La Policía húngara ha citado a declarar al alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, por haber organizado la Marcha del Orgullo del pasado 28 de junio, un evento que congregó a cientos de miles de personas en la capital como respuesta a la prohibición del Gobierno. El propio primer edil anunció este jueves en redes sociales que ha sido señalado como sospechoso en relación con los hechos.
Gergely Karácsony se convierte en sospechoso por impulsar el evento LGBTI que había sido prohibido en marzo por el Ejecutivo, que considera estos actos “contrarios al desarrollo de los menores”
La Policía húngara ha citado a declarar al alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, por haber organizado la Marcha del Orgullo del pasado 28 de junio, un evento que congregó a cientos de miles de personas en la capital como respuesta a la prohibición del Gobierno. El propio primer edil anunció este jueves en redes sociales que ha sido señalado como sospechoso en relación con los hechos.
“Me he convertido en sospechoso, y si ese es el precio que hay que pagar por defender nuestra libertad y la de los demás, entonces me siento orgulloso de ello”, escribió Karácsony en su perfil de Facebook.
Aunque no se ha hecho público el delito que se le imputa, la citación se produce meses después de que el Ejecutivo del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán endureciera las leyes contra la visibilidad LGBTI en el espacio público, prohibiendo expresamente la celebración de la Marcha del Orgullo por considerarla contraria al “desarrollo adecuado de los menores”.
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Frente a la prohibición, Karácsony organizó una manifestación alternativa, esta vez como evento municipal, que se convirtió en la mayor movilización por los Derechos Humanos en Hungría desde la caída del Telón de Acero en 1989. Según diversas estimaciones, la marcha reunió entre 200.000 y 400.000 personas.
A pesar de que, tras el evento, la Policía húngara anunció que no habría consecuencias legales contra los asistentes —aún considerando que la manifestación fue “ilegal”—, la situación dio un giro con la denuncia particular contra la activista Lili Pankotai, también participante del evento. Las autoridades abrieron una investigación, pero la cerraron pocos días después.
No obstante, la citación al alcalde ha reactivado la polémica en torno a la creciente represión del colectivo LGBTI en Hungría. Desde que Orbán llegó al poder en 2010 su gobierno ha impulsado múltiples reformas legislativas para restringir derechos: desde la prohibición del reconocimiento legal de las personas trans, hasta la censura de contenidos LGBTI en medios, publicidad y educación.
En su nueva legislación, Hungría contempla multas de hasta 500 euros por participar en eventos de caracter LGTBI+
El primer ministro, que ya había advertido antes de la marcha que “la participación tendrá consecuencias penales”, contempla en su nueva legislación multas de hasta 500 euros por organizar o participar en actos considerados contrarios a las leyes anti LGTBI+.
La comunidad internacional y organizaciones de Derechos Humanos han denunciado reiteradamente el retroceso democrático que vive el país, señalando a Hungría como uno de los ejemplos más alarmantes de erosión de libertades en la Unión Europea.
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