El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha pedido por carta al ministro Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, una reunión inmediata para resolver la deuda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene con la Comunidad de Madrid en materia de dependencia y que alcanza ya los 3.000 millones de euros. En la reunión «urgente», la consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Ana Dávila, quiere abordar la situación de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y en particular «el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de España de su obligación de cofinanciar, al menos al 50 por ciento, el coste efectivo del sistema junto a las comunidades autónomas».En la carta, la consejera de Ayuso explica que en el caso de la Comunidad de Madrid, la aportación real del Estado en 2024 se situó en apenas el 27,5 por ciento del coste del sistema, casi dos puntos porcentuales menos que el año anterior y las previsiones del certificado de 2025 se sitúan en un porcentaje similar, pese al compromiso de llegar al 50 por ciento. «Este incumplimiento sostenido ha generado ya una deuda acumulada del Gobierno de España con los madrileños en situación de mayor vulnerabilidad cercana a los 3.000 millones de euros al cierre de 2025. Un agujero que crece a razón de más de un millón de euros cada día que pasa», advierte.Noticia relacionada general No No Aumento de 135.000 en 2025 en la Comunidad Madrid consolida los siete millones de habitantes Mariano CallejaLa consejera denuncia que con los recursos que el Estado ha dejado de aportar a los madrileños solo el pasado año, podrían haberse creado más de 12.000 plazas residenciales o financiado más de 17 millones de horas de ayuda a domicilio.Dávila cree que es «difícil de explicar. y aún más de justificar, que el Gobierno siga amparándose en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para no cumplir la ley, cuando recientemente ha demostrado que dispone de instrumentos legales suficientes para incrementar la financiación cuando existe voluntad política». El Gobierno de Ayuso se refiere en concreto al caso de la ELA: «Es paradigmático». Aunque la dotación aprobada es «manifiestamente insuficiente» para atender las necesidades reales de los pacientes y sus familias, el Gobierno ha habilitado una financiación específica, aun sin estar prevista en los presupuestos prorrogados. «Lo que resulta incomprensible es que pudiendo hacerlo, no aplique la financiación marcada por la ley al sistema de dependencia, que afecta a más de un millón y medio de personas en todo el país y sigan escudándose en el propio incumplimiento de su Gobierno de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado.»Por todo ello, la consejera Dávila solicita al ministro una reunión inmediata para abordar «de manera directa y rigurosa» la financiación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, exigir el cumplimiento de su gobierno, «y su propia promesa personal», y acordar medidas concretas que permitan garantizar su sostenibilidad y la atención digna «que merecen las personas más vulnerables en toda España». El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha pedido por carta al ministro Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, una reunión inmediata para resolver la deuda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene con la Comunidad de Madrid en materia de dependencia y que alcanza ya los 3.000 millones de euros. En la reunión «urgente», la consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Ana Dávila, quiere abordar la situación de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y en particular «el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de España de su obligación de cofinanciar, al menos al 50 por ciento, el coste efectivo del sistema junto a las comunidades autónomas».En la carta, la consejera de Ayuso explica que en el caso de la Comunidad de Madrid, la aportación real del Estado en 2024 se situó en apenas el 27,5 por ciento del coste del sistema, casi dos puntos porcentuales menos que el año anterior y las previsiones del certificado de 2025 se sitúan en un porcentaje similar, pese al compromiso de llegar al 50 por ciento. «Este incumplimiento sostenido ha generado ya una deuda acumulada del Gobierno de España con los madrileños en situación de mayor vulnerabilidad cercana a los 3.000 millones de euros al cierre de 2025. Un agujero que crece a razón de más de un millón de euros cada día que pasa», advierte.Noticia relacionada general No No Aumento de 135.000 en 2025 en la Comunidad Madrid consolida los siete millones de habitantes Mariano CallejaLa consejera denuncia que con los recursos que el Estado ha dejado de aportar a los madrileños solo el pasado año, podrían haberse creado más de 12.000 plazas residenciales o financiado más de 17 millones de horas de ayuda a domicilio.Dávila cree que es «difícil de explicar. y aún más de justificar, que el Gobierno siga amparándose en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para no cumplir la ley, cuando recientemente ha demostrado que dispone de instrumentos legales suficientes para incrementar la financiación cuando existe voluntad política». El Gobierno de Ayuso se refiere en concreto al caso de la ELA: «Es paradigmático». Aunque la dotación aprobada es «manifiestamente insuficiente» para atender las necesidades reales de los pacientes y sus familias, el Gobierno ha habilitado una financiación específica, aun sin estar prevista en los presupuestos prorrogados. «Lo que resulta incomprensible es que pudiendo hacerlo, no aplique la financiación marcada por la ley al sistema de dependencia, que afecta a más de un millón y medio de personas en todo el país y sigan escudándose en el propio incumplimiento de su Gobierno de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado.»Por todo ello, la consejera Dávila solicita al ministro una reunión inmediata para abordar «de manera directa y rigurosa» la financiación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, exigir el cumplimiento de su gobierno, «y su propia promesa personal», y acordar medidas concretas que permitan garantizar su sostenibilidad y la atención digna «que merecen las personas más vulnerables en toda España».
El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha pedido por carta al ministro Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, una reunión inmediata para resolver la deuda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene con la Comunidad de Madrid en materia de dependencia … y que alcanza ya los 3.000 millones de euros. En la reunión «urgente», la consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Ana Dávila, quiere abordar la situación de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y en particular «el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de España de su obligación de cofinanciar, al menos al 50 por ciento, el coste efectivo del sistema junto a las comunidades autónomas».
En la carta, la consejera de Ayuso explica que en el caso de la Comunidad de Madrid, la aportación real del Estado en 2024 se situó en apenas el 27,5 por ciento del coste del sistema, casi dos puntos porcentuales menos que el año anterior y las previsiones del certificado de 2025 se sitúan en un porcentaje similar, pese al compromiso de llegar al 50 por ciento.
«Este incumplimiento sostenido ha generado ya una deuda acumulada del Gobierno de España con los madrileños en situación de mayor vulnerabilidad cercana a los 3.000 millones de euros al cierre de 2025. Un agujero que crece a razón de más de un millón de euros cada día que pasa», advierte.
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Aumento de 135.000 en 2025 en la Comunidad
Mariano Calleja
La consejera denuncia que con los recursos que el Estado ha dejado de aportar a los madrileños solo el pasado año, podrían haberse creado más de 12.000 plazas residenciales o financiado más de 17 millones de horas de ayuda a domicilio.
Dávila cree que es «difícil de explicar. y aún más de justificar, que el Gobierno siga amparándose en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para no cumplir la ley, cuando recientemente ha demostrado que dispone de instrumentos legales suficientes para incrementar la financiación cuando existe voluntad política».
El Gobierno de Ayuso se refiere en concreto al caso de la ELA: «Es paradigmático». Aunque la dotación aprobada es «manifiestamente insuficiente» para atender las necesidades reales de los pacientes y sus familias, el Gobierno ha habilitado una financiación específica, aun sin estar prevista en los presupuestos prorrogados. «Lo que resulta incomprensible es que pudiendo hacerlo, no aplique la financiación marcada por la ley al sistema de dependencia, que afecta a más de un millón y medio de personas en todo el país y sigan escudándose en el propio incumplimiento de su Gobierno de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado.»
Por todo ello, la consejera Dávila solicita al ministro una reunión inmediata para abordar «de manera directa y rigurosa» la financiación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, exigir el cumplimiento de su gobierno, «y su propia promesa personal», y acordar medidas concretas que permitan garantizar su sostenibilidad y la atención digna «que merecen las personas más vulnerables en toda España».
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