El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno avanza que habrá más investigados en la causa que instruye contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, contra la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el director general de Carreteras Javier Herrero y hasta cinco empresarios por el presunto cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública.En un auto dictado ayer, al que ha tenido acceso ABC, el magistrado prorroga la instrucción hasta junio por la cantidad de documentación que aún tiene que analizar y las diligencias por practicar, así como adelanta que habrá nuevas imputaciones. El avance de la instrucción irá «determinando la práctica de nuevas diligencias e incluso nuevas imputaciones», se lee en la resolución, en la que también se expone que todavía está a la espera del informe sobre la situación económico-patrimonial de Cerdán, así como la emisión de «los respectivos informes sobre los diferentes expedientes de contratación objeto de esta pieza, el proceso de adjudicación de los mismos y su ejecución, incluyendo las modificaciones que hayan podido producirse, los cuales han sido encargados a funcionarios de la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE)».Noticia relacionada general No No Ábalos será juzgado por corrupción en el Tribunal Supremo desde el 7 de abril Carmen Lucas-TorresEl instructor indaga si Cerdán actuó como enlace clave entre las empresas adjudicatarias y los altos cargos del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos al frente y Koldo García como su mano derecha. Hasta ahora, la investigación apunta a que se utilizó la estructura del departamento de Carreteras y la empresa pública Adif, presidida por Pardo de Vera, para facilitar información privilegiada a los empresarios (principalmente altos directivos de Acciona, Servinabar, Levantina y Obras Públicas y Regadíos) antes de que los contratos salieran a licitación, asegurando así que las adjudicaciones recayeran en las sociedades de la trama.La Guardia Civil, como unidad investigadora, atribuye a Cerdán el manejo de comisiones ilegales de 620.000 euros por obra pública con Koldo y Ábalos , Pardo de Vera y Javier Herrero, estos últimos como colabores necesarios. Según los informes de la Guardia Civil, ambos habrían seguido directrices impartidas por Koldo García, asesor de Ábalos, para «acomodar» los procesos administrativos.La causa se centra en delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y cohecho. Hasta ahora, el magistrado ha ordenado el rastreo de las cuentas bancarias y el patrimonio de los implicados.Empresarios investigadosAdemás de los cargos públicos, figuran como investigados varios empresarios del sector de la construcción, señalados por pagar presuntas comisiones o concertarse con la administración para obtener beneficios ilícitos. Se trata de Antonio Fernández Menéndez y Daniel Fernández Menéndez, directivos de Obras Públicas y Regadíos (OPR); Fernando Agustín Merino, directivo de Acciona Construcción; José Ruz Martínez, responsable de Levantína Ingeniería y Construcción (LIC) y Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar 2000 que poseía casi al 50% con el propio Cerdán. Esta investigación comenzó en el Tribunal Supremo, instruida por el magistrado Leopoldo Puente que ha enviado a juicio a Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por corrupción en los contratos de mascarillas durante la pandemia. Una vez Ábalos renunció a su escaño el 28 de enero, el juez envió esta parte de la investigación de adjudicaciones de obra pública a la Audiencia Nacional. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno avanza que habrá más investigados en la causa que instruye contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, contra la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el director general de Carreteras Javier Herrero y hasta cinco empresarios por el presunto cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública.En un auto dictado ayer, al que ha tenido acceso ABC, el magistrado prorroga la instrucción hasta junio por la cantidad de documentación que aún tiene que analizar y las diligencias por practicar, así como adelanta que habrá nuevas imputaciones. El avance de la instrucción irá «determinando la práctica de nuevas diligencias e incluso nuevas imputaciones», se lee en la resolución, en la que también se expone que todavía está a la espera del informe sobre la situación económico-patrimonial de Cerdán, así como la emisión de «los respectivos informes sobre los diferentes expedientes de contratación objeto de esta pieza, el proceso de adjudicación de los mismos y su ejecución, incluyendo las modificaciones que hayan podido producirse, los cuales han sido encargados a funcionarios de la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE)».Noticia relacionada general No No Ábalos será juzgado por corrupción en el Tribunal Supremo desde el 7 de abril Carmen Lucas-TorresEl instructor indaga si Cerdán actuó como enlace clave entre las empresas adjudicatarias y los altos cargos del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos al frente y Koldo García como su mano derecha. Hasta ahora, la investigación apunta a que se utilizó la estructura del departamento de Carreteras y la empresa pública Adif, presidida por Pardo de Vera, para facilitar información privilegiada a los empresarios (principalmente altos directivos de Acciona, Servinabar, Levantina y Obras Públicas y Regadíos) antes de que los contratos salieran a licitación, asegurando así que las adjudicaciones recayeran en las sociedades de la trama.La Guardia Civil, como unidad investigadora, atribuye a Cerdán el manejo de comisiones ilegales de 620.000 euros por obra pública con Koldo y Ábalos , Pardo de Vera y Javier Herrero, estos últimos como colabores necesarios. Según los informes de la Guardia Civil, ambos habrían seguido directrices impartidas por Koldo García, asesor de Ábalos, para «acomodar» los procesos administrativos.La causa se centra en delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y cohecho. Hasta ahora, el magistrado ha ordenado el rastreo de las cuentas bancarias y el patrimonio de los implicados.Empresarios investigadosAdemás de los cargos públicos, figuran como investigados varios empresarios del sector de la construcción, señalados por pagar presuntas comisiones o concertarse con la administración para obtener beneficios ilícitos. Se trata de Antonio Fernández Menéndez y Daniel Fernández Menéndez, directivos de Obras Públicas y Regadíos (OPR); Fernando Agustín Merino, directivo de Acciona Construcción; José Ruz Martínez, responsable de Levantína Ingeniería y Construcción (LIC) y Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar 2000 que poseía casi al 50% con el propio Cerdán. Esta investigación comenzó en el Tribunal Supremo, instruida por el magistrado Leopoldo Puente que ha enviado a juicio a Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por corrupción en los contratos de mascarillas durante la pandemia. Una vez Ábalos renunció a su escaño el 28 de enero, el juez envió esta parte de la investigación de adjudicaciones de obra pública a la Audiencia Nacional.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno avanza que habrá más investigados en la causa que instruye contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, contra la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el director general de Carreteras Javier Herrero y hasta … cinco empresarios por el presunto cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública.
En un auto dictado ayer, al que ha tenido acceso ABC, Ismael Moreno prorroga la instrucción hasta junio por la cantidad de documentación que aún tiene que analizar y las diligencias que tiene que practicar, así como adelanta que habrá nuevas imputaciones.
El avance de la instrucción irá «determinando la práctica de nuevas diligencias e incluso nuevas imputaciones», se lee en la resolución, en la que también se expone que todavía está a la espera del informe sobre la situación económico-patrimonial de Cerdán, así como la emisión de «los respectivos informes sobre los diferentes expedientes de contratación objeto de esta pieza, el proceso de adjudicación de los mismos y su ejecución, incluyendo las modificaciones que hayan podido producirse, los cuales han sido encargados a funcionarios de la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE)».
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