El fiscal Viada advierte de que la injerencia de la fiscal general con la rebaja a Aldama es «inusual»

La orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, al fiscal-jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, para que no rebaje a petición de pena al empresario de la trama de las mascarillas Víctor de Aldama es un hito «inusual» que socava la autonomía de los fiscales especializados y cuyo único objetivo es trasladar un «mensaje político». Así lo considera el fiscal jubilado del Tribunal Supremo Salvador Viada, para quien este movimiento no es si no un síntoma más de la deriva que atraviesa el Ministerio Público.En declaraciones a ABC quien fue presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) subraya la excepcionalidad de la indicación de la fiscal general, pues en un tema de corrupción «nunca se ha impedido a un fiscal apreciar una atenuante». Si bien reconoce que existen precedentes de órdenes a subordinados, esta intervención directa en un caso de corrupción de alta sensibilidad y contra el criterio del fiscal jefe Anticorrupción es, a su juicio, «un acto de gravedad extrema». Noticia relacionada general No No Peramato impide al fiscal rebajar su petición de cárcel para Aldama por colaborar con la justicia Nati VillanuevaComo informó este diario el lunes, Luzón ya llegó a juicio con un escrito de acusación en el que pedía 7 años para Aldama (frente a los 24 de Ábalos y los 19 de Koldo García) al apreciar la atenuante de confesión. Una vez celebrado el juicio, el fiscal-jefe Anticorrupción era partidario de modificar sus conclusiones provisionales y pedir una rebaja de pena aún mayor: de dos grados (atenuante muy cualificada) por la importancia que sus revelaciones han tenido para destapar las irregularidades de la trama. La crítica profesional de Viada se enfoca en el uso de la jerarquía para anular una valoración que, a su juicio, solo corresponde al fiscal que conoce a fondo el proceso, en este caso a Luzón y recuerda que sí el era partidario de aplicar esa atenuante es porque considera que su contribución ha sido «muy relevante». «Se trata de una decisión que se basa en un criterio de valoración, no de legalidad , y la valoración, en lugar de hacerla quien sabe la está haciendo una persona que no tiene ni idea de eso porque no ha estado ahí».En este sentido Viada cree que este trasvase de la capacidad de decisión del fiscal del caso a la fiscal General (Peramato) –que no ha llevado la instrucción ni el juicio– despoja a la decisión de su base técnica, una práctica que «no tiene trascendencia procesal», pero sí política. No tiene consecuencias procesales en este caso porque el tribunal podrá acordar esa rebaja si así lo considera, desde el momento en que las acusaciones populares también lo han solicitado.Recuerda este fiscal que el sistema penal, especialmente en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, necesita premiar la colaboración para poder penetrar las estructuras criminales. «Es muy importante que la gente confiese», dice, y, de hecho, el Código Penal está «lleno de alusiones» a una menor pena para quien colabora. El problema que ve aquí Viada es que si se le da credibilidad a lo que dice Aldama, «puede tener el efecto político de que alguien empiece a ver a Sánchez como el número uno porque lo ha dicho Aldama en un juicio. No se está acusando a Sánchez de nada, porque este no es el asunto de Sánchez, pero Aldama lo ha dicho en un contexto en el que la credibilidad es importante», señala. Ahora, admite Viada, hay quien puede pensar que Peramato está protegiendo al Gobierno, algo que, según se señala desde la Asociación de Fiscales (AF), a ABC «tampoco puede descartarse visto lo que se está viendo en los últimos tiempos». «Muy sólidos deberían ser los argumentos de la fiscal general del Estado para imponerse frente a un fiscal de capacidad y méritos reconocidos y que conoce la causa mejor que nadie», apuntan. La orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, al fiscal-jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, para que no rebaje a petición de pena al empresario de la trama de las mascarillas Víctor de Aldama es un hito «inusual» que socava la autonomía de los fiscales especializados y cuyo único objetivo es trasladar un «mensaje político». Así lo considera el fiscal jubilado del Tribunal Supremo Salvador Viada, para quien este movimiento no es si no un síntoma más de la deriva que atraviesa el Ministerio Público.En declaraciones a ABC quien fue presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) subraya la excepcionalidad de la indicación de la fiscal general, pues en un tema de corrupción «nunca se ha impedido a un fiscal apreciar una atenuante». Si bien reconoce que existen precedentes de órdenes a subordinados, esta intervención directa en un caso de corrupción de alta sensibilidad y contra el criterio del fiscal jefe Anticorrupción es, a su juicio, «un acto de gravedad extrema». Noticia relacionada general No No Peramato impide al fiscal rebajar su petición de cárcel para Aldama por colaborar con la justicia Nati VillanuevaComo informó este diario el lunes, Luzón ya llegó a juicio con un escrito de acusación en el que pedía 7 años para Aldama (frente a los 24 de Ábalos y los 19 de Koldo García) al apreciar la atenuante de confesión. Una vez celebrado el juicio, el fiscal-jefe Anticorrupción era partidario de modificar sus conclusiones provisionales y pedir una rebaja de pena aún mayor: de dos grados (atenuante muy cualificada) por la importancia que sus revelaciones han tenido para destapar las irregularidades de la trama. La crítica profesional de Viada se enfoca en el uso de la jerarquía para anular una valoración que, a su juicio, solo corresponde al fiscal que conoce a fondo el proceso, en este caso a Luzón y recuerda que sí el era partidario de aplicar esa atenuante es porque considera que su contribución ha sido «muy relevante». «Se trata de una decisión que se basa en un criterio de valoración, no de legalidad , y la valoración, en lugar de hacerla quien sabe la está haciendo una persona que no tiene ni idea de eso porque no ha estado ahí».En este sentido Viada cree que este trasvase de la capacidad de decisión del fiscal del caso a la fiscal General (Peramato) –que no ha llevado la instrucción ni el juicio– despoja a la decisión de su base técnica, una práctica que «no tiene trascendencia procesal», pero sí política. No tiene consecuencias procesales en este caso porque el tribunal podrá acordar esa rebaja si así lo considera, desde el momento en que las acusaciones populares también lo han solicitado.Recuerda este fiscal que el sistema penal, especialmente en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, necesita premiar la colaboración para poder penetrar las estructuras criminales. «Es muy importante que la gente confiese», dice, y, de hecho, el Código Penal está «lleno de alusiones» a una menor pena para quien colabora. El problema que ve aquí Viada es que si se le da credibilidad a lo que dice Aldama, «puede tener el efecto político de que alguien empiece a ver a Sánchez como el número uno porque lo ha dicho Aldama en un juicio. No se está acusando a Sánchez de nada, porque este no es el asunto de Sánchez, pero Aldama lo ha dicho en un contexto en el que la credibilidad es importante», señala. Ahora, admite Viada, hay quien puede pensar que Peramato está protegiendo al Gobierno, algo que, según se señala desde la Asociación de Fiscales (AF), a ABC «tampoco puede descartarse visto lo que se está viendo en los últimos tiempos». «Muy sólidos deberían ser los argumentos de la fiscal general del Estado para imponerse frente a un fiscal de capacidad y méritos reconocidos y que conoce la causa mejor que nadie», apuntan.  

La orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, al fiscal-jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, para que no rebaje a petición de pena al empresario de la trama de las mascarillas Víctor de Aldama es un hito «inusual» que socava la autonomía … de los fiscales especializados y cuyo único objetivo es trasladar un «mensaje político». Así lo considera el fiscal jubilado del Tribunal Supremo Salvador Viada, para quien este movimiento no es si no un síntoma más de la deriva que atraviesa el Ministerio Público.

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