El Ministerio de Función Pública traslada a los sindicatos que se superarán las 40.000 plazas Leer El Ministerio de Función Pública traslada a los sindicatos que se superarán las 40.000 plazas Leer
El Gobierno prepara una nueva Oferta de Empleo Público (OEP) récord. En pleno escándalo de corrupción por el presunto cobro de mordidas en adjudicaciones de obra pública que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a ex altos cargos del PSOE, el Ministerio de Función Pública ha trasladado a los sindicatos que este año se van a volver a superar las 40.000 plazas, en línea con la oferta histórica de 2024.
En un contexto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados, el departamento que dirige Óscar López está trabajando sobre una cifra muy parecida a la del año pasado, cuando se alcanzaron las 40.146 plazas (31.465 para la Administración General del Estado; 2.857 para la Policía Nacional, 3.158 para la Guardia Civil y 2.666 para las Fuerzas Armadas.
Así lo trasladan fuentes sindicales al término de la reunión que han mantenido con los responsables de Función Pública este jueves. «Las cifras de la OEP serán muy parecidas a las del año pasado», avanzan. Sin embargo, el Ministerio ha evitado cifrar la cantidad exacta de plazas en este primer encuentro con CCOO, UGT y CSIF. Tampoco ha concretado cuándo se va a abonar la subida salarial pendiente del 0,5% ni cuándo se van a iniciar las negociaciones para el nuevo marco de incrementos retributivos para 2025 y los próximos años.
El próximo lunes volverán a reunirse y ahí sí los sindicatos esperan que el Ministerio ponga una cifra sobre la mesa en lo que se refiere a las plazas para funcionarios. Fuentes asistentes a la cita de hoy trasladan que esperan que la negociación no se alargue demasiado y se puedan cerrar los detalles próximamente para que el Consejo de Ministros lance la nueva OEP histórica en el mes de julio, como ya sucedió el año pasado.
Desde UGT exigen al Gobierno que se mantenga «en la senda de las anteriores ofertas de 2022, 2023 y 2024» y plantee una OEP que fomente «la creación de empleo neto en el ámbito de las Administraciones para paliar el volumen de personal que se ha ido perdiendo en la última década». «Esta creación de empleo neto debe encaminarse al rejuvenecimiento de las plantillas, teniendo en cuenta la necesidad de atender las demandas de urgencia en sectores deficitarios, fundamentalmente encargados de la prestación de servicios de atención al público», demanda el sindicato.
El Gobierno ya ha reconocido, tal y como desveló la central sindical CSIF, que en la última década se han perdido más de 20.000 empleos en la Administración General del Estado. En un primer intercambio de documentación para la OEP, Función Pública admitió que en los últimos 10 años se ha producido una pérdida neta de 20.646 empleos. Esto, en un escenario en el que el 21% de la plantilla (un total de 50.900 personas) tiene más de 60 años y, por tanto, se encuentran en edad de jubilación.
Para acabar con este «déficit estructural» en las administraciones públicas, CSIF viene reclamando al Gobierno que elimine la tasa de reposición que limita la creación de nuevas plazas, tal y como se comprometió el exministro José Luis Escrivá. Sin embargo, el Ejecutivo lo ha evitado hasta ahora, pese a que el mantenimiento de esta tasa obliga a las diferentes administraciones a contratar personal interino, perpetuando el problema de la temporalidad que sigue estancada en el 30%, incumpliendo la Ley de Estabilidad y el mandato de la Comisión Europea de limitarla al 8%.
Precisamente, tal y como pudo avanzar EL MUNDO hace unas semanas, el Gobierno está empezando a dar pasos para sacar adelante una reforma que corrija el abuso de la temporalidad en el sector público. La Comisión Europea mantiene dos procedimientos de infracción abiertos contra España por este motivo, tras haber constatado el incumplimiento de los últimos compromisos adquiridos a finales de 2021, y nuestro país se enfrenta a una multa millonaria si no ataja de una vez este foco de precariedad laboral. Para ello, el Ministerio de Función Pública está trabajando en una serie de medidas para reducir el elevado porcentaje de contratación temporal en tres ámbitos concretos: la Educación, la Sanidad y la Justicia.
En el ámbito salarial, pasado ya el ecuador del año, los funcionarios continúan con los sueldos congelados. Ante este retraso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y en la apertura de una nueva negociación, CSIF exige al Gobierno «que se abone de manera inmediata, por la vía del decreto, el 0,5% salarial pendiente del año pasado y que se inicie la negociación de un nuevo acuerdo que permita aplicar ya la subida de este año». «El equipo negociador de Función Pública sigue sin tener instrucciones para negociar salarios», denuncia el sindicato.
CSIF calcula que, a estas alturas del año, «el Gobierno está reteniendo como mínimo más de 600 millones de euros a los empleados públicos del conjunto de las administraciones (unos 200 euros por persona) por la no aplicación el citado 0,5% y la devaluación de los sueldos por el IPC».
Por su parte, CCOO ha convocado una concentración el 25 de junio ante el Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados, como la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración, el abono del 0,5% que se les adeuda desde el año pasado y la negociación de una subida salarial para este año 2025.
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