Un mes de plazo tienen la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares para empezar a poner en marcha el registro de objetores al aborto . Así se lo ha hecho saber el Gobierno este martes mediante un requerimiento formal. De no hacerlo, ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, el Ejecutivo llevará a las tres autonomías a los tribunales. «Tienen un mes de plazo para responder a este requerimiento y dejar de incumplir la ley», ha señalado García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pasado ese plazo, ha proseguido la ministra de Sanidad, si las autonomías hacen caso omiso el Ejecutivo tendrá dos meses para acudir a los tribunales «y que un juez les obligue a cumplir la ley». La ministra de Sanidad ha vuelto a referirse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de hacer «una negación explícita del cumplimiento de la ley» y de equivocarse «por partida doble» por negarse a crear el registro de objetores . «Se ha creído que está por encima de la ley. Y la ley se cumple. Punto». Noticia Relacionada estandar No El Gobierno inicia el trámite para blindar el aborto en la Constitución sin tener los apoyos suficientes Gregoria Caro La propuesta de reforma fue pactada en las últimas horas por PSOE y Sumar y consiste en reconocer la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43, a través de un cuarto punto nuevoEl registro de profesionales objetores al aborto es una medida que establece la reforma de la ley del aborto , que impulsó Irene Montero como ministra de Igualdad en 2023. Se trata de un listado autonómico, al que solo deben tener acceso los responsables de la gestión de los centros y no debe tener carácter público, en el que figuren los nombres y apellidos de ginecólogos, anestesiólogos, médicos de familia, enfermeras y matronas que se nieguen a participar en abortos aludiendo a su objeción de conciencia. Desde que se empezó a trabajar en estos registros, colectivos médicos denunciaron su inquietud por que pusieran servir para señalar a los objetores o incluso discriminarlos en procesos de contratación o promoción. Este lunes se unía al debate la Organización Médica Colegial, que ponía el foco en que el acceso a estos listados no debe ser público y que no puede conllevar ningún tipo de sanciones ni discriminación hacia los profesionales. «El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia. Es una obligación legal para garantizar que los derechos de los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo», ha proseguido García, que ha hecho hincapié en que el protocolo para crear estos listados recibió la luz verde del Consejo Interterritorial de Salud, compuesto por ministerio y comunidades autónomas, en diciembre de 2024. «Hemos hecho un seguimiento exhaustivo y la inmensa mayoría de comunidades han cumplido con su obligación o se encuentra en fase de trámite, salvo estas tres», ha apuntado. Asturias ya trabaja en la creaciónLa semana pasada, el presidente del Gobierno ya envió una carta a estas tres comunidades instándoles a crear este registro. En ese momento Pedro Sánchez se dirigió también a Asturias, que tampoco cuenta con este listado. Pero el requerimiento este martes no se ha enviado a la comunidad que gobierno Adrián Barbón (PSOE). Fuentes del departamento de Mónica García aseguran que tras el aviso de Sánchez el Principado aceleró los trámites para su creación, que ya está en proceso. De hecho, en el escrito que la ministra de Sanidad ha remitido a los consejeros de las citadas comunidades autónomas García concreta que todas las comunidades salvo Madrid, Aragón y Baleares han creado ya el registro, mientras que Andalucía y Asturias se encuentran en fase de tramitación del mismo. Un mes de plazo tienen la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares para empezar a poner en marcha el registro de objetores al aborto . Así se lo ha hecho saber el Gobierno este martes mediante un requerimiento formal. De no hacerlo, ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, el Ejecutivo llevará a las tres autonomías a los tribunales. «Tienen un mes de plazo para responder a este requerimiento y dejar de incumplir la ley», ha señalado García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pasado ese plazo, ha proseguido la ministra de Sanidad, si las autonomías hacen caso omiso el Ejecutivo tendrá dos meses para acudir a los tribunales «y que un juez les obligue a cumplir la ley». La ministra de Sanidad ha vuelto a referirse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de hacer «una negación explícita del cumplimiento de la ley» y de equivocarse «por partida doble» por negarse a crear el registro de objetores . «Se ha creído que está por encima de la ley. Y la ley se cumple. Punto». Noticia Relacionada estandar No El Gobierno inicia el trámite para blindar el aborto en la Constitución sin tener los apoyos suficientes Gregoria Caro La propuesta de reforma fue pactada en las últimas horas por PSOE y Sumar y consiste en reconocer la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43, a través de un cuarto punto nuevoEl registro de profesionales objetores al aborto es una medida que establece la reforma de la ley del aborto , que impulsó Irene Montero como ministra de Igualdad en 2023. Se trata de un listado autonómico, al que solo deben tener acceso los responsables de la gestión de los centros y no debe tener carácter público, en el que figuren los nombres y apellidos de ginecólogos, anestesiólogos, médicos de familia, enfermeras y matronas que se nieguen a participar en abortos aludiendo a su objeción de conciencia. Desde que se empezó a trabajar en estos registros, colectivos médicos denunciaron su inquietud por que pusieran servir para señalar a los objetores o incluso discriminarlos en procesos de contratación o promoción. Este lunes se unía al debate la Organización Médica Colegial, que ponía el foco en que el acceso a estos listados no debe ser público y que no puede conllevar ningún tipo de sanciones ni discriminación hacia los profesionales. «El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia. Es una obligación legal para garantizar que los derechos de los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo», ha proseguido García, que ha hecho hincapié en que el protocolo para crear estos listados recibió la luz verde del Consejo Interterritorial de Salud, compuesto por ministerio y comunidades autónomas, en diciembre de 2024. «Hemos hecho un seguimiento exhaustivo y la inmensa mayoría de comunidades han cumplido con su obligación o se encuentra en fase de trámite, salvo estas tres», ha apuntado. Asturias ya trabaja en la creaciónLa semana pasada, el presidente del Gobierno ya envió una carta a estas tres comunidades instándoles a crear este registro. En ese momento Pedro Sánchez se dirigió también a Asturias, que tampoco cuenta con este listado. Pero el requerimiento este martes no se ha enviado a la comunidad que gobierno Adrián Barbón (PSOE). Fuentes del departamento de Mónica García aseguran que tras el aviso de Sánchez el Principado aceleró los trámites para su creación, que ya está en proceso. De hecho, en el escrito que la ministra de Sanidad ha remitido a los consejeros de las citadas comunidades autónomas García concreta que todas las comunidades salvo Madrid, Aragón y Baleares han creado ya el registro, mientras que Andalucía y Asturias se encuentran en fase de tramitación del mismo.
Mónica García vuelve a señalar a Ayuso: «Se cree que está por encima de la ley y la ley se cumple. Punto»
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