Hace exactamente 30 años, el fútbol español no vivía pendiente ni de fichajes ni de partidos. Hace exactamente 30 años, las preguntas que se hacían los aficionados eran más esenciales: ¿Cuántos equipo tendrá la Liga? ¿Cuándo empezará? ¿Contra quién jugamos primero? Y, para los seguidores de cuatro equipos —Celta, Sevilla, Valladolid y Albacete—, la duda era una carga de profundidad ¿En qué categoría jugaremos en la temporada 1995/96?
Hace 30 años, las directivas de Celta y Sevilla fallaron a la hora de avalar el 5% del presupuesto del equipo
Hace exactamente 30 años, el fútbol español no vivía pendiente ni de fichajes ni de partidos. Hace exactamente 30 años, las preguntas que se hacían los aficionados eran más esenciales: ¿Cuántos equipo tendrá la Liga? ¿Cuándo empezará? ¿Contra quién jugamos primero? Y, para los seguidores de cuatro equipos —Celta, Sevilla, Valladolid y Albacete—, la duda era una carga de profundidad ¿En qué categoría jugaremos en la temporada 1995/96?
La duda metódica del fútbol español comenzó el 1 de agosto de 1995. Un acto que se suponía meramente administrativo vinculado a la conversión de los clubs de fútbol en Sociedades Anónimas Deportivas acabó siendo la primera explosión de las tres que cambiarían la el fútbol profesional español en cuestión de pocos meses. La Ley del Deporte exigía a los clubes que, antes del primero de agosto, depositasen ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP) un aval consignado por sus directivos por valor del el 5% de su presupuesto.
El aval garantizaba la inscripción. Pero dos equipos no cumplieron el plazo. El Sevilla CF, que debía avalar 85 millones de pesetas (del orden de un millón de euros actuales, considerada la inflación), y el Celta de Vigo, que debía avalar 45 millones de pesetas (550.000 euros de hoy, valorado el IPC) y cuyo error fue presentar la documentación del año anterior. La noticia de aquella medianoche de un tiempo sin móviles, redes sociales y mensajes instantáneos, estalló por la mañana. En aplicación de la Ley del Deporte, la LFP comunicó el descenso administrativo a Segunda B de ambos equipos, y la vuelta a Primera de Real Valladolid y Albacete Balompié.
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No fueron las únicas consecuencias de esa reacción en cadena: El Espanyol, con el descenso del Sevilla, se quedaba con su plaza en la extinta Copa de la UEFA. Además, Leganés y Getafe, que habían descendido a Segunda B, seguirían un año más en Segunda, en la vacante de Valladolid y Albacete.
Lo que siguió a esa comunicación fueron dos semanas de reuniones, manifestaciones, comunicados, asambleas y negociaciones con el Gobierno para encontrar solución al problema que, paradójicamente, creaba el cumplimiento estricto e impoluto de la Ley.
La LFP se negó a ampliar la Liga, pero el Gobierno abogó por “castigar a directivos, no a aficionados”
El mismo 1 de agosto de 1995, miles de aficionados de Sevilla CF y Celta de Vigo se echaron a la calle para pedir justicia deportiva y, en el caso del club hispalense, la dimisión del presidente de la entidad, Luis Cuervas. El impacto fue suficiente para que el 2 de agosto, el Consejo Superior de Deportes, un organismo estatal, convocara a representantes de la Liga para abordar la crisis. Tanto la LFP como el Gobierno coincidieron en llamar a una solución “jurídica” y en rechazar ampliar la competición. ¿Una liga de 22 equipos? “Bajo ningún concepto”, afirmó entonces a La Vanguardia un portavoz de la LFP.
Pero la indignación no decreció. Tras presentar Sevilla y Celta, el 3 de agosto, sendos recursos, el Gobierno intervino. El ministro de Educación del Ejecutivo de Felipe González, Jerónimo Saavedra, criticó una ley “que no les castiga a ellos [los directivos de los equipos], sino a futbolistas, socios y aficionados”. Rafael Cortés Elvira, secretario de Estado para el Deporte, abogó por retocar la Ley, pero sin “efecto retroactivo”: esto es, sin salvar a Sevilla y Celta. Cortés Elvira, por cierto, también pidió en público el “cese de las presiones”. La centralita del CSD no daba abasto para gestionar las llamadas y faxes de aficionados que exigían justicia.
Una seguidora del Celta, aposta junto a la sede de la LFP el 16 de agosto de 1995.
ALBERTO MARTIN / EFE
El descenso administrativo del Sevilla y Celta, en todo caso, no era el único problema. También lo era el ascenso del Valladolid y el Albacete, donde también la afición había salido a la calle para reclamar el cumplimiento de la ley. El presidente del club pucelano consideraba al club un equipo de Primera por derecho y dijo que la entidad no descartaba “no presentarse a partidos de Segunda”. A esas alturas del verano, el calendario de la Liga 1995/96 ya estaba sorteado y decidido… para una competición de 20 equipos.
Para añadir más confusión al caso, el mismo 3 de agosto de 1995 un grupo de accionistas del Sevilla CF, liderados por el notario y exdiputado de UCD Luis Martín Sicilia, exigieron a la LFP la convocatoria de una junta extraordinaria so pena de demandar al organismo ante la Justicia y pedir la suspensión de la liga.
Todo lo anterior llevó a la dimisión del presidente del Sevilla CF, Luis Cuervas, reemplazado en la negociación por su vicepresidente, un joven José María del Nido. Mientras, en las tertulias deportivas, en medios y bares, la solución de una liga con 22 equipos comenzaba a cobrar forma. El 7 de agosto, una semana después del inicio de la crisis, la LFP se abrió a una Liga con de 22 equipos si fuera “por imposición política”. El CSD —esto es, Cortés Elvira— estaba dispuesto a aceptar los recursos de Celta y Sevilla, mientras Albacete y Valladolid decidían unir fuerzas y contratar al bufete Garrigues para defender sus intereses.
El desacuerdo con la Ley del Deporte llevó a la rebeldía y a una rebaja fiscal para facilitar el acuerdo
Pero 24 horas después Cortés Elvira sorprendió y denegó los recursos de andaluces y gallegos, al tiempo que insistía la solución salomónica de una Liga con 22 equipos. La decisión quedaba manos de la LFP, a la que el CSD pedía “generosidad para tomar una decisión que es mala, pero que s la mejor teniendo en cuenta la realidad social”. Lo único que confirmó el CSD fue la permanencia en Primera de Albacete y Valladolid, lo que trasladó la atención a la periferia de Madrid: con esa decisión, Getafe y Leganés conservarían su plaza, perdida en los terrenos de juego, en Segunda. Del Nido, como máxima autoridad del Sevilla, se hizo escuchar: “Iremos hasta Estrasburgo, si hace falta”.
La Liga convocó una asamblea extraordinaria para el 16 de agosto donde participarían todos los equipos de Primera y Segunda, excepto Celta y Sevilla, por interés de parte. Según publicó este periódico el 12 de agosto de 1995, las posiciones estaban casi al 50%. 23 equipos se mostraban contrarios a la Liga de 22 —Barça, Madrid y Athletic y sus filiales entre ellos, por lo que votaban doble—, 14 estaban a favor —ahí se posicionó el Atlético de Madrid— y tres se mostraban indecisos. Entre ellos, el Betis, ante la oportunidad de llevar la rivalidad sevillana a los cielos o a los infiernos.
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El 15 de agosto, en la víspera de la asamblea, se supo que 20.000 aficionados de Celta y Sevilla viajarían a Madrid para seguir la negociación; que el Sevilla, dos semanas después, seguía sin presentar los avales y que la LFP había pedido el auxilio de la Delegación del Gobierno en Madrid para proteger la sede del organismo de la ira de algún hincha. La Policía Nacional desplegó a 500 agentes en el entorno de la LFP.
La asamblea de la LFP del miércoles 16 de agosto de 1995 fue un evento mediático inesperado. Convocada a las 10.30 h, fue retransmitida en directo por radios y televisiones. La sede de la LFP estaba vallada: los aficionados desplazados a Madrid no podrían acercarse a menos de 40 metros al edificio. Y el CSD se había movido en silencio para endulzar la Liga de 22 equipos. De aceptarla, el IVA de los clubs de fútbol pasaría del 16% al 7%, los equipos tendrían más participación en la recaudación de las quinielas —hasta entonces, ingresaban únicamente el 1%— y se prometió más dinero para los clubs a través de las televisiones. Solo por las cuatro jornadas extra que suponía una Liga de 22, los clubs se repartirían 400 millones de pesetas (unos cinco millones de los actuales euros: una auténtica fortuna en la época).
José María CanedaPresidente de la SD Compostela en 1995
La asamblea dio voz a todos los presidentes de los clubs de la LFP, con Horacio Gómez, presidente del Celta, y José María del Nido, representante del Sevilla, como testigos silentes. Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, recordó a sus colegas lo conveniente que resultaba la rebaja del IVA. Teresa Rivero, esposa de José María Ruiz Mateos y presidenta del Rayo Vallecano, habló de la “importancia de la solidaridad” en su experiencia como “madre de familia numerosa” (su marido casi la hace caer del estrado al intentar besarla tras su parlamento). Alfonso Solans, presidente del Real Zaragoza, llamó “cobardes” a los presidentes que, sabiendo que el ambiente en la calle se caldeaba, pretendían marcharse. Y quizá fue José María Caneda, mandatario del Compostela, el que resumió el espíritu del encuentro. Cuando llamó “capullos” a los autores de la Ley del Deporte, la LFP le eclamó moderación en el lenguaje y el gallego dijo: “En mi pueblo unos le llaman pito y otros le llaman pene, no creo que importe tanto”.
Manifestación en Vigo por el descenso administrativo de agosto de 1995.
Efe
Y esa fue la conclusión final de la asamblea. Que habiendo dinero no importaba tanto una Liga con 22 equipos. La Liga con 22 equipos duraría dos años. Tras esos dos años, esa ampliación se trasladaría a Segunda División, para reducir la Primera a 20 conjuntos y abordar la reducción de la categoría a 18 conjuntos —un deseo compartido por Barça, Madrid y Deportivo— al cabo de 24 meses. La Segunda División, por cierto, sigue hoy temporalmente ampliada a 22 equipos. La Primera sigue teniendo 20 equipos.
En agosto de 1995, el fútbol demostró su poder social. Un error administrativo llevó a una rebeldía contra la Ley, manifestaciones incluidas, y a una rebaja fiscal para facilitar el acuerdo. Se dejó de lado la Ley del Deporte, en suma, a cambio de dinero. Un dinero que incrementaron las plataformas digitales y la guerra por los derechos de retransmisión, que dio a los clubes aún más dinero de las cadenas, privadas y públicas, que peleaban por emitir los encuentros de la Liga de las Estrellas. Porque apenas un mes después de la crisis de los avales, Estrasburgo dio la razón al futbolista Jean-Marc Bosman, y decretó que un europeo comunitario no podía ser considerado extranjero en ningún campo laboral, incluido el fútbol.
Todo eso aún tenía que pasar. Pero también pasó porque hace 30 años el fútbol español estalló.
