Espera que el crecimiento se mantenga sólido este año a pesar del conflicto en Oriente Medio, y recomiendan al Gobierno que implemente una «estrategia clara de ajuste» a medio plazo, combinada con medidas de ingresos y de gasto Leer Espera que el crecimiento se mantenga sólido este año a pesar del conflicto en Oriente Medio, y recomiendan al Gobierno que implemente una «estrategia clara de ajuste» a medio plazo, combinada con medidas de ingresos y de gasto Leer
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado este viernes sus conclusiones sobre la economía española, en el marco de una de sus misiones del Artículo IV, en las que advierte al país del problema de la vivienda, pide que ponga fin al tope de los alquileres, que está incidiendo negativamente sobre la oferta disponible, y le alerta de que «el deterioro de la asequibilidad de la vivienda exige una acción más contundente».
«A menos que una evaluación rigurosa refute la evidencia preliminar de que los controles de alquiler han reducido de manera significativa la oferta de vivienda en alquiler, dichos controles deberían suspenderse tras su período inicial de tres años. La Ley de Vivienda que regula la declaración de ‘zonas tensionadas’ para permitir controlar los alquileres también debería modificarse a fin de imponer la condición de que las comunidades adopten medidas concretas y cuantificables para estimular la oferta, incluida la liberación de nuevo suelo», recoge el FMI.
Además, exige al Ejecutivo medidas «más contundentes» para afrontar el problema de accesibilidad en el país. «El rápido aumento de los precios de la vivienda, que está erosionando la asequibilidad y reduciendo la movilidad de los trabajadores, debe abordarse, sobre la base de las iniciativas del Gobierno para impulsar la oferta de vivienda. La fuerte demanda, impulsada por el crecimiento de la población, la inmigración neta y los tipos de interés más bajos, y sumada a la rigidez de la oferta de viviendas, ha llevado el aumento anual de los precios de la vivienda hasta tasas de dos dígitos. Las presiones derivadas del dinamismo de los mercados inmobiliarios urbanos y costeros están propagándose cada vez más a zonas circundantes. La mayoría de las recientes iniciativas del Gobierno son bienvenidas, entre ellas las orientadas a fomentar la oferta de vivienda de alquiler asequible mediante la creación de una nueva empresa pública de vivienda (Casa 47) y un nuevo fondo público (España Crece). Sin embargo, la oferta de vivienda tiene que aumentar a un ritmo mucho más rápido para hacer frente al gran déficit existente, sobre todo en las zonas de gran demanda. Para ello es necesario acelerar los planes de desarrollo urbano, liberar más suelo para la construcción, simplificar y agilizar aún más los procedimientos de concesión de permisos -por ejemplo, difundiendo las mejores prácticas de algunas comunidades y ayuntamientos, como la agilización de la concesión de licencias y el uso de la inteligencia artificial- y reducir la inseguridad jurídica de los proyectos reactivando la reforma de la Ley del Suelo», apunta.
Al FMI le preocupa que se acumulen «vulnerabilidades financieras relacionadas con la vivienda» dado el contexto de «rápido aumento de los precios inmobiliarios y de los primeros indicios de una relajación de los criterios de concesión de préstamos bancarios», de ahí que pidan que en el próximo año se introduzcan medidas hipotecarias basadas en la capacidad de pago de los prestatarios.
«Esto podría llevarse a cabo a través de orientación supervisora o mediante límites obligatorios. Bajo la primera opción, si los precios de la vivienda siguieran aumentando con rapidez y si las normas de concesión de préstamos se relajaran, el Banco de España debería pasar de la orientación supervisora a límites de carácter obligatorio. El análisis del personal técnico y la experiencia de diversos países indican que introducir esas medidas basadas en garantías hipotecarias podría ayudar a incrementar la estabilidad financiera. Además, serían más eficaces e incidirían menos en el crecimiento del crédito si se adoptaran antes de que se acumularan los riesgos. Complementarían también la actual introducción progresiva del nivel positivo neutral del colchón de capital anticíclico, que alcanzará el 1% en octubre de 2026 y que también está contribuyendo a reforzar la resiliencia de los bancos. Completar el resto de las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) de 2024 serviría para reforzar aún más el marco de estabilidad financiera, en particular con la adopción de un método integral para atender las necesidades de liquidez en la resolución de todos los bancos y con el avance de reformas que doten a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de mayor autonomía en la contratación», apuntan.
Respecto a la evolución de la economía, el FMI reconoce que ha seguido teniendo «un sólido desempeño», con una expansión significativamente superior a la de sus homólogas de la zona del euro, y pronostica que a, pesar del efecto adverso y la mayor incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, el crecimiento se mantedrá «sólido» este año, «antes de ralentizarse gradualmente a medida que se moderen las entradas de inmigrantes y se intensifique el envejecimiento demográfico». En concreto, pronostican que el crecimiento del PIB se situaría en torno al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027, mientras que la inflación general interanual alcanzaría aproximadamente el 3,0% a finales de 2026, para luego descender al 2,2% a finales de 2027.
«Se espera que la demanda interna siga siendo la principal fuente de crecimiento, compensando en parte la moderación de los factores determinantes por el lado de la oferta (aumento de la población activa) y de la demanda (turismo) de los últimos años», señalan.
No obstante, advierte de que hay riesgos que podrían estropear las previsiones como una prolongación del conflicto en Oriente Medio, el recrudecimiento de otras tensiones geopolíticas y de las medidas comerciales y la fragmentación de la política interna. Esta última, en su opinión, «plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno para llevar a cabo las importantes medidas de consolidación fiscal que el personal técnico estima que serán necesarias para cumplir sus compromisos en el marco del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP), así como para aplicar medidas decisivas que tranquilicen a los mercados en caso de tensiones financieras».
El FMI prevé que el déficit público en España se estabilizaría por encima del 2% del PIB en 2031, frente al 0,8% previsto en el PFEMP. «Esto implica que será necesario implementar medidas equivalentes a casi el 1,5% del PIB para cumplir con la senda de déficit definida por las autoridades. La proyección del personal técnico del FMI también implica que el crecimiento del gasto neto se mantendrá por encima de los compromisos de las autoridades fijados en el PFEMP en vigor hasta 2028. Aunque se prevé que la deuda siga disminuyendo en los próximos cinco años, su trayectoria seguirá siendo vulnerable a los shocks de crecimiento y de costes de financiación».
Por ello, recomiendan al Gobierno que implemente una «estrategia clara de ajuste» a medio plazo, combinada con medidas de ingresos y de gasto.
En cuanto a la condonación de la deuda de las comunidades autónomas que el Ejecutivo va a llevar a cabo, consideran que «podría ayudar a restaurar el acceso de aquellas a los mercados», «pero debería condicionarse a planes de consolidación creíbles, idealmente en el contexto de una regla fiscal regional reformada y centrada en la aplicación estricta de límites de crecimiento del gasto», en línea con las peticiones que ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades del régimen común, la mayor transferencia de fondos de la Administración Central creen que podría servirles para «afrontar mejor las crecientes presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento», pero alertan de que «implicaría una reducción proporcional de los recursos del gobierno central, lo que restringiría aún más su espacio fiscal». «Por lo tanto, esta reforma debe introducirse solo gradualmente a fin de que el gobierno central tenga tiempo para compensar la pérdida de ingresos con mayores impuestos o recortes del gasto, y para permitir que las comunidades gasten los recursos adicionales de manera eficiente en áreas de alta prioridad», agregan.
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