El Partido Popular, en pleno Sábado Santo, vuelve a la carga y pone el foco, de nuevo, en la ley de multirreincidencia aprobada el pasado 26 de marzo en el Congreso de los Diputados. A pesar de celebrar su aprobación, los de Alberto Núñez Feijóo denunciaron el veto por parte de la Mesa de la Cámara Baja de dos enmiendas impulsadas por el Senado —donde los populares gozan de mayoría absoluta— para endurecer la regularización extraordinaria de inmigrantes que propone el Ejecutivo y para ampliar el número de fiscales. El 24 de marzo, la Mesa, órgano rector del Congreso y con una mayoría compuesta por los socialistas y Sumar, rechazó las dos modificaciones a la ley que la Cámara Alta aprobó el pasado 18 de mazo. Estas buscaban aumentar el ratio de fiscales a uno por cada 100.000 habitantes en un periodo de dos años y exigir la necesidad de acreditar la ausencia de antecedentes penales para optar a la regularización de inmigrantes que propone el Ejecutivo. Ambas hubiesen sido refrendadas por la mayoría conservadora de los populares, neoconvergentes y los de Santiago Abascal. Como ya sucedió con otras enmiendas que salieron adelante en el Senado —como las de la ley de desperdicio alimentario—, la Mesa priorizó los intereses del Gobierno de coalición y hurtó al Pleno su debate. Noticia relacionada general No No Sánchez acuerda que el País Vasco entre en la «gestión» de los aeropuertos Gerard BonoLa justificación al veto, según informó el Ejecutivo, a la enmienda que obliga a los inmigrantes a presentar un documento oficial para demostrar que no tienen antecedentes penales se basa en la necesidad de aumentar las plazas del funcionariado de la Policía Nacional y, por lo tanto, un incremento estimado de más de 16 millones de euros. En total, «sería necesaria la creación de cuatrocientas plazas de funcionarios en la Comisaría General de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía». En el caso de la enmienda para el aumento del ratio de fiscales, el Gobierno cifró el gasto en 53.790.400,2 euros, aunque este gasto es difícil de argumentar si se exige a los inmigrantes interesados en la regularización un certificado de antecedentes penales, algo que en muchos casos recaería sobre los países de origen o donde han habitado los mismos. Los agentes, eso sí, deberían solicitar los antecedentes a terceros países, un procedimiento que implicaría la gestión de recursos y personal.La Constitución da la posibilidad al Gobierno de vetar enmiendas que supongan una subida del gasto o una merma de la recaudación (artículo 134.6), aunque también exige que los parlamentarios puedan debatir y votar las mismas (artículo 90.2).Decisión «arbitraria, extemporánea e inconstitucional»Por ello, los populares han presentado un escrito de Reconsideración a la Mesa al considerar la decisión de vetar estas enmiendas de ser «arbitraria, extemporánea e inconstitucional», una «grave anomalía democrática» y vulnerar el proceso legislativo. Denuncian que el Ejecutivo no ha justificado adecuadamente el impacto presupuestario de las enmiendas, requisito indispensable para ejercer su derecho de veto.El escrito sostiene, además, que el Gobierno no puede vetar enmiendas que ya han sido aprobadas por el Senado, ni que la Mesa pueda impedir su debate y votación en el Pleno. Esto, según añaden, vulnera la separación de poderes y el papel legislativo de las Cámaras. Advierten, finalmente, que esta actuación puede limitar el derecho de los diputados de ejercer su función legislativa recogida por la Constitución. Exigen, finalmente, al anulación de la decisión de la Mesa del Congreso y la retroacción del procedimiento legislativo para que el Pleno pueda debatir y votar las enmiendas en su integridad. El Partido Popular, en pleno Sábado Santo, vuelve a la carga y pone el foco, de nuevo, en la ley de multirreincidencia aprobada el pasado 26 de marzo en el Congreso de los Diputados. A pesar de celebrar su aprobación, los de Alberto Núñez Feijóo denunciaron el veto por parte de la Mesa de la Cámara Baja de dos enmiendas impulsadas por el Senado —donde los populares gozan de mayoría absoluta— para endurecer la regularización extraordinaria de inmigrantes que propone el Ejecutivo y para ampliar el número de fiscales. El 24 de marzo, la Mesa, órgano rector del Congreso y con una mayoría compuesta por los socialistas y Sumar, rechazó las dos modificaciones a la ley que la Cámara Alta aprobó el pasado 18 de mazo. Estas buscaban aumentar el ratio de fiscales a uno por cada 100.000 habitantes en un periodo de dos años y exigir la necesidad de acreditar la ausencia de antecedentes penales para optar a la regularización de inmigrantes que propone el Ejecutivo. Ambas hubiesen sido refrendadas por la mayoría conservadora de los populares, neoconvergentes y los de Santiago Abascal. Como ya sucedió con otras enmiendas que salieron adelante en el Senado —como las de la ley de desperdicio alimentario—, la Mesa priorizó los intereses del Gobierno de coalición y hurtó al Pleno su debate. Noticia relacionada general No No Sánchez acuerda que el País Vasco entre en la «gestión» de los aeropuertos Gerard BonoLa justificación al veto, según informó el Ejecutivo, a la enmienda que obliga a los inmigrantes a presentar un documento oficial para demostrar que no tienen antecedentes penales se basa en la necesidad de aumentar las plazas del funcionariado de la Policía Nacional y, por lo tanto, un incremento estimado de más de 16 millones de euros. En total, «sería necesaria la creación de cuatrocientas plazas de funcionarios en la Comisaría General de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía». En el caso de la enmienda para el aumento del ratio de fiscales, el Gobierno cifró el gasto en 53.790.400,2 euros, aunque este gasto es difícil de argumentar si se exige a los inmigrantes interesados en la regularización un certificado de antecedentes penales, algo que en muchos casos recaería sobre los países de origen o donde han habitado los mismos. Los agentes, eso sí, deberían solicitar los antecedentes a terceros países, un procedimiento que implicaría la gestión de recursos y personal.La Constitución da la posibilidad al Gobierno de vetar enmiendas que supongan una subida del gasto o una merma de la recaudación (artículo 134.6), aunque también exige que los parlamentarios puedan debatir y votar las mismas (artículo 90.2).Decisión «arbitraria, extemporánea e inconstitucional»Por ello, los populares han presentado un escrito de Reconsideración a la Mesa al considerar la decisión de vetar estas enmiendas de ser «arbitraria, extemporánea e inconstitucional», una «grave anomalía democrática» y vulnerar el proceso legislativo. Denuncian que el Ejecutivo no ha justificado adecuadamente el impacto presupuestario de las enmiendas, requisito indispensable para ejercer su derecho de veto.El escrito sostiene, además, que el Gobierno no puede vetar enmiendas que ya han sido aprobadas por el Senado, ni que la Mesa pueda impedir su debate y votación en el Pleno. Esto, según añaden, vulnera la separación de poderes y el papel legislativo de las Cámaras. Advierten, finalmente, que esta actuación puede limitar el derecho de los diputados de ejercer su función legislativa recogida por la Constitución. Exigen, finalmente, al anulación de la decisión de la Mesa del Congreso y la retroacción del procedimiento legislativo para que el Pleno pueda debatir y votar las enmiendas en su integridad.
El Partido Popular, en pleno Sábado Santo, vuelve a la carga y pone el foco, de nuevo, en la ley de multirreincidencia aprobada el pasado 26 de marzo en el Congreso de los Diputados. A pesar de celebrar su aprobación, los de Alberto Núñez … Feijóo denunciaron el veto por parte de la Mesa de la Cámara Baja de dos enmiendas impulsadas por el Senado —donde los populares gozan de mayoría absoluta— para endurecer la regularización extraordinaria de inmigrantes que propone el Ejecutivo y para ampliar el número de fiscales.
El 24 de marzo, la Mesa, órgano rector del Congreso y con una mayoría compuesta por los socialistas y Sumar, rechazó las dos modificaciones a la ley que la Cámara Alta aprobó el pasado 18 de mazo. Estas buscaban aumentar el ratio de fiscales a uno por cada 100.000 habitantes en un periodo de dos años y exigir la necesidad de acreditar la ausencia de antecedentes penales para optar a la regularización de inmigrantes que propone el Ejecutivo.
Ambas hubiesen sido refrendadas por la mayoría conservadora de los populares, neoconvergentes y los de Santiago Abascal. Como ya sucedió con otras enmiendas que salieron adelante en el Senado —como las de la ley de desperdicio alimentario—, la Mesa priorizó los intereses del Gobierno de coalición y hurtó al Pleno su debate.
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La justificación al veto, según informó el Ejecutivo, a la enmienda que obliga a los inmigrantes a presentar un documento oficial para demostrar que no tienen antecedentes penales se basa en la necesidad de aumentar las plazas del funcionariado de la Policía Nacional y, por lo tanto, un incremento estimado de más de 16 millones de euros. En total, «sería necesaria la creación de cuatrocientas plazas de funcionarios en la Comisaría General de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía». En el caso de la enmienda para el aumento del ratio de fiscales, el Gobierno cifró el gasto en 53.790.400,2 euros, aunque este gasto es difícil de argumentar si se exige a los inmigrantes interesados en la regularización un certificado de antecedentes penales, algo que en muchos casos recaería sobre los países de origen o donde han habitado los mismos. Los agentes, eso sí, deberían solicitar los antecedentes a terceros países, un procedimiento que implicaría la gestión de recursos y personal.
La Constitución da la posibilidad al Gobierno de vetar enmiendas que supongan una subida del gasto o una merma de la recaudación (artículo 134.6), aunque también exige que los parlamentarios puedan debatir y votar las mismas (artículo 90.2).
Decisión «arbitraria, extemporánea e inconstitucional»
Por ello, los populares han presentado un escrito de Reconsideración a la Mesa al considerar la decisión de vetar estas enmiendas de ser «arbitraria, extemporánea e inconstitucional», una «grave anomalía democrática» y vulnerar el proceso legislativo. Denuncian que el Ejecutivo no ha justificado adecuadamente el impacto presupuestario de las enmiendas, requisito indispensable para ejercer su derecho de veto.
El escrito sostiene, además, que el Gobierno no puede vetar enmiendas que ya han sido aprobadas por el Senado, ni que la Mesa pueda impedir su debate y votación en el Pleno. Esto, según añaden, vulnera la separación de poderes y el papel legislativo de las Cámaras. Advierten, finalmente, que esta actuación puede limitar el derecho de los diputados de ejercer su función legislativa recogida por la Constitución.
Exigen, finalmente, al anulación de la decisión de la Mesa del Congreso y la retroacción del procedimiento legislativo para que el Pleno pueda debatir y votar las enmiendas en su integridad.
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