¿Y esto quién lo paga? La ofensiva electoral del PSOE a cuenta del drama de Maricarmen , la cruzada del aún Gobierno por la vivienda, la huelga general contra una oposición claramente culpable -entiéndase- de que los pisos estén las nubes y los salarios al ralentí después de ocho años con Pedro Sánchez al timón de La Moncloa. Pues usted, contribuyente. Pues las administraciones a las que van sus impuestos. Pero no se reparte de un modo equitativo el coste de que entren en vigor de forma efectiva los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y que están pendientes de validación de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados .La gran paradoja es que serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes, se encuentren de acuerdo con esos textos normativos o no, hayan de responder económicamente por su cumplimiento. Porque los gobiernos regionales tendrán que asumir la morosidad de los inquilinos si transcurrido el plazo de dos meses desde que se le comunica la vulnerabilidad del inquilino no han ofrecido al arrendatario una alternativa habitacional.Si la Administración paga dentro del plazo, el desahucio finalizará y el contrato seguirá vigente, pero si no paga ni ofrece una alternativa, la autonomía quedará subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario y no podrá ejecutarse el lanzamiento mientras se mantenga la situación de vulnerabilidad y hasta la expiración del contrato.Cierto es que el Estado se ha comprometido a abonarles a las comunidades esos costes, a excepción de los intereses generados por los retrasos en el pago. Pero los gobiernos regionales, en todo caso, deberán adelantar ese dinero, además de asumir la totalidad las costas procesales a favor del demandante.¿Y qué opinan las comunidades autónomas? Las del PP no están nada de acuerdo con los dos decretos en cuestión, ni en la forma ni en el fondo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), ha señalado que estas normas «generan inestabilidad» y afectan negativamente a los pequeños propietarios. Por el momento, el Gobierno andaluz se ha quedado ahí y no ha ido tan lejos como el de la Comunidad de Madrid , también de PP, que ha verbalizado ya que está barajando la posibilidad de recurrir los decretos por «invasión de competencias».El Gobierno invita y otros pagan la fiestaEl argumento de la Junta es que se trata de un nuevo capítulo en el, valga la expresión, «el Gobierno invita y nosotros pagamos» que impera, por ejemplo en la extensión de las prestaciones de dependencia , que las regiones han de cumplir de acuerdo a una ley estatal pero sin contar con recursos económicos adicionales, o a las regulaciones sobre la Justicia gratuita, que el Ejecutivo central también dispone sin diálogo con las comunidades y que éstas han de desarrollarlas tengan liquidez en caja o no.En este sentido, fuentes oficiales de la la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio señalan a ABC que «el decreto del Gobierno de España descarga la responsabilidad sobre las comunidades autónomas: atribuye a éstas la obligación de otorgar una solución alternativa a los inquilinos y de hacer frente a la deuda; y sostiene que el Estado compensará estas atribuciones pero no detalla de qué forma».«No parece razonable que el Gobierno de España decida mediante una norma estatal ampliar una protección, determine que un propietario debe ser compensado y, acto seguido, traslade automáticamente la factura a las comunidades autónomas» Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio«No parece razonable que el Gobierno de España decida mediante una norma estatal ampliar una protección, determine que un propietario debe ser compensado y, acto seguido, traslade automáticamente la factura a las comunidades autónomas», razonan estas fuentes autonómicas autorizadas. «Si el Estado establece una nueva obligación, tiene que garantizar también su financiación. Lo contrario supone legislar con cargo al presupuesto de otra Administración: estamos hablando de una imposición absoluta. El Gobierno de España ha aprobado un decreto en Consejo de Ministros sin diálogo con las comunidades».La Consejería detalla que Andalucía ha desplegado desde 2019 «un conjunto de actuaciones preventivas necesarias en materia de protección de la vivienda y contra la ocupación ilegal». Estas medidas -añade- han contribuido a que «los desahucios hayan caído más de un 45% en el primer trimestre de 2026 (fueron 616) en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2025 (1.125), según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ».Y recuerda que la Junta de Andalucía despliega un programa de asesoramiento desde el Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación Ilegal y Asesoramiento para la Protección de la Vivienda (octubre 2019-junio 2026) a través del cual ha atendido 22.196 consultas telefónicas o telemáticas, 5.070 visitas y 1.354 casos o expedientes incoados de prevención, intermediación y protección.Hay que puntualizar que acaba de concluir la fase de consulta pública previa del decreto que permitirá la implementación de la Comisión de Coordinación en Materia de Desahucios y Lucha contra la Ocupación Ilegal, y que se integrarán en la Ley de Vivienda de Andalucía . «Su objetivo será establecer las directrices y recomendaciones para la coordinación de la información, asesoramiento y acciones para evitar la ocupación ilegal y para ofrecer soluciones habitacionales conjuntas en situaciones de desahucio y vulnerabilidad social», subrayan los citados interlocutores de la Junta.Andalucía ha movilizado hasta agosto más de 5,1 millones de euros en compensaciones a propietarios y arrendadores« Andalucía trabajaba ya en las compensaciones a propietarios por suspensión de desahucios. Eso ya se lleva a cabo en la comunidad. En Andalucía, hasta el mes de agosto de 2026, habíamos movilizado más de 5,1 millones de euros en compensaciones a propietarios y arrendadores (641 solicitudes estimadas por valor de 5.173.293 euros)», indica la Consejería que dirige Rocío Díaz Jiménez , que resalta que «además hay una cuestión de equidad que no podemos olvidar: los recursos públicos son limitados y tenemos miles de familias que llevan años inscritas y esperando legítimamente una vivienda protegida». «No sería justo detraer recursos destinados a construir más vivienda o atender a esas familias para asumir indefinidamente rentas, suministros o incluso daños derivados de decisiones adoptadas por el Estado», apostilla.El tercer sectorLa Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio articula programas destinados al acceso al alquiler para familias vulnerables, tanto directos como a través de entidades del tercer sector. Desde 2019, el Gobierno de Juanma Moreno ha movilizado más 84,5 millones en ayudas a colectivos vulnerables y al tercer sector para afrontar el pago de alquileres; es una medida que ha alcanzado a más 17.273 familias (viviendas) desde 2019.«Andalucía asumirá las responsabilidades que le corresponden en materia de vivienda y protección de las personas vulnerables, pero exigiremos al Gobierno de España que haga exactamente lo mismo: si crea nuevas obligaciones económicas mediante legislación estatal, debe acompañarlas de recursos suficientes y estables», concluye la Consejería. «La política social no puede consistir en que el Gobierno legisle y las comunidades autónomas paguen», finaliza. ¿Y esto quién lo paga? La ofensiva electoral del PSOE a cuenta del drama de Maricarmen , la cruzada del aún Gobierno por la vivienda, la huelga general contra una oposición claramente culpable -entiéndase- de que los pisos estén las nubes y los salarios al ralentí después de ocho años con Pedro Sánchez al timón de La Moncloa. Pues usted, contribuyente. Pues las administraciones a las que van sus impuestos. Pero no se reparte de un modo equitativo el coste de que entren en vigor de forma efectiva los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y que están pendientes de validación de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados .La gran paradoja es que serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes, se encuentren de acuerdo con esos textos normativos o no, hayan de responder económicamente por su cumplimiento. Porque los gobiernos regionales tendrán que asumir la morosidad de los inquilinos si transcurrido el plazo de dos meses desde que se le comunica la vulnerabilidad del inquilino no han ofrecido al arrendatario una alternativa habitacional.Si la Administración paga dentro del plazo, el desahucio finalizará y el contrato seguirá vigente, pero si no paga ni ofrece una alternativa, la autonomía quedará subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario y no podrá ejecutarse el lanzamiento mientras se mantenga la situación de vulnerabilidad y hasta la expiración del contrato.Cierto es que el Estado se ha comprometido a abonarles a las comunidades esos costes, a excepción de los intereses generados por los retrasos en el pago. Pero los gobiernos regionales, en todo caso, deberán adelantar ese dinero, además de asumir la totalidad las costas procesales a favor del demandante.¿Y qué opinan las comunidades autónomas? Las del PP no están nada de acuerdo con los dos decretos en cuestión, ni en la forma ni en el fondo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), ha señalado que estas normas «generan inestabilidad» y afectan negativamente a los pequeños propietarios. Por el momento, el Gobierno andaluz se ha quedado ahí y no ha ido tan lejos como el de la Comunidad de Madrid , también de PP, que ha verbalizado ya que está barajando la posibilidad de recurrir los decretos por «invasión de competencias».El Gobierno invita y otros pagan la fiestaEl argumento de la Junta es que se trata de un nuevo capítulo en el, valga la expresión, «el Gobierno invita y nosotros pagamos» que impera, por ejemplo en la extensión de las prestaciones de dependencia , que las regiones han de cumplir de acuerdo a una ley estatal pero sin contar con recursos económicos adicionales, o a las regulaciones sobre la Justicia gratuita, que el Ejecutivo central también dispone sin diálogo con las comunidades y que éstas han de desarrollarlas tengan liquidez en caja o no.En este sentido, fuentes oficiales de la la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio señalan a ABC que «el decreto del Gobierno de España descarga la responsabilidad sobre las comunidades autónomas: atribuye a éstas la obligación de otorgar una solución alternativa a los inquilinos y de hacer frente a la deuda; y sostiene que el Estado compensará estas atribuciones pero no detalla de qué forma».«No parece razonable que el Gobierno de España decida mediante una norma estatal ampliar una protección, determine que un propietario debe ser compensado y, acto seguido, traslade automáticamente la factura a las comunidades autónomas» Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio«No parece razonable que el Gobierno de España decida mediante una norma estatal ampliar una protección, determine que un propietario debe ser compensado y, acto seguido, traslade automáticamente la factura a las comunidades autónomas», razonan estas fuentes autonómicas autorizadas. «Si el Estado establece una nueva obligación, tiene que garantizar también su financiación. Lo contrario supone legislar con cargo al presupuesto de otra Administración: estamos hablando de una imposición absoluta. El Gobierno de España ha aprobado un decreto en Consejo de Ministros sin diálogo con las comunidades».La Consejería detalla que Andalucía ha desplegado desde 2019 «un conjunto de actuaciones preventivas necesarias en materia de protección de la vivienda y contra la ocupación ilegal». Estas medidas -añade- han contribuido a que «los desahucios hayan caído más de un 45% en el primer trimestre de 2026 (fueron 616) en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2025 (1.125), según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ».Y recuerda que la Junta de Andalucía despliega un programa de asesoramiento desde el Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación Ilegal y Asesoramiento para la Protección de la Vivienda (octubre 2019-junio 2026) a través del cual ha atendido 22.196 consultas telefónicas o telemáticas, 5.070 visitas y 1.354 casos o expedientes incoados de prevención, intermediación y protección.Hay que puntualizar que acaba de concluir la fase de consulta pública previa del decreto que permitirá la implementación de la Comisión de Coordinación en Materia de Desahucios y Lucha contra la Ocupación Ilegal, y que se integrarán en la Ley de Vivienda de Andalucía . «Su objetivo será establecer las directrices y recomendaciones para la coordinación de la información, asesoramiento y acciones para evitar la ocupación ilegal y para ofrecer soluciones habitacionales conjuntas en situaciones de desahucio y vulnerabilidad social», subrayan los citados interlocutores de la Junta.Andalucía ha movilizado hasta agosto más de 5,1 millones de euros en compensaciones a propietarios y arrendadores« Andalucía trabajaba ya en las compensaciones a propietarios por suspensión de desahucios. Eso ya se lleva a cabo en la comunidad. En Andalucía, hasta el mes de agosto de 2026, habíamos movilizado más de 5,1 millones de euros en compensaciones a propietarios y arrendadores (641 solicitudes estimadas por valor de 5.173.293 euros)», indica la Consejería que dirige Rocío Díaz Jiménez , que resalta que «además hay una cuestión de equidad que no podemos olvidar: los recursos públicos son limitados y tenemos miles de familias que llevan años inscritas y esperando legítimamente una vivienda protegida». «No sería justo detraer recursos destinados a construir más vivienda o atender a esas familias para asumir indefinidamente rentas, suministros o incluso daños derivados de decisiones adoptadas por el Estado», apostilla.El tercer sectorLa Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio articula programas destinados al acceso al alquiler para familias vulnerables, tanto directos como a través de entidades del tercer sector. Desde 2019, el Gobierno de Juanma Moreno ha movilizado más 84,5 millones en ayudas a colectivos vulnerables y al tercer sector para afrontar el pago de alquileres; es una medida que ha alcanzado a más 17.273 familias (viviendas) desde 2019.«Andalucía asumirá las responsabilidades que le corresponden en materia de vivienda y protección de las personas vulnerables, pero exigiremos al Gobierno de España que haga exactamente lo mismo: si crea nuevas obligaciones económicas mediante legislación estatal, debe acompañarlas de recursos suficientes y estables», concluye la Consejería. «La política social no puede consistir en que el Gobierno legisle y las comunidades autónomas paguen», finaliza.
¿Y esto quién lo paga? La ofensiva electoral del PSOE a cuenta del drama de Maricarmen, la cruzada del aún Gobierno por la vivienda, la huelga general contra una oposición claramente culpable -entiéndase- de que los pisos estén las nubes … y los salarios al ralentí después de ocho años con Pedro Sánchez al timón de La Moncloa. Pues usted, contribuyente. Pues las administraciones a las que van sus impuestos. Pero no se reparte de un modo equitativo el coste de que entren en vigor de forma efectiva los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y que están pendientes de validación de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
La gran paradoja es que serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes, se encuentren de acuerdo con esos textos normativos o no, hayan de responder económicamente por su cumplimiento. Porque los gobiernos regionales tendrán que asumir la morosidad de los inquilinos si transcurrido el plazo de dos meses desde que se le comunica la vulnerabilidad del inquilino no han ofrecido al arrendatario una alternativa habitacional.
Si la Administración paga dentro del plazo, el desahucio finalizará y el contrato seguirá vigente, pero si no paga ni ofrece una alternativa, la autonomía quedará subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario y no podrá ejecutarse el lanzamiento mientras se mantenga la situación de vulnerabilidad y hasta la expiración del contrato.
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José María Aguilera
Cierto es que el Estado se ha comprometido a abonarles a las comunidades esos costes, a excepción de los intereses generados por los retrasos en el pago. Pero los gobiernos regionales, en todo caso, deberán adelantar ese dinero, además de asumir la totalidad las costas procesales a favor del demandante.
¿Y qué opinan las comunidades autónomas? Las del PP no están nada de acuerdo con los dos decretos en cuestión, ni en la forma ni en el fondo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), ha señalado que estas normas «generan inestabilidad» y afectan negativamente a los pequeños propietarios. Por el momento, el Gobierno andaluz se ha quedado ahí y no ha ido tan lejos como el de la Comunidad de Madrid, también de PP, que ha verbalizado ya que está barajando la posibilidad de recurrir los decretos por «invasión de competencias».
El Gobierno invita y otros pagan la fiesta
El argumento de la Junta es que se trata de un nuevo capítulo en el, valga la expresión, «el Gobierno invita y nosotros pagamos» que impera, por ejemplo en la extensión de las prestaciones de dependencia, que las regiones han de cumplir de acuerdo a una ley estatal pero sin contar con recursos económicos adicionales, o a las regulaciones sobre la Justicia gratuita, que el Ejecutivo central también dispone sin diálogo con las comunidades y que éstas han de desarrollarlas tengan liquidez en caja o no.
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En este sentido, fuentes oficiales de la la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio señalan a ABC que «el decreto del Gobierno de España descarga la responsabilidad sobre las comunidades autónomas: atribuye a éstas la obligación de otorgar una solución alternativa a los inquilinos y de hacer frente a la deuda; y sostiene que el Estado compensará estas atribuciones pero no detalla de qué forma».
«No parece razonable que el Gobierno de España decida mediante una norma estatal ampliar una protección, determine que un propietario debe ser compensado y, acto seguido, traslade automáticamente la factura a las comunidades autónomas»
Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio
«No parece razonable que el Gobierno de España decida mediante una norma estatal ampliar una protección, determine que un propietario debe ser compensado y, acto seguido, traslade automáticamente la factura a las comunidades autónomas», razonan estas fuentes autonómicas autorizadas. «Si el Estado establece una nueva obligación, tiene que garantizar también su financiación. Lo contrario supone legislar con cargo al presupuesto de otra Administración: estamos hablando de una imposición absoluta. El Gobierno de España ha aprobado un decreto en Consejo de Ministros sin diálogo con las comunidades».
La Consejería detalla que Andalucía ha desplegado desde 2019 «un conjunto de actuaciones preventivas necesarias en materia de protección de la vivienda y contra la ocupación ilegal». Estas medidas -añade- han contribuido a que «los desahucios hayan caído más de un 45% en el primer trimestre de 2026 (fueron 616) en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2025 (1.125), según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».
Y recuerda que la Junta de Andalucía despliega un programa de asesoramiento desde el Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación Ilegal y Asesoramiento para la Protección de la Vivienda (octubre 2019-junio 2026) a través del cual ha atendido 22.196 consultas telefónicas o telemáticas, 5.070 visitas y 1.354 casos o expedientes incoados de prevención, intermediación y protección.
Hay que puntualizar que acaba de concluir la fase de consulta pública previa del decreto que permitirá la implementación de la Comisión de Coordinación en Materia de Desahucios y Lucha contra la Ocupación Ilegal, y que se integrarán en la Ley de Vivienda de Andalucía. «Su objetivo será establecer las directrices y recomendaciones para la coordinación de la información, asesoramiento y acciones para evitar la ocupación ilegal y para ofrecer soluciones habitacionales conjuntas en situaciones de desahucio y vulnerabilidad social», subrayan los citados interlocutores de la Junta.
Andalucía ha movilizado hasta agosto más de 5,1 millones de euros en compensaciones a propietarios y arrendadores
«Andalucía trabajaba ya en las compensaciones a propietarios por suspensión de desahucios. Eso ya se lleva a cabo en la comunidad. En Andalucía, hasta el mes de agosto de 2026, habíamos movilizado más de 5,1 millones de euros en compensaciones a propietarios y arrendadores (641 solicitudes estimadas por valor de 5.173.293 euros)», indica la Consejería que dirige Rocío Díaz Jiménez, que resalta que «además hay una cuestión de equidad que no podemos olvidar: los recursos públicos son limitados y tenemos miles de familias que llevan años inscritas y esperando legítimamente una vivienda protegida».
«No sería justo detraer recursos destinados a construir más vivienda o atender a esas familias para asumir indefinidamente rentas, suministros o incluso daños derivados de decisiones adoptadas por el Estado», apostilla.
El tercer sector
La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio articula programas destinados al acceso al alquiler para familias vulnerables, tanto directos como a través de entidades del tercer sector. Desde 2019, el Gobierno de Juanma Moreno ha movilizado más 84,5 millones en ayudas a colectivos vulnerables y al tercer sector para afrontar el pago de alquileres; es una medida que ha alcanzado a más 17.273 familias (viviendas) desde 2019.
«Andalucía asumirá las responsabilidades que le corresponden en materia de vivienda y protección de las personas vulnerables, pero exigiremos al Gobierno de España que haga exactamente lo mismo: si crea nuevas obligaciones económicas mediante legislación estatal, debe acompañarlas de recursos suficientes y estables», concluye la Consejería. «La política social no puede consistir en que el Gobierno legisle y las comunidades autónomas paguen», finaliza.
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