Una nueva guerra municipal-autonómica, o lo que es lo mismo PSOE-PP, se cierne a cuenta del plan de Interés General de Aragón (PIGA) aprobado por el Gobierno de Jorge Azcón para acelerar la construcción de la gigafactoría de baterías de la ‘joint venture’ formada por Stellantis y la china CATL en la planta de Figueruelas . La regidora de la localidad, Manuela Berges, mano derecha en la Ejecutiva socialista de Pilar Alegría al frente del partido en la región, asegura que este plan invade competencias municipales de urbanismo y pretende evitar que el Consistorio tenga que desembolsar más de 800.000 euros en habilitar y facilitar los accesos a la futura planta. Pedrola ha anunciado que ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) al considerar que el PIGA no se ajusta a derecho. Al conocer el recurso planteado ante la Justicia, el presidente aragonés no ha tardado en calificarlo de «auténtico despropósito», puesto que torpedea uno de los grandes proyectos e inversiones que tiene entre manos la comunidad.Los motivos de la alcaldesaLa alcaldesa, también secretaria de Organización del PSOE Aragón, ha querido enfatizar que no están en contra del gigafactoría, «al contrario, es algo muy positivo» para la zona. «Lo que pasa con el PIGA es que aprueba la exención de impuestos, pero deja fuera una serie de infraestructuras que pertenecen a las localidades de Pedrola y Figueruelas y de las que nos vamos a tener que hacer cargo. Vamos a tener que hacer una aportación extra muy importante para hacer esas infraestructuras que debían estar dentro del PIGA», ha explicado. En concreto, se refiere al coste de adecuar y mantener la infraestructura de circunvalación para llegar a la planta. Por ello, pide que sea la Justicia la que ordene al Ejecutivo aragonés que revise todo el plan y no cometa una injerencia en competencias locales.La posición de la regidora contrasta con la que exhibió hace un año el ministro socialista Jordi Hereu al aplaudir el inicio de las obras de la gigafactoría, cuando, además, consideró clave para la transición al coche justo en Europa la fabricación en este lugar de baterías eléctricas, así como destacó la alianza que se había entablado en el sector de la automoción entre Zaragoza y China.El recurso lo ha adelantado esta mañana ‘Heraldo de Aragón’, el día de la pegada de carteles e inicio de la campaña, pero Berges ha asegurado que el recurso tenía que ser en este momento o se excedía el plazo. Cabe recordar que el PIGA del Gobierno aragonés fue aprobado el pasado 10 de julio. El «despropósito» para AzcónAunque Berges ha tendido la mano para llegar a un acuerdo entre los dos ayuntamientos concernidos por las obras y las compañías que fabricarán la planta, Azcón ha acusado la maniobra de claramente electoralista, porque, asegura, «genera incertidumbre e intranquilidad entre los inversores», además de conocerse el día que comienza la carrera electoral al 29N. «Es incomprensible que sea la alcaldesa de Pedrola la que recurra, porque la nueva fábrica de baterías va a ser una de las principales inversiones, la que más empleos va a crear en los próximos años» en la provincia de Zaragoza, ha defendido.MÁS INFORMACIÓN noticia Si PP y Vox allanan el camino de las cuentas de 2027 entre críticas de la oposición a la política fiscal noticia Si Falsa alarma de bomba en la estación de Delicias de ZaragozaLas obras de la gigafactoría están operativas y se ha cifrado su inversión por parte de las dos grandes compañías en alianza en unos 4.100 millones de euros. Prevé dejar unos 4.000 empleos en total. Una nueva guerra municipal-autonómica, o lo que es lo mismo PSOE-PP, se cierne a cuenta del plan de Interés General de Aragón (PIGA) aprobado por el Gobierno de Jorge Azcón para acelerar la construcción de la gigafactoría de baterías de la ‘joint venture’ formada por Stellantis y la china CATL en la planta de Figueruelas . La regidora de la localidad, Manuela Berges, mano derecha en la Ejecutiva socialista de Pilar Alegría al frente del partido en la región, asegura que este plan invade competencias municipales de urbanismo y pretende evitar que el Consistorio tenga que desembolsar más de 800.000 euros en habilitar y facilitar los accesos a la futura planta. Pedrola ha anunciado que ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) al considerar que el PIGA no se ajusta a derecho. Al conocer el recurso planteado ante la Justicia, el presidente aragonés no ha tardado en calificarlo de «auténtico despropósito», puesto que torpedea uno de los grandes proyectos e inversiones que tiene entre manos la comunidad.Los motivos de la alcaldesaLa alcaldesa, también secretaria de Organización del PSOE Aragón, ha querido enfatizar que no están en contra del gigafactoría, «al contrario, es algo muy positivo» para la zona. «Lo que pasa con el PIGA es que aprueba la exención de impuestos, pero deja fuera una serie de infraestructuras que pertenecen a las localidades de Pedrola y Figueruelas y de las que nos vamos a tener que hacer cargo. Vamos a tener que hacer una aportación extra muy importante para hacer esas infraestructuras que debían estar dentro del PIGA», ha explicado. En concreto, se refiere al coste de adecuar y mantener la infraestructura de circunvalación para llegar a la planta. Por ello, pide que sea la Justicia la que ordene al Ejecutivo aragonés que revise todo el plan y no cometa una injerencia en competencias locales.La posición de la regidora contrasta con la que exhibió hace un año el ministro socialista Jordi Hereu al aplaudir el inicio de las obras de la gigafactoría, cuando, además, consideró clave para la transición al coche justo en Europa la fabricación en este lugar de baterías eléctricas, así como destacó la alianza que se había entablado en el sector de la automoción entre Zaragoza y China.El recurso lo ha adelantado esta mañana ‘Heraldo de Aragón’, el día de la pegada de carteles e inicio de la campaña, pero Berges ha asegurado que el recurso tenía que ser en este momento o se excedía el plazo. Cabe recordar que el PIGA del Gobierno aragonés fue aprobado el pasado 10 de julio. El «despropósito» para AzcónAunque Berges ha tendido la mano para llegar a un acuerdo entre los dos ayuntamientos concernidos por las obras y las compañías que fabricarán la planta, Azcón ha acusado la maniobra de claramente electoralista, porque, asegura, «genera incertidumbre e intranquilidad entre los inversores», además de conocerse el día que comienza la carrera electoral al 29N. «Es incomprensible que sea la alcaldesa de Pedrola la que recurra, porque la nueva fábrica de baterías va a ser una de las principales inversiones, la que más empleos va a crear en los próximos años» en la provincia de Zaragoza, ha defendido.MÁS INFORMACIÓN noticia Si PP y Vox allanan el camino de las cuentas de 2027 entre críticas de la oposición a la política fiscal noticia Si Falsa alarma de bomba en la estación de Delicias de ZaragozaLas obras de la gigafactoría están operativas y se ha cifrado su inversión por parte de las dos grandes compañías en alianza en unos 4.100 millones de euros. Prevé dejar unos 4.000 empleos en total.
Una nueva guerra municipal-autonómica, o lo que es lo mismo PSOE-PP, se cierne a cuenta del plan de Interés General de Aragón (PIGA) aprobado por el Gobierno de Jorge Azcón para acelerar la construcción de la gigafactoría de baterías de la ‘joint venture’ … formada por Stellantis y la china CATL en la planta de Figueruelas. La regidora de la localidad, Manuela Berges, mano derecha en la Ejecutiva socialista de Pilar Alegría al frente del partido en la región, asegura que este plan invade competencias municipales de urbanismo y pretende evitar que el Consistorio tenga que desembolsar más de 800.000 euros en habilitar y facilitar los accesos a la futura planta.
Pedrola ha anunciado que ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) al considerar que el PIGA no se ajusta a derecho. Al conocer el recurso planteado ante la Justicia, el presidente aragonés no ha tardado en calificarlo de «auténtico despropósito», puesto que torpedea uno de los grandes proyectos e inversiones que tiene entre manos la comunidad.
Los motivos de la alcaldesa
La alcaldesa, también secretaria de Organización del PSOE Aragón, ha querido enfatizar que no están en contra del gigafactoría, «al contrario, es algo muy positivo» para la zona. «Lo que pasa con el PIGA es que aprueba la exención de impuestos, pero deja fuera una serie de infraestructuras que pertenecen a las localidades de Pedrola y Figueruelas y de las que nos vamos a tener que hacer cargo. Vamos a tener que hacer una aportación extra muy importante para hacer esas infraestructuras que debían estar dentro del PIGA», ha explicado. En concreto, se refiere al coste de adecuar y mantener la infraestructura de circunvalación para llegar a la planta. Por ello, pide que sea la Justicia la que ordene al Ejecutivo aragonés que revise todo el plan y no cometa una injerencia en competencias locales.
La posición de la regidora contrasta con la que exhibió hace un año el ministro socialista Jordi Hereu al aplaudir el inicio de las obras de la gigafactoría, cuando, además, consideró clave para la transición al coche justo en Europa la fabricación en este lugar de baterías eléctricas, así como destacó la alianza que se había entablado en el sector de la automoción entre Zaragoza y China.
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Pedro Martín Casado
El recurso lo ha adelantado esta mañana ‘Heraldo de Aragón’, el día de la pegada de carteles e inicio de la campaña, pero Berges ha asegurado que el recurso tenía que ser en este momento o se excedía el plazo. Cabe recordar que el PIGA del Gobierno aragonés fue aprobado el pasado 10 de julio.
El «despropósito» para Azcón
Aunque Berges ha tendido la mano para llegar a un acuerdo entre los dos ayuntamientos concernidos por las obras y las compañías que fabricarán la planta, Azcón ha acusado la maniobra de claramente electoralista, porque, asegura, «genera incertidumbre e intranquilidad entre los inversores», además de conocerse el día que comienza la carrera electoral al 29N. «Es incomprensible que sea la alcaldesa de Pedrola la que recurra, porque la nueva fábrica de baterías va a ser una de las principales inversiones, la que más empleos va a crear en los próximos años» en la provincia de Zaragoza, ha defendido.
Las obras de la gigafactoría están operativas y se ha cifrado su inversión por parte de las dos grandes compañías en alianza en unos 4.100 millones de euros. Prevé dejar unos 4.000 empleos en total.
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