El Parlamento británico ha dado este lunes un paso legislativo polémico y de gran trascendencia al aprobar por mayoría una enmienda que modifica el régimen penal aplicable al aborto en Inglaterra y Gales, en lo que varios medios han calificado como la mayor transformación en materia de derechos reproductivos en seis décadas. Aunque el cambio no altera los mecanismos existentes para acceder a un aborto legal , que incluyen la necesidad de contar con la firma de dos médicos y un plazo máximo de 24 semanas, salvo excepciones médicamente justificadas, sí protege a las mujeres de la persecución penal en los abortos autogestionados.La enmienda, incorporada al proyecto de ley de Justicia Penal, fue presentada por la diputada laborista Tonia Antoniazzi, y aprobada mediante una votación libre con 379 votos a favor y 137 en contra. La propuesta, denominada oficialmente «New Clause One» (NC1), solo protege a la mujer y no despenaliza la actuación de terceros, como profesionales médicos o personas cercanas, que intervengan en un aborto fuera del marco legal, quienes siguen estando sujetos a responsabilidad penal.«Esta medida no altera las condiciones para acceder a un aborto en el sistema público», explicó Antoniazzi durante su intervención, «pero sí retira a las mujeres del ámbito del derecho penal en relación con sus propios embarazos». Añadió que la legislación vigente, enraizada en la Ley de Delitos contra la Persona de 1861, ha sido aplicada de manera creciente contra mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad. «Cada uno de estos casos es una tragedia provocada por una ley obsoleta redactada en un Parlamento compuesto exclusivamente por hombres, elegidos sólo por hombres», afirmó.Noticia Relacionada estandar Si Chile inicia la tramitación para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas María J. Errázuriz El Gobierno de Boric presenta un proyecto de ley que amplía los supuestos actuales y se inspira en los modelos de países como España o AlemaniaEl cambio se produce tras una sucesión de procesos judiciales ampliamente mediatizados. En el 2022, una mujer de 25 años fue denunciada ante la policía después de que un profesional sanitario hallara en su cuerpo restos de lo que se creía era medicación abortiva. Esta intervención desencadenó un proceso penal en su contra por inducir un aborto fuera de los cauces permitidos por la ley. Durante una vista en un tribunal de Oxford, el magistrado John Hardy se mostró visiblemente sorprendido por la decisión de procesar el caso. En palabras recogidas por la BBC, el juez se declaró «estupefacto» ante la prosecución de una causa que, en su opinión, no tenía justificación desde el punto de vista del interés público. Hardy calificó la situación como «triste y trágica» y afirmó que llevarla a juicio representaba un «desperdicio de tiempo judicial». El caso no llegó a juicio.El año pasado, la Fiscalía retiró los cargos contra Bethany Cox, de 22 años, tras una investigación que se prolongó durante tres años. Su abogado, Nicholas Lumley, declaró que la joven había sido interrogada mientras se encontraba «en pleno duelo» y subrayó que su sufrimiento a raíz del proceso legal había sido ya suficientemente punitivo.Enfoque moderno de saludEn este contexto, numerosos colectivos sanitarios y sociales reclamaban una reforma legal urgente. Seis colegios médicos, la Asociación Médica Británica (BMA) y organizaciones como Women’s Aid y la Fawcett Society respaldaron públicamente la enmienda, argumentando que el tratamiento penal del aborto no se corresponde con un enfoque moderno de salud pública. Además, según una encuesta de Sky News y YouGov, el 55% de los británicos estaba a favor de modificar la ley para impedir que las mujeres fueran criminalizadas por abortos realizados antes de la semana 24. No obstante, un 22% se mostró partidario de mantener la posibilidad de enjuiciamiento en caso de aborto después de ese límite.La propia líder laborista responsable de cuestiones de derechos reproductivos, la diputada Stella Creasy, había presentado una enmienda más ambiciosa, orientada no sólo a despenalizar el aborto sino también a consagrarlo como un derecho. «No hay ninguna otra prestación sanitaria que tenga un fundamento penal de esta naturaleza», explicó Creasy. «El resultado práctico de esto es que mujeres y niñas extremadamente vulnerables que ni siquiera sabían que estaban embarazadas acababan siendo visitadas por la policía en su cama de hospital en lugar de recibir asistencia psicológica».DiscrepanciasA pesar del amplio respaldo parlamentario, no todos los sectores políticos avalan la reforma. El diputado conservador Edward Leigh expresó su rechazo, advirtiendo que este tipo de enmiendas «no son favorables a las mujeres» y podrían «abrir la puerta al aborto por selección de sexo». Otro parlamentario tory, Jerome Mayhew, criticó el procedimiento, subrayando que se trataba de «un cambio legislativo de gran calado aprobado sin sesiones de evidencia ni análisis en comisión, tras apenas 46 minutos de debate parlamentario».La enmienda aprobada no entrará en vigor de inmediato, ya que su aplicación está supeditada a la aprobación definitiva del conjunto del proyecto de ley por ambas cámaras del Parlamento y a la sanción real.Desde la cumbre del G7 celebrada en Canadá, el líder laborista Keir Starmer respaldó la iniciativa, a pesar de no haber estado presente en la votación. «Se trata de una cuestión de conciencia, y por ello ha sido sometida a una votación libre», declaró. «Pero mi postura, que mantengo desde hace tiempo, es que las mujeres tienen derecho a un aborto seguro y legal».Autorizado por facultativosEl marco jurídico del aborto en Inglaterra y Gales, establecido por la Ley del Aborto de 1967, contempla su legalidad hasta la semana 24, siempre que sea autorizado por dos facultativos que acrediten que la continuidad del embarazo supondría un riesgo mayor para la salud física o mental de la mujer que su interrupción. Existen excepciones para casos en que esté en peligro la vida de la gestante, se detecten anomalías fetales graves o el embarazo sea resultado de una violación, aunque en la práctica la mayoría de los procedimientos se realizan en fases tempranas y por causas de salud mental.El delito de inducir un aborto fuera de este marco legal, tipificado en la ley de 1861, contempla penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua, aunque rara vez se han impuesto condenas severas. El Parlamento británico ha dado este lunes un paso legislativo polémico y de gran trascendencia al aprobar por mayoría una enmienda que modifica el régimen penal aplicable al aborto en Inglaterra y Gales, en lo que varios medios han calificado como la mayor transformación en materia de derechos reproductivos en seis décadas. Aunque el cambio no altera los mecanismos existentes para acceder a un aborto legal , que incluyen la necesidad de contar con la firma de dos médicos y un plazo máximo de 24 semanas, salvo excepciones médicamente justificadas, sí protege a las mujeres de la persecución penal en los abortos autogestionados.La enmienda, incorporada al proyecto de ley de Justicia Penal, fue presentada por la diputada laborista Tonia Antoniazzi, y aprobada mediante una votación libre con 379 votos a favor y 137 en contra. La propuesta, denominada oficialmente «New Clause One» (NC1), solo protege a la mujer y no despenaliza la actuación de terceros, como profesionales médicos o personas cercanas, que intervengan en un aborto fuera del marco legal, quienes siguen estando sujetos a responsabilidad penal.«Esta medida no altera las condiciones para acceder a un aborto en el sistema público», explicó Antoniazzi durante su intervención, «pero sí retira a las mujeres del ámbito del derecho penal en relación con sus propios embarazos». Añadió que la legislación vigente, enraizada en la Ley de Delitos contra la Persona de 1861, ha sido aplicada de manera creciente contra mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad. «Cada uno de estos casos es una tragedia provocada por una ley obsoleta redactada en un Parlamento compuesto exclusivamente por hombres, elegidos sólo por hombres», afirmó.Noticia Relacionada estandar Si Chile inicia la tramitación para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas María J. Errázuriz El Gobierno de Boric presenta un proyecto de ley que amplía los supuestos actuales y se inspira en los modelos de países como España o AlemaniaEl cambio se produce tras una sucesión de procesos judiciales ampliamente mediatizados. En el 2022, una mujer de 25 años fue denunciada ante la policía después de que un profesional sanitario hallara en su cuerpo restos de lo que se creía era medicación abortiva. Esta intervención desencadenó un proceso penal en su contra por inducir un aborto fuera de los cauces permitidos por la ley. Durante una vista en un tribunal de Oxford, el magistrado John Hardy se mostró visiblemente sorprendido por la decisión de procesar el caso. En palabras recogidas por la BBC, el juez se declaró «estupefacto» ante la prosecución de una causa que, en su opinión, no tenía justificación desde el punto de vista del interés público. Hardy calificó la situación como «triste y trágica» y afirmó que llevarla a juicio representaba un «desperdicio de tiempo judicial». El caso no llegó a juicio.El año pasado, la Fiscalía retiró los cargos contra Bethany Cox, de 22 años, tras una investigación que se prolongó durante tres años. Su abogado, Nicholas Lumley, declaró que la joven había sido interrogada mientras se encontraba «en pleno duelo» y subrayó que su sufrimiento a raíz del proceso legal había sido ya suficientemente punitivo.Enfoque moderno de saludEn este contexto, numerosos colectivos sanitarios y sociales reclamaban una reforma legal urgente. Seis colegios médicos, la Asociación Médica Británica (BMA) y organizaciones como Women’s Aid y la Fawcett Society respaldaron públicamente la enmienda, argumentando que el tratamiento penal del aborto no se corresponde con un enfoque moderno de salud pública. Además, según una encuesta de Sky News y YouGov, el 55% de los británicos estaba a favor de modificar la ley para impedir que las mujeres fueran criminalizadas por abortos realizados antes de la semana 24. No obstante, un 22% se mostró partidario de mantener la posibilidad de enjuiciamiento en caso de aborto después de ese límite.La propia líder laborista responsable de cuestiones de derechos reproductivos, la diputada Stella Creasy, había presentado una enmienda más ambiciosa, orientada no sólo a despenalizar el aborto sino también a consagrarlo como un derecho. «No hay ninguna otra prestación sanitaria que tenga un fundamento penal de esta naturaleza», explicó Creasy. «El resultado práctico de esto es que mujeres y niñas extremadamente vulnerables que ni siquiera sabían que estaban embarazadas acababan siendo visitadas por la policía en su cama de hospital en lugar de recibir asistencia psicológica».DiscrepanciasA pesar del amplio respaldo parlamentario, no todos los sectores políticos avalan la reforma. El diputado conservador Edward Leigh expresó su rechazo, advirtiendo que este tipo de enmiendas «no son favorables a las mujeres» y podrían «abrir la puerta al aborto por selección de sexo». Otro parlamentario tory, Jerome Mayhew, criticó el procedimiento, subrayando que se trataba de «un cambio legislativo de gran calado aprobado sin sesiones de evidencia ni análisis en comisión, tras apenas 46 minutos de debate parlamentario».La enmienda aprobada no entrará en vigor de inmediato, ya que su aplicación está supeditada a la aprobación definitiva del conjunto del proyecto de ley por ambas cámaras del Parlamento y a la sanción real.Desde la cumbre del G7 celebrada en Canadá, el líder laborista Keir Starmer respaldó la iniciativa, a pesar de no haber estado presente en la votación. «Se trata de una cuestión de conciencia, y por ello ha sido sometida a una votación libre», declaró. «Pero mi postura, que mantengo desde hace tiempo, es que las mujeres tienen derecho a un aborto seguro y legal».Autorizado por facultativosEl marco jurídico del aborto en Inglaterra y Gales, establecido por la Ley del Aborto de 1967, contempla su legalidad hasta la semana 24, siempre que sea autorizado por dos facultativos que acrediten que la continuidad del embarazo supondría un riesgo mayor para la salud física o mental de la mujer que su interrupción. Existen excepciones para casos en que esté en peligro la vida de la gestante, se detecten anomalías fetales graves o el embarazo sea resultado de una violación, aunque en la práctica la mayoría de los procedimientos se realizan en fases tempranas y por causas de salud mental.El delito de inducir un aborto fuera de este marco legal, tipificado en la ley de 1861, contempla penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua, aunque rara vez se han impuesto condenas severas.
El Parlamento británico ha dado este lunes un paso legislativo polémico y de gran trascendencia al aprobar por mayoría una enmienda que modifica el régimen penal aplicable al aborto en Inglaterra y Gales, en lo que varios medios han calificado como la mayor transformación en materia de derechos reproductivos en seis décadas. Aunque el cambio no altera los mecanismos existentes para acceder a un aborto legal, que incluyen la necesidad de contar con la firma de dos médicos y un plazo máximo de 24 semanas, salvo excepciones médicamente justificadas, sí protege a las mujeres de la persecución penal en los abortos autogestionados.
La enmienda, incorporada al proyecto de ley de Justicia Penal, fue presentada por la diputada laborista Tonia Antoniazzi, y aprobada mediante una votación libre con 379 votos a favor y 137 en contra. La propuesta, denominada oficialmente «New Clause One» (NC1), solo protege a la mujer y no despenaliza la actuación de terceros, como profesionales médicos o personas cercanas, que intervengan en un aborto fuera del marco legal, quienes siguen estando sujetos a responsabilidad penal.
«Esta medida no altera las condiciones para acceder a un aborto en el sistema público», explicó Antoniazzi durante su intervención, «pero sí retira a las mujeres del ámbito del derecho penal en relación con sus propios embarazos». Añadió que la legislación vigente, enraizada en la Ley de Delitos contra la Persona de 1861, ha sido aplicada de manera creciente contra mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad. «Cada uno de estos casos es una tragedia provocada por una ley obsoleta redactada en un Parlamento compuesto exclusivamente por hombres, elegidos sólo por hombres», afirmó.
El cambio se produce tras una sucesión de procesos judiciales ampliamente mediatizados. En el 2022, una mujer de 25 años fue denunciada ante la policía después de que un profesional sanitario hallara en su cuerpo restos de lo que se creía era medicación abortiva. Esta intervención desencadenó un proceso penal en su contra por inducir un aborto fuera de los cauces permitidos por la ley. Durante una vista en un tribunal de Oxford, el magistrado John Hardy se mostró visiblemente sorprendido por la decisión de procesar el caso. En palabras recogidas por la BBC, el juez se declaró «estupefacto» ante la prosecución de una causa que, en su opinión, no tenía justificación desde el punto de vista del interés público. Hardy calificó la situación como «triste y trágica» y afirmó que llevarla a juicio representaba un «desperdicio de tiempo judicial». El caso no llegó a juicio.
El año pasado, la Fiscalía retiró los cargos contra Bethany Cox, de 22 años, tras una investigación que se prolongó durante tres años. Su abogado, Nicholas Lumley, declaró que la joven había sido interrogada mientras se encontraba «en pleno duelo» y subrayó que su sufrimiento a raíz del proceso legal había sido ya suficientemente punitivo.
Enfoque moderno de salud
En este contexto, numerosos colectivos sanitarios y sociales reclamaban una reforma legal urgente. Seis colegios médicos, la Asociación Médica Británica (BMA) y organizaciones como Women’s Aid y la Fawcett Society respaldaron públicamente la enmienda, argumentando que el tratamiento penal del aborto no se corresponde con un enfoque moderno de salud pública.
Además, según una encuesta de Sky News y YouGov, el 55% de los británicos estaba a favor de modificar la ley para impedir que las mujeres fueran criminalizadas por abortos realizados antes de la semana 24. No obstante, un 22% se mostró partidario de mantener la posibilidad de enjuiciamiento en caso de aborto después de ese límite.
La propia líder laborista responsable de cuestiones de derechos reproductivos, la diputada Stella Creasy, había presentado una enmienda más ambiciosa, orientada no sólo a despenalizar el aborto sino también a consagrarlo como un derecho. «No hay ninguna otra prestación sanitaria que tenga un fundamento penal de esta naturaleza», explicó Creasy. «El resultado práctico de esto es que mujeres y niñas extremadamente vulnerables que ni siquiera sabían que estaban embarazadas acababan siendo visitadas por la policía en su cama de hospital en lugar de recibir asistencia psicológica».
Discrepancias
A pesar del amplio respaldo parlamentario, no todos los sectores políticos avalan la reforma. El diputado conservador Edward Leigh expresó su rechazo, advirtiendo que este tipo de enmiendas «no son favorables a las mujeres» y podrían «abrir la puerta al aborto por selección de sexo». Otro parlamentario tory, Jerome Mayhew, criticó el procedimiento, subrayando que se trataba de «un cambio legislativo de gran calado aprobado sin sesiones de evidencia ni análisis en comisión, tras apenas 46 minutos de debate parlamentario».
La enmienda aprobada no entrará en vigor de inmediato, ya que su aplicación está supeditada a la aprobación definitiva del conjunto del proyecto de ley por ambas cámaras del Parlamento y a la sanción real.
Desde la cumbre del G7 celebrada en Canadá, el líder laborista Keir Starmer respaldó la iniciativa, a pesar de no haber estado presente en la votación. «Se trata de una cuestión de conciencia, y por ello ha sido sometida a una votación libre», declaró. «Pero mi postura, que mantengo desde hace tiempo, es que las mujeres tienen derecho a un aborto seguro y legal».
Autorizado por facultativos
El marco jurídico del aborto en Inglaterra y Gales, establecido por la Ley del Aborto de 1967, contempla su legalidad hasta la semana 24, siempre que sea autorizado por dos facultativos que acrediten que la continuidad del embarazo supondría un riesgo mayor para la salud física o mental de la mujer que su interrupción. Existen excepciones para casos en que esté en peligro la vida de la gestante, se detecten anomalías fetales graves o el embarazo sea resultado de una violación, aunque en la práctica la mayoría de los procedimientos se realizan en fases tempranas y por causas de salud mental.
El delito de inducir un aborto fuera de este marco legal, tipificado en la ley de 1861, contempla penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua, aunque rara vez se han impuesto condenas severas.
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