El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha asegurado que los contratos con la Fundación Siglo XXI, de la que se han imputado a cuatro directores de centros por desviar fondos europeos destinados a la atención a menores migrantes siguen en vigor, ya que el Ejecutivo no puede rescindirlos contratos hasta que no haya una sentencia en firme.De acuerdo a sus declaraciones, el Gobierno regional podría tener que enfrentarse a indemnizaciones en el caso de hacerlo.La operación ‘Tabaiba’, que ha culminado con la imputación judicial de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote y un empresario inmobiliario, imputados por desviar 2,4 millones de fondos europeos de acogida de menores, «es sobre personas no sobre la fundación», ha afirmado Cabello, y esas personas ya están «apartadas» de la gestión.MÁS INFORMACIÓN noticia No Cuatro directores de centros y un empresario inmobiliario, imputados por desviar 2,4 millones de fondos europeos de acogida de menoresHa apuntado también que en un momento de «máxima emergencia migratoria y de hacinamiento» llegó a tener más de 600 menores bajo tutela y ahora cuenta con 225 y que se llegó a cerrar el centro de La Santa, en la isla de Lanzarote.No obstante, Cabello ha recordado que la investigación es del periodo 2020-22, con el anterior Gobierno de Canarias, y según la Fiscalía Anticorrupción, «hubo dejación» del ‘Pacto de las Flores’ en el control del uso del dinero que se entregaba a la entidad.Con todo ha señalado que su Ejecutivo va a seguir siendo «riguroso» con el control del dinero que se entrega y «contundentes y colaborativos» con las necesidades que vayan planteando los juzgados, subrayando que sigue haciendo frente «en solitario» a la gestión en la llegada de menores migrantes. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha asegurado que los contratos con la Fundación Siglo XXI, de la que se han imputado a cuatro directores de centros por desviar fondos europeos destinados a la atención a menores migrantes siguen en vigor, ya que el Ejecutivo no puede rescindirlos contratos hasta que no haya una sentencia en firme.De acuerdo a sus declaraciones, el Gobierno regional podría tener que enfrentarse a indemnizaciones en el caso de hacerlo.La operación ‘Tabaiba’, que ha culminado con la imputación judicial de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote y un empresario inmobiliario, imputados por desviar 2,4 millones de fondos europeos de acogida de menores, «es sobre personas no sobre la fundación», ha afirmado Cabello, y esas personas ya están «apartadas» de la gestión.MÁS INFORMACIÓN noticia No Cuatro directores de centros y un empresario inmobiliario, imputados por desviar 2,4 millones de fondos europeos de acogida de menoresHa apuntado también que en un momento de «máxima emergencia migratoria y de hacinamiento» llegó a tener más de 600 menores bajo tutela y ahora cuenta con 225 y que se llegó a cerrar el centro de La Santa, en la isla de Lanzarote.No obstante, Cabello ha recordado que la investigación es del periodo 2020-22, con el anterior Gobierno de Canarias, y según la Fiscalía Anticorrupción, «hubo dejación» del ‘Pacto de las Flores’ en el control del uso del dinero que se entregaba a la entidad.Con todo ha señalado que su Ejecutivo va a seguir siendo «riguroso» con el control del dinero que se entrega y «contundentes y colaborativos» con las necesidades que vayan planteando los juzgados, subrayando que sigue haciendo frente «en solitario» a la gestión en la llegada de menores migrantes.
TRIBUNALES
Hay imputados cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, además de un empresario inmobiliario
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