La orden ministerial llegó sin previo aviso y cayó como un jarro de agua fría en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM). Después de varios años de reuniones con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para buscar una fórmula que permitiera compatibilizar la actividad del futuro Museo Nacional Cajal con la vida diaria de la corporación, la institución asegura haberse encontrado con una decisión unilateral que, a su juicio, altera de forma sustancial el acuerdo que regulaba desde hace más de medio siglo el uso del histórico edificio de la calle Santa Isabel, 51.El presidente del ICOMEM, Manuel Martínez-Sellés, asegura a ABC que la corporación recibió la decisión con «sorpresa», tanto «por el contenido como por la forma en que se ha realizado». «Nada de lo que hablamos en las reuniones se ha tenido en cuenta. Nos enteramos el martes, sin haber recibido previamente ninguna llamada ni explicación por parte del ministerio», afirma. La resolución sustituye el régimen de uso que el colegio mantenía desde febrero de 1970 por una concesión demanial de 25 años limitada a una parte del inmueble, propiedad del Estado. La decisión modifica «profundamente» la utilización de la sede histórica de la entidad colegial. En la práctica, el ICOMEM conservará algunas dependencias, pero perderá el uso exclusivo de varios espacios emblemáticos de la planta baja y del sótano, como el vestíbulo de Santa Isabel, las aulas Ramón y Cajal y Gregorio Marañón, las galerías, el pequeño anfiteatro, la sala de Prensa y distintos archivos y almacenes. Uno de los casos que más preocupa al colegio es el del Gran Anfiteatro, con capacidad para unas 450 personas y escenario habitual de congresos, jornadas científicas y actos institucionales. Aunque seguirá pudiendo utilizarse, al convertirse en un espacio de uso compartido, el ICOMEM denuncia que su uso quedará supeditado a la autorización del museo. Según la orden ministerial firmada el pasado 27 de julio, la entidad conservará el uso del aula Jiménez Díaz, el espacio del Niño Perdido y las plantas segunda, tercera y el altillo, así como la explotación de la cafetería y la cocina. El presidente considera especialmente injusto que la orden afecte a instalaciones recientemente rehabilitadas por el propio colegio. Según recuerda, el ICOMEM ha invertido cerca de 11 millones de euros en los últimos seis años para adaptar y rehabilitar unas instalaciones catalogadas como Bien de Interés Cultural . El presidente pone como ejemplo la cafetería anexa al aula Ramón y Cajal, cuya reforma exigió una importante inversión por las especiales limitaciones que impone un edificio histórico. «Ahora el colegio perderá el uso de unas instalaciones que ha rehabilitado y modernizado con fondos propios. Van a aprovechar una inversión que hemos hecho nosotros sin ninguna compensación económica», denuncia.El nuevo régimen no sólo reduce de forma sustancial los espacios disponibles, sino que impone importantes limitaciones y obligaciones: restricciones a la cesión y utilización de dependencias, autorización previa para determinadas obras y actividades, inventario y custodia de bienes muebles, asunción de gastos sobre los espacios concedidos y la posibilidad de extinción inmediata de la concesión, sin indemnización, por razones de interés público.Por orden: el aula Ramón y Cajal, el pequeño anfiteatro y el aula Jiménez Díaz, estos dos últimos objeto de una profunda remodelación. ICOMEMPese al enfrentamiento con el ministerio, Martínez-Sellés insiste en que la entidad nunca se ha opuesto a la creación y dignificación del Museo Nacional Cajal . Al contrario. Recuerda que en 2021 el propio ICOMEM impulsó el denominado Acuerdo de Atocha junto a la Real Academia Nacional de Medicina de España, la Organización Médica Colegial y otras grandes entidades médicas españolas para promover la creación de un gran museo nacional dedicado a la historia de la medicina en el que la figura de Santiago Ramón y Cajal ocupara un lugar central. Asegura que el ministerio rechazó ese planteamiento y optó por impulsar un museo dedicado exclusivamente al Nobel español. «La intención es loable, pero creemos que empobrece la perspectiva global de la historia de la medicina centrar el espacio únicamente en esta figura».Según el también médico, durante las reuniones mantenidas con el Ejecutivo presentaron distintas alternativas para compartir el edificio y compensar las inversiones realizadas, pero ninguna de ellas fue incorporada a la orden definitiva. «La protección del legado de Cajal y el respeto a la historia, la actividad y las inversiones realizadas por el Colegio son perfectamente compatibles y deberían haber conducido a una solución negociada, proporcionada y equilibrada y que no fuera unilateralmente impuesta», expone el comunicado difundido por el ICOMEM. La entidad perderá el vestíbulo de Santa Isabel, las aulas Cajal y Gregorio Marañón, el anfiteatro y la sala de Prensa «Era bastante fácil compatibilizar ambas actividades. En la última reunión en la que yo mismo estuve presente incluso nos comunicaron que estudiarían nuestras propuestas, y salimos muy optimistas. Por eso nos ha sorprendido tanto que, sin ninguna llamada ni explicación, publicaran directamente la orden ministerial», afirma Martínez-Sellés.El aspecto más delicado del conflicto es la lectura política que hace el Colegio de Médicos. El comunicado apunta que la coincidencia temporal entre esta decisión y la oposición «pública, firme y sostenida» del ICOMEM respecto al Estatuto Marco genera una «legítima preocupación». Martínez-Sellés va un paso más allá. «Lo interpretamos como un castigo. No encontramos otra explicación», asegura. El presidente indica que el colegio ha defendido con firmeza la creación de un estatuto propio para la profesión médica y que incluso mantiene en su sede una campaña pública reclamando ese marco específico. «Nos sorprende y nos entristece. Da la impresión de que existe una intención oculta de dañar los intereses de los médicos», afirma.«Acudiremos a los tribunales»Por todo ello, la Junta Directiva del ICOMEM ya ha encargado a sus servicios jurídicos el estudio de la orden y considera que existen varios aspectos susceptibles de recurso. La institución médica exige «una explicación clara sobre el procedimiento seguido, la necesidad y proporcionalidad de la medida y las razones por las que no se ha alcanzado previamente un acuerdo que garantice la convivencia de ambas instituciones». Martínez-Sellés confirma que recurrirán la orden del ministerio y que acudirán a los tribunales para intentar frenar una decisión que considera contraria a los derechos reconocidos en el acuerdo firmado en 1970, salvo que el Gobierno rectifique.Asimismo, solicitará una reunión inmediata con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y convocará una Asamblea General extraordinaria durante la primera quincena de septiembre para informar a todos los colegiados de las consecuencias de la orden y de las medidas de defensa que adoptará la corporación: «La elección de estas fechas no ha sido casual. Convocar una asamblea en pleno verano es muy complicado. Queremos que todos los colegiados sean conscientes del daño que esta decisión provoca al colegio y a la profesión». La orden ministerial llegó sin previo aviso y cayó como un jarro de agua fría en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM). Después de varios años de reuniones con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para buscar una fórmula que permitiera compatibilizar la actividad del futuro Museo Nacional Cajal con la vida diaria de la corporación, la institución asegura haberse encontrado con una decisión unilateral que, a su juicio, altera de forma sustancial el acuerdo que regulaba desde hace más de medio siglo el uso del histórico edificio de la calle Santa Isabel, 51.El presidente del ICOMEM, Manuel Martínez-Sellés, asegura a ABC que la corporación recibió la decisión con «sorpresa», tanto «por el contenido como por la forma en que se ha realizado». «Nada de lo que hablamos en las reuniones se ha tenido en cuenta. Nos enteramos el martes, sin haber recibido previamente ninguna llamada ni explicación por parte del ministerio», afirma. La resolución sustituye el régimen de uso que el colegio mantenía desde febrero de 1970 por una concesión demanial de 25 años limitada a una parte del inmueble, propiedad del Estado. La decisión modifica «profundamente» la utilización de la sede histórica de la entidad colegial. En la práctica, el ICOMEM conservará algunas dependencias, pero perderá el uso exclusivo de varios espacios emblemáticos de la planta baja y del sótano, como el vestíbulo de Santa Isabel, las aulas Ramón y Cajal y Gregorio Marañón, las galerías, el pequeño anfiteatro, la sala de Prensa y distintos archivos y almacenes. Uno de los casos que más preocupa al colegio es el del Gran Anfiteatro, con capacidad para unas 450 personas y escenario habitual de congresos, jornadas científicas y actos institucionales. Aunque seguirá pudiendo utilizarse, al convertirse en un espacio de uso compartido, el ICOMEM denuncia que su uso quedará supeditado a la autorización del museo. Según la orden ministerial firmada el pasado 27 de julio, la entidad conservará el uso del aula Jiménez Díaz, el espacio del Niño Perdido y las plantas segunda, tercera y el altillo, así como la explotación de la cafetería y la cocina. El presidente considera especialmente injusto que la orden afecte a instalaciones recientemente rehabilitadas por el propio colegio. Según recuerda, el ICOMEM ha invertido cerca de 11 millones de euros en los últimos seis años para adaptar y rehabilitar unas instalaciones catalogadas como Bien de Interés Cultural . El presidente pone como ejemplo la cafetería anexa al aula Ramón y Cajal, cuya reforma exigió una importante inversión por las especiales limitaciones que impone un edificio histórico. «Ahora el colegio perderá el uso de unas instalaciones que ha rehabilitado y modernizado con fondos propios. Van a aprovechar una inversión que hemos hecho nosotros sin ninguna compensación económica», denuncia.El nuevo régimen no sólo reduce de forma sustancial los espacios disponibles, sino que impone importantes limitaciones y obligaciones: restricciones a la cesión y utilización de dependencias, autorización previa para determinadas obras y actividades, inventario y custodia de bienes muebles, asunción de gastos sobre los espacios concedidos y la posibilidad de extinción inmediata de la concesión, sin indemnización, por razones de interés público.Por orden: el aula Ramón y Cajal, el pequeño anfiteatro y el aula Jiménez Díaz, estos dos últimos objeto de una profunda remodelación. ICOMEMPese al enfrentamiento con el ministerio, Martínez-Sellés insiste en que la entidad nunca se ha opuesto a la creación y dignificación del Museo Nacional Cajal . Al contrario. Recuerda que en 2021 el propio ICOMEM impulsó el denominado Acuerdo de Atocha junto a la Real Academia Nacional de Medicina de España, la Organización Médica Colegial y otras grandes entidades médicas españolas para promover la creación de un gran museo nacional dedicado a la historia de la medicina en el que la figura de Santiago Ramón y Cajal ocupara un lugar central. Asegura que el ministerio rechazó ese planteamiento y optó por impulsar un museo dedicado exclusivamente al Nobel español. «La intención es loable, pero creemos que empobrece la perspectiva global de la historia de la medicina centrar el espacio únicamente en esta figura».Según el también médico, durante las reuniones mantenidas con el Ejecutivo presentaron distintas alternativas para compartir el edificio y compensar las inversiones realizadas, pero ninguna de ellas fue incorporada a la orden definitiva. «La protección del legado de Cajal y el respeto a la historia, la actividad y las inversiones realizadas por el Colegio son perfectamente compatibles y deberían haber conducido a una solución negociada, proporcionada y equilibrada y que no fuera unilateralmente impuesta», expone el comunicado difundido por el ICOMEM. La entidad perderá el vestíbulo de Santa Isabel, las aulas Cajal y Gregorio Marañón, el anfiteatro y la sala de Prensa «Era bastante fácil compatibilizar ambas actividades. En la última reunión en la que yo mismo estuve presente incluso nos comunicaron que estudiarían nuestras propuestas, y salimos muy optimistas. Por eso nos ha sorprendido tanto que, sin ninguna llamada ni explicación, publicaran directamente la orden ministerial», afirma Martínez-Sellés.El aspecto más delicado del conflicto es la lectura política que hace el Colegio de Médicos. El comunicado apunta que la coincidencia temporal entre esta decisión y la oposición «pública, firme y sostenida» del ICOMEM respecto al Estatuto Marco genera una «legítima preocupación». Martínez-Sellés va un paso más allá. «Lo interpretamos como un castigo. No encontramos otra explicación», asegura. El presidente indica que el colegio ha defendido con firmeza la creación de un estatuto propio para la profesión médica y que incluso mantiene en su sede una campaña pública reclamando ese marco específico. «Nos sorprende y nos entristece. Da la impresión de que existe una intención oculta de dañar los intereses de los médicos», afirma.«Acudiremos a los tribunales»Por todo ello, la Junta Directiva del ICOMEM ya ha encargado a sus servicios jurídicos el estudio de la orden y considera que existen varios aspectos susceptibles de recurso. La institución médica exige «una explicación clara sobre el procedimiento seguido, la necesidad y proporcionalidad de la medida y las razones por las que no se ha alcanzado previamente un acuerdo que garantice la convivencia de ambas instituciones». Martínez-Sellés confirma que recurrirán la orden del ministerio y que acudirán a los tribunales para intentar frenar una decisión que considera contraria a los derechos reconocidos en el acuerdo firmado en 1970, salvo que el Gobierno rectifique.Asimismo, solicitará una reunión inmediata con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y convocará una Asamblea General extraordinaria durante la primera quincena de septiembre para informar a todos los colegiados de las consecuencias de la orden y de las medidas de defensa que adoptará la corporación: «La elección de estas fechas no ha sido casual. Convocar una asamblea en pleno verano es muy complicado. Queremos que todos los colegiados sean conscientes del daño que esta decisión provoca al colegio y a la profesión».
La orden ministerial llegó sin previo aviso y cayó como un jarro de agua fría en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM). Después de varios años de reuniones con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para buscar una … fórmula que permitiera compatibilizar la actividad del futuro Museo Nacional Cajal con la vida diaria de la corporación, la institución asegura haberse encontrado con una decisión unilateral que, a su juicio, altera de forma sustancial el acuerdo que regulaba desde hace más de medio siglo el uso del histórico edificio de la calle Santa Isabel, 51.
El presidente del ICOMEM, Manuel Martínez-Sellés, asegura a ABC que la corporación recibió la decisión con «sorpresa», tanto «por el contenido como por la forma en que se ha realizado». «Nada de lo que hablamos en las reuniones se ha tenido en cuenta. Nos enteramos el martes, sin haber recibido previamente ninguna llamada ni explicación por parte del ministerio», afirma. La resolución sustituye el régimen de uso que el colegio mantenía desde febrero de 1970 por una concesión demanial de 25 años limitada a una parte del inmueble, propiedad del Estado.
La decisión modifica «profundamente» la utilización de la sede histórica de la entidad colegial. En la práctica, el ICOMEM conservará algunas dependencias, pero perderá el uso exclusivo de varios espacios emblemáticos de la planta baja y del sótano, como el vestíbulo de Santa Isabel, las aulas Ramón y Cajal y Gregorio Marañón, las galerías, el pequeño anfiteatro, la sala de Prensa y distintos archivos y almacenes. Uno de los casos que más preocupa al colegio es el del Gran Anfiteatro, con capacidad para unas 450 personas y escenario habitual de congresos, jornadas científicas y actos institucionales. Aunque seguirá pudiendo utilizarse, al convertirse en un espacio de uso compartido, el ICOMEM denuncia que su uso quedará supeditado a la autorización del museo.
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Sara Medialdea
Según la orden ministerial firmada el pasado 27 de julio, la entidad conservará el uso del aula Jiménez Díaz, el espacio del Niño Perdido y las plantas segunda, tercera y el altillo, así como la explotación de la cafetería y la cocina. El presidente considera especialmente injusto que la orden afecte a instalaciones recientemente rehabilitadas por el propio colegio. Según recuerda, el ICOMEM ha invertido cerca de 11 millones de euros en los últimos seis años para adaptar y rehabilitar unas instalaciones catalogadas como Bien de Interés Cultural. El presidente pone como ejemplo la cafetería anexa al aula Ramón y Cajal, cuya reforma exigió una importante inversión por las especiales limitaciones que impone un edificio histórico. «Ahora el colegio perderá el uso de unas instalaciones que ha rehabilitado y modernizado con fondos propios. Van a aprovechar una inversión que hemos hecho nosotros sin ninguna compensación económica», denuncia.
El nuevo régimen no sólo reduce de forma sustancial los espacios disponibles, sino que impone importantes limitaciones y obligaciones: restricciones a la cesión y utilización de dependencias, autorización previa para determinadas obras y actividades, inventario y custodia de bienes muebles, asunción de gastos sobre los espacios concedidos y la posibilidad de extinción inmediata de la concesión, sin indemnización, por razones de interés público.
(ICOMEM)
Pese al enfrentamiento con el ministerio, Martínez-Sellés insiste en que la entidad nunca se ha opuesto a la creación y dignificación del Museo Nacional Cajal. Al contrario. Recuerda que en 2021 el propio ICOMEM impulsó el denominado Acuerdo de Atocha junto a la Real Academia Nacional de Medicina de España, la Organización Médica Colegial y otras grandes entidades médicas españolas para promover la creación de un gran museo nacional dedicado a la historia de la medicina en el que la figura de Santiago Ramón y Cajal ocupara un lugar central. Asegura que el ministerio rechazó ese planteamiento y optó por impulsar un museo dedicado exclusivamente al Nobel español. «La intención es loable, pero creemos que empobrece la perspectiva global de la historia de la medicina centrar el espacio únicamente en esta figura».
Según el también médico, durante las reuniones mantenidas con el Ejecutivo presentaron distintas alternativas para compartir el edificio y compensar las inversiones realizadas, pero ninguna de ellas fue incorporada a la orden definitiva. «La protección del legado de Cajal y el respeto a la historia, la actividad y las inversiones realizadas por el Colegio son perfectamente compatibles y deberían haber conducido a una solución negociada, proporcionada y equilibrada y que no fuera unilateralmente impuesta», expone el comunicado difundido por el ICOMEM.
La entidad perderá el vestíbulo de Santa Isabel, las aulas Cajal y Gregorio Marañón, el anfiteatro y la sala de Prensa
«Era bastante fácil compatibilizar ambas actividades. En la última reunión en la que yo mismo estuve presente incluso nos comunicaron que estudiarían nuestras propuestas, y salimos muy optimistas. Por eso nos ha sorprendido tanto que, sin ninguna llamada ni explicación, publicaran directamente la orden ministerial», afirma Martínez-Sellés.
El aspecto más delicado del conflicto es la lectura política que hace el Colegio de Médicos. El comunicado apunta que la coincidencia temporal entre esta decisión y la oposición «pública, firme y sostenida» del ICOMEM respecto al Estatuto Marco genera una «legítima preocupación». Martínez-Sellés va un paso más allá. «Lo interpretamos como un castigo. No encontramos otra explicación», asegura. El presidente indica que el colegio ha defendido con firmeza la creación de un estatuto propio para la profesión médica y que incluso mantiene en su sede una campaña pública reclamando ese marco específico. «Nos sorprende y nos entristece. Da la impresión de que existe una intención oculta de dañar los intereses de los médicos», afirma.
«Acudiremos a los tribunales»
Por todo ello, la Junta Directiva del ICOMEM ya ha encargado a sus servicios jurídicos el estudio de la orden y considera que existen varios aspectos susceptibles de recurso. La institución médica exige «una explicación clara sobre el procedimiento seguido, la necesidad y proporcionalidad de la medida y las razones por las que no se ha alcanzado previamente un acuerdo que garantice la convivencia de ambas instituciones». Martínez-Sellés confirma que recurrirán la orden del ministerio y que acudirán a los tribunales para intentar frenar una decisión que considera contraria a los derechos reconocidos en el acuerdo firmado en 1970, salvo que el Gobierno rectifique.
Asimismo, solicitará una reunión inmediata con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y convocará una Asamblea General extraordinaria durante la primera quincena de septiembre para informar a todos los colegiados de las consecuencias de la orden y de las medidas de defensa que adoptará la corporación: «La elección de estas fechas no ha sido casual. Convocar una asamblea en pleno verano es muy complicado. Queremos que todos los colegiados sean conscientes del daño que esta decisión provoca al colegio y a la profesión».
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