El Gobierno interpreta que la sentencia reciente del Tribunal Supremo sí que obliga a elevar los caudales ecológicos en el Tajo de forma inmediata y no progresiva a partir de 2027, lo que según los regantes entrañará recortar los trasvases a la mitad. La primera reacción ha venido de la Generalitat Valenciana, que recrimina al Ejecutivo de Pedro Sánchez por « acabar con la agricultura » en los campos de cultivo afectados.Ha sido concretamente el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán , quien ha anunciado se se cumplirá « rigurosamente » con el fallo judicial, preguntado por si se descarta así el calendario paulatino que preveía su entrada en vigor escalonada en el horizonte de los dos próximos años, hasta llegar a los 8,6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez.«Vamos a cumplir y ejecutar lo que dicen las sentencias del Supremo», ha señalado Morán, indicando que ya lo hicieron con las anteriores dictadas en el 2019 «y esta es una más».La sentencia, con fecha del 6 de mayo de 2025 y publicada en el BOE el pasado viernes, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche y por el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), y declara nulas las excepciones que permitían alcanzar los caudales ecológicos en zonas protegidas del Tajo de forma escalonada.No obstante, desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura ( SCRATS ), habían asegurado tras consultar a expertos jurídicos que el Supremo no obliga a esa aplicación ya porque entraría en contradicción con otras circunstancias sobre el riego.«Sánchez pasará a la historia»Tras conocer esta determinación del Ejecutivo central, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina , ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , de « acabar con la agricultura » de la provincia de Alicante.Asimismo, ha criticado que, «en vez de buscar el diálogo y el acuerdo, opte por imponer restricciones de manera unilateral, perjudicando tanto el presente como el futuro del sector agrícola de la Comunitat Valenciana».Al respecto, ha afirmado que Sánchez « pasará a la historia , más allá de los escándalos diarios que afectan a su familia y a su partido, por ser el presidente que acabó con la agricultura en la provincia de Alicante».El conseller ha sostenido que estas decisiones «responden únicamente a intereses políticos y carecen de respaldo técnico, más aún cuando la cabecera del Tajo presenta actualmente niveles históricos de reservas de agua embalsada».Según las últimas cifras oficiales actualizadas a este martes, 10 de junio, los dos embalses que abastecen al acueducto -Entrepeñas y Buendía- acumulan 1.566 hectómetros cúbicos y uno de ellos está al 78,72% de su capacidad, a pesar de haber trasvasado cerca de dos centenares de hm3 al otro pantano por un canal que los comunica. MÁS INFORMACIÓN noticia No El Gobierno destina 3.200 millones al aeropuerto de Barcelona mientras deja sin inversión a Valencia y AlicantePor ello, el conseller ha denunciado lo que, a su juicio, es una «auténtica cacicada » del Gobierno de Sánchez reducir drásticamente las transferencias al Segura, y le reprocha haber elegido una estrategia de «restricciones y confrontación», en lugar de buscar «acuerdos consensuados que aseguren un reparto justo y equilibrado del agua».Barrachina ha señalado que la Generalitat Valenciana, junto a la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, han solicitado al Gobierno central una reunión urgente , así como «máxima transparencia » ante la modificación de las reglas de explotación del trasvase -otra medida que merma los envíos de agua al sureste peninsular- y ha lamentado que, por el momento, siguen «esperando respuesta».Además, el conseller ha agregado que quienes «vendieron las desaladoras como la alternativa al trasvase, ahora reconocen que no van a tener listas las infraestructuras necesarias a tiempo». En consecuencia, «eso lo que significa es dejar a los regantes sin agua y condenar a la huerta de Europa a ser el desierto », ha espetado. El Gobierno interpreta que la sentencia reciente del Tribunal Supremo sí que obliga a elevar los caudales ecológicos en el Tajo de forma inmediata y no progresiva a partir de 2027, lo que según los regantes entrañará recortar los trasvases a la mitad. La primera reacción ha venido de la Generalitat Valenciana, que recrimina al Ejecutivo de Pedro Sánchez por « acabar con la agricultura » en los campos de cultivo afectados.Ha sido concretamente el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán , quien ha anunciado se se cumplirá « rigurosamente » con el fallo judicial, preguntado por si se descarta así el calendario paulatino que preveía su entrada en vigor escalonada en el horizonte de los dos próximos años, hasta llegar a los 8,6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez.«Vamos a cumplir y ejecutar lo que dicen las sentencias del Supremo», ha señalado Morán, indicando que ya lo hicieron con las anteriores dictadas en el 2019 «y esta es una más».La sentencia, con fecha del 6 de mayo de 2025 y publicada en el BOE el pasado viernes, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche y por el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), y declara nulas las excepciones que permitían alcanzar los caudales ecológicos en zonas protegidas del Tajo de forma escalonada.No obstante, desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura ( SCRATS ), habían asegurado tras consultar a expertos jurídicos que el Supremo no obliga a esa aplicación ya porque entraría en contradicción con otras circunstancias sobre el riego.«Sánchez pasará a la historia»Tras conocer esta determinación del Ejecutivo central, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina , ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , de « acabar con la agricultura » de la provincia de Alicante.Asimismo, ha criticado que, «en vez de buscar el diálogo y el acuerdo, opte por imponer restricciones de manera unilateral, perjudicando tanto el presente como el futuro del sector agrícola de la Comunitat Valenciana».Al respecto, ha afirmado que Sánchez « pasará a la historia , más allá de los escándalos diarios que afectan a su familia y a su partido, por ser el presidente que acabó con la agricultura en la provincia de Alicante».El conseller ha sostenido que estas decisiones «responden únicamente a intereses políticos y carecen de respaldo técnico, más aún cuando la cabecera del Tajo presenta actualmente niveles históricos de reservas de agua embalsada».Según las últimas cifras oficiales actualizadas a este martes, 10 de junio, los dos embalses que abastecen al acueducto -Entrepeñas y Buendía- acumulan 1.566 hectómetros cúbicos y uno de ellos está al 78,72% de su capacidad, a pesar de haber trasvasado cerca de dos centenares de hm3 al otro pantano por un canal que los comunica. MÁS INFORMACIÓN noticia No El Gobierno destina 3.200 millones al aeropuerto de Barcelona mientras deja sin inversión a Valencia y AlicantePor ello, el conseller ha denunciado lo que, a su juicio, es una «auténtica cacicada » del Gobierno de Sánchez reducir drásticamente las transferencias al Segura, y le reprocha haber elegido una estrategia de «restricciones y confrontación», en lugar de buscar «acuerdos consensuados que aseguren un reparto justo y equilibrado del agua».Barrachina ha señalado que la Generalitat Valenciana, junto a la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, han solicitado al Gobierno central una reunión urgente , así como «máxima transparencia » ante la modificación de las reglas de explotación del trasvase -otra medida que merma los envíos de agua al sureste peninsular- y ha lamentado que, por el momento, siguen «esperando respuesta».Además, el conseller ha agregado que quienes «vendieron las desaladoras como la alternativa al trasvase, ahora reconocen que no van a tener listas las infraestructuras necesarias a tiempo». En consecuencia, «eso lo que significa es dejar a los regantes sin agua y condenar a la huerta de Europa a ser el desierto », ha espetado.
El secretario de Estado Hugo Morán anuncia que se cumplirá «rigurosamente» con el fallo judicial y la Generalitat Valenciana le recrimina por «acabar con la agricultura»
El Gobierno interpreta que la sentencia reciente del Tribunal Supremo sí que obliga a elevar los caudales ecológicos en el Tajo de forma inmediata y no progresiva a partir de 2027, lo que según los regantes entrañará recortar los trasvases a la mitad. La primera reacción ha venido de la Generalitat Valenciana, que recrimina al Ejecutivo de Pedro Sánchez por «acabar con la agricultura» en los campos de cultivo afectados.
Ha sido concretamente el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien ha anunciado se se cumplirá «rigurosamente» con el fallo judicial, preguntado por si se descarta así el calendario paulatino que preveía su entrada en vigor escalonada en el horizonte de los dos próximos años, hasta llegar a los 8,6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez.
«Vamos a cumplir y ejecutar lo que dicen las sentencias del Supremo», ha señalado Morán, indicando que ya lo hicieron con las anteriores dictadas en el 2019 «y esta es una más».
La sentencia, con fecha del 6 de mayo de 2025 y publicada en el BOE el pasado viernes, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche y por el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), y declara nulas las excepciones que permitían alcanzar los caudales ecológicos en zonas protegidas del Tajo de forma escalonada.
No obstante, desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), habían asegurado tras consultar a expertos jurídicos que el Supremo no obliga a esa aplicación ya porque entraría en contradicción con otras circunstancias sobre el riego.
«Sánchez pasará a la historia»
Tras conocer esta determinación del Ejecutivo central, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «acabar con la agricultura» de la provincia de Alicante.
Asimismo, ha criticado que, «en vez de buscar el diálogo y el acuerdo, opte por imponer restricciones de manera unilateral, perjudicando tanto el presente como el futuro del sector agrícola de la Comunitat Valenciana».
Al respecto, ha afirmado que Sánchez «pasará a la historia, más allá de los escándalos diarios que afectan a su familia y a su partido, por ser el presidente que acabó con la agricultura en la provincia de Alicante».
El conseller ha sostenido que estas decisiones «responden únicamente a intereses políticos y carecen de respaldo técnico, más aún cuando la cabecera del Tajo presenta actualmente niveles históricos de reservas de agua embalsada».
Según las últimas cifras oficiales actualizadas a este martes, 10 de junio, los dos embalses que abastecen al acueducto -Entrepeñas y Buendía- acumulan 1.566 hectómetros cúbicos y uno de ellos está al 78,72% de su capacidad, a pesar de haber trasvasado cerca de dos centenares de hm3 al otro pantano por un canal que los comunica.
Por ello, el conseller ha denunciado lo que, a su juicio, es una «auténtica cacicada» del Gobierno de Sánchez reducir drásticamente las transferencias al Segura, y le reprocha haber elegido una estrategia de «restricciones y confrontación», en lugar de buscar «acuerdos consensuados que aseguren un reparto justo y equilibrado del agua».
Barrachina ha señalado que la Generalitat Valenciana, junto a la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, han solicitado al Gobierno central una reunión urgente, así como «máxima transparencia» ante la modificación de las reglas de explotación del trasvase -otra medida que merma los envíos de agua al sureste peninsular- y ha lamentado que, por el momento, siguen «esperando respuesta».
Además, el conseller ha agregado que quienes «vendieron las desaladoras como la alternativa al trasvase, ahora reconocen que no van a tener listas las infraestructuras necesarias a tiempo». En consecuencia, «eso lo que significa es dejar a los regantes sin agua y condenar a la huerta de Europa a ser el desierto», ha espetado.
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