La actuación de oficio que abrió en 2025 el Defensor del Pueblo sobre posibles casos de violencia sexual en el sistema de protección de menores ha puesto de manifiesto, según explican desde esta institución, «la dificultad de contar con datos fidedignos». El Informe Anual de 2025 del Alto Comisionado de las Cortes Generales subraya la «necesidad» de elaborar un «estudio específico» sobre el riesgo de explotación sexual de los menores que se encuentran al amparo del sistema de protección en España.La institución liderada por Ángel Gabilondo explica que volvió a dirigirse a las administraciones competentes para actualizar los datos recabados en 2023, pero, añade, a fecha de cierre del informe, aún no ha recibido respuestas de varias comunidades. En sus informes de 2023, Gabilondo advirtió de la vulnerabilidad de los menores tutelados frente a la explotación sexual, después de la denuncia de casos de agresiones, abusos e incluso trata, algunos en los propios centros residenciales. El Defensor del Pueblo ya pidió entonces especial atención a los menores inmigrantes, con mayor vulnerabilidad, y reforzar los protocolos de detección y protección. No obstante, en este informe vuelven a denunciar que la falta de acceso a información y la limitada colaboración entre administraciones continúan obstaculizando una investigación profunda.Noticia relacionada general No No Víctimas de los Testigos de Jehová piden a Justicia que revise su estatus como religión José Ramón Navarro-ParejaEn el contexto de esta investigación, esta institución visitó los cinco centros de protección de menores en los que se habían detectado menores víctima de abuso o explotación sexual; la Residencia de Adaptación Psicosocial (Reaps); Picón de Jarama, en Paracuellos del Jarama (Madrid); el Centro Educativo Terapéutico (CET) Gasteiz, en Vitoria; la Residencia Lucentum, en Alicante; La Casa d’Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y el Hogar de Protección Arrui y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura (Murcia). «En las visitas se pudo comprobar que los centros no habían recibido nuevos protocolos para la pronta detección e intervención en tales casos», denuncia el informe del Defensor del Pueblo, entregado este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Al margen de esto, continúa, se comprobó también «una falta de adecuación de los perfiles de varios menores allí acogidos», por una u otra razón [discapacidad intelectual, salud mental], aspecto que ya están tratando con las administraciones.Cuatro mil expedientes más que el año pasadoEn 2025, el Defensor del Pueblo tramitó un total de 38.762 expedientes frente a los 34.629 registrados en el ejercicio anterior. En el desglose se aprecian 38.144 quejas, 253 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, la institución atendió personalmente a 44.278 ciudadanos (42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial).Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Alto Comisionado de las Cortes Generales estuvieron relacionados con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social y Empleo, Migraciones y Política Social, Interior, Educación y Sanidad.«Este Informe no es aséptico, refleja la realidad de la coyuntura actual, la difícil situación de quienes no encuentran respuestas, o no hallan vías, ni siquiera difíciles, para la defensa de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos», ha explicado Gabilondo en la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. La actuación de oficio que abrió en 2025 el Defensor del Pueblo sobre posibles casos de violencia sexual en el sistema de protección de menores ha puesto de manifiesto, según explican desde esta institución, «la dificultad de contar con datos fidedignos». El Informe Anual de 2025 del Alto Comisionado de las Cortes Generales subraya la «necesidad» de elaborar un «estudio específico» sobre el riesgo de explotación sexual de los menores que se encuentran al amparo del sistema de protección en España.La institución liderada por Ángel Gabilondo explica que volvió a dirigirse a las administraciones competentes para actualizar los datos recabados en 2023, pero, añade, a fecha de cierre del informe, aún no ha recibido respuestas de varias comunidades. En sus informes de 2023, Gabilondo advirtió de la vulnerabilidad de los menores tutelados frente a la explotación sexual, después de la denuncia de casos de agresiones, abusos e incluso trata, algunos en los propios centros residenciales. El Defensor del Pueblo ya pidió entonces especial atención a los menores inmigrantes, con mayor vulnerabilidad, y reforzar los protocolos de detección y protección. No obstante, en este informe vuelven a denunciar que la falta de acceso a información y la limitada colaboración entre administraciones continúan obstaculizando una investigación profunda.Noticia relacionada general No No Víctimas de los Testigos de Jehová piden a Justicia que revise su estatus como religión José Ramón Navarro-ParejaEn el contexto de esta investigación, esta institución visitó los cinco centros de protección de menores en los que se habían detectado menores víctima de abuso o explotación sexual; la Residencia de Adaptación Psicosocial (Reaps); Picón de Jarama, en Paracuellos del Jarama (Madrid); el Centro Educativo Terapéutico (CET) Gasteiz, en Vitoria; la Residencia Lucentum, en Alicante; La Casa d’Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y el Hogar de Protección Arrui y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura (Murcia). «En las visitas se pudo comprobar que los centros no habían recibido nuevos protocolos para la pronta detección e intervención en tales casos», denuncia el informe del Defensor del Pueblo, entregado este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Al margen de esto, continúa, se comprobó también «una falta de adecuación de los perfiles de varios menores allí acogidos», por una u otra razón [discapacidad intelectual, salud mental], aspecto que ya están tratando con las administraciones.Cuatro mil expedientes más que el año pasadoEn 2025, el Defensor del Pueblo tramitó un total de 38.762 expedientes frente a los 34.629 registrados en el ejercicio anterior. En el desglose se aprecian 38.144 quejas, 253 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, la institución atendió personalmente a 44.278 ciudadanos (42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial).Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Alto Comisionado de las Cortes Generales estuvieron relacionados con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social y Empleo, Migraciones y Política Social, Interior, Educación y Sanidad.«Este Informe no es aséptico, refleja la realidad de la coyuntura actual, la difícil situación de quienes no encuentran respuestas, o no hallan vías, ni siquiera difíciles, para la defensa de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos», ha explicado Gabilondo en la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.
La actuación de oficio que abrió en 2025 el Defensor del Pueblo sobre posibles casos de violencia sexual en el sistema de protección de menores ha puesto de manifiesto, según explican desde esta institución, «la dificultad de contar con datos fidedignos». El Informe Anual … de 2025 del Alto Comisionado de las Cortes Generales subraya la «necesidad» de elaborar un «estudio específico» sobre el riesgo de explotación sexual de los menores que se encuentran al amparo del sistema de protección en España.
La institución liderada por Ángel Gabilondo explica que volvió a dirigirse a las administraciones competentes para actualizar los datos recabados en 2023, pero, añade, a fecha de cierre del informe, aún no ha recibido respuestas de varias comunidades. En sus informes de 2023, Gabilondo advirtió de la vulnerabilidad de los menores tutelados frente a la explotación sexual, después de la denuncia de casos de agresiones, abusos e incluso trata, algunos en los propios centros residenciales.
El Defensor del Pueblo ya pidió entonces especial atención a los menores inmigrantes, con mayor vulnerabilidad, y reforzar los protocolos de detección y protección. No obstante, en este informe vuelven a denunciar que la falta de acceso a información y la limitada colaboración entre administraciones continúan obstaculizando una investigación profunda.
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José Ramón Navarro-Pareja
En el contexto de esta investigación, esta institución visitó los cinco centros de protección de menores en los que se habían detectado menores víctima de abuso o explotación sexual; la Residencia de Adaptación Psicosocial (Reaps); Picón de Jarama, en Paracuellos del Jarama (Madrid); el Centro Educativo Terapéutico (CET) Gasteiz, en Vitoria; la Residencia Lucentum, en Alicante; La Casa d’Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y el Hogar de Protección Arrui y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura (Murcia).
«En las visitas se pudo comprobar que los centros no habían recibido nuevos protocolos para la pronta detección e intervención en tales casos», denuncia el informe del Defensor del Pueblo, entregado este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Al margen de esto, continúa, se comprobó también «una falta de adecuación de los perfiles de varios menores allí acogidos», por una u otra razón [discapacidad intelectual, salud mental], aspecto que ya están tratando con las administraciones.
Cuatro mil expedientes más que el año pasado
En 2025, el Defensor del Pueblo tramitó un total de 38.762 expedientes frente a los 34.629 registrados en el ejercicio anterior. En el desglose se aprecian 38.144 quejas, 253 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, la institución atendió personalmente a 44.278 ciudadanos (42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial).
Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Alto Comisionado de las Cortes Generales estuvieron relacionados con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social y Empleo, Migraciones y Política Social, Interior, Educación y Sanidad.
«Este Informe no es aséptico, refleja la realidad de la coyuntura actual, la difícil situación de quienes no encuentran respuestas, o no hallan vías, ni siquiera difíciles, para la defensa de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos», ha explicado Gabilondo en la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.
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