El PSPV-PSOE ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para tratar de reabrir la comisión de investigación sobre la dana del 24 de octubre de 2024 en las Cortes Valencianas. El escrito busca anular el dictamen aprobado en solitario por PP y Vox el 17 de junio.Una crónica de 126 páginas en las que se apunta al Gobierno de Pedro Sánchez como principal responsable de la desastrosa gestión de la catástrofe con 232 muertos y reserva a la Generalitat un papel secundario pese a que dirigía la emergencia. En concreto, el de no haber reclamado a organismos estatales la suficiente informaciónLos socialistas piden que se deje sin efecto al considerar que se han cometido irregularidades. Por un lado, la sustitución de comparecencias ante la comisión -como la de la ex consellera responsable de emergencias Salomé Pradas, investigada en la causa judicial abierta en Catarroja- por la incorporación de transcripciones de las llevadas a cabo en la comisión del Congreso de los Diputados.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Elevan a 232 la cifra oficial de víctimas mortales por la dana en ValenciaCon ello, indica el escrito, se privó «a los diputados recurrentes de la facultad de formular sus propias preguntas, repreguntar, solicitar aclaraciones, confrontar a los comparecientes con la documentación recabada y orientar el interrogatorio hacia el específico objeto de la investigación».Además, el PSPV hace referencia a la configuración y conclusión de los trabajos de la comisión «de tal manera que, mientras se impedía o limitaba el ejercicio de la función de investigación y control respecto de actuaciones y responsables pertenecientes al ámbito de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat, las conclusiones definitivamente aprobadas desplazaron la fiscalización política hacia la Administración General del Estado y formularon juicios explícitos sobre sus responsabilidades, pese a que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat configura la función de control parlamentario de Les Corts respecto de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat y permite crear comisiones de investigación para desarrollarla».En concreto, el recurso se interpone por vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, reconocido en el artículo 23.1.La formación que lidera Diana Morant entiende que PP y Vox usaron el dictamen para tapar la responsabilidad del Gobierno valenciano que en ese momento presidía Carlos Mazón.Polémico cierreLa comisión de investigación de las Cortes Valencianas -la primera que se creó- se cerró a finales de mayo pese a que sólo habían comparecido un tercio -32 de 96- de las personas previstas en el plan de trabajo. Se aprobó un mes después de la tragedia, pero no se constituyó hasta enero y las comparecencias no se iniciaron hasta julio del año pasado. Siguen en marcha todavía la del Congreso y la Senado.La mayoría de los que pasaron por la sala de comisiones de Les Corts eran expertos o técnicos, pero también lo hicieron las víctimas -que fueron incluidas más tarde-, Mazón y algunos consellers.No comparecieron -por el carpetazo a los trabajos- figuras clave en la gestión de la crisis como Pradas y su entonces ‘número dos’ Emilio Argüeso -ambos imputados-; el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez; o el ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset. Tampoco ninguno de los 17 alcaldes y alcaldesas de la zona dana propuestos inicialmente.Los 23 representantes del Gobierno central se negaron a comparecer o a aportar documentación al no tener la obligación legal de hacerlo, argumentando que solo tenían que responder ante las Cortes Generales. Pese a que fueron citados, no acudieron ni el presidente, Pedro Sánchez; ni los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska y la exministra Teresa Ribera; ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, entre otros. El PSPV-PSOE ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para tratar de reabrir la comisión de investigación sobre la dana del 24 de octubre de 2024 en las Cortes Valencianas. El escrito busca anular el dictamen aprobado en solitario por PP y Vox el 17 de junio.Una crónica de 126 páginas en las que se apunta al Gobierno de Pedro Sánchez como principal responsable de la desastrosa gestión de la catástrofe con 232 muertos y reserva a la Generalitat un papel secundario pese a que dirigía la emergencia. En concreto, el de no haber reclamado a organismos estatales la suficiente informaciónLos socialistas piden que se deje sin efecto al considerar que se han cometido irregularidades. Por un lado, la sustitución de comparecencias ante la comisión -como la de la ex consellera responsable de emergencias Salomé Pradas, investigada en la causa judicial abierta en Catarroja- por la incorporación de transcripciones de las llevadas a cabo en la comisión del Congreso de los Diputados.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Elevan a 232 la cifra oficial de víctimas mortales por la dana en ValenciaCon ello, indica el escrito, se privó «a los diputados recurrentes de la facultad de formular sus propias preguntas, repreguntar, solicitar aclaraciones, confrontar a los comparecientes con la documentación recabada y orientar el interrogatorio hacia el específico objeto de la investigación».Además, el PSPV hace referencia a la configuración y conclusión de los trabajos de la comisión «de tal manera que, mientras se impedía o limitaba el ejercicio de la función de investigación y control respecto de actuaciones y responsables pertenecientes al ámbito de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat, las conclusiones definitivamente aprobadas desplazaron la fiscalización política hacia la Administración General del Estado y formularon juicios explícitos sobre sus responsabilidades, pese a que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat configura la función de control parlamentario de Les Corts respecto de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat y permite crear comisiones de investigación para desarrollarla».En concreto, el recurso se interpone por vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, reconocido en el artículo 23.1.La formación que lidera Diana Morant entiende que PP y Vox usaron el dictamen para tapar la responsabilidad del Gobierno valenciano que en ese momento presidía Carlos Mazón.Polémico cierreLa comisión de investigación de las Cortes Valencianas -la primera que se creó- se cerró a finales de mayo pese a que sólo habían comparecido un tercio -32 de 96- de las personas previstas en el plan de trabajo. Se aprobó un mes después de la tragedia, pero no se constituyó hasta enero y las comparecencias no se iniciaron hasta julio del año pasado. Siguen en marcha todavía la del Congreso y la Senado.La mayoría de los que pasaron por la sala de comisiones de Les Corts eran expertos o técnicos, pero también lo hicieron las víctimas -que fueron incluidas más tarde-, Mazón y algunos consellers.No comparecieron -por el carpetazo a los trabajos- figuras clave en la gestión de la crisis como Pradas y su entonces ‘número dos’ Emilio Argüeso -ambos imputados-; el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez; o el ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset. Tampoco ninguno de los 17 alcaldes y alcaldesas de la zona dana propuestos inicialmente.Los 23 representantes del Gobierno central se negaron a comparecer o a aportar documentación al no tener la obligación legal de hacerlo, argumentando que solo tenían que responder ante las Cortes Generales. Pese a que fueron citados, no acudieron ni el presidente, Pedro Sánchez; ni los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska y la exministra Teresa Ribera; ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, entre otros.
El PSPV-PSOE ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para tratar de reabrir la comisión de investigación sobre la dana del 24 de octubre de 2024 en las Cortes Valencianas. El escrito busca anular el dictamen aprobado en solitario por PP … y Vox el 17 de junio.
Una crónica de 126 páginas en las que se apunta al Gobierno de Pedro Sánchez como principal responsable de la desastrosa gestión de la catástrofe con 232 muertos y reserva a la Generalitat un papel secundario pese a que dirigía la emergencia. En concreto, el de no haber reclamado a organismos estatales la suficiente información
Los socialistas piden que se deje sin efecto al considerar que se han cometido irregularidades. Por un lado, la sustitución de comparecencias ante la comisión -como la de la ex consellera responsable de emergencias Salomé Pradas, investigada en la causa judicial abierta en Catarroja- por la incorporación de transcripciones de las llevadas a cabo en la comisión del Congreso de los Diputados.
Con ello, indica el escrito, se privó «a los diputados recurrentes de la facultad de formular sus propias preguntas, repreguntar, solicitar aclaraciones, confrontar a los comparecientes con la documentación recabada y orientar el interrogatorio hacia el específico objeto de la investigación».
Además, el PSPV hace referencia a la configuración y conclusión de los trabajos de la comisión «de tal manera que, mientras se impedía o limitaba el ejercicio de la función de investigación y control respecto de actuaciones y responsables pertenecientes al ámbito de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat, las conclusiones definitivamente aprobadas desplazaron la fiscalización política hacia la Administración General del Estado y formularon juicios explícitos sobre sus responsabilidades, pese a que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat configura la función de control parlamentario de Les Corts respecto de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat y permite crear comisiones de investigación para desarrollarla».
En concreto, el recurso se interpone por vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, reconocido en el artículo 23.1.
La formación que lidera Diana Morant entiende que PP y Vox usaron el dictamen para tapar la responsabilidad del Gobierno valenciano que en ese momento presidía Carlos Mazón.
Polémico cierre
La comisión de investigación de las Cortes Valencianas -la primera que se creó- se cerró a finales de mayo pese a que sólo habían comparecido un tercio -32 de 96- de las personas previstas en el plan de trabajo. Se aprobó un mes después de la tragedia, pero no se constituyó hasta enero y las comparecencias no se iniciaron hasta julio del año pasado. Siguen en marcha todavía la del Congreso y la Senado.
La mayoría de los que pasaron por la sala de comisiones de Les Corts eran expertos o técnicos, pero también lo hicieron las víctimas -que fueron incluidas más tarde-, Mazón y algunos consellers.
No comparecieron -por el carpetazo a los trabajos- figuras clave en la gestión de la crisis como Pradas y su entonces ‘número dos’ Emilio Argüeso -ambos imputados-; el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez; o el ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset. Tampoco ninguno de los 17 alcaldes y alcaldesas de la zona dana propuestos inicialmente.
Los 23 representantes del Gobierno central se negaron a comparecer o a aportar documentación al no tener la obligación legal de hacerlo, argumentando que solo tenían que responder ante las Cortes Generales. Pese a que fueron citados, no acudieron ni el presidente, Pedro Sánchez; ni los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska y la exministra Teresa Ribera; ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, entre otros.
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