El PSOE y Más Madrid, que ha ejercido la acusación en la causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han solicitado cinco años de prisión para él por un delito continuado contable, otro de falsedad en documento mercantil y otro de pertenencia a grupo criminal. En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso ABC, la representación legal de ambas formaciones indica que durante la pandemia el acusado obtuvo un «muy notable beneficio económico gracias a actuaciones de intermediación comercial en la compraventa y suministro de material sanitario» y añade que la mercantil de González Amador, Maxwell, a través de sendas facturas de 5 de mayo y 5 de agosto de 2020, facturó un total de 1.973.000 euros a la sociedad FCS Select Products correspondiente a una comisión del 4,5% del importe de suministro de material sanitario. Y señala que tras esto «urdió un sistema de defraudación para no pagar a Hacienda los impuestos derivados de los generosos beneficios que había obtenido». El PSOE y Más Madrid, que ha ejercido la acusación en la causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han solicitado cinco años de prisión para él por un delito continuado contable, otro de falsedad en documento mercantil y otro de pertenencia a grupo criminal. En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso ABC, la representación legal de ambas formaciones indica que durante la pandemia el acusado obtuvo un «muy notable beneficio económico gracias a actuaciones de intermediación comercial en la compraventa y suministro de material sanitario» y añade que la mercantil de González Amador, Maxwell, a través de sendas facturas de 5 de mayo y 5 de agosto de 2020, facturó un total de 1.973.000 euros a la sociedad FCS Select Products correspondiente a una comisión del 4,5% del importe de suministro de material sanitario. Y señala que tras esto «urdió un sistema de defraudación para no pagar a Hacienda los impuestos derivados de los generosos beneficios que había obtenido».
Sostienen que el sistema que usó para falsear sus cuentas fue «tan simple como tosco»
El PSOE y Más Madrid, que ha ejercido la acusación en la causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han solicitado cinco años de prisión para él por un delito continuado contable, otro de … falsedad en documento mercantil y otro de pertenencia a grupo criminal.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso ABC, la representación legal de ambas formaciones indica que durante la pandemia el acusado obtuvo un «muy notable beneficio económico gracias a actuaciones de intermediación comercial en la compraventa y suministro de material sanitario» y añade que la mercantil de González Amador, Maxwell, a través de sendas facturas de 5 de mayo y 5 de agosto de 2020, facturó un total de 1.973.000 euros a la sociedad FCS Select Products correspondiente a una comisión del 4,5% del importe de suministro de material sanitario.
Señala que, tras esto, «urdió un sistema de defraudación para no pagar a Hacienda los impuestos derivados de los generosos beneficios que había obtenido». «En contra de la buena lógica contable y fiscal, ingreso en el Tesoro por el Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio de 2020 una cantidad sustancialmente menor que en el ejercicio previo», explica, para luego señalar que las facturas justificativas fue «falseada».
Al hilo, califica el sistema usado por González Amador de «tan simple como tosco» y puntualiza que un año después volvió a repetir la misma estrategia defraudatoria «consistente en recabar facturas falsas para simular gastos deducibles».
«Máximo responsable»
Tras esto, la acusación sostiene que González Amador fue «el máximo responsable de este entramado y el máximo beneficiario, y que contó con la colaboración del resto de encausados para llevar a cabo »esas anotaciones contables ficticias, la confección y utilización de facturas totalmente falsas y sacar provecho fiscal de las mismas«.
Cabe recordar que hace escasos días trascendió el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, que solicita 3 años y 9 meses de prisión para él por dos delitos fiscales cometidos en «en calidad de autor» en 2020 y 2021, uno de ellos en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. Esta pena coincide con la que interesa, por su parte, el Ministerio Fiscal.
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