o no. También el jefe de la unidad puede ponerse en contacto con el JEA o bien recurrir al propio Jemad. La primera opción tiene la arista de que se trata de una solicitud de un superior al jefe de una oficina ajena a él, de menor rango . En el segundo supuesto se produce la misma situación, pero al revés, aunque ya la interlocución es entre el máximo responsable militar de las Fuerzas Armadas y uno de sus más importantes colaboradores.La diferencia entre que se clasifique la información o no es simplemente de más o menos trabajo, y de ahí que haya acusaciones de desidia . Si se hace, la JEA tiene que habilitar unas dependencias para que las empresas que quieran concurrir al concurso consulten la documentación y además tienen que revisar las acreditaciones de seguridad de estas.El teniente general Romero Losada, según fuentes del EMAD, es poco partidario de dirigirse a la JEA ya sea porque es asumir una responsabilidad más o porque se puede interpretar como una imposición al coronel que manda esa oficina. Y tampoco lo trata con el Jemad. El resultado es que hay muy pocos contratos del Cifas , y de otras unidades, que se clasifiquen. La excusa es que no se hace por transparencia.Por eso, es habitual que en la Plataforma de Contratación del Estado salgan licitaciones que van desde la compra de munición, hasta el armamento u otro material, con información que debería estar clasificada.NerviosismoEn Defensa hay nerviosismo y preocupación. De momento han retirado de la web los planos del nuevo centro del Cifas, pero por lo que se ve nadie ha ordenado una revisión a fondo de la documentación de acceso público que pueda ser sensible -los planos del edificio ‘Humint’ son prueba de ello- para tomar la misma medida.La duda que hay en el ministerio es si se van a pedir responsabilidades. No parece que el coronel al mando de la JEA, que está a las órdenes directas del Jemad, actuara por su cuenta. Es el eslabón más débil. Pero todas las fuentes creen que debe haber consecuencias a más alto nivel. ¿A cuál en concreto? Esa es la gran incógnita. El «disparate» de Defensa, en palabras de fuentes militares de la máxima solvencia, de difundir los planos del nuevo edificio que se va a construir para el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) en la Base de Retamares (Madrid), no ha sido un error puntual. Lo demuestra que en octubre de 2020, asimismo con Margarita Robles al frente del ministerio , y también con motivo de una licitación, en este caso de una reforma en unos despachos, se hicieron públicos los de un edificio clave del mismo centro. Esa documentación sensible, según ha comprobado ABC, son aún de acceso libre; la otra, ha sido retirada.En el caso de hace cinco años no se especifican las medidas de la seguridad del edificio, como se ha hecho ahora, pero a cambio sí se aporta una fotografía aérea del complejo en la que, para deleite de cualquier servicio de inteligencia hostil, se señala el edificio concreto en el que se va a hacer la reforma. Incluso, para hacer la información más precisa, se adjuntan los planos de cómo estaba en ese momento la distribución de las estancias y cómo debían quedar tras las obras.Según los medios consultados por ABC, se trata del edificio que acoge la ‘Humint’, unidad en la que están encuadrados los militares que trabajan con fuentes humanas. Sin duda, es uno de los más sensibles del centro . Está catalogado como Zona de Acceso Restringido (ZAR) de modo que del personal ajeno sólo el director del Cifas y los subdirectores tienen acceso a él.Noticia Relacionada estandar Si Un fallo de Defensa desvela los planos de un nuevo centro para la Inteligencia militar Pablo Muñoz «Es muy serio; esa información siempre debería ser clasificada», aseguran fuentes militares consultadas por ABCEn 2020, como ahora, difunde esa información sensible la Jefatura de Asuntos Económicos (JAE) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) -está mandada por un coronel que depende directamente del máximo responsable militar de las Fuerzas Armadas-, y el montante de la obra fue de unos modestos 70.277,54 euros. El proyecto lo firmaba un capitán y la licitación se hizo por el procedimiento «abierto simplificado» . Es decir; como ha sucedido ahora, no se consideró necesario clasificar esta información.La continuidad en estos arriesgados métodos de trabajo en una materia sensible para la seguridad nacional se demuestra además con el hecho de que en el caso de 2020 el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) era el general del Aire Miguel Ángel Villarroya y ahora lo es el almirante general Teodoro Esteban González Calderón, que no hizo cambio alguno, ni tampoco parece que fuera advertido de que era necesario un giro radical en este asunto. En la dirección del Cifas, entonces como ahora, está el teniente general Antonio Romero Losada, que asumió el mando del centro en 2019 aún como general de división. Además hay una continuidad en la cúpula del ministerio, que dirige Robles.La perplejidad, la indignación, el asombro y el sentimiento de ridículo es palpable en amplios sectores de las Fuerzas Armadas. Sobre todo, porque según ha sabido ABC de fuentes militares y de seguridad del Estado, desde hace años ha habido alertas internas por la información que se hacía pública en algunas licitaciones. Ahora, con la polémica generada, estas mismas fuentes esperan que haya un giro «aunque el daño está hecho, y no es menor».La tramitaciónFuentes del EMAD explican a este periódico cómo se ha actuado hasta ahora, por ejemplo en el Cifas, aunque el ejemplo es extrapolable al resto de las Fuerzas Armadas. Este centro lo dirige un teniente general que tiene tres subdirectores y un jefe de unidad con potestad de proponer obras o adquisición de bienes y servicios. Por tanto, impulsan las licitaciones y hacen sus pliegos técnicos en los que se especifica qué se quiere hacer y las características técnicas requeridas.Esos pliegos se envían al Estado Mayor del Cifas, que los evalúa y da salida, en su caso, hacia la Jefatura de Asuntos Económicos del EMAD. Para clasificar la información, hay dos vías. De forma más informal, el mando que ha redactado los pliegos se puede dirigir al JEA para pedir que se clasifique esa documentación, pero esa oficina es soberana para hacerlo o no. También el jefe de la unidad puede ponerse en contacto con el JEA o bien recurrir al propio Jemad. La primera opción tiene la arista de que se trata de una solicitud de un superior al jefe de una oficina ajena a él, de menor rango . En el segundo supuesto se produce la misma situación, pero al revés, aunque ya la interlocución es entre el máximo responsable militar de las Fuerzas Armadas y uno de sus más importantes colaboradores.La diferencia entre que se clasifique la información o no es simplemente de más o menos trabajo, y de ahí que haya acusaciones de desidia . Si se hace, la JEA tiene que habilitar unas dependencias para que las empresas que quieran concurrir al concurso consulten la documentación y además tienen que revisar las acreditaciones de seguridad de estas.El teniente general Romero Losada, según fuentes del EMAD, es poco partidario de dirigirse a la JEA ya sea porque es asumir una responsabilidad más o porque se puede interpretar como una imposición al coronel que manda esa oficina. Y tampoco lo trata con el Jemad. El resultado es que hay muy pocos contratos del Cifas , y de otras unidades, que se clasifiquen. La excusa es que no se hace por transparencia.Por eso, es habitual que en la Plataforma de Contratación del Estado salgan licitaciones que van desde la compra de munición, hasta el armamento u otro material, con información que debería estar clasificada.NerviosismoEn Defensa hay nerviosismo y preocupación. De momento han retirado de la web los planos del nuevo centro del Cifas, pero por lo que se ve nadie ha ordenado una revisión a fondo de la documentación de acceso público que pueda ser sensible -los planos del edificio ‘Humint’ son prueba de ello- para tomar la misma medida.La duda que hay en el ministerio es si se van a pedir responsabilidades. No parece que el coronel al mando de la JEA, que está a las órdenes directas del Jemad, actuara por su cuenta. Es el eslabón más débil. Pero todas las fuentes creen que debe haber consecuencias a más alto nivel. ¿A cuál en concreto? Esa es la gran incógnita.
El «disparate» de Defensa, en palabras de fuentes militares de la máxima solvencia, de difundir los planos del nuevo edificio que se va a construir para el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) en la Base de Retamares (Madrid), no ha sido … un error puntual. Lo demuestra que en octubre de 2020, asimismo con Margarita Robles al frente del ministerio, y también con motivo de una licitación, en este caso de una reforma en unos despachos, se hicieron públicos los de un edificio clave del mismo centro. Esa documentación sensible, según ha comprobado ABC, son aún de acceso libre; la otra, ha sido retirada.
En el caso de hace cinco años no se especifican las medidas de la seguridad del edificio, como se ha hecho ahora, pero a cambio sí se aporta una fotografía aérea del complejo en la que, para deleite de cualquier servicio de inteligencia hostil, se señala el edificio concreto en el que se va a hacer la reforma. Incluso, para hacer la información más precisa, se adjuntan los planos de cómo estaba en ese momento la distribución de las estancias y cómo debían quedar tras las obras.
Según los medios consultados por ABC, se trata del edificio que acoge la ‘Humint’, unidad en la que están encuadrados los militares que trabajan con fuentes humanas. Sin duda, es uno de los más sensibles del centro. Está catalogado como Zona de Acceso Restringido (ZAR) de modo que del personal ajeno sólo el director del Cifas y los subdirectores tienen acceso a él.
En 2020, como ahora, difunde esa información sensible la Jefatura de Asuntos Económicos (JAE) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) -está mandada por un coronel que depende directamente del máximo responsable militar de las Fuerzas Armadas-, y el montante de la obra fue de unos modestos 70.277,54 euros. El proyecto lo firmaba un capitán y la licitación se hizo por el procedimiento «abierto simplificado». Es decir; como ha sucedido ahora, no se consideró necesario clasificar esta información.
La continuidad en estos arriesgados métodos de trabajo en una materia sensible para la seguridad nacional se demuestra además con el hecho de que en el caso de 2020 el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) era el general del Aire Miguel Ángel Villarroya y ahora lo es el almirante general Teodoro Esteban González Calderón, que no hizo cambio alguno, ni tampoco parece que fuera advertido de que era necesario un giro radical en este asunto. En la dirección del Cifas, entonces como ahora, está el teniente general Antonio Romero Losada, que asumió el mando del centro en 2019 aún como general de división. Además hay una continuidad en la cúpula del ministerio, que dirige Robles.
La perplejidad, la indignación, el asombro y el sentimiento de ridículo es palpable en amplios sectores de las Fuerzas Armadas. Sobre todo, porque según ha sabido ABC de fuentes militares y de seguridad del Estado, desde hace años ha habido alertas internas por la información que se hacía pública en algunas licitaciones. Ahora, con la polémica generada, estas mismas fuentes esperan que haya un giro «aunque el daño está hecho, y no es menor».
La tramitación
Fuentes del EMAD explican a este periódico cómo se ha actuado hasta ahora, por ejemplo en el Cifas, aunque el ejemplo es extrapolable al resto de las Fuerzas Armadas. Este centro lo dirige un teniente general que tiene tres subdirectores y un jefe de unidad con potestad de proponer obras o adquisición de bienes y servicios. Por tanto, impulsan las licitaciones y hacen sus pliegos técnicos en los que se especifica qué se quiere hacer y las características técnicas requeridas.
Esos pliegos se envían al Estado Mayor del Cifas, que los evalúa y da salida, en su caso, hacia la Jefatura de Asuntos Económicos del EMAD. Para clasificar la información, hay dos vías.
De forma más informal, el mando que ha redactado los pliegos se puede dirigir al JEA para pedir que se clasifique esa documentación, pero esa oficina es soberana para hacerlo o no. También el jefe de la unidad puede ponerse en contacto con el JEA o bien recurrir al propio Jemad. La primera opción tiene la arista de que se trata de una solicitud de un superior al jefe de una oficina ajena a él, de menor rango. En el segundo supuesto se produce la misma situación, pero al revés, aunque ya la interlocución es entre el máximo responsable militar de las Fuerzas Armadas y uno de sus más importantes colaboradores.
La diferencia entre que se clasifique la información o no es simplemente de más o menos trabajo, y de ahí que haya acusaciones de desidia. Si se hace, la JEA tiene que habilitar unas dependencias para que las empresas que quieran concurrir al concurso consulten la documentación y además tienen que revisar las acreditaciones de seguridad de estas.
El teniente general Romero Losada, según fuentes del EMAD, es poco partidario de dirigirse a la JEA ya sea porque es asumir una responsabilidad más o porque se puede interpretar como una imposición al coronel que manda esa oficina. Y tampoco lo trata con el Jemad. El resultado es que hay muy pocos contratos del Cifas, y de otras unidades, que se clasifiquen. La excusa es que no se hace por transparencia.
Por eso, es habitual que en la Plataforma de Contratación del Estado salgan licitaciones que van desde la compra de munición, hasta el armamento u otro material, con información que debería estar clasificada.
Nerviosismo
En Defensa hay nerviosismo y preocupación. De momento han retirado de la web los planos del nuevo centro del Cifas, pero por lo que se ve nadie ha ordenado una revisión a fondo de la documentación de acceso público que pueda ser sensible -los planos del edificio ‘Humint’ son prueba de ello- para tomar la misma medida.
La duda que hay en el ministerio es si se van a pedir responsabilidades. No parece que el coronel al mando de la JEA, que está a las órdenes directas del Jemad, actuara por su cuenta. Es el eslabón más débil. Pero todas las fuentes creen que debe haber consecuencias a más alto nivel. ¿A cuál en concreto? Esa es la gran incógnita.
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