Las conclusiones preliminiares, según el PP, reflejan ya que la transición energética ha ido más rápido que la adaptación técnica del sistema, generando vulnerabilidades Leer Las conclusiones preliminiares, según el PP, reflejan ya que la transición energética ha ido más rápido que la adaptación técnica del sistema, generando vulnerabilidades Leer
A punto de cumplirse un año del apagón, que el 28 de abril de 2025, dejó sin suministro eléctrico a todo el país, seguimos sin saber exactamente qué pasó aquel día, o al menos, sin que se haya depurado responsabilidad alguna. La comisión de investigación del Senado, que se constituyó en junio, ha visto desfilar por ella a un buen número de responsables políticos, técnicos y empresariales, pero el PP está dispuesto a acelerar sus pesquisas y esta misma semana volverá a sentar en la silla de comparecientes a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y a la máxima responsable de Redeia, Beatriz Corredor.
Según los populares, «del apagón eléctrico pasamos al apagón informativo del Gobierno con el que pretender tapar su responsabilidad». «Ha quedado claro cómo el Gobierno quiere echar balones fuera y que seamos los consumidores los que paguemos la factura del apagón. Por eso ha llegado el momento de que vengan los máximos responsables del Gobierno. Esta semana, Aagesen y Corredor podrán dar buena cuenta del papel del Gobierno en esta crisis y por qué quieren que recaigan sobre los hombros de los españoles la factura del apagón», explica a EL MUNDO Alicia García, portavoz del Grupo Popular en el Senado.
Así, la vicepresidenta Aagesen ha sido convocada para comparecer de nuevo en esta comisión (ya lo hizo en octubre de 2025) el próximo lunes, 23 de marzo. Durante su primera comparecencia defendió la labor del ministerio en la gestión de la recuperación del apagón y centró su intervención en defender la robustez del sistema eléctrico español y en detallar la cronología técnica de los hechos del 28 de abril de 2025.
Aagesen explicó que el apagón no se debió a una falta de generación de energía, habló de un incidente fortuito en la interconexión con Francia que provocó un desequilibrio de frecuencia y, según sus palabras, se produjo un «efecto dominó» o evento en cascada que las protecciones automáticas del sistema no pudieron frenar a tiempo debido a la magnitud de la oscilación de tensión.
Uno de los momentos más tensos de su comparecencia fue cuando respondió a las críticas del PP y Vox, quienes sugerían que la alta penetración de renovables había hecho el sistema más inestable. Aagesen fue tajante: «Las renovables no fueron la causa del apagón» y sostuvo, de hecho, la rapidez de respuesta de algunos parques eólicos y plantas fotovoltaicas ayudó a que la recuperación del servicio fuera más rápida de lo previsto en ciertas zonas.
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, comparecerá de nuevo ante esta comisión el miércoles, 25 de marzo. La primera vez que lo hizo, el 11 de septiembre, utilizó un tono beligerante en la defensa de la actuación del operador: negó toda responsabilidad, descartó que REE fuera responsable directa del apagón y erigió sospechas sobre los generadores eléctricos, de lo que dijo que no respondieron como debían. Aquella posición fue posteriormente rebatida por varios expertos y ha quedado en cuestión con otras declaraciones escuchadas en la comisión, que apuntan a problemas estructurales en la programación y operación del sistema.
La comisión del Senado sobre el apagón se constituyó en junio y las primeras comparecencias comenzaron el 23 de julio y hasta la fecha han participado en ella 27 personas en las 19 sesiones celebradas al efecto. En las conclusiones preliminares que se manejan hasta ahora se insiste en una idea de fondo: la transición energética avanzó a mayor velocidad que la adaptación técnica del sistema, generando vulnerabilidades que terminaron por manifestarse en el episodio del 28 de abril.
Además, el debate no se limita al origen del apagón, sino que se extiende a sus consecuencias. El denominado «modo reforzado» en la operación del sistema, implantado tras el incidente, ha incrementado los costes y ha reabierto la discusión sobre quién debe asumirlos. Industria y consumidores denuncian que la factura está recayendo sobre ellos, mientras la asunción de responsabilidades sigue sin concretarse.
Por la mesa de esta comisión han desfilado expertos, responsables técnicos, representantes empresariales y autoridades públicas. Entre ellos figuran perfiles clave como José Manuel Clamagirand (Sener), Jorge González (Losán), el ingeniero Fernando Ley Llano, el físico Manuel Fernández Ordóñez, directivos de Redeia como Roberto García Merino, Concepción Sánchez o Tomás Domínguez, así como responsables institucionales como el secretario de Estado de Energía Joan Groizard, representantes de la CNMC como Rocío Prieto o Cani Fernández, y dirigentes empresariales como José Bogas (Endesa), Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola España) o Ignacio Araluce (Foro Nuclear), además de portavoces de renovables, industria electrointensiva y consumidores.
El portavoz del PP en la comisión, Miguel Ángel Castellón, sostiene que una de las principales conclusiones que se desprenden de las comparecencias ya escuchadas es que el apagón no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de debilidades acumuladas en el sistema eléctrico. A su juicio, la transición energética se ha impulsado a un ritmo superior al de la adaptación real de la red, el almacenamiento, los mecanismos de control y el respaldo síncrono necesario para garantizar la estabilidad. El PP, con mayoría en la Cámara Alta, subraya además que existían señales previas -informes técnicos, episodios de sobretensión y advertencias de expertos- que apuntaban a una creciente fragilidad del sistema y que, sin embargo, no fueron atendidas con la suficiente prudencia en la programación y operación.
En esa línea, el portavoz popular apunta directamente a una doble responsabilidad. Por un lado, sitúa a Red Eléctrica como responsable técnico por la programación del sistema y la gestión del episodio del 28 de abril, cuestionando que se operara con el nivel de cautela exigible antes del apagón, como evidenciaría el posterior «modo reforzado». Por otro, atribuye al Gobierno una responsabilidad política por haber impulsado una política energética que, según afirma, ha priorizado los objetivos de transición sin acompasarlos con la seguridad del sistema ni con la adaptación regulatoria necesaria. Castellón añade que las consecuencias económicas del fallo -encarecimiento de costes y perjuicios para industria y consumidores- están siendo asumidas por ciudadanos y empresas, mientras sigue sin concretarse una asunción clara de responsabilidades.
«Los españoles pagamos más impuestos que nunca pero tenemos los peores servicios de las últimas décadas. El sectarismo, la radicalidad y la ineficiencia del Gobierno ha llevado a nuestro país a retroceder años y años en estándares de calidad en nuestro servicios. Y uno de los ejemplos más representativos es el apagón que sufrimos hace casi un año en nuestro país», advierte la portavoz del PP, Alicia García. «Es el mismo método de Sánchez en cualquier crisis: negar la evidencia, ocultar las pruebas y culpar a otros. Pero los españoles merecen saber la verdad».
Además de la comisión en Senado, el Congreso aprobó hace más de 10 meses crear su propia comisión de investigación de lo sucedido. Sin embargo, aún no ha echado a andar, tan sólo ha aprobado su plan de trabajo, y no se esperan las primeras comparecencias hasta después de Semana Santa. Aún no se han fijado los nombres, este martes se conocerán los nombres de los 12 primeros comparecientes.
Actualidad Económica // elmundo
