Un informe que se produce a más de un mes de que la Comisión Europea recomendara a España elevar el gravamen al sector. Una medida que, según afirman desde el instituto, sería «un error de política económica» Leer Un informe que se produce a más de un mes de que la Comisión Europea recomendara a España elevar el gravamen al sector. Una medida que, según afirman desde el instituto, sería «un error de política económica» Leer
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La recomendación de la Comisión Europea de elevar el IVA de hoteles y restaurantes del 10% actual al tipo general del 21% supondría un «error de política económica». El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha alertado de que esta subida impositiva sobre uno de los principales motores de la economía nacional contraería la demanda, destruiría empleo y desplazaría a los turistas hacia otros destinos.
Esta advertencia se enmarca en la nueva edición del informe Competitividad Fiscal 2025, donde el IEE analiza el paquete de primavera del Semestre Europeo 2026. En dicho documento, las autoridades comunitarias instaron a principios de junio a España a revisar este gravamen reducido con el objetivo de ingresar unos 7.000 millones de euros anuales, el equivalente al 0,4% del PIB. Sin embargo, la institución advierte de que la medida no es factible debido a la alta sensibilidad del consumidor y a la naturaleza de la industria turística.
El instituto argumenta que el turismo es una exportación de servicios consumida en el territorio nacional. En el comercio internacional, las exportaciones de bienes se desgravan al salir del país para no mermar su competitividad. Al no poder aplicarse este mecanismo a la hostelería, el IEE ha subrayado que el tipo del 10% «no es un privilegio, sino una corrección parcial». Encarecer los servicios turísticos mediante una subida de 11 puntos equivale a aplicar un arancel directo a un sector estratégico que en 2024 representó el 12,6% del PIB, generando unos 200.699 millones de euros.
Además, el informe detalla que la demanda turística internacional es elástica y cita estimaciones que la sitúan de los viajeros hacia España en torno a -1,9. Lo que significa que, si las empresas trasladan la subida del 9% al consumidor final, se provocará una contracción de la demanda más que proporcional. El visitante marginal no dejará de viajar, sino que cambiará su destino a otros países del entorno, como Grecia, Italia, Portugal o Turquía.
Con este desplazamiento de viajeros, la ganancia recaudatoria de 7.000 millones de euros que se mencionaba desde Bruselas para el IEE «se desvanece a medida que la respuesta de la demanda se aproxima a la unidad».
De hecho, el IEE ha recordado el caso de Portugal en 2012 en el que el país elevó el IVA de la restauración del 13% al 23%, desembocando en el cierre de cerca de 20.000 establecimientos y la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo y la recaudación fiscal, lejos de aumentar, se redujo. El propio Estado portugués tuvo que reconocer el error, dando marcha atrás en 2016
Al ser inviable estrechar aún más los márgenes, el ajuste recaería de forma inevitable sobre el precio final, el cierre definitivo de empresas y los recortes de personal. El turismo es un sector intensivo en factor trabajo: agrupa a 2,77 millones de trabajadores afiliados, lo que representa un 12,3% del empleo total nacional. Cada puesto de trabajo destruido en la hostelería implica una caída en la recaudación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un descenso en las cotizaciones a la Seguridad Social y un incremento en el gasto público por prestaciones de desempleo, según afirman desde el instituto.
Con todo, el informe también da cuenta que España ha perdido competitividad fiscal y se sitúa entre los países con peor diseño tributario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ocupar el puesto 34 de un total de 38 economías en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025, lo que supone un descenso de cinco posiciones respecto a 2018 y la sitúa 11,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.
El esfuerzo tributario que se exige a las compañías, según el informe, es especialmente gravoso en España, representando el 33,9% de la recaudación total del Estado frente a un escaso 26% del promedio comunitario. Sumar un nuevo castigo fiscal al sector más dinámico y productivo de nuestra economía, concluye tajantemente el IEE, no responde a ninguna lógica de eficiencia recaudatoria, sino a una «desventaja competitiva autoinfligida».
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