Las denuncias se disparan un 70% en 2024 hasta las 16.500 en el Ibex 35, pero la mayoría son respecto asuntos «menores» Leer Las denuncias se disparan un 70% en 2024 hasta las 16.500 en el Ibex 35, pero la mayoría son respecto asuntos «menores» Leer
Se cumplen dos años de la obligación de que las grandes compañías cuenten con un canal de denuncias anónimo, un aniversario que llega en plena polémica por el enésimo caso de corrupción que envuelve a una constructora y que somete a un importante test a estos canales creados inicialmente para proteger a los denunciantes dentro de la estructura de las empresas.
Según un análisis realizado por EL MUNDO, en el año 2024, las empresas del Ibex recibieron 16.433 denuncias, una cifra que supera en un 70% las registradas en el año anterior, si bien la inmensa mayoría de estas denuncias no se están remitiendo para denunciar fraudes o sobornos, sino para situaciones más relacionadas con el ámbito laboral. De hecho, en las empresas que detallan la naturaleza de las quejas, la corrupción suele tratarse de algún caso anecdótico y más orientado a robos a la propiedad de la empresa.
«En la práctica, por un tema lógico si tienes que establecer un canal de denuncias no estableces un canal de denuncias para una cosa u otro para otro. Normalmente tienes uno único y luego ya en función de la naturaleza de la denuncia lo diriges al equipo de recursos humanos, laborales o compliance y jurídico. Muchas veces se confunden un poco», explica a EL MUNDO la responsable de la práctica de Derecho Laboral de EY Abogados, Silvia Bauzá respecto al uso que se está dando a los canales éticos.
Por este motivo, la abundancia de reclamaciones tampoco parece un indicador fiable sobre el estado interno de la empresa. De hecho, las empresas están obligadas a fomentar el conocimiento de esta vía y la mayoría hace cursos, lo que suele traer consigo que se emitan más denuncias. «Tienes que acreditar que los trabajadores conocen esa política y canal de denuncias, sino es como si no lo tuvieras para la ley», señala Bauzá.
Con todo, el aumento año a año del uso de estos canales también refleja que finalmente tienen canales que permiten reportar malos comportamientos de forma interna y segura, algo que ya lleva tiempo pasando en las empresas estadounidenses, pero no era habitual en la empresa española.
«Ahora hay una forma de denunciar y no tienes que hablar con tu director de recursos humanos (RRHH). La gente está denunciando sobre todo problemas con el código ético», apunta por su parte Berta Viqueira, penalista y experta en complicance en Ceca Magán, que señala que uno de los casos que más se encuentra son quejas contra la falta de respeto a la desconexión digital.
Para la abogada hay una tendencia clara que es la mayor externalización de la investigación de estas quejas a asesores externos e independientes, especialmente cuando afectan a un directivo. «En estas investigaciones dejamos fuera a RRHH, porque la mera citación de los trabajadores por ellos genera intranquilidad», apunta.
Aunque la ley ha tenido un impacto positivo, también está trayendo numerosos aspectos conflictos en la práctica para las empresas, tanto en el ámbito laboral como en el penal.
Viqueira señala que, por ejemplo, en los casos penales de acoso, la Ley del solo sí es sí hace por primera vez culpable a las personas jurídicas (empresas en este caso) de estos delitos por beneficiarse de ellos, lo que puede llevar a una situación en que en una hipótesis en que la empresa haya determinado que no existía acoso, pero sí una conducta no adecuada de menor gravedad, ese mismo informe podría ser usado contra ella en una causa judicial.
En el extremo laboral, Bauzá apunta a que la anonimidad de los involucrados en la investigación puede terminar generando problemas a la hora de despedir a un trabajador que haya incurrido en conductas graves. «Tú haces tu investigación y se decide un despido. Cuando tienes que hacer la carta, para que sea procedente debes concretar fechas, acciones… Si no lo haces, se genera indefensión y podría crear improcedencia. Es difícil conciliar eso con el total anonimato», señala la abogada, poniendo el foco sobre uno de los elementos que los juristas creen que podría tener que revisarse para evitar inseguridad jurídica.
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