Trabajo accede a varias exigencias de CEOE y ofrece «apoyo técnico» a las pymes Leer Trabajo accede a varias exigencias de CEOE y ofrece «apoyo técnico» a las pymes Leer
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El Ministerio de Trabajo ya tiene listo el proyecto de Real Decreto por el que pretende transponer a la normativa nacional la directiva europea sobre transparencia retributiva. El objetivo último es levantar el secreto salarial en España, obligando a las empresas a elaborar auditorías y a trasladar información a los trabajadores sobre lo que cobran sus compañeros o sobre los criterios que utilizan para subir los sueldos, y obligando a las compañías a corregir las brechas injustificadas entre trabajadores bajo la amenaza de nuevas sanciones.
El texto, que acaba de salir a consulta pública, ha sido modificado en varias ocasiones en las últimas semanas. Y, fruto del diálogo social, ha acabado incorporando algunas de las exigencias de patronales y sindicatos. En concreto, la versión definitiva del documento legislativo incluye varios de los cambios que planteó la CEOE en la última reunión, en la que los empresarios pusieron sobre la mesa un texto que prácticamente enmendaba la totalidad de la iniciativa de Trabajo.
No todas las demandas empresariales han sido escuchadas, pero sí algunas sustanciales. Más allá de pequeñas modificaciones técnicas, las principales novedades podrían resumirse en cuatro. Por un lado, se amplía de dos a seis meses el periodo de gracia que se concede a las empresas para corregir las desigualdades retributivas. Por otro lado, elimina el veto inicial que introdujo a las cláusulas de confidencialidad salarial. Además, ofrece un plan de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas, para ayudarlas a adaptarse a las nuevas exigencias. Y por último, crea una comisión de seguimiento interministerial para la coordinación en materia de transparencia retributiva.
En la versión anterior, el Ministerio de Trabajo obligaba a las empresas a contar con un plan de actuación para la corrección de las desigualdades retributivas y a subsanar cualquier diferencia «en un plazo razonable, que en ningún caso puede ser superior a dos meses». Ahora ese periodo se flexibiliza y se amplía hasta los seis meses, que es el tiempo que había pedido el equipo de Antonio Garamendi en la negociación, bajo el argumento de que los dos meses suponían un plazo «insuficiente» que «carece de justificación normativa».
En paralelo, el proyecto de Real Decreto suprime uno de los apartados más polémicos del texto inicial. Y es que los de Yolanda Díaz habían impuesto la prohibición de las cláusulas que impiden a los trabajadores revelar información sobre sus condiciones salariales. En concreto, establecía que «se considerarán nulas y sin efecto las cláusulas de los pactos individuales y las decisiones unilaterales de la empresa que impidan a las personas trabajadoras revelar o divulgar información sobre su retribución».
La CEOE denunicó que el Estatuto de los Trabajadores no servía de «base legal para esta previsión reglamentaria, por lo que se estaría incurriendo en un ultra vires (un exceso normativo, en términos jurídicos) indudable». Ahora el Ministerio elimina ese punto y lo sustituye por otro en el que la empresa exigirá a los trabajadores que obtengan «información distinta de la relativa a su propia persona que esta información sea utilizada exclusivamente para fines relacionados con el ejercicio de su derecho a la igualdad retributiva».
El texto, que Díaz pretende tramitar a la vuelta del verano, incorpora una disposición adicional en la que detalla varias «medidas de acompañamiento» para «facilitar la adaptación» a las pymes, consistentes, entre otras, en «la prestación de información, formación y apoyo técnicos para las empresas». Las medidas se dirigirán a las personas que ejerzan funciones de dirección o gestión de recursos humanos, a los negociadores de convenios y acuerdos colectivos y a las organizaciones empresariales y sindicales. Y se contempla también el desarrollo de acciones formativas financiadas por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).
Por último, Díaz propone la creación de una comisión interministerial y tripartita «para el seguimiento de la transparencia retributiva» adscrita al Ministerio de Trabajo. La presidirá el secretario de Estado del ramo y contará con un titular del Instituto de las Mujeres como vicepresidente primero y con el secretario de Estado de Seguridad Social en la vicepresidencia segunda. También habrá vocales del Ministerio de la Presidencia y de las organizaciones empresariales y sindicales. Y entre sus funciones está la de sensibilizar a las empresas, analizar las causas de la brecha de género y recopilar las reclamaciones en esta materia, así como facilitar información a la Comisión Europea cada dos años.
La vicepresidenta segunda aspira a trasladar las nuevas exigencias al Boletín Oficial del Estado (BOE) en la recta final del año. El plazo para transponer la directiva europea caducó el pasado mes de junio, pero desde el Ministerio de Trabajo aseguran que la Comisión Europea ha concedido una mayor laxitud a los Estados miembros hasta el próximo otoño. En cualquier caso, la obligación de informar sobre la brecha de género aplicará desde junio de 2027 a las empresas de más de 150 trabajadores y se ampliará a las de más de 50 en 2031.
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