Hace dos años, el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros un decreto por el que acordaba dar ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. La norma establecía los requisitos para poder acceder a estas prestaciones y la cuantía de las mismas: el resultante de multiplicar doce mil euros por cada punto porcentual de discapacidad reconocida de la persona en cuestión. Sin embargo, ya en ese momento los afectados denunciaron que el Ejecutivo no había tenido en cuenta una de sus principales reclamaciones: que las indemnizaciones estuvieran exentas fiscalmente. Por ello, el PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que estas ayudas estén exentas de impuestos, que ahora, denuncian las víctimas, suponen el 47 por ciento de la cantidad recibida. Los populares ya intentaron sacar adelante esta medida hace algún tiempo. Lo hicieron a través del Senado, donde la proposición de ley obtuvo luz verde de la Cámara, pero luego su tramitación fue rechazada en el Congreso tras alegar el Ejecutivo que provocaría una disminución de los ingresos presupuestarios. Noticia Relacionada estandar No Condenan al Imserso a pagar casi 800.000 euros a una víctima de la talidomida ABC La sentencia recoge que a la afectada le habían denegado la prestación de ayuda que solicitó en 2023 al IMSERSO por carecer del certificado de enfermedades raras gestionado por el Instituto de Salud Carlos IIIAsí, la iniciativa del PP, firmada por Miguel Tellado, actual secretario general del partido, propone la modificación del artículo 7 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que establece los supuestos de exención fiscal y añadir un nuevo apartado en el que se contemple que estarán exentas las ayudas previstas en ese real decreto de 2023 para las personas afectadas por la talidomida, «así como cualquier renta, ganancia patrimonial, pensión o percepción de cualquier tipo y en cualquier concepto que se reciba como afectado por la talidomida». Se hará, además, con carácter retroactivo. En País Vasco están exentasFuentes del PP insisten en la necesidad de que estas ayudas cuenten con exenciones fiscales y denuncian que las arcas del Gobierno «no se pueden lucrar con las mismas ayudas que dan a los afectados para mejorar sus condiciones de vida». Resaltan además que el PSOE, en el País Vasco, sí votó a favor de incorporar esta exención, «mientras la veta a nivel nacional». «Ahora mismo los vascos cobran el cien por cien de las ayudas y el resto de españoles, el 53. Un vasco es el doble de afectado de talidomida que cualquier otro afectado español, no se entiende», lamenta Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), que celebra la propuesta del PP y no comprende el veto del Gobierno. «Cuando se supone que el Estado te compensa por algo es porque tiene responsabilidad directa sobre el daño. Y en el caso de la talidomida es claro. ¿Qué sentido tiene que nos cobren el 47% de IRPF?», reflexiona. La ayuda, explica, les llegó ya con esa cantidad descontada: «Queremos que nos devuelvan lo que tendríamos que haber recibido». Hace dos años, el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros un decreto por el que acordaba dar ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. La norma establecía los requisitos para poder acceder a estas prestaciones y la cuantía de las mismas: el resultante de multiplicar doce mil euros por cada punto porcentual de discapacidad reconocida de la persona en cuestión. Sin embargo, ya en ese momento los afectados denunciaron que el Ejecutivo no había tenido en cuenta una de sus principales reclamaciones: que las indemnizaciones estuvieran exentas fiscalmente. Por ello, el PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que estas ayudas estén exentas de impuestos, que ahora, denuncian las víctimas, suponen el 47 por ciento de la cantidad recibida. Los populares ya intentaron sacar adelante esta medida hace algún tiempo. Lo hicieron a través del Senado, donde la proposición de ley obtuvo luz verde de la Cámara, pero luego su tramitación fue rechazada en el Congreso tras alegar el Ejecutivo que provocaría una disminución de los ingresos presupuestarios. Noticia Relacionada estandar No Condenan al Imserso a pagar casi 800.000 euros a una víctima de la talidomida ABC La sentencia recoge que a la afectada le habían denegado la prestación de ayuda que solicitó en 2023 al IMSERSO por carecer del certificado de enfermedades raras gestionado por el Instituto de Salud Carlos IIIAsí, la iniciativa del PP, firmada por Miguel Tellado, actual secretario general del partido, propone la modificación del artículo 7 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que establece los supuestos de exención fiscal y añadir un nuevo apartado en el que se contemple que estarán exentas las ayudas previstas en ese real decreto de 2023 para las personas afectadas por la talidomida, «así como cualquier renta, ganancia patrimonial, pensión o percepción de cualquier tipo y en cualquier concepto que se reciba como afectado por la talidomida». Se hará, además, con carácter retroactivo. En País Vasco están exentasFuentes del PP insisten en la necesidad de que estas ayudas cuenten con exenciones fiscales y denuncian que las arcas del Gobierno «no se pueden lucrar con las mismas ayudas que dan a los afectados para mejorar sus condiciones de vida». Resaltan además que el PSOE, en el País Vasco, sí votó a favor de incorporar esta exención, «mientras la veta a nivel nacional». «Ahora mismo los vascos cobran el cien por cien de las ayudas y el resto de españoles, el 53. Un vasco es el doble de afectado de talidomida que cualquier otro afectado español, no se entiende», lamenta Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), que celebra la propuesta del PP y no comprende el veto del Gobierno. «Cuando se supone que el Estado te compensa por algo es porque tiene responsabilidad directa sobre el daño. Y en el caso de la talidomida es claro. ¿Qué sentido tiene que nos cobren el 47% de IRPF?», reflexiona. La ayuda, explica, les llegó ya con esa cantidad descontada: «Queremos que nos devuelvan lo que tendríamos que haber recibido».
Lleva al Congreso una proposición de ley tras un veto anterior del Gobierno
Hace dos años, el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros un decreto por el que acordaba dar ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. La norma establecía los requisitos para poder acceder a estas prestaciones y la … cuantía de las mismas: el resultante de multiplicar doce mil euros por cada punto porcentual de discapacidad reconocida de la persona en cuestión.
Sin embargo, ya en ese momento los afectados denunciaron que el Ejecutivo no había tenido en cuenta una de sus principales reclamaciones: que las indemnizaciones estuvieran exentas fiscalmente. Por ello, el PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que estas ayudas estén exentas de impuestos, que ahora, denuncian las víctimas, suponen el 47 por ciento de la cantidad recibida.
Los populares ya intentaron sacar adelante esta medida hace algún tiempo. Lo hicieron a través del Senado, donde la proposición de ley obtuvo luz verde de la Cámara, pero luego su tramitación fue rechazada en el Congreso tras alegar el Ejecutivo que provocaría una disminución de los ingresos presupuestarios.
Así, la iniciativa del PP, firmada por Miguel Tellado, actual secretario general del partido, propone la modificación del artículo 7 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que establece los supuestos de exención fiscal y añadir un nuevo apartado en el que se contemple que estarán exentas las ayudas previstas en ese real decreto de 2023 para las personas afectadas por la talidomida, «así como cualquier renta, ganancia patrimonial, pensión o percepción de cualquier tipo y en cualquier concepto que se reciba como afectado por la talidomida». Se hará, además, con carácter retroactivo.
En País Vasco están exentas
Fuentes del PP insisten en la necesidad de que estas ayudas cuenten con exenciones fiscales y denuncian que las arcas del Gobierno «no se pueden lucrar con las mismas ayudas que dan a los afectados para mejorar sus condiciones de vida». Resaltan además que el PSOE, en el País Vasco, sí votó a favor de incorporar esta exención, «mientras la veta a nivel nacional».
«Ahora mismo los vascos cobran el cien por cien de las ayudas y el resto de españoles, el 53. Un vasco es el doble de afectado de talidomida que cualquier otro afectado español, no se entiende», lamenta Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), que celebra la propuesta del PP y no comprende el veto del Gobierno. «Cuando se supone que el Estado te compensa por algo es porque tiene responsabilidad directa sobre el daño. Y en el caso de la talidomida es claro. ¿Qué sentido tiene que nos cobren el 47% de IRPF?», reflexiona. La ayuda, explica, les llegó ya con esa cantidad descontada: «Queremos que nos devuelvan lo que tendríamos que haber recibido».
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