El PP ha informado este viernes que ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 11/2025, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Vivienda y Urbanismo de Cataluña que impide la compra-venta de viviendas en determinadas condiciones, siguiendo el anuncio que hicieron a finales de febrero. «El recurso se fundamenta en seis motivos principales que denuncian la vulneración de derechos fundamentales, el exceso competencial y la quiebra de principios constitucionales básicos», según han señalado los populares en un comunicado.Así, han impugnado el artículo 2.2 de la citada norma por vulneración del derecho a la protección de datos (según recoge el artículo 18.4 de la Constitución), porque se obliga a las administraciones ceder datos y documentos de contratos de alquiler para tareas de inspección. El recurso argumenta que «esta cesión carece de proporcionalidad y necesidad, ya que permite un acceso indiscriminado a datos personales íntimos sin las garantías debidas ni una finalidad constitucionalmente justificada que ampare la limitación del control del ciudadano sobre su propia información».También se ha impugnado el artículo 3.8 por atacar a la autonomía local (artículos 137 y 140 de la Constitución). La ley catalana impone que el uso predominante de las viviendas en ciertos municipios sea el de residencia habitual, limitando la potestad de los ayuntamientos para ordenar los usos del suelo según sus propios intereses. Para el PP, esta medida es «excesiva y desproporcionada, al no responder a un interés supramunicipal acreditado que justifique interferir en la competencia municipal de urbanismo».Noticia relacionada No No El sector advierte de que la iniciativa catalana contra los alquileres temporales creará inseguridad jurídica Daniel TerceroDe la misma manera, los populares consideran que los artículos 5.5 y 5.6 producen una invasión de competencias en legislación civil. El recurso interpuesto denuncia que la Generalitat intenta redefinir conceptos nucleares del contrato de arrendamiento (como su objeto y duración) para «aplicar límites a las rentas en contratos de habitaciones o de corta duración». Para los de Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, «dicha regulación compete exclusivamente al Estado para garantizar la unidad de mercado y un régimen común en todo el territorio nacional».El recurso ante el Tribunal Constitucional también incluye la denuncia de los artículos 5.8, 5.9, 5.15 y 8.1 (por vulneración del principio de irretroactividad); el artículo 5.9 (por infracción de la reserva de ley); y el artículo 5.14 (por usurpación de funciones en ordenación de registros). Para el PP, esta norma impulsada por el PSC de Salvador Illa es un «ataque inaceptable a la propiedad privada» que «ahoga a los propietarios y las familias». El PP ha informado este viernes que ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 11/2025, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Vivienda y Urbanismo de Cataluña que impide la compra-venta de viviendas en determinadas condiciones, siguiendo el anuncio que hicieron a finales de febrero. «El recurso se fundamenta en seis motivos principales que denuncian la vulneración de derechos fundamentales, el exceso competencial y la quiebra de principios constitucionales básicos», según han señalado los populares en un comunicado.Así, han impugnado el artículo 2.2 de la citada norma por vulneración del derecho a la protección de datos (según recoge el artículo 18.4 de la Constitución), porque se obliga a las administraciones ceder datos y documentos de contratos de alquiler para tareas de inspección. El recurso argumenta que «esta cesión carece de proporcionalidad y necesidad, ya que permite un acceso indiscriminado a datos personales íntimos sin las garantías debidas ni una finalidad constitucionalmente justificada que ampare la limitación del control del ciudadano sobre su propia información».También se ha impugnado el artículo 3.8 por atacar a la autonomía local (artículos 137 y 140 de la Constitución). La ley catalana impone que el uso predominante de las viviendas en ciertos municipios sea el de residencia habitual, limitando la potestad de los ayuntamientos para ordenar los usos del suelo según sus propios intereses. Para el PP, esta medida es «excesiva y desproporcionada, al no responder a un interés supramunicipal acreditado que justifique interferir en la competencia municipal de urbanismo».Noticia relacionada No No El sector advierte de que la iniciativa catalana contra los alquileres temporales creará inseguridad jurídica Daniel TerceroDe la misma manera, los populares consideran que los artículos 5.5 y 5.6 producen una invasión de competencias en legislación civil. El recurso interpuesto denuncia que la Generalitat intenta redefinir conceptos nucleares del contrato de arrendamiento (como su objeto y duración) para «aplicar límites a las rentas en contratos de habitaciones o de corta duración». Para los de Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, «dicha regulación compete exclusivamente al Estado para garantizar la unidad de mercado y un régimen común en todo el territorio nacional».El recurso ante el Tribunal Constitucional también incluye la denuncia de los artículos 5.8, 5.9, 5.15 y 8.1 (por vulneración del principio de irretroactividad); el artículo 5.9 (por infracción de la reserva de ley); y el artículo 5.14 (por usurpación de funciones en ordenación de registros). Para el PP, esta norma impulsada por el PSC de Salvador Illa es un «ataque inaceptable a la propiedad privada» que «ahoga a los propietarios y las familias».
El PP ha informado este viernes que ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 11/2025, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Vivienda y Urbanismo de Cataluña que impide la compra-venta de viviendas en determinadas condiciones, siguiendo el anuncio que hicieron a finales de febrero. … «El recurso se fundamenta en seis motivos principales que denuncian la vulneración de derechos fundamentales, el exceso competencial y la quiebra de principios constitucionales básicos», según han señalado los populares en un comunicado.
Así, han impugnado el artículo 2.2 de la citada norma por vulneración del derecho a la protección de datos (según recoge el artículo 18.4 de la Constitución), porque se obliga a las administraciones ceder datos y documentos de contratos de alquiler para tareas de inspección. El recurso argumenta que «esta cesión carece de proporcionalidad y necesidad, ya que permite un acceso indiscriminado a datos personales íntimos sin las garantías debidas ni una finalidad constitucionalmente justificada que ampare la limitación del control del ciudadano sobre su propia información».
También se ha impugnado el artículo 3.8 por atacar a la autonomía local (artículos 137 y 140 de la Constitución). La ley catalana impone que el uso predominante de las viviendas en ciertos municipios sea el de residencia habitual, limitando la potestad de los ayuntamientos para ordenar los usos del suelo según sus propios intereses. Para el PP, esta medida es «excesiva y desproporcionada, al no responder a un interés supramunicipal acreditado que justifique interferir en la competencia municipal de urbanismo».
Noticia relacionada
-
Daniel Tercero
De la misma manera, los populares consideran que los artículos 5.5 y 5.6 producen una invasión de competencias en legislación civil. El recurso interpuesto denuncia que la Generalitat intenta redefinir conceptos nucleares del contrato de arrendamiento (como su objeto y duración) para «aplicar límites a las rentas en contratos de habitaciones o de corta duración». Para los de Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, «dicha regulación compete exclusivamente al Estado para garantizar la unidad de mercado y un régimen común en todo el territorio nacional».
El recurso ante el Tribunal Constitucional también incluye la denuncia de los artículos 5.8, 5.9, 5.15 y 8.1 (por vulneración del principio de irretroactividad); el artículo 5.9 (por infracción de la reserva de ley); y el artículo 5.14 (por usurpación de funciones en ordenación de registros). Para el PP, esta norma impulsada por el PSC de Salvador Illa es un «ataque inaceptable a la propiedad privada» que «ahoga a los propietarios y las familias».
RSS de noticias de espana
